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Una nueva coalición, llamada Amigos da Floresta, ha organizado una marcha en el centro de Maputo, la capital, para este sábado. Se trata de la primera manifestación pública en el país relativa al tema de la deforestación.

"Necesitamos que la sociedad civil se involucre", dice Daniel Ribeiro, miembro de Justiça Ambiental, una ONG local. "De vez en cuando el tema sale en las noticias y se habla de ello, pero no hay seguimiento constante por parte de los medios de comunicación." Los organizadores esperan que unas 500 personas participen en la marcha.

Los activistas locales dicen que el año pasado se ha hecho evidente que hay que hacer algo con urgencia. El principal indicador fue un informe de amplia difusión que documentaba importantes discrepancias entre las distintas estadísticas oficiales sobre la deforestación en la provincia central de Zambezia, y al mismo tiempo denunciaba la existencia de una "mafia de la madera" que estaba llevando a cabo una explotación totalmente insostenible de este recurso.

"Los compradores de madera procedentes de Asia, los empresarios locales y los miembros del gobierno de Mozambique y sus servicios forestales colaboran para sacar las preciosas maderas de estos bosques tropicales milenarios, semiáridos y secos. Y esto se está haciendo con una velocidad que podría llevar al agotamiento de este recurso en el tiempo de 5 o 10 años".

Esta es la proyección hecha por Catherine MacKenzie, una abogada ambientalista afiliada a la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en un informe encargado por una coalición de ONGs de Zambezia, con el título provocador "Chinese Takeaway" ("Pillaje chino"), en referencia al gran número de compradores asiáticos que se llevan camiones cargados de madera a precios de saldo.

En dicienbre de 2006, los medios de comunicación informaron de que había 40 camiones de madera cortada ilegalmente en la ciudad portuaria de Quelimane, la capital de Zambezia, y que esto era el signo de la difusión de la actividad criminal de destrucción de los bosques. Un militante ecologista estimó que la cantidad de madera de contrabando en esa ocasión correspondía al doble de la cantidad anual de madera que la provincia permite cortar legalmente.

Las autoridades del gobierno se disputan las estimaciones, y la respuesta oficial más común es que las cifras sobre la deforestación ilegal no están actualizadas.

Para movilizar a la sociedad, los ecologistas han subrayado que la deforestación ilegal no es sólo un tema ambiental, sino que tiene implicaciones económicas y sociales. Las normas gubernamentales deberían garantizar que la mayoría de la madera cortada localmente también fuera trabajada localmente, pero los ecologistas dicen que estas normas son sistemáticamente denigradas y que la madera en bruto va directamente a los barcos que esperan al largo de las costas.

El resultado es que las comunidades locales no se llevan nada: ni empleos en las serrerías, ni empresas locales relacionadas con la madera y, puesto que este fenómeno se da a través de canales ilegales, los habitantes tampoco se benefician del dinero recaudado por los impuestos.

"Esto provoca una gestión y una explotación insostenible de los bosques, enormes pérdidas en términos de valor agregado y ningún beneficio en término de reducción de la pobreza", dijo Jan de Meer, que trabaja para una ONG que pone en marcha cooperativas sostenibles en Zambezia. De Meer calcula que las comunidades que tienen permisos para cortar madera, se llevan sólo un 1 por ciento, en vez que el 20 por ciento prometido.

Los ecologistas dicen que estas comunidades también son explotadas en otras maneras. Los que tienen permisos, por ejemplo, necesitan el consentimiento de la comunidad para tener una licencia maderera y tienen que negociar con los líderes comunitarios para obtenerla.

"Muchas veces las promesas quedan incumplidas", dijo Ribeiro, de Justiça Ambiental. "Llegan a la comunidad, cortan los árboles y no vuelven nunca más. Muchas veces hacen muy poco por la comunidad, como regalar ropa o limpiar canchas de fútbol".

Cerca de 400 agentes, distribuidos en todo el país, controlan el tráfico de madera, y esto no es suficiente, dice Mauricio Sulila, de Livaningo, una de las más antiguas organizaciones ecologistas de Mozambique.

Ribeiro comentó que es muy barato corromper a un policía. El año pasado visitó muchos puntos de control para la madera en los alrededores de Beira, donde todos los días se ven camioneros pasar sin enseñar ningún permiso.

Sin embargo no es fácil organizar a las comunidades locales para presionar a las autoridades del gobierno. La capital está lejos de Quelimane, así que uno de los mayores obstáculos es la distancia de los centros del poder. De Meer dijo que sus colegas están tratando de conseguir dos autobuses de los miembros de la comunidad que vayan de Zambezia a Maputo para la manifestación del sábado. "Ellos están interesados pero no tenemos el dinero, sabes?" dijo, "Hace falta dinero para transportar la gente por una distancia de 2.000 Km".

Silula, de Livaningo, que recientemente ha empezado un programa para capacitar a las ONGs en las regiones central y norteña del país, dijo: "El problema es que la sociedad civil de las provincias [donde se realiza la deforestación] no es fuerte como las ONGs en Maputo. Existen grupos aquí [Zambezia], pero son débiles".  

Fuente: lafogata.org