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El Gobierno de Chile da luz verde a los transgénicos
Mapuche Express
Iniciativas benefician a la empresa Transnacional Monsanto y se iniciaría con la
siembra de hasta 20.000 hectáreas de soya transgénica para la producción de
semillas. Monsanto además indica su intención de introducir en Chile maíz y raps
transgénicos, entre otras.
La CLOC - Vía Campesina Chile, representada por la Asociación Nacional de
Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Confederación Nacional Ranquil y
Plataforma Rural por la Tierra, junto a la Alianza por una Mejor Calidad de
Vida, representada por la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para
América Latina (RAP-AL Cono Sur), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos
Ambientales (OLCA) y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa
(CIAL), informan a las organizaciones sociales y a la ciudadanía que:
El 26 de marzo recién pasado, la empresa transnacional Monsanto y el Ministerio
de Agricultura anunciaron que Monsanto ha elegido a Chile para sembrar hasta
20.000 hectáreas de soya transgénica para la producción de semillas. Monsanto
además indica su intención de introducir en Chile maíz y raps transgénicos. De
acuerdo a entrevista publicada en El Mercurio, la iniciativa tiene el pleno
apoyo del Ministerio de Agricultura.
La inciativa de Monsanto se suma a otras agresiones en contra de la agricultura
campesina y la salud de todos los chilenos. Los actuales programas de INDAP
continúan embarcando a las familias campesinas en aventuras productivas mal
diseñadas y mal fundamentadas, que sólo agravan el endeudamiento y pérdida de la
tierra. Hay una presión sistemática de parte del Ministerio de Agricultura para
eliminar la diversidad de la producción campesina y encadenarla a las grandes
empresas agroexportadoras. La producción agroexportadora continúa basándose en
la explotación extrema de trabajadores y especialmente trabajadoras temporeras,
y en la contaminación del ambiente y las personas.
Monsanto es la mayor productora de semillas transgénicas en el mundo y una de
las más grandes productoras de agrotóxicos, incluyendo el "agente naranja",
utilizado como arma química en Vietnam durante la invasión por parte de Estados
Unidos. Es también el mayor impulsor de semillas "Terminator, es decir semillas
estériles que obligan a los agricultores a comprar semilla año tras año. Desde
1996 ha desarrollado una estrategia de contaminación transgénica deliberada de
cultivos y alimentos, que ha incluido el contrabando de semillas, la violación
de normas de seguridad y el soborno directo a funcionarios gubernamentales.
Así como Monsanto ha promovido la contaminación genética, el Estado chileno
tiene una larga historia de incapacidad o desinterés para evitarla. A pesar de
que en Chile la ley prohíbe los alimentos transgénicos, las grandes empresas
alimenticias han introducido por años alimentos y materias primas transgénicas.
Cuando una decisión judicial del 2002 aplicó la ley y ordenó retirar del
comercio todo alimento con contenido transgénico, la SOFOFA indicó que eso era
imposible, ya que habría que retirar cerca del 75% de los alimentos envasados.
El gobierno por su parte, en vez de aplicar la ley, emitió un decreto,
permitiendo oficialmente la contaminación transgénica de nuestra alimentación.
Incluso en el 2003, levantó la prohibición de incluir materiales transgénicos en
los alimentos para niños. Todos los chilenos estamos consumiendo alimentos
transgénicos sin que siquiera se nos permita informarnos al respecto y nuestras
posibilidades de acceder a productos campesinos sanos y variados están siendo
destruidas por políticas agrícolas en favor de las grandes cadenas de
supermercados.
La falta de fiscalización se combina además con la falta de transparencia. El
SAG se ha negado a informar sobre la ubicación de los cultivos transgénicos en
Chile, y a decir quién o quiénes son los funcionarios que finalmente autorizan
tales cultivos. Dado el historial de Monsanto, no nos sorprendería que la falta
de transparencia dé pie para que esta transnacional, en cooperación con el
Ministerio de Agricultura cree programas "reservados" (secretos) para enrolar
agricultores en la producción de transgénicos, ya sea a través del ofrecimiento
de créditos o alguna otra forma de presión.
Chile ya fue sindicado como fuente de contaminación algunos años atrás, al
descubrirse contaminación en bancos de germoplasma de Estados Unidos que habían
reproducido su semilla en nuestro país. El caso demostró que en nuestro país no
se cumple con mínimas normas de seguridad y la fiscalización es deficiente. Las
20.000 nuevas hectáreas anunciadas por Monsanto y la posible introducción de
maíz y raps multiplican de manera dramática las posibilidades de contaminación.
Los cultivos de semillas transgénicas producirán además una gran cantidad de
granos de desecho, los que debido a la falta de fiscalización probablemente irán
a parar a la alimentación animal o a la producción de aceite para consumo
humano, agravando así la contaminación transgénica de alimentos en el país. Si
Chile adquiere fama de país contaminado genéticamente, corren riesgo inmediato
las exportaciones de semillas, miel, alimentos envasados, productos pecuarios y
el conjunto de la producción agropecuaria orgánica. Ante esta amenaza, la
aseveración del gobierno de que es posible la coexistencia de cultivos
transgénicos, no transgénicos y orgánicos carece de fundamento técnico y
económico.
El Ministerio de Agricultura y el representante de Monsanto intentan presentar
la producción de semillas transgénicas como una gran oportunidad para los
agricultores, especialmente los pequeños. Ninguno de los dos menciona que la
producción de soya transgénica en los demás países del Cono Sur ha significado
la desaparición de miles de familias campesinas, el abandono del campo, la
pérdida de la tierra y la intoxicación de miles de personas, hasta la muerte de
niños y adultos. Monsanto se caracteriza por imponer contratos abusivos -incluso
por sobre la ley- que reglamentan cada paso del proceso productivo, obligan al
consumo de glifosato y otros plaguicidas fabricados por la transnacional y le
dan poder para inspeccionar cada detalle de la actividad agrícola y comercial de
quienes acepten trabajar con ellos, incluso si tales detalle no tienen relación
con el contrato con Monsanto. Ésta corporación ha demandado judicialmente a
cientos de agricultores canadienses, estadounidenses y argentinos que no han
podido cumplir con las cláusulas abusivas, llevando a la ruina y a la pérdida de
la tierra a muchos de ellos.
Resaltamos que lo que Monsanto intenta hacer no se traduce necesariamente en
mayor producción de alimentos, ni para Chile ni para otros países. La
introducción de transgénicos en Chile significará la presencia de cultivos
tóxicos, no aptos para el consumo humano, como el maíz para la producción de
biocombustibles o de fármacos de distinto tipo.
Es alarmante también que el representante de Monsanto diga que producirán en
Chile porque aquí se respeta la propiedad intelectual, y que pida reglamentación
para el cultivo de transgénicos. Chile en este momento está elaborando las
llamadas normas de bioseguridad que reglamentarán los organismos transgénicos en
el país. Adicionalmente, producto del tratado de libre comercio con Estados
Unidos, Chile se encuentra a las puertas de cambiar su ley de propiedad
industrial y permitir el patentamiento de semillas y animales. Las declaraciones
del representante de Monsanto son parte de la presión política que esta y otras
transnacionales junto al gobierno de Estados Unidos están haciendo sobre el
gobierno y el parlamento chilenos a fin de obtener las máximas garantías para
operar en Chile. Entre otros, buscan la absoluta libertad para el cultivo y
consumo de transgénicos, junto a leyes que convertirán en delito la pra
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