Argentina: Qué hace el Estado con los niños y los adolescentes
Irina Santesteban
La Arena
El gobernador bonaerense Daniel Scioli quiere reformar la ley para que la edad
de imputabilidad de los menores se lleve a "los 12, 13 ó 14 años". La propuesta
no es novedosa, y suele seducir a los sectores medios y altos, golpeados por la
inseguridad.
El falso ingeniero Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Axel fuera asesinado en 2004
en medio de un dudoso rescate por parte de la policía, luego de ser víctima de
un secuestro extorsivo, fue uno de los impulsores de este tipo medidas. Con la
presión de una convocatoria multitudinaria y varias marchas en Buenos Aires,
logró que el Congreso de la Nación sancionara una serie de reformas a la ley
penal, en un sentido más represivo. Cual si fuera un diputado, Blumberg
intervenía en los debates desde las gradas y el resultado fue tan desprolijo que
aún los defensores del endurecimiento de las penas, tienen que reconocer hoy que
el Código Penal se ha transformado en un compendio desordenado de figuras y
condenas que no guardan relación unas con otras.
Dos años después, el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner encargó a
una comisión especial, la redacción de una reforma integral al Código Penal,
para armonizar aquellas deficiencias. El sentido general de aquella propuesta de
reforma fue progresista, y en su contra se alzaron muchas voces argumentando que
era un Código redactado "para los delincuentes", muy en sintonía con las
propuestas que hoy estamos escuchando. Como también el proyecto de reforma
despenalizaba la interrupción del embarazo que fuera realizado antes de las 12
semanas de gestación, la Iglesia Católica fue una de las voces más duras que se
opusieron a esa reforma. El gobierno, como en tantos otros temas, prefirió
"cajonear" el proyecto, antes que defenderlo, aún haciendo algunas concesiones a
esos sectores conservadores.
La solución final
El asesinato de un ingeniero en la zona norte del conurbano bonaerense, volvió a
poner en escena a personajes como Blumberg, quien había sufrido una abrupta
caída en su popularidad luego del fracaso de su candidatura a gobernador de
Buenos Aires, por el partido del neuquino Jorge Sobisch. Su consigna "100%
preparado" no convenció a casi nadie y su performance en la elecciones de 2007
fue ínfima.
La detención de dos menores de edad, de 15 y 16 años, como presuntos
responsables de ese crimen, provocó la furia de los vecinos de ese sector de
clase media y alta, para quienes el problema principal no son los bajos
salarios, ni el desempleo, ni la desigualdad social, sino la inseguridad,
sensación que es incentivada de manera evidente por la mayoría de los medios de
prensa, gráficos y televisivos, en particular los de alcance nacional. Es así
que las noticias policiales, aún menores, tienen una cobertura que no logran
otros acontecimientos de igual o mayor importancia social.
Mientras se le brinda amplio espacio mediático a estos sectores que piden a
gritos el encarcelamiento de cuanto joven encuentren sospechoso de algún delito,
se oculta o minimiza el hecho de que una docente de la escuela a la que concurre
uno de los menores, ha efectuado declaraciones que lo favorecen, y ha dudado de
la eficacia policial, sugiriendo que estas detenciones pueden ser, como tantas
veces ha ocurrido, fruto de la mala costumbre policial de buscar "chivos
expiatorios", casi siempre jóvenes y pobres.
Esta valiente intervención de una docente de una humilde escuela pública, que
conoce a uno de los detenidos, no parece relevante para los ciudadanos ni
tampoco a la máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires, quien ante la
posibilidad (aún no probada) de que el autor pudiera ser un menor de edad,
plantea sin titubeos, que "hay que bajar la edad" de imputabilidad para los
menores.
Scioli reconoce que en Buenos Aires viven más de 400 mil jóvenes sin trabajo ni
educación, pero lejos de asumir una mínima autocrítica ni explicar qué acciones
está desarrollando o piensa aplicar su gobierno para revertir esa situación, se
lanza a la fácil y temeraria receta de "endurecer" las leyes para que los
menores puedan ser juzgados y condenados a partir de los 14 años.
Prisiones mortales
Al mismo tiempo que se amplifican por algunos medios de prensa todo tipo de
delitos, provocando una mayor sensación de inseguridad en la población, otras
noticias son cuidadosamente silenciadas. El pasado domingo la agencia de
noticias alternativa Rodolfo Walsh difundió un comunicado de la Red Provincial
por los Derechos Humanos de Corrientes, que denunciaba la situación de los
menores presos en la Unidad 6 de San Cayetano, ubicada a 25 kilómetros de la
capital correntina.
Los jóvenes detenidos en esa unidad, entregaron a través de una integrante de la
Red, una carta dirigida a la jueza de Menores N° 1 Rosa Esquivel de San Lorenzo,
quien ante la gravedad de la denuncia, la remitió inmediatamente al Tribunal
Superior de Justicia de esa provincia. Sin embargo, habiendo transcurrido más de
15 días de entregada la misiva, todavía no hay una respuesta ni una
investigación para determinar la veracidad de los hechos denunciados.
Los jóvenes detenidos dieron cuenta de por lo menos un asesinato, torturas,
vejámenes y tormentos psicológicos a los que son sometidos por el personal de
custodia, especialmente por el Grupo de Traslados ETOP (Equipo de Tareas
Operativas Penitenciarias), tristemente conocido como el "Grupo de Negro".
Denuncian que San Cayetano es como "Alcatraz, Guantánamo o Auschwitz, el campo
de concentración nazi" y que en los días de visita, por el costado de la
alambrada, los guardias se pasean con perros rodweiler y dóberman, en una clara
señal de amedrentamiento a las visitas. Los jóvenes le piden a la jueza que los
visite o que los reciba en audiencia para poder contarle y mostrarle la forma
infrahumana en que son tratados.
En San Cayetano, como en tantos otras instituciones donde se encuentran alojados
jóvenes en conflicto con la ley penal, se violan abiertamente las disposiciones
de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley de Protección Integral de
Niños, Niñas y Adolescentes (ley nacional 26.061).
¿Es así como piensan Scioli y los defensores de la "mano dura" que se va a
acabar el problema de la delincuencia juvenil?
¿Y los derechos?
En lugar de reclamar penas más duras para los adolescentes y jóvenes, sería
bueno que los vecinos reclamaran mayor seguridad para todos y todas, pero
exigiendo al Estado que garantice los derechos humanos básicos de los niños,
niñas y adolescentes: contención familiar, alimentación adecuada, educación
gratuita y de calidad, salud y un derecho básico fundamental: jugar en lugar de
trabajar en las calles.
Lo que hay que disminuir no es la edad de imputabilidad de los menores, pues por
ese camino vamos a terminar encerrando a los chicos desde los ocho años. Para
lograr bajar los índices de inseguridad, hay que reclamar que se cumplan los
derechos básicos de nuestros niños y jóvenes.