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Violaciones a los derechos humanos, hostigamiento y agresiones verbales, además de un nulo acuerdo entre las partes, es el saldo que hasta el momento se tiene del conflicto entre autoridades de los gobiernos estatal y municipal y pobladores de Zimapán, por la construcción de un confinamiento tóxico en la comunidad San Antonio, a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal.
Desde la noche del sábado hasta la madrugada de ayer domingo, unos 600 efectivos de Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Pública, agentes ministeriales y de la Dirección General de Gobierno, se presentaron en Zimapán para disolver el plantón que desde hace tres días pobladores del lugar mantenían en protesta de lo que, aseguran, es un proyecto que pone en vilo la salud de los que allí habitan, además de no existir ninguna consulta popular que haya aprobado su construcción, lo cual "atenta contra los derechos" de los zimapences. El operativo fue retirado en punto de las 6:30 de la mañana de este domingo y hasta el cierre de ésta edición, no se tenían reportes de su reasignación.
Las autoridades tomaron por "agotadas" las vías de convencimiento a quienes se oponen al proyecto, por lo que lanzaron el informe para la incursión de la fuerza pública contra lo que consideraron una "manifestación que sólo tiene como objetivo fines políticos"
A decir de José María Lozano, dirigente de la organización Unidos por Zimapán, que se opone al confinamiento, en el operativo policiaco existieron diversas anomalías que representan claras violaciones a los derechos humanos, pues, los agentes policiacos y del gobierno de Hidalgo mantuvieron un cerco de hostigamiento contra la población, reprimiéndolos psicológicamente con la presencia "inaudita" de cientos de efectivos y alrededor de 100 vehículos ocupados para la contención social.
"Esta es una actitud que nos habla mucho del gobernador, que no cumple acuerdos y que sólo trata de amenazarnos", manifestaron los inconformes durante el enfrentamiento de la noche del sábado, en la que, no obstante se evitó una confrontación física, los pobladores denunciaron la actitud hostil con la que los efectivos entraron para deshacer la manifestación, la cual, fue removida a instrucciones de los mandos policiacos quienes, pese a ello, amenazaron con reprimir de no cumplirse a cabalidad sus intenciones.
Ante esto, los protestantes abandonaron su plantón frente a la alcaldía y se subieron a las banquetas adyacentes; sin embargo, la orden policiaca para la represión continuaba por la presencia de dos llantas que, afirmaron, constituían un delito al libre tránsito.
Para la una y dos de la madrugada, los manifestantes originarios de las comunidades aledañas a la cabecera municipal fueron abandonando el lugar y a partir de allí el mitin fue disgregado, pero la presencia policiaca no disminuía, ubicándose en las zonas aledañas al centro del ayuntamiento.

"No quedó de otra": PRI - Gobierno

Tanto el Gobierno del Estado, la Presidencia Municipal de Zimapán al frente de Eusebio Aguilar y el diputado por ese distrito, Carlos Trejo Carpio –todos pertenecientes al PRI-, justificaron la medida policiaca contra la población inconforme ya que ésta –afirman-, "sólo persigue fines políticos".
En un comunicado de prensa emitido la noche del sábado a través de la Dirección de Información del Gobierno del Estado, la Presidencia Municipal de Zimapán se declaró en tiempo de acudir a la fuerza pública estatal para reprimir la manifestación, "después de haberlos respetado durante varios meses"
El comunicado dirigido "al pueblo de Zimapán", señala que a petición del ayuntamiento de Zimapán, "el Gobierno del Estado se presenta en el municipio con la fuerza pública a fin de hacer prevalecer el estado de derecho y salvaguardar las garantías individuales, después de haber respetado durante varios meses el derecho de manifestarse por parte de algunos ciudadanos".
Llama a los zimapences a "no dejarse sorprender", pues "en más de tres ocasiones", autoridades federales y estatales han mantenido reuniones con los dirigentes de Unidos por Zimapán, José María Lozano y Salvador García quienes se han hecho acompañar del diputado federal por Ecatepec, Estado de México pero oriundo del lugar, Germán Rufino Contreras Velásquez, además de Irma Labra, Carlos Cruz Melo, "entre otros".
Al respecto, Eusebio Aguilar expone: "En esas reuniones se han discutido y agotado todos los aspectos técnicos de medio ambiente y de salud con respecto a la instalación de la Planta de desechos industriales en este municipio. En ellas se han agotado también todos los temas y la información que se ha requerido, llegando a la conclusión en este momento de que la instalación de la planta cumple con toda la normatividad vigente y garantiza la seguridad de los vecinos, por lo que cualquier manifestación en contra sólo tiene como objetivo fines políticos"
Por su parte, el también priísta Carlos Trejo Carpio, diputado local por el distrito de Zimapán, afirmó que la medida "precautoria" tomada por el Gobierno del Estado contra los que "ya habían creado un problema" es a razón de que los pobladores "no quieren entender" el proyecto del confinamiento por lo que "no hubo de otra forma" que entendieran.
De esa forma el legislador justificó la presencia policiaca y aseguró que "las agresiones, la violencia verbal y física" ha sido de parte de "esa gente" que –subrayó- "maneja el tema a su conveniencia".
Y pese a que a la fecha, en el lugar hay un ambiente de zozobra y temor de parte de los pobladores sobre los posibles actos de represión y detenciones que habrían de acaecer contra los inconformes, Trejo Carpio aseguró que Zimapán "vive un ambiente de tranquilidad".

