|
Medio Oriente - Asia - Africa
|
|
Uganda, Chad, República Centroafricana, Nigeria, Argelia ... son algunos de
los países africanos en que se han vivido o viven conflictos que, como el de
Darfur, ponen en cuestión el derecho humanitario. Sudán pone reparos a la misión
internacional. También Turquia impidió la ayuda a los desplazados en sus ataques
en Kurdistán e Israel ataca campos de refugiados palestinos. ¿Sólo Jartum
desafía a las Naciones Unidas?
Las razones humanitarias pueden llevar a ocultar los intereses que llevan a
tomar una iniciativa de intervención en un conflicto, el de Darfur, que ni es
nuevo, ni es el único ni siquiera el más grave que asola a un país, Sudán, que
se desangró en veinte años de guerra civil y hambruna ante la apatía del mundo.
Al contemplar las imágenes de millares de personas acinadas en un inmenso
campamento de refugiados resulta muy difícil relegar el factor de sufrimiento
humano para adentrarse en las razones políticas. Sin embargo, si ese sentimiento
velara la capacidad de analizar las causas de las crisis nos encontraríamos en
la imposibilidad real de entender buena parte de los conflictos que atraviesan
este mundo.
Prácticamente no existe conflicto armado que no genere refugiados ni guerra que
no provoque desplazados internos. De acuerdo a las estadísticas del Alto
Comisionado de las Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el mundo hay
actualmente 23.000 millones de refugiados mientras que 19.000.000 de personas
viven desplazadas de sus lugares de origen en razón de conflictos de diferente
signo. La Cumbre Mundial de 2005, patrocinada por Naciones Unidas, concluyó en
un compromiso de proteger a estas poblaciones y propiciar su regreso en
condiciones de seguridad.
En concreto, los estados del mundo aceptaron la responsabilidad de «proteger a
las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los
crímenes contra la humanidad». Sin embargo no cabe olvidar que el objetivo
fundacional de la ONU es promover la paz en el mundo y que, en pleno siglo XXI,
los conflictos violentos siguen siendo el elemento que caracteriza las
relaciones internacionales. Aunque bien es cierto que, de manera paralela a los
viejos y nuevos escenarios de crisis bélica aparece otro fenómeno al que Noam
Chomsky bautiza con acierto como el «humanismo armado».
La crisis de Sudán -sería más correcto hablar de la última de ellas- ha
focalizado finalmente la atención de la comunidad internacional. ¿Porqué ahora?
Lo primero que hay que remarcar es que los distintos conflictos que han
atravesado de norte a sur al gigante africano y las penurias causadas por las
sequías y las hambrunas que han castigado de forma cíclica a sus habitantes no
han llevado a movilizaciones similares a la planteada para Darfur. El conflicto
en el este sudanés se desató en 2003 y tuvo un origen que puede puede parecer
menor: un enfrentamiento por el uso de pastos entre tribus arabizadas y
habitantes autóctonos, africanos, de Darfur. Sin embargo, el control de los
recursos de la región no es ni con mucho una cuestión menor, aunque la gran
riqueza de Darfur se sitúe no ya en la superficie sino más bien en un subsuelo
al que miran con avaricia desde el Gobierno central del país hasta las
principales petroleras del planeta. Quién explota y quién percibe los beneficios
del petróleo, ésa es la cuestión central de un enfrentamiento que en su última
etapa ha provocado el desplazamiento de dos millones de personas y unas 350.000
muertes, ligadas al hambre y a la enfermedad, sin obviar la violencia extrema
ejercida contra los habitantes de Darfur por milicias como los janjaweed.
El acuerdo de paz de 2004, que permitió sellar la paz tras veinte años de guerra
entre el norte y sur de Sudán, despertó un anhelo latente en Darfur en el
sentido de ver reconocidos sus derechos sobre un territorio rico pero cuya
población tiene un sentimiento histórico de abandono. En ese contexto de
pacificación del país se relanza la lucha que protagonizan diversos grupos
guerrilleros en Darfur, algunos con apoyo de países vecinos y de EEUU. Pero a
ese marco político en que se ubica la crisis hay que añadir el ya citado
componente económico.
Una potencia petrolera que marca sus propias normas . Esa es la aspiración no
oculta del Gobierno de Jartum. Una aspiración que hoy es posible por la
diversificación de las inversiones en el país -y en particular por la incursión
de China- que ha permitido a su gobierno determinar los contratos de explotación
de los recursos energéticos en función de sus intereses, lo que no es visto con
agrado por las petroleras de EEUU y Gran Bretaña.
