Ante la crisis capitalista originada en Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno nacional viene haciendo trascender medidas en defensa del consumo y el empleo.

Los analistas oficialistas nos endulzan los oídos con planes keynesianos, pero el gobierno ya empezó a dejar en claro a que se refiere cuando nos habla de "enfrentar la crisis". Ninguna de sus medidas apunta a resolver el problema central de la Argentina: el hambre.

Mientras sostiene los planes sociales en $200 sin pensar en hacerlos extensivos a todos los desocupados, mantiene el sueldo mínimo vital y móvil por debajo de la canasta básica, no planea gravar al capital especulativo y ni siquiera habla del subsidio universal por hijo, la presidenta firmó junto a De Vido, este mes de noviembre, una serie de decretos que denominó Petróleo Plus.

El paquete reduce impuestos y otorga exenciones a las empresas petroleras a cambio de que "sostengan la inversión" (que por otro lado nunca realizaron) y no despidan a los trabajadores. Por su parte los sindicatos aceptan "suspender" negociaciones paritarias y reclamos por aumentos salariales.

Empresas como Repsol-YPF y Pan American Energy recibirán devoluciones del IVA y amortización anticipada del impuesto a las ganancias, entre otros regalos de navidad, a costa del presupuesto nacional y el de las provincias petroleras que también firmaron el paquete ¿y ENARSA? Bien gracias. Todo esto para beneficiar a empresas que se dedicaron a bombear petróleo y reducir nuestras reservas de treinta años a siete u ocho. Ni siquiera les exigen que exploren en el mar, donde si hay riesgos de exploración, cosa que no existe en los territorios que fueron incluidos en el acuerdo.

Otra medida que el gobierno dejó entrever es la de entregar a los bancos una suma, conformada en parte por fondos de jubilación, para que ellos la presten con el fin activar el consumo y la construcción. Medida nada distinta de la que, hace poco, la presidenta cuestionó de Bush: acudir en auxilio de los grandes bancos. La condición que les pide es que sea prestada para esos fines y con tasas bajas. No se si quedó claro: el gobierno les da nuestra plata para que los bancos hagan negocio prestándonosla, eso sí, tienen que cobrarnos poco interés por nuestra plata.

Pero todavía hay más. General Motors intenta llegar a un acuerdo con la burocracia del SMATA que va a ser bendecido por el Ministerio de Trabajo. Ante la versión periodística de que el arreglo consistía en reducir los salarios de los trabajadores a cambio de que no haya despidos, el abogado de la CGT y el SMATA, Héctor Recalde, salió indignado a negar la noticia. Por supuesto que oculta y distorsiona la realidad. Vamos a tratar de demostrarlo.

La empresa no está en crisis en la Argentina, ocurre que su casa central, que si lo está, pretende reducir sus costos en las filiales como forma de enfrentar su déficit. Con las grandes ganancias que obtuvo en el país en los últimos años podría, perfectamente, sostener sus operaciones en la Argentina, pero esa no es la idea.

En ese marco, y temiendo una reducción de ventas al exterior, la empresa quiere disminuir la producción local. Ese es su negocio, no fabricar lo que no puede vender, evitar invertir en lo que realmente le resulta caro (auto partes, costos fijos de funcionamiento de planta, etc.). Para eso pretende suspender una parte de sus trabajadores, para reducir la producción evitando tener que bajar los precios y su ganancia, de paso y con el mismo objetivo, reducir una parte de los salarios de algunos de sus operarios.

El sindicato acepta la propuesta empresarial pero pretende que las suspensiones sean rotativas y afecten a todo el personal para dividir, entre todos, la reducción salarial que producirían las suspensiones. O sea que el SMATA quiere que les reduzcan los salarios a todos los trabajadores y no a algunos, pero menos.

La burocracia así asume como propia la ideología y la lógica de la patronal. Esta actitud de la burocracia explica, también, el hecho de que el gobierno sostenga su modelo económico en alianza con la CGT

Podríamos continuar con los trascendidos y/o anuncios como las medidas de fomento al consumo de la clase media que, leídas junto a la ausencia de medidas a favor de los sectores más desposeídos, sirven para reafirmar que el gobierno aplica la teoría del derrame que tanto cuestiona de los noventa.

Más ilustrativo, sin embargo, de nuestra afirmación de que el hambre en la Argentina es una decisión política que este gobierno sostiene y que las medidas para resolver la crisis son más de lo mismo es decir: más hambre, es el comienzo del editorial de Mario Wainfeld en Página 12 del domingo 30 de noviembre pasado.

Todo lo demás son explicaciones a lo inexplicable y discursos para la ocasión.

Un paquete de medidas económicas, mayormente agradables al paladar de las corporaciones empresarias (recogiendo reclamos clásicos), anunciado en sus propias casas.