"Graves violaciones a los derechos humanos"

En contraste, organizaciones civiles de derechos humanos han manifestado su preocupación por lo que en el lugar se vive y han denunciado que, en efecto, durante el operativo del sábado ocurrieron diversas violaciones a las garantías de los pobladores, mismas que se han presentado a lo largo de la semana en la que, inclusive, el propio alcalde Eusebio Aguilar, golpeó y jaloneó a tres mujeres inconformes, una de ellas, con un niño en brazos.
Según lo presenciado por la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (ACADERH) y otras organizaciones pertenecientes a la Unión de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo (UNIDOSCH), ha existido "desmesura" por parte del Gobierno estatal en su reacción contra los inconformes.
Pablo Vargas González, dirigente de la ACADERH, emitió un pronunciamiento este domingo por parte de la organización, ante la concentración de los pobladores quienes pidieron su presencia para levantar una relatoría sobre lo que ocurriera.
Allí, señaló que se debe de privilegiar el diálogo para la solución pacífica del conflicto y condenó la "desmesurada" presencia de efectivos de Fuerza de Tarea, ministeriales y de Gobierno en el operativo. "Es necesario que se restablezca la negociación y se consulte la opinión de los pobladores sobre el proyecto del confinamiento", dijo.

Incertidumbre

Según las autoridades federales, estatales y municipales, el establecimiento de la planta de desechos industriales en el municipio de Zimapán "cumple con todos los estudios, permisos y requerimientos de orden Federal y Estatal que garantizan cabal cumplimiento de las normas ambientales de acuerdo a las estipulaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA, así como con todas y cada una de las instancias correspondientes".
Sin embargo, Unidos por Zimapán alega que su construcción es un "atentado a los derechos humanos" de los habitantes, pues, aún si existieran normas de calidad que aseguraran que no habría daños, el proyecto fue autorizado bajo engaños y sobre el derecho ambiental de la población.
A decir de Salvador García Hernández, uno de los dirigentes de la organización, las autoridades estatales y municipales engañaron a la población para obtener su anuencia para la construcción de la planta, asegurándoles por principio que se trataba de una recicladora; sin embargo, nada de esto fue cierto pues fue que hasta la llegada de la compañía española BEFESA, fue que los pobladores cayeron en la cuenta del engaño, pues –dijo-, en su comunidad ya se construía el cementerio tóxico.
La construcción del confinamiento de residuos tóxicos afecta a toda la región, señala, pues pretende ubicarse justo en medio de 18 comunidades, lo que significará el envenenamiento de las tierras y del agua corriente que por ese lugar atraviesa. Además de que los geólogos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Carlos Cruz Melo y Germán Rufino, advirtieron que la construcción de una planta de tratamiento y confinamiento de residuos no es viable porque en los terrenos donde se pretende instalarla hay actividad geológica provocada por una falla subterránea que genera inestabilidad y podría causar un fuerte temblor.
El proyecto afecta también al acueducto número dos de la comunidad El Infiernillo de estado de Querétaro, y donde un vaso de la planta presenta emanaciones termales.
Las protestas contra el confinamiento han sido llevadas al límite, luego de que el pasado viernes 31, los manifestantes se enfrentaron a la policía luego de mes y medio de conflictos en los se han presentado amenazas de parte del presidente municipal de Zimapán, Eusebio Aguilar, quien los ha intimidado con el retiro del programa oportunidades del que son beneficiarios, pues son gente de escasos recursos, dijo.               

Fuente: lafogata.org