El 22 de octubre aparecía en Página/12 un artículo titulado: "La Garrafa social existe. El Enargas asegura que se consigue".
Nosotros manifestamos: "LA GARRAFA SOCIAL NO EXISTE MÁS".  Era la garrafa de 10 Kg. a la cual hace años el Gobierno, en un publicitado acuerdo anunciado con las empresas, le fijó un  precio de $ 18, pero que sólo se conseguía -y no siempre- en 600 puntos de venta en el país,  pese a que su costo les permitía a las empresas vender a ese precio. Cuando se estableció la garrafa social el Gobierno no atendió entonces a requerimientos de que se realizara una auditoria integral de costos, a la que lo autoriza la Ley de Hidrocarburos.
Hoy se trata de esa misma garrafa de 10 Kg.  a la que el gobierno le ha puesto un precio fijo o máximo de $ 16,  tomando el recaudo de subsidiarla para que se venda a ese precio en todos los lugares de expendio. Por lo tanto no se debe permitir que se intente cobrar un precio mayor o se niegue la venta.
Se trata de que más de 4 millones de familias –cerca del 40% de la población del país- que no disponen de gas natural, puedan utilizar las garrafas que necesitan para cubrir sus necesidades, y que hasta ahora se llega a cobrar hasta $ 40 por cada una de ellas.
En la misma noticia se dice que: "la denominada garrafa social fue ratificada como política tras el último ajuste en los precios del gas por redes. Desde su implantación, el régimen es cuestionado por la falta de puntos de venta para garantizar el abastecimiento. Sin embargo, el ente insiste en que esta vez sí se encuentra" y continúa la nota, "este es un tema –el precio de la garrafa- que se debe gestionar día a día y en el que tienen que estar involucradas todas las fuerzas vivas y los usuarios del país" remarcó ayer el interventor del Enargas, y se da un teléfono para recibir cualquier tipo de denuncias.
Hoy, a pesar de que se recurre al subsidio para compensar a fraccionadores y distribuidores, nos preguntamos si se conseguirá la garrafa a $ 16; no confiamos que ahora vaya a ser distinto, mientras las autoridades no modifiquen el modelo de gestión y declaren servicio público la provisión del gas licuado en garrafas. Pero la organización de los consumidores y su reclamo consecuente pueden lograrlo.
* Miembro de la Comisión Directiva del MORENO