El ajetreo informativo que viven en la actualidad la región, el país y el mundo
se ve multiplicado casi hasta el infinito por la enorme, fantástica maquinaria
de los medios de difusión. El constante derrame de noticias sobre el ser humano
se produce de distintos modos y a toda hora, sin distinción de lugares en esta
era de globalización planetaria y a menudo con intenciones tendenciosas de
sobreabundar en determinadas informaciones y escamotear otras.
Esa realidad, que más de una vez hemos destacado desde estas columnas – tanto en
su aspecto positivo como negativo– contribuye también a que ciertos sucesos y
personas relacionados con ellos se desvanezcan rápidamente en el tiempo y entren
en un cono de sombra y olvido más o menos rápido y no siempre justificado. La
observación le podría caber perfectamente a la monja Marta Pelloni, aquella que
se atrevió a desafiar con la verdad el poder establecido en Catamarca en tiempos
de los Saadi cuando el sonado caso de María Soledad. Su valiente actitud de
compromiso fue retribuida por la jerarquía eclesiástica con el traslado a una
alejada diócesis correntina, maniobra que la monja trató de resistir aunque
finalmente terminó imponiéndose la orden de la superioridad que tuvo la
inocultable intención de procurar acallar su voz.
Pero si esa fue la idea resultó mucho peor el remedio que la enfermedad, como
suele decirse, porque en el pobrísimo entorno correntino Marta Pelloni detectó y
denunció de inmediato otro aspecto de la infamia y miseria humana: el tráfico
personas, niños especialmente, nunca claramente aceptado ni debidamente
combatido por las autoridades, más allá del signo político que tuvieran. La
religiosa, que años atrás fue entrevistada telefónicamente por este diario y
reiteró sus denuncias, suministrando sobrados ejemplos y nombres de víctimas y
culpables, ha seguido trabajando silenciosamente en los temas que la preocupan,
olvidada o postergada por los grandes medios.
Un par de semanas atrás su voz volvió a escucharse, tan clara y firme como
siempre, cuando opinó duramente en una nota publicada por una publicación
porteña acerca de la sospechosa demora en la reglamentación de la ley contra la
explotación y el tráfico de personas. La religiosa enfatizó que las políticas
públicas en la materia "pareciera que se reduce a hacer allanamientos y
rescates" pero sin extenderse ni profundizar en la imprescindible atención
física y psicológica de las personas que han quedado severamente dañadas y
virtualmente inhabilitadas para su reinserción social, laboral y familiar. Ese
serio déficit de los gobiernos nacional y provinciales es advertido por otras
voces que acuerdan con la apreciación de Pelloni y que hablan desde el
conocimiento de tan delicado tema.
Con su habitual estilo frontal y directo –que se diría propio de quien con la
verdad ni ofende ni teme– Pelloni acusa "porque ni desde el Ministerio de
Justicia ni del Ministerio de Derechos Humanos (sic) vemos una decisión real de
dar respuesta a las víctimas". Y remata: "el negocio de la trata es tan grande
que hay un sistema de corrupción institucionalizado, que lleva a que no
desarrollen políticas públicas específicas".
