Soja en San Pedro, Paraguay
Guardias emboscaron a campesinos por cazar en un latifundio
Javiera Rulli
San Vicente es un importante centro agrícola en el Departamento de San Pedro, en
el norte de la Región Oriental de Paraguay. Sin embargo, esta comunidad, tal
como muchas en su zona, parece ya tener los días contados. La soja ha rodeado a
la población y cada vez hay más presión sobre las tierras de las comunidades
campesinas. El brutal asesinato de dos pobladores muestra una vez más lo lejos
que puede llegar la violencia del agronegocio contra la población campesina.
San Vicente es una localidad del distrito de Resquín conocida por su producción
agrícola. De esta zona salen semanalmente varios camiones hacia el mercado de
abasto de Asunción, cargados de mandioca, maíz, zapallo y otros productos. Esta
comunidad se caracteriza por un pequeño centro al que rodean 28 calles con lotes
de entre 10 y 5 ha. Desde hace 7 años ha sido gradualmente rodeada por
monocultivos de soja, debido a que todos los latifundios vecinos han sido
deforestados y mecanizados. La ganadería extensiva anteriormente dominante en
dichos latifundios se trasladó al Chaco expandiendo la frontera agrícola en un
ecosistema con alta fragilidad. Los ganaderos siempre dejaban isletas de monte
nativo por el caso de sequía que el ganado se alimentara de los recursos del
bosque. Desde 2002 se ve el fenómeno de cambio productivo hacia la agricultura
permanente. La comunidad está aislada por este anillo de propiedad privada
extremadamente vigilada, teniendo sólo una ruta por donde acceder al pueblo y la
falta de acceso a los recursos del monte genera pobreza al no poder cazar y
pescar.
El día 18 de agosto, cuatro campesinos salieron de la comunidad para ir a cazar
a su lugar habitual, un monte ubicado dentro de un latifundio de 93 mil ha,
llamado Agroganadera Aguaray, propiedad de Euvaldo de Araujo, brasilero viviendo
en Sao Paulo. Este latifundio ha sido deforestado mayoritariamente para
implementar grandes monocultivos con rotación de soja RR con maíz o trigo. A las
8 de la noche y ya rumbo a casa, los cuatro fueron emboscados y disparados
sorpresivamente por guardias del latifundio que se habían apostado en un
escondite construido con ramas a un lado del camino. Éstos habían estado en la
guardia sentados con sus escopetas de calibre 12 esperando a sus víctimas, así
como se caza en cualquier coto de caza, pero esta vez las presas eran seres
humanos.
Pedro Antonio Vázquez de 39 años, recibió una bala con nueve balines en la
cabeza, que le atravesó por varios lugares el cráneo y probablemente lo mató
inmediatamente. Cristino González de 48 años recibió otro tiro por la espalda y
cayó al suelo. Los hijos de él fueron las otras víctimas. Crescencio de 18 años,
iba delante, un balín le rozó la mandíbula y él cayó por el impacto pero
rápidamente se levantó y huyó corriendo. Juan Ramón, un joven de 16 años, que
iba último tuvo tiempo de volverse y esconderse en un yuyal.
Crescencio corrió los 10 km a casa y dio aviso a la familia y la comisión
vecinal -él tuvo tiempo para darse cuenta lo que había ocurrido-. Sin embargo,
el miedo y la impotencia retuvieron toda la noche al grupo de familiares y
vecinos. Recién a la mañana siguiente, acompañados por muchos miembros de la
comunidad, pudieron entrar en la hacienda a rescatar a los dos cadáveres tirados
en la vera del camino. Al llegar al lugar de la tragedia y ver sólo dos cuerpos,
la familia se dio cuenta que Juan Ramón se había salvado y a gritos lo empezaron
a llamar hasta que el pobre salió aterrado de su escondite. De esta forma
lo relatan los dos jóvenes cuando los entrevistamos en su casa que queda solo a
200 metros de la hacienda.
Ellos cuentan que con el padre cazaban frecuentemente, así como lo hacen muchos
otros campesinos de la comunidad. En la familia son 12 hermanos y sólo
tienen 5 ha de tierra, por ello la caza y la pesca son esenciales para la
sobrevivencia de la economía familiar. No hay otro monte en las cercanías;
todo ha sido desmontado a favor de la soja. Lo mismo relatan los parientes de
Pedro, la otra víctima, que era soltero y vivía con su madre. Sus parientes nos
muestran sus redes y anzuelos y nos cuentan lo bueno que era pescando en el río
Aguaray, el único cauce en un radio de 10 km donde se puede pescar.
La población de San Vicente esta conmovida y asustada por este crimen, pero no
es la primera vez que toma lugar un acto violento como este. El abogado de DDHH,
Juan Martens, pudo registrar hasta 12 casos de violencia por conflictos de
tierra. Se suman 5 asesinatos y 7 heridos sólo en esta comunidad, todos
perpetrados por los guardias armados de los grandes propietarios. Estos
asesinatos demuestran cómo la exclusión del pueblo de los bienes comunes como el
bosque o el agua degrada las condiciones de vida de la población
campesina. La propiedad privada y el no dar permiso de entrada quita a la gente
importantes recursos de subsistencia.
Los latifundistas pretenden ignorar que desde que se asentó la población en el
lugar, los campesinos pescaban y cazaban en los montes alrededor de los pueblos.
