Por Alexis Oliva
Prensared

Con abrazos, l�grimas y el grito de "�Alerta! �Alerta que camina, la lucha campesina por Am�rica Latina!", fueron recibidos fuera del edificio de Tribunales los once militantes del Movimiento Campesino de C�rdoba, absueltos en forma un�nime por la C�mara Criminal y Correccional de Cruz del Eje de la acusaci�n de "da�o calificado agravado por delito en banda", por haber volteado un alambrado en defensa de la posesi�n de la familia Loyola en el paraje Ca�ada Larga al noroeste de la provincia.

"Quiero agradecerles a todos y vamos a seguir para adelante, en la lucha", dijo un conmovido Carlos Nicol�s Loyola a las m�s de cincuenta personas que soportaron ocho horas bajo el implacable sol cruzdeleje�o, privadas "por seguridad" de presenciar la jornada final donde se libr� un duro debate jur�dico y pol�tico.

El pretexto fue el mismo con que dos d�as antes se desaloj� una sala colmada por referentes de los derechos humanos, sindicales y sociales, que en su mayor�a viajaron 150 kil�metros desde C�rdoba Capital para acompa�ar a los imputados: una tan inoportuna como sospechosa amenaza telef�nica que alertaba sobre una inexistente bomba.

"En lugar de nuestros compa�eros del campo popular, nos acompa�� la c�pula de la polic�a", se desahog� casi llorando Juan Herrero. Ya no importaba. Hab�a sido sobrese�do, junto a los otros diez que portaban con m�s orgullo que nunca las remeras de "Acusado por defender la vida campesina". Arriba del Puente Negro sobre el r�o Cruz del Eje, ondeaba la bandera del Movimiento Campesino de C�rdoba, como un desaf�o a la fr�a y lujosa sede tribunalicia de la que salieron con la frente alta.

Los abogados defensores, Ramiro Fresneda y Mariana Romano, debieron esforzarse para desmontar la prolija y esmerada acusaci�n urdida por la fiscal Ahid� Gersicich, quien citando profusa doctrina y jurisprudencia sostuvo para todos los imputados la figura del da�o calificado, por haber cortado el alambrado que instal� el comerciante bonaerense Ram�n Mazzeo, con el agravante de haber actuado en grupo y en despoblado. La funcionaria descart� el estado de necesidad y la leg�tima defensa de la posesi�n de los Loyola, para luego pedir la pena de un a�o de prisi�n en suspenso.

La Fiscal argument� que la Asociaci�n de Productores del Noroeste de C�rdoba (Apenoc) tiene "fines l�citos y loables, pero apoya medidas de fuerza aunque constituyan delitos", como el corte de alambrados "convenido, concertado y acordado como m�todo habitual para recuperar la tierra", lo que implica una actitud dolosa.

En ese sentido, luego de descartar la parcialidad de la polic�a en el caso, sostuvo que "nunca hay que avalar la justicia por mano propia, excepto cuando la ley lo permite, que no es �ste el caso". "Existen caminos legales y constitucionales. Propongan cambios legislativos, m�s si se les permite el libre acceso a la Justicia sin gasto", recomend� Gersicich al finalizar su exposici�n.

Por su parte, el abogado querellante Pablo Olmos fue m�s all� al pretender a�adir la figura de la "asociaci�n il�cita", apuntalada por la pertenencia de los imputados a Apenoc, entidad que "pretende imponer una postura mediante la utilizaci�n de la fuerza" y "poner en juego el orden constitucional" a trav�s de "la planificaci�n y ejecuci�n de una cantidad indeterminada de delitos".

En este punto, Olmos hizo una distinci�n entre los "t�cnicos" y la "comunidad". "Los t�cnicos transmiten una determinada ideolog�a a las personas", acus� antes de preguntarse "a d�nde estamos llevando a la gente que nos sigue". Con la l�gica de que "no debe ser la misma pena para el verdadero campesino que para aquellos que est�n dirigiendo sus destinos", pidi� se aplique a Juan Herrero, Mar�a Cecilia Suau, Javier Scheibengraf y el cura p�rroco de Serrezuela, Carlos Julio S�nchez, la figura de "asociaci�n il�cita agravada" y simple para el resto de los acusados.

