Durante cinco años de crecimiento económico las ganancias beneficiaron
principalmente a los sectores de mayores ingresos. Mientras tanto, la inflación
se comía salarios, jubilaciones y planes sociales. Ahora que llegó la crisis
mundial, el plan del gobierno para enfrentarla tiene como eje, otra vez,
privilegiar a los grandes empresarios. Las medidas son absolutamente
ineficientes para frenar realmente la actual ola de despidos y suspensiones.
Ya no cabe duda que estamos en medio de la crisis. Y, una vez más, la pregunta
es quien va a pagar los platos rotos. Si nos guiamos por el paquete de medidas
lanzadas en estos días, la conclusión es clarísima: a los grandes empresarios,
que ganaron como nunca en estos años, se los vuelve a premiar con beneficios
para que no les pegue (a ellos) la debacle mundial.
La economía argentina empezó a crecer a mediados de 2002, luego del profundo
pozo en que había caído con la debacle del 2001. Le siguieron cinco años en que
el PBI creció a tasas realmente importantes. ¿Se debió a alguna "genialidad" de
las políticas económicas de Duhalde primero y Kirchner después? ¿O a la
"competitividad" de nuestros empresarios? En absoluto: simplemente fue la ola de
la economía mundial, "el viento de cola", como se acostumbró a decir en estos
años. Con altísimos precios de la soja, el petróleo, el trigo y el maíz, se
obtuvieron superávits de comercio exterior y recaudaciones récords por varios
años. Ya desde el comienzo, las grandes empresas se beneficiaron con la baja del
costo salarial por la devaluación primero, y con una inmensa lista de subsidios
y beneficios después. Así, a los bancos se los "compensaba" con la pesificación,
a las privatizadas con el congelamiento de tarifas (que de a poco se iban
subiendo, silenciosamente) y a los empresarios amigos con las concesiones y la
obra pública.
Decir que desde el 2003 se "redistribuyó" la riqueza no puede pasar de un
eufemismo retórico. En estos años, jamás se subió el monto de los planes
sociales para los desocupados, siempre congelados en 150 pesos. Y los
trabajadores sólo pudieron recuperar algo de lo que habían perdido de sus
salarios, luego de duras luchas. ¿Tenemos acaso que recordar las peleas que
desde fines de 2004 llevaron adelante los telefónicos, los trabajadores del
subte y los ferroviarios? Ellos estuvieron a la vanguardia de un reclamo de
aumento salarial que después se extendió a todo el movimiento obrero durante el
2005. ¿Cuántas veces los docentes y estatales tuvieron que realizar huelgas para
romper los congelamientos a que los querían condenar? A lo largo de estos años,
ningún aumento salarial no estuvo precedido de algún conflicto.
Así y todo, hoy todavía más del 40% de la clase trabajadora sigue en negro. Y
millones continúan, aún sin encontrar trabajo. Esto incluye a quienes
contabiliza como desocupados el INDEC, pero también a los millones de
subocupados que viven de changas, a los que figuran como "ocupados" por percibir
un plan Jefas y Jefes de hogar, y a los incontables que ya no figuran en ninguna
estadística, porque ya no buscan trabajo, convencidos de la imposibilidad de
encontrarlo.
La inflación se come los salarios
Durante estos años, las grandes empresas, con su capacidad monopólica para
manejar los precios, se cansaron de subirlos. Todo ante la absoluta ineficiencia
de una política económica que firmó innumerables "acuerdos de precios", que
después nadie respetaba, o publicó "listas de artículos económicos" que nunca se
encontraban en los comercios. Así, en 2005 y 2006, mientras los empresarios se
veían obligados a ceder aumentos salariales ante el ascenso de la conflictividad
sindical, buscaban inmediatamente "trasladarlo" a los precios, generando una
feroz oleada inflacionaria.
Hasta que en 2007 el gobierno "cortó por la sano". "Eliminó la inflación",
diciendo que no existía, mientras esta crecía como nunca. Con la escandalosa
intervención al INDEC no sólo falseó los índices de precios, sino todos y cada
uno de los indicadores estadísticos. Hoy, por ejemplo, es imposible saber
cuántos pobres hay en la Argentina. Sin embargo, numerosos estudios confirman
esa "sensación", la de la "verdadera" estadística: el aumento, diario, visible,
de los carritos de cartoneros, y de los miles que, al caer el sol, revuelven la
basura en los barrios más acomodados de las principales ciudades del país. Es un
hecho que desde fines de 2006 volvió a subir el número de pobres e indigentes en
nuestro país.
