Emilio Marín
La Arena

La presidenta anunció tres paquetes con el objetivo de reanimar la economía ante la crisis mundial. Como idea parece loable pero muchos de los ganadores son empresarios que no han sido los más afectados.

El primer paquete, que levantó alguna polémica, fue el anunciado como frutilla del postre a los industriales de la UIA en su conferencia del Sheraton de Pilar.

Allí se informó de que los empresarios que blanquearan hasta diez empleados pagarían menores contribuciones patronales, una disposición acertada. También que habría una amplia moratoria, incluso para deudas que estuvieran con trámite administrativo y judicial. Esto es cuestionable porque abre la puerta incluso para un millar de causas promovidas por denuncias de la AFIP contra evasores. Los más exagerados calcularon que hasta los directivos de Skanska, acusados de evadir impuestos y pagar coimas en la construcción de gasoductos, podrían guarecerse bajo ese alero.

Y finalmente la disposición más polémica fue la eufemística "exteriorización y repatriación de capitales", léase -aquí y en la China- blanqueo de capitales de diferente grado de suciedad. Los híper críticos del kirchnerismo plantearon que este blanqueo incluso favorecerá el ingreso de dinero del narcotráfico, en la medida que el proyecto de ley asegura que no se preguntará a nadie el origen de esos capitales. Sólo se le preguntará adónde va para cobrar desde el 1 al 8 por ciento según su destino.

Si de los tres tópicos del paquete, al menos dos son negativos, el balance general da con ese signo menos. No lo verán así las empresas y demás adinerados que fugaron capitales al exterior y en muchos casos de procedencia "non sancta".

El segundo paquete, dado como primicia a los popes de la construcción, en la 56ª Convención anual de la Cámara que los agrupa, consistirá en un plan de construcción de obras públicas en todo el país, por 71.000 millones de pesos. Los detalles del mismo recién se sabrán el próximo 15 de diciembre pero desde ya se puede deducir que empresas como Skanska, Benito Roggio, Gotti Hnos., IECSA y el brazo respectivo de la organización Techint, ganarán cuatro de cada cinco licitaciones de la cartera de Julio De Vido, como ha sido hasta ahora, con los cuestionables precios de costumbre.

El tercer paquete, lanzado por la jefa de Estado en un acto con funcionarios y empresarios top en Olivos, sumará 13.200 millones de pesos entre créditos para fomentar la compra de autos cero Km. y electrodomésticos, para prefinanciar exportaciones y apoyar a Pymes y productores agrícola-ganaderos.

Esto también merece una lectura más fina. La objeción más seria que podría formularse es que ese dinero va a ser entregado a los bancos, la mayoría privados, que serán los que concedan los créditos. Desde este ángulo se entiende el apoyo militante que dio a la iniciativa el banquero Jorge Brito, titular de Adeba y del Banco Macro. ¿No será que en este paquete hay más de ayuda y salvataje a los bancos que a los consumidores? Por otra parte, como bien acotó el diputado Claudio Lozano, en un país con 13 millones de pobres, el gobierno se interesa más en la venta de autos que en terminar el hambre de esa gente.

Las primeras víctimas

Entre los empresarios que más calentaron las manos aplaudiendo las medidas estaban Dominiq Maciet (Renault y titular de Adefa), Víctor Klima (Volkswagen), Cristiano Rattazzi y otros directivos de las terminales.

Su entusiasmo, según declararon posteriormente, se debe a que con los 3.100 millones de pesos que se volcarán en créditos para adquirir autos, más otros 650 millones para camiones y utilitarios, tendrán una demanda extra de 100.000 vehículos o más, para el año próximo.

Esos directivos de Adefa tienen cara de cemento, aun cuando fabriquen vehículos de metal y plástico. Es que Maciet fue quien ordenó el mes pasado 600 despidos en su planta de Santa Isabel, reducidos luego a la mitad; y Ratazzi suspendió a todo el personal de Fiat Ferreyra (1.500 empleados) y a los 900 de Iveco, para luego despedir a más de 200 en esa planta de camiones.

O sea que despidieron cuando aún percibían subsidios del gobierno provincial; y ahora que se anuncian créditos del Estado, canalizados lamentablemente por medio de bancos de Adeba (y también, por suerte, del Banco Nación), aquellos ejecutivos sonríen. Festejan pero no se comprometieron a retomar a los despedidos ni pagar todos los salarios caídos a los suspendidos.

