Héctor Méndez, vicepresidente de la UIA

Con la situación planteada en la General Motors como caso testigo, el empresariado argentino ya explicitó sin prurito su receta para hacer frente a los remezones de la crisis internacional del capitalismo en el país: que las eventuales reducciones en los índices de ganancias de sus empresas –en general tan altos en los últimos años- los financien los trabajadores con sus salarios. Eso sí, complementados con un gobierno que debe alumbrar nuevas exenciones impositivas para ellos, los empresarios.

Héctor Méndez -ex presidente de la Unión Industrial Argentina, actual vicepresidente de esa central y titular de la cámara de la industria del plástico- tiene desde siempre fama de decir brutalmente lo que otros empresarios piensan pero prefieren esconder detrás de más prudentes eufemismos. Menemista convencido en los 90, propagandista de cuanta medida de precarización laboral anduvo dando vueltas en esos años hasta que se convirtió en ley, o en parte de una ley, Méndez se despachó el sábado con una contundente consigna para "distribuir" los costos de la crisis: "Hay que buscar soluciones colectivas, con sacrificios compartidos; yo renuncio a los despidos, el trabajador renuncia a parte de su salario y que el Estado renuncie a algunos impuestos".

El juego del "animémonos y vayan" está lejos de ser nuevo para los capitostes del capitalismo vernáculo: "vos poné lo que tenés (el salario), que el otro me haga un regalo (los impuestos) y yo pongo lo que no tengo (los despidos sin causa no son un "haber" del empresario al que renuncia graciosamente; están prohibidos), así que no pongo nada". Lo trágicamente cómico es que, junto con ese planteo bestial a favor de una nueva y gigantesca transferencia de ingresos a favor del empresariado, Méndez calificó de "antisocial e injusta" la propuesta de reinstalar doble y en algunos casos triple indemnización por despidos injustificados. Pero lo más grave es que, como quedó dicho, lo que plantea Méndez es lo que las patronales pretenderán que se implante en un esperable "pacto social" discutido con el Gobierno y la burocracia sindical para definir una "estrategia nacional" frente a la crisis.

Y las cúpulas sindicales, como lo demuestra el caso General Motors, sólo parecen dispuestas a pelear detalles complementarios de la ecuación de cambio de despidos por reducción salarial. Después de los desacuerdos del viernes pasado, la empresa y el SMATA rosarino –la planta está en Alvear, conurbano sur de la ciudad santafesina- volverán a discutir mañana, por ahora obligados por la prórroga de la conciliación obligatoria hasta el 2 de diciembre. El desacuerdo esgrimido por el sindicato no cuestiona que el inicial despido de 435 de los 2.200 trabajadores se haya convertido en suspensión de 160 hasta diciembre de 2009, con progresiva reducción de salarios. Lo que discute es, por un lado, el monto de la reducción, porque la empresa quiere que llegue al 60 por ciento y SMATA quiere que sea menos. Y, por el otro, quiénes serán los trabajadores sometidos a la suspensión: la empresa quiere que sea un grupo inamovible de trabajadores elegidos por ella, mientras que el sindicato plantea que las suspensiones deben ser rotativas para todos los trabajadores.

Es cierto que el SMATA tiene una larga historia de concesiones "pioneras". En 1995, por ejemplo, acordó un convenio absolutamente a la baja en cuanto a condiciones de trabajo, precisamente con la General Motors para una planta que se instalaba en Córdoba. Y hasta lo negoció antes de que la planta empezara a trabajar, como para que la ecuación de costos no se le fuera "muy arriba" a la multinacional"