Y ahora, "llegó" la crisis
Las grandes empresas, las mismas que obtuvieron ganancias récords en estos años,
ante el primer síntoma de que su rentabilidad puede descender un poco,
reaccionaron con salvajismo. Una ola de despidos, suspensiones y "vacaciones
adelantadas" cayó sobre el país en apenas quince días. El gobierno se viene
negando sistemáticamente a anunciar alguna medida contundente para obligarlos a
detener este flagelo. En cambio, ha lanzado un plan "a medida" de las
patronales. Les ofrece de todo: crédito, moratorias impositivas y provisionales,
y hasta blanqueos que orillan con lo delictivo. Todo para "reactivar" la
economía.
Son medidas, además, timoratas y que difícilmente cumplan su propio objetivo de
reactivar la demanda. Se acaba de anunciar con bombos y platillos el lanzamiento
de planes de ahorro para la compra de autos nuevos. Claro que muy "popular" no
va a resultar: se deberá demostrar un ingreso mínimo de 5.200 pesos, para pasar
a abonar cuotas de entre 800 y 1.000 pesos por un vehículo utilitario. El
anuncio es demagógico. Hoy para adquirir un auto similar la cuota exigida es de
1.200 pesos, no muy lejos de la del plan oficial. Pero lo peor es de dónde
saldrá la plata para otorgar esos créditos: nada menos que del Anses. Daría la
sensación que "ya empezó la utilización indiscriminada de los fondos que
pertenecen a los jubilados para cualquier finalidad menos preservarlos como
recursos previsionales. Este "plan de adquisición de autos "cero kilómetro" está
muy lejos del alcance de un trabajador promedio, que gana por debajo de lo
exigido, y que, si llegara a ese monto sumando los sueldos de su grupo familiar,
en lo último que pensaría es en meterse en una cuota que le insume el 20% de su
ingreso, cuando lo que está en danza es si seguirá teniendo trabajo el año que
viene.
Y encima, el blanqueo de capitales
Acaba de obtener media sanción en la Cámara de Diputados lo que, como ya
señalamos en una nota anterior, se cataloga como la más escandalosa de las
medidas de este paquete: el llamado a la "repatriación de capitales". Se trata
de simplemente blanquear dinero que se tiene en el exterior. No hay necesidad ni
de explicar su origen, ni cuando fue fugado. Inclusive, si por alguna razón la
persona estuviera en medio de algún juicio relacionado con esos fondos, bastaría
incorporarse al "plan de repatriación" para que inmediatamente la causa caduque.
Una aberración por donde se la mire.
¿Para qué se lo hace? ¿Para reactivar? Difícil: ni siquiera se exige que ese
dinero vuelva al país. La respuesta más probable es que el gobierno busca, en
medio de estos paquetes supuestamente "relanzadores de la demanda" hacerse de
los fondos suficientes para poder cumplir con los vencimientos de deuda del año
próximo. Es evidente que no habrá ningún efecto reactivador con sólo "declarar"
sin repatriar, pero sí un efecto fiscal, ya que se paga el 8% y el dinero queda
legalizado. Si los fondos se usan para comprar bienes en el país, la tasa a
pagar baja al 6%, pero si se compran bonos públicos (que tampoco tiene efecto
alguno sobre la demanda), al 3%. Claro que sí a alguien se le se le ocurre traer
la plata para hacer algún emprendimiento productivo, la "oferta" llega a que se
tribute sólo el 1%. En este último caso sí tendría efectos concretos de
expansión de la demanda, aunque lamentablemente toda la experiencia histórica
anterior de blanqueos nos enseña que se dieron muy pocos casos.
¿Por qué no empeñarse en un plan anticrisis en serio?
No sería muy difícil: bastaría comenzar por otorgar un aumento salarial de
emergencia. Y subir el monto de las jubilaciones y planes sociales. Y, para
"recuperar la confianza" de los consumidores, habría que prohibir los despidos,
dándole entonces seguridad a cada trabajador de que va a seguir recibiendo su
salario en los próximos meses. Eso sí que sería no sólo armar un verdadero
"plan" para sostener la demanda ante la crisis, sino que permitiría avanzar en
un "modelo productivo", que llevaría efectivamente a redistribuir la riqueza.
José Castillo es economista. Profesor de Economía Política y Sociología Política
en la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).