Desde esa hip�tesis, present� a su cliente como una v�ctima sometida al "acecho de los integrantes de la organizaci�n", quienes le frustraron su proyecto de vida y le produjeron sufrimiento espiritual, por lo que reclam� $26.000 por perjuicio material y $23.000 por da�o moral.

A su turno, el abogado Fresneda rechaz� el planteo de la querella al afirmar que "Mazzeo cometi� el delito de turbaci�n de la posesi�n" y usurp� el campo de la familia Loyola, que se vio obligada a cortar el alambrado luego de recurrir infructuosamente a las autoridades policiales.

"Como dice la paisanada, Mazzeo compr� un pedazo de cielo", cit� el abogado antes de acusarlo de "romper lazos familiares con una l�gica perversa", que ejemplific� con su decisi�n de contratar a Juan Pablo Loyola (sobrino de uno de los imputados) y darle un arma. "Empresario o no Mazzeo, no viene al caso, pero vino a avasallar derechos", a�adi�.

Ante esa situaci�n, "la familia pidi� el apoyo solidario de la asociaci�n, por el temor que hab�a de que se generen hechos m�s graves". "Me llama la atenci�n que usted, se�ora Fiscal, desconozca que las familias campesinas no tienen acceso a la Justicia", reproch� el defensor. "�Ustedes no tienen papeles. Ustedes son precarios�, les dice la Polic�a", revel� Fresneda.

En este sentido, reivindic� la tarea de Apenoc, que ha llevado adelante "infinidad de iniciativas" legislativas, judiciales y administrativas y que trabaja por el derecho a la tierra, la salud y la soberan�a alimentaria all� "donde el Estado no llega".

Por su parte, la codefensora Romano se dedic� a rebatir los fundamentos de la acusaci�n penal. En primer lugar, rechaz� que ante la ausencia del testigo principal (Juan Pablo Loyola) se introduzca su testimonio por escrito, porque "deja dudas respecto al esp�ritu de oralidad y el derecho a defensa". Adem�s, calific� a esta declaraci�n como "vaga y err�nea porque lo se�ala a Herrero (quien no estuvo) y eso hace que todo el testimonio sea dudoso".

Tambi�n refut� la calificaci�n agravada por tratarse de un lugar despoblado, lo que en realidad perjudica a los Loyola "porque no est�n las instituciones que los podr�an proteger". "Nunca Mazzeo estuvo autorizado por la Justicia Civil para iniciar obras de construcci�n en el inmueble. Alambrar es un acto turbatorio de la posesi�n y es el primer delito que se debi� haber investigado en este caso", afirm� la abogada para fundamentar el "leg�timo ejercicio del derecho a posesi�n y defensa" por parte de los imputados.

"Exijo pruebas contundentes y no indiciarias, que vulneren derechos constitucionales", expres� Romano antes de calificar al proceso como "inquisitorio y no acusatorio". "Para el m�s vulnerable, siempre es m�s interesante la institucionalidad que la no institucionalidad, porque no cuenta con recursos y armas para actuar en ese terreno", reflexion� a modo de conclusi�n.

Luego de los alegatos, la jueza Clara Luna de Manzano invit� a hacer uso de la palabra a los acusados. En primer lugar, Carlos Nicol�s Loyola, pidi� a Mazzeo que "de una vez por todas se deje de inventar mentiras y robos para hacer allanamientos en mi casa". M�s preocupado por su cotidiana subsistencia que por el inminente fallo en el que a�n pod�a ser condenado a cuatro a�os de c�rcel, Loyola a�adi�: "Y me pregunto y pregunto: �Qu� va a ser cuando haya feria en la Fiscal�a, cosa que �l aprovecha todos los a�os para hacer sus tareas y construir sus cosas?". "Yo creo en la Justicia, conf�o en la Justicia y quiero que se haga justicia. Nada m�s. Muchas gracias", finaliz�.

