El habeas Corpus es una figura legal que fue solicitada por los defensores de "menores" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la justicia, para que hiciera lugar y se impida que la Policía Federal retenga en las comisarías porteñas a los chicos menores que son sorprendidos cometiendo alguna contravención o delito donde debe intervenir la justicia de la ciudad.

Este habeas corpus colectivo fue interpuesto por Laura Musa y Carlos Bigalli, que son magistrados del Ministerio Público Tutelar porteño. Por otro lado, este habeas corpus fue interpuesto para beneficiar a los chicos no imputados de delitos del Instituto San Martín de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero la Corte Suprema de Justicia frenó este pedido y no permitió que los 60 chicos salgan del instituto. Asimismo, es importante remarcar que las leyes de la dictadura son la base utilizada por parte de la Corte Suprema de Justicia, convalidando el decreto ley 22.278 de 1980, o sea, plena dictadura militar, y que rechazó de cuajo la presentación a favor de un habeas corpus presentado para los chicos no punibles alojados en el Instituto San Martín.

Esta resolución esperó más de un año, y la Corte Suprema revocó una resolución de la Cámara de Casación Penal.

Es así que el diputado nacional del Espacio SI, Emilio García Méndez sostuvo que: "Significa el más duro golpe que un tribunal haya dado a los derechos humanos de las personas menores de edad, dado que viene a convalidar expresamente que en nuestro país se puede detener y encerrar en institutos de privación de libertad, sin imputación penal, sin juicio, sin debido proceso, a menores de 16 años, no punibles, bajo la justificación de protegerlos por su pobreza, falta de educación o familia".

Por su lado, rige desde el 2005, la ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia que toma como ilegal cualquier pretensión de los organismos administrativos o judiciales de diseñar políticas de protección asistencial por vía de la privación de libertad.

"Es peligroso para las garantías constitucionales del conjunto de la sociedad que haya una parte de la misma, cuya libertad no tenga protección jurisdiccional", afirma el diputado del SI.

Y continúa: "Estos adolescentes por quienes se presentó un habeas corpus -remedio urgentísimo- son menores de 16 años, no punibles, pero presos en una cárcel en la Ciudad de Buenos Aires".

Por su lado, la jueza Carmen Argibay sostuvo, defendiendo lo resuelto por la Corte Suprema, que la liberación de estos 60 chicos implicaba que serían blancos móviles, que se conoce que en nuestro país hay gatillo fácil.

Estos chicos que tienen menos de 16 años están acusados de diferentes delitos penales.

Igualmente, la doctora Argibay afirmó que: "No digo que los institutos estén bien ni que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo. Este es un tema que debe ser solucionado por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, todo a través de las leyes".

Esto se da de bruces con lo que pasa con la sociedad adulta, que padecen esta situación si hay una imputación penal, mediante las reglas del debido proceso, se deberá dictar la resolución que ordene la privación de libertad.

No se cumple la Convención sobre los Derechos del Niño, tampoco se cumple la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, podemos mencionar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, y para rematar los artículos referidos a este tema en nuestra Constitución Nacional, todos estos pactos, acuerdos, convenciones y por supuesto la Constitución fueron firmados, refrendados y con grandes actos por parte de nuestro país. Pero eso sí, en la Argentina hoy se viola todos los derechos cuando se deja encerrados a chicos menores de 16 años, simplemente porque son pobres.

En la Argentina hay relevados, por el informe de Derechos Humanos de la Nación en conjunto con la UNICEF, hasta el 2006, 757 institutos, establecimientos penales o no penales donde han ido a parar con sus huesos, más de 23.000 chicos y chicas menores de 18 años, según las fuentes extraoficiales, y donde se ha comprobado que el 82 por ciento es por pobreza.

No hay privilegiados, ni privilegios, para los niños, niñas y adolescentes pobres, lo que hay son las instituciones, las cárceles, la represión y pagar una larga condena por ser pobres.

Hay que preguntarse también como es posible que haya 14 chicos menores de 18 años condenados a cadena y/o represión perpetua.

Además, es cierto, los poderes del estado debieran articular políticas para solucionar el grave problema de la niñez y adolescencia argentina, pero cada uno está mirando su quintita. No hay exigencias hacia el Poder Ejecutivo Nacional, en este fallo de la Corte Suprema tampoco, exigiéndoles que tome cartas en el asunto y arbitre políticas que den aunque más no sea, una contención social y humana para los chicos empobrecidos de nuestro país. Las verdaderas víctimas de toda esta realidad social, política y económica.