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¿Guerra contra el narcotráfico o la militarización de México?
Laura Carlsen
Programa de las Américas
Quisiera ofrecer algunos elementos para enmarcar la guerra contra el narcotráfico en un contexto histórico e internacional que espero nos ayude entender los peligros y proponer políticas alternativas y estrategias de resistencia desde ahora.
Este marco ampliado nos da aún más razones por pensar que el modelo
militarizado de combate al narcotráfico presente graves riesgos para la
soberanía nacional y para los derechos de los ciudadanos mexicanos.
"Guerra contra el narcotráfico": Importación directa de los EEUU
La frase "guerra contra el narcotráfico" fue inventada e utilizada por primera
vez por el Presidente Richard Nixon en 1971, en un contexto político muy
parecido al actual estadounidense. Empantanado en una guerra que no podía ganar,
con un déficit comercial e inflación rampante, en este año Nixon declaró que las
drogas eran el "enemigo público número uno".
Nixon entró a la presidencia con la promesa de mano dura contra el crimen. Se
dio cuenta que por las características del problema y las responsabilidades
principalmente de los estados en el asunto, en realidad tenia pocas
posibilidades de tener un impacto grande desde el ejecutivo. Para dar un papel
espectacular y preponderante al gobierno federal, creó de un problema
preocupante, una verdadera crisis de drogas a través de la manipulación de las
estadísticas.
Si este contexto histórico suena parecido es que la invención de la guerra
contra las drogas tuvo un objetivo primordial que también se aplica al caso de
México hoy—expandir extralegalmente los poderes de la presidencia y consolidar
una imagen de líder fuerte frente a la sociedad y en medio de circunstancias
difíciles y debilidades políticas. Según varios análisis, se trataba de una
manipulación de miedo para ganar poderes de emergencia—incluyendo detenciones
preventivas, espionaje, redadas, etc.
Después de lanzar la "guerra contra el narcotráfico" Nixon crea varias agencias
anti-droga que tienen en común que reportan directamente al presidente y no
pasan por la supervisión del Congreso: el Departamento para la Aplicación de las
leyes anti-droga, y después la DEA, una súper-agencia combinando agentes del
Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD), Aduanas, la CIA y la Oficina
contra el abuso de las drogas para coordinar esfuerzos locales y federales (ODALE).
Con la creación de estas agencias federales, la presidencia restó de los estados
y municipios el poder de combatir las drogas en el marco de un problema
comunitario o de salud, y de paso estableció agencias bajo el mando directo del
presidente. Esto tendrá grandes repercusiones en el equilibrio de poderes. No es
casual que exactamente un año después de anunciar la guerra contra el
narcotráfico—el 17 de junio de 1972—un grupo de personas que se conocieron en
estas nuevas agencias anti-droga coordinadas por el ejecutivo llevaron a cabo
otra encomienda de su presidente: el robo de las oficinas del partido demócrata
en el hotel Watergate.
A pesar de que, como todos sabemos, Nixon cayó víctima de su propia arrogancia y
excesos, nos dejó con la guerra contra el narcotráfico, un modelo que sigue
siendo fundamental para mantener el control en la sociedad estadounidense. La
criminalización de los consumidores de drogas ha llevado al encarcelamiento de
una gran parte de las poblaciones latina y africano-americana, el enfoque en la
producción y abasto en lugar del consumo permite obviar en el discurso los
profundos problemas internos de la sociedad estadounidense y la mano dura
canaliza fondos gubernamentales a fortalecer las fuerzas policiacas en lugar de
gastar el mismo dinero en programas de salud y educación pública en las
comunidades.
Pero quizás donde más ha sido útil el modelo es como una herramienta para
mantener el control geopolítico. Elevar el tráfico de drogas a un asunto de
seguridad nacional le ha permitido intervenir en la política de los países
productores de droga y de transito.
Sin duda, el caso clásico de injerencia estadounidense en un país a través del
modelo de la guerra contra el narcotráfico ha sido el Plan Colombia.
Plan Colombia
Desde el año 2000 cuando empezó, EEUU ha enviado aproximadamente 4.3 mil
millones de dólares al gobierno colombiano supuestamente para la lucha contra
las drogas; 76% a las fuerzas militares. Ha sido un fracaso rotundo. No es
necesario repetir los resultados—el precio de cocaína en EEUU ha bajado, tiene
mayor pureza, y según un congresista la superficie del territorio colombiano
cultivado en coca ha incrementado 42%.
