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Bolivia:
El agua y su guerra interminable
Franz Chávez
IPS
Cuando se habla en la boliviana Cochabamba de la "guerra del agua" de 2000,
escritores, investigadores y estudiantes se sumergen en el relato de una epopeya
que terminó con la expulsión de una empresa transnacional, pero seis años
después la realidad obliga a poner los pies sobre la árida tierra.
La capital del valle boliviano, 400 kilómetros al sureste de La Paz, es la
ciudad de los tanques elevados y las bombas de agua domiciliarias para succionar
el poco líquido que se distribuye cinco días a la semana, con intervalos de dos
en los que suele circular sólo aire por las cañerías, a tanta presión que es
capaz de quebrar las agujas de los medidores.
La arquitectura republicana, que contrasta con avanzados diseños de edificios
creados para la banca y el comercio de una urbe habitada por unas 900.000
personas, guarda frescas las huellas de la peor batalla librada en sus calles,
cuando ardían neumáticos y se levantaban barricadas contra la empresa Aguas del
Tunari, propiedad de la estadounidense Bechtel, la italiana Edison y la española
Abengoa, con una mínima participación privada nacional.
Está también muy cercana la imagen de Hugo Daza, un joven de 17 años que acabó
con la frente atravesada por la bala de un francotirador, única víctima de la
guerra del agua desatada en los primeros días de abril de 2000 y que estuvo a
punto de provocar el desplome del segundo gobierno de Hugo Banzer (1997-2001) al
que se responsabilizó de seguir a ciegas la política privatizadora del Banco
Mundial.
La institución multilateral impulsó en 1999 la entrega del Servicio Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) de Cochabamba a International Water,
cuyos accionistas eran Bechtel y Edison, y Abengoa, que unidos a capitales
nacionales formaron Aguas del Tunari.
Un aumento de tarifas hasta de 200 por ciento fortaleció la resistencia de
organizaciones agrupadas en la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida,
convertida en instrumento social y político que, además de echar a Aguas del
Tunari, se convirtió en símbolo de lucha contra el modelo económico de ajuste
estructural y difundió su ejemplo a otras ciudades de la región, como Buenos
Aires, y el suburbio de El Alto, cerca de La Paz.
En abril de 2000, las autoridades rescindieron el contrato con Aguas del Tunari,
y la empresa recurrió a un arbitrio internacional. En enero de este año, las dos
partes llegaron a un entendimiento, sin pago de ningún tipo de compensaciones.
El Estado boliviano admitió que la rescisión se debió solamente a la situación
de efervescencia social y no a fallas en la prestación del servicio.
Tras la forzada partida de Aguas del Tunari, retornó el Semapa, pero debilitado,
sin recursos financieros y con pocas expectativas de convertirse en el modelo
demandado por los autonombrados "guerreros del agua".
"Semapa no responde a la demanda de agua, pese a haber incluido a directores
ciudadanos (del movimiento social). Cayó en manos de políticos que
distorsionaron la guerra del agua", dijo a IPS uno de los fundadores de la
Coordinadora, el ingeniero en recursos hídricos Gonzalo Maldonado, escritor de
un par de libros dedicados a la problemática.
Una residente del centro de la capital valluna, Amparo Valda, relató a IPS que
debe acumular agua en previsión de los habituales cortes por lo menos dos días a
la semana, pero la dudosa calidad del líquido la obligan a comprar agua
envasada, a un precio de dos dólares y medio por litro, para beber y preparar
alimentos.
"Si bien no se llegó a un resultado óptimo con el proceso de movilización
social, la distribución de agua mejoró bastante, pero falta el compromiso de los
ciudadanos por participar en la conducción de la empresa municipal", comentó a
IPS el también fundador de la Coordinadora y actual diputado nacional Gabriel
Herbas.
El analista independiente Vincent Gómez-García, explicó a IPS que la guerra del
agua agudizó los problemas de ineficiencia y mala administración del Semapa
debido a una fuerte politización.
A diferencia de lo que ocurre con la actual empresa, antes del conflicto de
abril de 2000 se hizo el intento de institucionalizar y calificar a su gerencia,
pero luego dominó el discurso político, y los grupos promotores de la guerra del
agua reclamaron espacios dentro de una lógica de prebendas y de bajísimos
niveles de administración, opinó Gómez-García.
Esta opinión es compartida por Maldonado, quien ha detectado problemas profundos
en la empresa municipal, como la pérdida de 50 por ciento del agua por una red
deficiente de distribución, por robos y por el tratamiento privilegiado a
algunas personas con influencia política.
La contratación hasta de 700 empleados en lugar de los 270 requeridos, pugnas
por la distribución de empleos entre los directores ciudadanos y la falta de un
registro de instalaciones son otras dificultades identificadas por Maldonado,
quien sugiere efectuar inversiones inmediatas por unos 120 millones de dólares
para resolver los problemas urgentes de captación de agua y tendido de redes.
En la página del Semapa, fundado en 1928, se admite que el "servicio no es
continuo y muestra un marcado racionamiento que se ha hecho costumbre de los
inicios del servicio de agua, producto de un clima semiárido; constante
crecimiento de la población e infraestructura insuficiente para la distribución
de agua a los centros de consumo".
Quizás esta realidad de una empresa que debía convertirse en ejemplo de
administración, haya sido la razón por la cual el líder de la rebelión, el
obrero Oscar Olivera, rehuyera en dos oportunidades una entrevista y evitara
responder a un corto cuestionario de IPS.
Herbas rescata como logro de la gesta popular el escaso aumento de las tarifas,
lejos de los porcentajes que intentó aplicar Aguas del Tunari, pero se queja
porque la gente adoptó una actitud conformista y reticente a participar en las
decisiones de la empresa.
Desde un punto de vista diferente, Maldonado propone la creación de una
Asociación de Usuarios con actuación de los 58.000 beneficiarios del servicio y
aportes en dinero para fortalecer una nueva empresa en base a la actual, de la
cual no estaría excluido el sector privado como accionista.
Su propuesta también comprende la inclusión de las pequeñas ciudades que rodean
a la capital cochabambina para evitar en el futuro enfrentamientos internos que
podrían determinar el cierre de las fuentes de agua localizadas cerca de esas
poblaciones.
"La lógica económico-financiera es fría, y no hay otro camino para sustentar las
inversiones que mediante el incremento de las tarifas", expresó Gomez-García.
El aumento de cinco por ciento, aplicado en el mes de mayo, comprende a tarifas
domiciliarias que oscilan entre dos y 15,6 dólares, de acuerdo a una categoría
que castiga con mayor monto a zonas habitadas por ciudadanos con mejores
ingresos.
El reajuste fue aplicado en cumplimiento de acuerdos entre Semapa y el Banco
Interamericano de Desarrollo, que aceptó prestar 11,5 millones de dólares para
obras de ampliación de las redes de suministro a barrios empobrecidos.
Pero la imagen difundida es y seguirá siendo la de la lucha de un pueblo alzado
contra el capitalismo global, de la cual se extraen métodos que se difunden en
Internet, como la toma simbólica de Cochabamba, la quema pública de facturas,
los graffitis en los muros, las marchas y la consulta popular.
Desde la sede del gobierno nacional se mira con atención la suerte del Semapa,
porque el último día de este año, la corporación francesa Suez, propietaria de
la empresa Aguas del Illimani que sirve a las ciudades de La Paz y El Alto,
deberá marcharse pues otra guerra hídrica, librada en enero de 2005, así lo
determinó.
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