Asimismo, cuando se expidieron en la Secretaría del Ambiente (SEAM) los permisos
de deforestar toda la superficie alrededor del pueblo, nunca se consideró los
impactos socioambientales que sufriría la población. Los vecinos relatan con
nostalgia cómo era el paisaje anterior; cómo vivían rodeados de selva, donde
podían satisfacer gran parte de sus necesidades. En cambio, en la actualidad los
vecinos colindantes con el latifundio padecen de afecciones por los agrotóxicos
de las fumigaciones masivas, sufren de la sequía consecuente con la gran perdida
de masa forestal y se sienten inseguros en sus propias casas sabiendo que los
guardias privados, armados como paramilitares son agentes criminales que actúan
impunemente. El latifundio no ha dejado en pie la mínima cortina viva para
frenar la deriva de agrotóxicos.
En toda la región de San Pedro, los dirigentes denuncian la devastación
ecológica que el avance de la frontera de la soja esta produciendo. El
monocultivo se está expandiendo y produce la fuerte expulsión de campesinos.
Comunidades enteras están a punto de desaparecer tragadas por los sojales. La
soja ha avanzado en los latifundios pero cada vez son más frecuentes los casos
de brasileros que quieren comprar terrenos dentro de las comunidades expandiendo
su modelo productivo devastador.
Este proceso de compra de tierras y desmonte de latifundios para expandir la
soja y también los monocultivos de caña, está fuertemente promovido por la
demanda de agrocombustibles en el mercado internacional. Hay que recordar que
San Pedro ha sido una de las zonas calificadas por el gobierno como potencia
para producir etanol y que el propio presidente del país inauguró hace algunas
semanas una primera planta de biodiésel de pequeña escala (una pequeña
procesadora de tártago) en la localidad vecina de Lima. Después de esta pequeña
inversión vienen otras que no son pequeñas, tales como la megaplanta del Polo
Agroenergético de San Pedro, que tendrá una capacidad de 200 millones de litros
de etanol por año. Estos planes y la alta cotización de la soja en la
bolsa de Chicago han generado mucha especulación por la tierra y por todo el
departamento, agroempresarios extranjeros, principalmente brasileros, andan
ofreciendoles miles de dólares a las familias por sus parcelas.
En San Vicente, el sábado 25 se mantuvo un encuentro local con más de 120
personas, con participación de dirigentes de base de varias organizaciones. El
objetivo era reforzar la conciencia de la población y generar resistencia a la
expansión del modelo sojero y su violencia por los terribles hechos ocurridos
una semana atrás. El día anterior, se había realizado un encuentro departamental
en Resquín con los mismos objetivos.
Gregorio Fernández, un dirigente local de la coordinadora de productores
agropecuarios de San Vicente es concejal independiente y esta promoviendo una
ordenanza contra las fumigaciones. Esta coordinadora cuenta con 28 bases y esta
trabajando fuertemente en los ejes de capacitación sobre los impactos de la
fumigación y el proceso fragmentador de la entrada del monocultivo, planteando
un ordenamiento territorial que proteja a los asentamientos campesinos y
promueva la agricultura campesina que genera alimentos para la población.
De la misma forma, por todo el departamento esta resurgiendo la Coordinadora
Departamental en Defensa de la Soberanía, una instancia de múltiples
organizaciones campesinas que han retomado la posta de las luchas del año 2004,
cuando miles de campesinos en San Pedro salieron a la calle exigiendo acceso a
la tierra y freno a la expansión del monocultivo de soja y las fumigaciones.
Ahora esta nueva coordinadora se alza con los ejes puestos en las leyes de
antiterrorismo, los agronegocios y los agrocombustibles. Tal como plantea Diego
Segovia en su último artículo, no es casual que las nuevas reformas del código
penal impulsen cárceles de 5 años por invasión de inmuebles privados y
anulan la posibilidad de exigir medidas sustitutivas a la prisión. Estas nuevas
leyes atentan directamente contra la población paraguaya sin tierra, sobre todo
los jóvenes campesinos, y solo garantizan medidas extremas para proteger a tanta
nueva inversión.
Aunque en la prensa en Paraguay, los agrocombustibles se mencionan como
combustibles ecológicos, muchas organizaciones campesinas en el Departamento de
San Pedro tienen claro que tanta oferta esconde trampas. Se especula mucho y se
están otorgando muchos créditos nuevos para producir cultivos de
agrocombustibles, repitiendo el esquema de la expansión de la soja RR desde del
2000 en la zona oriental del Paraguay, donde finalmente los créditos
especulativos con altísimos intereses lograron sacar de la tierra a la gente que
no quería vender. En este momento se promueve una diversidad infinita de
cultivos para salvar el clima mundial: tártago, mbokayai, canola, soja, piñón,
maní, algodón o mandioca. Se promete que se comprará todo y que este mercado
incluirá tanto a los grandes y como a los pequeños, pero nunca se concreta que
garantías tendrá el campesino. Las consecuencias ya se pueden constatar en el
Brasil donde los precios de la caña bajaron un 35% por una sobreproducción del 7
%. Este hecho, lo tuvo que reconocer el propio Rodríguez en su conferencia en
Asunción, donde el propuso ligeramente que hay que forzar la creación del
mercado internacional de los agrocombustibles.
Se promociona fraudulentamente y no se evalúan los impactos indirectos que esta
industrialización de la agricultura acarreará para el sector campesino. Estos
impactos ya los sufre la población de San Vicente con sus asesinados, la
especulación de la tierra, la contaminación, la sequía, la pérdida de
biodiversidad y la soberanía territorial. Así lo denunció la Coordinadora de
Productores Agropecuarios de San Vicente, el 20 de agosto al congreso del
Paraguay, esperando una vez más respuesta del Estado Paraguayo para que proteja
a su población.
Javiera Rulli
Base Investigaciones Sociales
Asunción, 28 de agosto del 2007
Javiera(a)yahoo.com