Silencioso y absorto durante todo el juicio, finalmente el sacerdote Carlos Julio S�nchez us� su derecho a declarar para decir: "Yo hace diez a�os que estoy en la parroquia y hace diez a�os que vengo escuchando todo este problema de tierras, toda esta problem�tica, injusticias, idas y venidas. He participado de la Asociaci�n de Productores del Noroeste de C�rdoba porque me ha sorprendido gratamente su metodolog�a. Es decir, convocar a la gente, unir a la gente, organizar a la gente y que todas las familias se ayuden mutuamente. Y que pidan ayuda a quien corresponde. En este caso de tierras, en los conflictos que ha habido desde hace mucho tiempo, se ha pedido ayuda al Ministerio de Justicia. Estuvo hace unos a�os el doctor (Eduardo) Mundet en el sal�n parroquial y en otra ocasi�n en el sal�n del hogar "Jorgito As�s". Y el doctor Mundet dijo: los instrumentos que hay para defender la posesi�n son pobres, son precarios, no son perfectos, pero existen. Y nos dijo esto: uno de los instrumentos es la denuncia, otro es la defensa de la posesi�n, con medios proporcionales a la agresi�n. Tambi�n nos habl� de las mensuras y la usucapi�n. Y bueno, eso es lo que hemos hecho en todo el trabajo de este tiempo. Y otra cosa que quiero destacar es que a la defensa de la posesi�n es ilusorio que la haga una sola familia. Es imposible que una sola familia defienda su posesi�n. Por el hecho de ser sola y de ser aislada, le gana el miedo, le gana la impotencia, le gana el no saber qu� hacer, y la tenemos en Cruz del Eje. La gente se ha ido. Yo he visto mucha gente que se ha ido con miedo, con impotencia, con no saber qu� hacer. Ese es el fruto de una familia sola. Entonces no es ninguna ilegalidad que muchas familias defiendan una posesi�n. No es ning�n delito que muchas familias se unan para defender su salud, porque eso es lo que ha conseguido que se fumigue el norte de Serrezuela cada seis meses, cuando no se fumigaba contra el chagas desde hac�a veinte a�os. Y ahora tambi�n, el hecho de que muchas familias se unan y defiendan una posesi�n ha posibilitado que la Justicia nos escuche por primera vez. Eso es lo que ha posibilitado. Si no, tendr�amos lo que ha sucedido durante tantos a�os, que es el �xodo silencioso, que no por silencioso es menos violento, y no por silencioso es menos injusto".

La �ltima palabra que se escuch� antes de la sentencia, fue la de Cecilia Suau. Con la voz tomada por la emoci�n, se�al� a la docena de polic�as -entre ellos varios jefes- sentados donde debiera haber estado el p�blico y dijo: "Tenemos polic�as ah�, polic�as como en el momento en que hemos querido realizar acciones de leg�tima protesta, porque protestar es un derecho que tiene el pueblo, sobre todo el pueblo m�s vulnerable. Yo estuve tratando de impedir que los empleados de este se�or construyeran el alambre y recibimos la visita del Fiscal de Instrucci�n. Ellos aparecen con �l ah� y nos rodearon 50 polic�as armados con armas largas, cascos y escudos. Nos apuntaban. Yo he sufrido los insultos del se�or Mazzeo. Est�bamos en la camioneta con Carlos Julio, cuando se arrim�, lo insult� y lo invitaba a bajarse de la camioneta a pelear. Y vine a este edificio a denunciarlo y este se�or, que tambi�n estaba ac� haciendo tr�mites, se me par� a diez cent�metros. No son condiciones para poder defenderse con tranquilidad. Esta es la denuncia que present�. Yo he acompa�ado a muchos compa�eros. No les he dicho lo que tienen que hacer, porque ac� me acus� ese se�or que yo les digo lo que tienen que hacer. Yo jam�s les he dicho lo que tienen que hacer. Los he acompa�ado a la polic�a y he visto c�mo los tratan cuando van a hacer la denuncia. Lo he visto con mis ojos. Quiero decir con todo esto que cuando la Fiscal planteaba esta cuesti�n de los medios que arbitra la Justicia, pienso que nosotros hemos usado mucho esos medios, todo lo que hemos podido. Para los pobres es mucho m�s dif�cil acceder. Es mucho m�s dif�cil cuando se vive en el campo y no se saben estas cosas, cuando siempre se ha dicho que si no sab�s no pod�s acceder a tener derechos. Esto me parece una cosa que no se ha tenido en cuenta cuando la Fiscal nos acusaba. Y este operativo que hicieron en la �ltima audiencia, de tildarnos a nosotros de poner bombas en estos lugares, esto de que hab�a una amenaza de bomba y sacar a todos nuestros compa�eros, me pareci� una falta de respeto contra nuestra organizaci�n de la cual nosotros estamos orgullosos y defendemos con absoluta dignidad. Y no estamos dispuestos a dejar de estar organizados. Tenemos derecho a vivir en el campo. Ellos que han nacido ah� y yo que nac� en un barrio de C�rdoba y me vine ac� porque quiero vivir ac�. Tengo todo el derecho a hacerlo y tengo todo el derecho a gritar y a trabajar con quien guste".