Además de su absoluta falta de eficacia en detener la producción, procesamiento
y transito de drogas, el Plan Colombia se ha utilizado para apoyar a la derecha
colombiana en su guerra contra las insurgencia. El analista Frank Smyth señala
que en 2001 Colombia ya había superado a El Salvador como el esfuerzo
contrainsurgencia estadounidense más grande desde Viet Nam. Después de unos
años, el Plan Colombia fue ampliado formalmente para autorizar el uso de la
ayuda militar en la guerra interna y en particular en contra de las FARC.
Con la llegada de armamento y dinero para las fuerzas militares, la violación de
derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y el asesinato de
civiles también han aumentado de manera tan alarmante que hasta el Congreso de
los Estados Unidos está preocupado. En la autorización de nuevos fondos para
Plan Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una versión que reduce la
ayuda militar por 30 millones (36%), pone condicionamientos en materia de
derechos humanos, y reduce las fumigaciones. El total de la asistencia al
gobierno colombiano sigue siendo enorme—65% militar en este presupuesto
comparado a 80% antes. Sin embargo, junto con el probable rechazo a aprobar el
TLC con Colombia debido a las violaciones de derechos humanos, marca un mínimo
reconocimiento de que la política anti-droga de Plan Colombia no funciona.
Desde el Plan Colombia al Plan México
Ahora a pesar del desastre del Plan Colombia se plantea el Plan México en
términos que parecen ser muy similares. En mayo el presidente del Comité de
Inteligencia de la Cámara de Representantes Silvestre Reyes dijo que México
necesita mayor apoyo en su lucha contra el narcotráfico al estilo de Plan
Colombia. El Plan México, implicaría programas de cooperación, entrenamiento,
intercambio de información y recursos. Inmediatamente la frase salió en los
medios y fue desmentido por el gobierno mexicano.
Llame como se llame, es evidente que estamos frente a una acción coordinada de
militarización en nombre de la seguridad, y que el modelo implica una etapa de
mucho mayor participación de Estados Unidos. Esta participación se da en cuatro
niveles: primero en la planeación de medidas nacionales y locales de seguridad,
segundo en el entrenamiento de policías y elementos del ejército y de los
cuerpos de investigación, después en la ejecución de acciones y políticas de
seguridad y de "guerra contra el narcotráfico" en territorio mexicano.
Esta etapa de colaboración entre México y Estados Unidos en asuntos de seguridad
empezó formalmente con el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del
Norte. Anteriormente existían acuerdos de colaboración entre la defensa y los
cuerpos policíacos de los dos países, sin embargo con el ASPAN se inicia la
tarea de construir una agenda tri-nacional de seguridad sin precedentes, que en
lugar de enfrentar, invadir o someter a la fuerza a México como ha hecho EEUU en
el pasado, busca cooptar el estado mexicano en el marco del TLCAN, haciendo que
el país acepte una serie de obligaciones relacionadas a la seguridad de los
Estados Unidos.
Fechas clave en este proceso son la reunión en Mérida en marzo entre los
presidentes Bush y Calderón y la reunión el 11 de enero entre el Procurador de
EEUU Alberto González y de México Eduardo Medina Mora. En esta última reunión se
acordaron según la prensa nacional una serie de acciones incluyendo la
construcción de un sistema bilateral de identificación de traficantes, un
diagnóstico de las policías mexicanas, el envío de ocho aeronaves para la
detección e intercepción de aviones con cargamentos de droga, y que agentes de
la DEA participen como supervisores de labores de erradicación. También por
estas fechas el DEA anunció su intención de colocar agentes en otros puntos en
la frontera, entre ellos Matamoros y Nuevo Laredo.
Sería una simplificación decir que el Plan México sea una copia fiel o la
sustitución del Plan Colombia en los designios geopolíticos de EEUU para la
región. Sin embargo, un análisis del Plan Colombia en el contexto mexicano
resulta interesante, e igual que el análisis del origen de la guerra contra el
narcotráfico en EEUU da unas pistas de por donde vamos.
Entre los rasgos principales del Plan Colombia que podrían aplicar o están
aplicando en México están:
El creciente papel del ejército en la sociedad. En México el ejército es una
institución fuerte pero malentrenado para combatir el narcotráfico. Su uso en
estas tareas está llevando a graves violaciones de derechos humanos.
La expansión de las fuerzas paramilitares, la presencia de mercenarios, y
empresas privadas inclusive extranjeras en tareas de seguridad. En México el
problema de los paramilitares es serio en Chiapas y con la militarización se
espera que empeore por la sencilla razón de que tarde o temprano con el aumento
de armas estos llegan a sus manos.
La ampliación de la guerra contra el narcotráfico a la represión de disidentes y
contrainsurgencia.
También hay importantes diferencias entre México y Colombia. México no vive una
guerra ni está en jaque el control de grandes partes del territorio nacional. Y
otro factor que distingue un Plan México de un Plan Colombia es la relación
específica entre México y Estados Unidos, en particular la proximidad geográfica
y la dependencia economía que existe después de 13 años del TLCAN. Estos
factores aumentan el riesgo de pérdida de soberanía nacional.