No deja de resultar significativo que fuera Collin Powell, el general
estadounidense que guió la «Operación Tormenta del Desierto» contra Irak quien
hablara por primera vez del «genocidio» de Darfur. Desde su propio país, el
director del Programa de Investigación de Ciencias Sociales y miembro de Global
Equity Initiative de Harvard, Alex de Waal, apunta que esa definición no se
ajustaría a los términos de la Convención Internacional contra los Genocidios
(1948). No obstante, este profesor que ha publicado dos trabajos ampliamente
documentados sobre Darfur, remarca que «si se acepta que lo ocurrido en Darfur
ha sido un genocidio, hay que hablar de genocidio en Congo, Burundi, IUgandia,
Nigeria». A la luz de los conflictos violentos en otros estados africanos como
Somalia, Chad o la República Centroafricana el recurso al término de «genocido«
podría convertirse en recurrente.
Sin embargo, EEUU aplica el término sólo a Sudán , país que se quedó sólo en el
repaldo a Sadam Husein ante la agresión internacional, lo que llevó a George
Bush a firmar la Sudan Peace Act, en 2002. Ese documento contemplaba sanciones
contra Jartum y dotaba de medios financieros al Departamento de Estado para
emprender «intervenciones humanitarias» en el estado africano. Por lo tanto, y
sin olvidar que la Administración Clinton ya bombardeo una fábrica de productos
farmacéuticos en Sudán dentro de su «guerra contra el terrorismo», está claro
que los planes del «humanismo armado» preceden a una crisis que el subsecretario
general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Jan Egeland, calificó en el informe
«La situación de los refugiados en el mundo 2006» como «la peor catástrofe
humanitaria».
En ese mismo informe se puede leer que las instituciones encargadas de aportar
lo más básico a las poblaciones desplazadas por el conflicto en Darfur han
cometido importantes errores sobre el terreno. También se puede leer que, pese a
los fallos de descoordinación y a la falta de seguridad en los campos de
refugiados, y tras la autorización por Jartun de la entrada de más personal
humanitario (hay más de 10.000 cooperantes en la zona) «a finales de 2004 se
superó la hambruna».
Diálogo interno y presiones internacionales.La mejora de la situación
humanitaria no implica que en Darfur no siga existiendo una crisis de enorme
proporciones que exige un arreglo en clave política. Del mismo modo que esa
resolución política es imperativa en otras regiones del planeta con conflictos
de tanta o mayor duración que el que padece Sudán. Cabría recordar que Colombia
encabeza el ránking de Naciones Unidas con 2.000.000 de desplazados internos. En
la misma lista figuran otros estados como Uganda (1,4 millones); Congo (1,5
millones) o Azerbaiyán (578.000).
Es constatable que la diligencia de la comunidad internacional no es similar en
todos los casos y que el grado de proximi- dad con la Administración de EEUU es,
sino el único, sí un poderoso factor para zafarse del intervencionismo
humanitario.
De hecho, y pese a mediar resoluciones de la ONU, estados aliados de EEUU como
Turquía o Israel han venido obstaculizando la presencia de personalde las
Naciones Unidas para asistir a la población kurda desplazada durante las
operaciones militares de Ankara contra el PKK o a los refugiados palestinos, sin
que ello haya llevado a imponerles sanciones.
La última resolución de la ONU sobre Sudán está llamada a solventar una querella
diplomática entre Jartum y la ONU. Quizás es demasiado esperar que tras ella se
vaya a aliviar de forma suficiente el sufrimiento de los habitantes de Darfur.
La ONU ha decidido, con el acuerdo del Gobierno sudanés, enviar una «fuerza
híbrida» de 26.000 soldados (de ellos, 7.000 de la Unión Africana ya están en la
zona) que se desplegaría a lo largo de 2008. Cinco años después de que se
produjera la explosión de violencia en Darfur.
Es posible que, de seguir adelante el diálogo abierto entre las autoridades de
Jartum y las distintas organizaciones rebeldes de Darfur, para cuando se produja
ese despliegue se haya consolidado el incipiente clima de paz. El acuerdo,
todavía parcial, tiene como punto de partida un reparto más justo de los
recursos petroleros, de forma que la población de Darfur puede salir del
subdesarrollo.
El Gobierno sudanés ha hablitado partidas económicas para que los refugiados
puedan regresar y reconstrir las vivienda y pueblos arrasados en 2003, aunque
ese retorno es hoy por hoy limitado ya que no se han restablecido las
condiciones de seguridad que permitan un regreso generalizado de esos dos
millones de desplazados.
Apoyar un acuerdo interno que devuelva la paz a Darfur debería ser la prioridad
de una comunidad internacional que ha actuado tarde ante una grave crisis
humanitaria que, por terrible que parezca, puede repetirse en otro momento y en
otro lugar. Sudán es una pieza clave, pero no es la única en la partida de
ajedrez que disputan las potencias mundiales para hacerse con el petróleo
africano.
 |