Luego del cuarto intermedio que dur� dos interminables horas, se ley� la sentencia dictada por los jueces Clara Luna de Manzano, �ngel Andreu y Nancy Menehem, en una sala donde cuanto menos por cada remera verde hab�a un uniforme m�s unos cuantos polic�as de civil.

En primer t�rmino, Juan Camilo Herrero result� absuelto por haber estado fuera de la provincia aquel 5 de febrero de 2005 en que el casamiento de un viejo amigo le impidi� participar en el corte del alambrado en el campo en y del que los Loyola viven desde hace por lo menos tres generaciones, tal como qued� demostrado en este juicio.

Luego, la C�mara absolvi� del delito de da�o simple, por prescripci�n de la acci�n penal, a Juan Medardo Allende, Lorena del Valle Capdevila, Carlos Nicol�s Loyola, Juan Carlos Loyola, Juan Ram�n Maldonado, Dominga del Carmen Mercado, Ceferino Dar�o Romero, Mar�a Cecilia Suau, Javier Scheibengraf y Carlos Julio S�nchez.

Ya comenzaban a brotar algunas l�grimas y sonrisas entre los absueltos, mientras la secretaria del Tribunal le�a el resto de un fallo donde varias resoluciones apuntan a subsanar el grave problema de la tierra en el noroeste cordob�s:

- Recomendar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de C�rdoba la concreci�n, con la urgencia que la realidad social exige, de acciones tendientes a la real y efectiva protecci�n posesoria de los habitantes de esta provincia, especialmente en el noroeste cordob�s, por no resultar suficientes las ya existentes.

- Poner en conocimiento del se�or Fiscal General de la Provincia de C�rdoba la demora en el tr�mite de las denuncias formuladas por el se�or Juan C. Loyola, contenidas en el informe remitido por la comisar�a de distrito de Villa de Soto de fecha 17 de diciembre de 2007.

- Remitir los antecedentes a la Fiscal�a de Instrucci�n a los fines de la investigaci�n de la amenaza an�nima, seg�n consta en certificado con fecha 26 de diciembre pasado.

- Remitir los antecedentes a la Fiscal�a de Instrucci�n para se investigue la posible comisi�n de un delito perseguible de oficio por parte de la doctora Adriana Ester Paz (la abogada que asesor� a Eusebio Loyola, pariente de los imputados, para que firme con Mazzeo un acuerdo que result� peyorativo para sus derechos posesorios).

- Por mayor�a, rechazar "in totum" la acci�n civil instaurada por Mazzeo en contra de los imputados, con costas.

- Recomendar a las autoridades del Banco Central de la Rep�blica Argentina que los instrumentos p�blicos por los cuales transfiere el dominio de inmuebles, como el de autos, contengan una correcta acreditaci�n de la correlaci�n de titularidad registral.

"Este juicio ha terminado". La lac�nica frase de la jueza comenz� a liberar una ansiedad contenida que termin� de explotar cuando desandaron el desierto pasillo rumbo al abrazo del sol y de su gente.

ver nota sobre el tema en:

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-96912-2008-01-02.html