Hasta ahora el resultado principal de la guerra contra el narcotráfico de
Calderón ha sido desatar la violencia en varias regiones del país. En marzo, el
número de policías ejecutados había subido 50% respeto al año pasado. Para
finales de mayo habían más de 1,000 asesinados relacionado con el narcotráfico.
La muerte, extradición o detención de capos lleva a batallas para la sucesión
sin acabar con la producción y tránsito de la droga. La cantidad y bajo precio
de las drogas en las calles de las ciudades estadounidenses es el mejor
indicador de que el tráfico no ha afectado el flujo constante de drogas hacía
los mercados del consumidor número uno en el mundo—EEUU.
En resumen, la historia nos muestra que el modelo de "la guerra contra el
narcotráfico" tiene una serie de objetivos ocultos y resultados anti-democráticos
que atentan contra la paz y la soberanía.
En la guerra contra el narcotráfico, se confluyen los objetivos de EEUU con los
intereses del gobierno de Felipe Calderón. Los Estados Unidos busca extender su
presencia militar y su hegemonía en la región, y lo ha hecho bajo el modelo del
ASPAN, de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la frontera, y
ahora en la guerra contra el narcotráfico. Con mayor coordinación entre las
fuerzas de seguridad, su participación en la formación de agentes y soldados, y
su injerencia en el diseño de las políticas de seguridad en México, por lo
pronto no hace falta tener mayor presencia de tropas. La promesa de cantidades
de recursos y ayuda militar al estilo Plan Colombia es suficiente para asegurar
que el gobierno mexicano siga el guión de seguridad escrito en Washington.
Por otro lado, Felipe Calderón—un presidente débil y con poca credibilidad
popular—decidió desde el primer día de su presidencia seguir la receta de los
gobiernos tambaleantes de construir un enemigo externo para consolidar su
posición, apoyado por el aparato militar, y con el uso de la represión ó la
amenaza de represión. La militarización del país constituye una medida
preventiva en una coyuntura en que no tiene garantizado el control social.
Resumiendo
Primero, este modelo funciona en la práctica para ampliar el poder de la
presidencia. Desde el inicio del modelo esto es uno de sus propósitos
principales. Fortalece el poder ejecutivo sin contrapesos y transparencia,
quitando poderes de los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos
ciudadanos.
Segundo, promueve la militarización de la sociedad y construye un poder de facto
de fuerzas especializadas con pocos controles legales o sociales. El modelo de
enfrentar el tráfico, venta y consumo de drogas con medidas militares, aumenta
la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde estas
sean débiles puede causar severos retrasos en una transición a la democracia.
Tercero, invariablemente se extiende a una guerra contra la oposición política
en países en donde se ha aplicado, borrando la línea entre la lucha contra el
narcotráfico, el terrorismo, y los disidentes.
Cuarto, existe una clara amenaza a la soberanía nacional bajo este esquema. Otra
vez viendo el Plan Colombia, se ha desarrollado una economía dependiente de la
ayuda militar desde afuera, y la imposición de un modelo de lucha contra el
narcotráfico que no solo no ha tenido resultados, sino que ha profundizado la
violencia y la destrucción social y ambiental de gran parte del territorio,
creando un círculo vicioso de miedo y caos que se utiliza para justificar la
continuación de la intervención extranjera. Sólo la vigilancia de grupos
ciudadanos y de derechos humanos en EEUU lograba que se mantuviera un tope al
número de soldados EEUU en territorio Colombiano, y hubo un incremento paulatino
de mercenarios estadounidenses de empresas particulares sub-contratados para
llevar a cabo funciones militares bajo el Plan Colombia.
El Plan México contempla el entrenamiento de las fuerzas mexicanas bajo el
esquema de EEUU y en particular del gobierno de George W. Bush. Se amplia la red
de agentes anti-drogas y aduanales estadounidenses que opera en el país, y se
reduce el espacio para aplicar políticas basadas en las prioridades nacionales y
no en la agenda de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos.
En este sentido, el ASPAN, la Guerra contra el Terrorismo de Bush, y la guerra
contra el narcotráfico de Calderón son todos aspectos de una estrategia para
ampliar la hegemonía de los Estados Unidos en la región, pasando por la
consolidación de un gobierno de dudosa legitimidad en México que garantice sus
intereses.
Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas (
www.ircamericas.org) en la Ciudad de México, donde ha trabajado como analista y escritora política por dos décadas. Este artículo fue parte de una ponencia en Casa Lamm en la Ciudad de México el 25 de junio de 2007.