El gobierno nacional, por supuesto, conoce al dedillo esas circunstancias por medio del relevamiento que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, o bien por las simples noticias que publican los diarios. Sabiendo eso, ¿cómo invita a primera fila a verdugos del trabajo como Maciet y Rattazzi? ¿Acaso el apoyo político de éstos, un aval muy caro económicamente como se desprende de los números en danza, compensa el costado cuestionable de esas multinacionales de cuatro ruedas que picaron en punta en la carrera por despedir personal?

El fenómeno de despidos y suspensiones es algo que empieza a tomar más visos de realidad. La CGT, que en las primeras semanas del problema practicó la política del avestruz, ahora admite que sus gremios le han reportado más de 13.000 cesantías, entre otros 1.500 bancarios a nivel nacional y 1.700 mecánicos y metalúrgicos de Córdoba.

Para éstos no habrá por lo visto ni siquiera la doble indemnización como lo pergeñó el proyecto de ley del diputado moyanista Héctor Recalde. Ni hablemos de salvar esos puestos mediante una ley como la propuesta por Hugo Yasky, secretario de la CTA, para prohibir esos telegramas por medio año, con retroactividad al 1 de octubre. ¿Se dejará en la vía a estas primeras y verdaderas víctimas de la crisis, y que son los más débiles? ¿Hasta cuándo se adoptarán medidas en Balcarce 50 o en la Quinta de Olivos pensando en quienes tienen anchas espaldas financieras para aguantar, como los accionistas de multinacionales?

Reclamos legítimos

Empieza un clamor de los trabajadores y sus familias, ante la ola que por ahora es suave pero tiene toda la pinta de que puede convertirse en una tan alta como las de "Punto Límite", la película con Patrick Swayze y Keanu Reeves.

La CTA, el Movimiento de Chicos del Pueblo y otras entidades están promoviendo una Marcha Federal a Plaza de Mayo el próximo 12 de diciembre. Inicialmente sus banderas, izadas en la Constituyente Social de Jujuy eran dos: El hambre es un crimen y Asignación Universal por Hijo para todos los trabajadores, incluidos los que laboran en negro o están desocupados. En estos días se sumó un tercer reclamo, que cesen los secuestros y torturas contra integrantes de aquel movimiento de Chicos del Pueblo, luego que en una semana tres de ellos fueran objeto de agresiones con lo que lista de víctimas llegó a ocho.

Los empleados bancarios, que no tienen el entusiasmo de Jorge Brito (Macro) han comenzado con medidas de fuerza. Y ya se ven en varias ciudades, caso de Córdoba, marchas de los despedidos de Volkswagen, Iveco y Gestamp.

Esos reclamos son legítimos, aunque la dirigencia burocrática de gremios como el lechero (Atilra) ha tenido conductas patoteras que, por lo salvajes, sirve a los interesados en desatender o subestimar los reclamos sociales mencionados. El brutal ataque que habría organizado la conducción nacional de Atilra contra los directivos y delegados de la seccional Rosario, provocó un muerto y varios heridos, en medio de una batalla campal. Ya había habido un tiempo atrás otro muerto en La Pampa, en medio de la trifulca por la afiliación entre grupos de la UOCRA y de petroleros.

Una conducción que no se preocupa del bienestar, salario y empleo de sus afiliados y no afiliados, que los deja inermes en una situación tan preocupante como la actual crisis, encima se disputa a los tiros por cierta cantidad de fichas y aportes, o bien ataca a dirigentes pluralistas que no se le disciplinan, caso de la ofensiva mafiosa contra los lecheros rosarinos.

Como dijeron los agredidos, habría que investigar hasta qué punto la policía de esa ciudad dejó la zona liberada, propicia para la comisión de esos delitos. Y también sería bueno saber si las empresas lácteas de primeras marcas se mantuvieron al margen del incidente, o si tenían partido tomado por la conducción nacional que bajó a Rosario a moler a palos a los disidentes.

Aún con todas estas lacras, que deben superarse, la democracia incompleta y sesgada es mejor que la dictadura sufrida entre 1976 y 1983 por lo que quienes consideran que no hay diferencias entre ambos tipos de gobierno, o son de otro planeta o estuvieron en éste apoyando al proceso militar.

Cristina viajó a Chile para conmemorar con su colega Michele Bachelet los 30 años de la mediación del cardenal Samoré, que ayudó a superar una guerra entre ambos países. En 1978 el general Luciano B. Menéndez arengaba a sus soldados así: "les prometo que en Navidad estarán cogiendo a las chilenas y luego se lavarán las bolas en el Pacífico". Por suerte el héroe de pacotilla y genocida estará cavilando por estas horas sobre la guerra que no fue en el penal cordobés de Bower. Tendrá mucho tiempo para ello, condenado como está a prisión perpetua por el terrorismo de Estado.