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Ecuador: Intactos los privilegios de la banca
Nuestramerica
Los banqueros se sienten contentos con la ley financiera aprobada hace poco en
el Congreso; los mecanismos de control contemplados en la propuesta planteada
por el Ejecutivo fueron desechados por una mayoría de diputados comprados por la
banca corrupta, con lo que se ha legalizado el chulco y las millonarias
utilidades de los banqueros.
Si el proyecto de Ley de Justicia Financiera buscaba poner fin al atraco del que
son víctimas los usuarios de la banca, el propósito no se ha logrado, pues, las
actuales tasas de interés, establecidas por el Banco Central del Ecuador,
encubren las famosas comisiones que supuestamente fueron derogadas por el
Congreso. Con una tasa de interés comercial del 22.5%, muy por encima del
promedio existente en América del Sur (6%), está claro que los banqueros
continúan disfrutando del paraíso, más aún si miramos la tasa fijada para el
consumo (32%) o la del microcrédito que llega al 42%.
Bien ha valido a los banqueros gastar algunos millones de dólares en comprar
diputados y desatar una ofensiva propagandística por todos los medios, para
crear incertidumbre y miedo entre la población con el cuento de que el gobierno
sería responsable de un nuevo feriado bancario, en el que los ahorros de
millones de ecuatorianos se perderían, como ocurrió en 1999.
El cinismo es enorme, bien se conoce que los responsables y beneficiarios de la
crisis bancaria del 99 fue la misma banca que trabajó desde antes para crear el
marco jurídico y las instituciones necesarias que les garantice la restitución
de sus capitales. Rafael Correa tiene razón al denunciar que -como hoy en el
Congreso- en la Constituyente de 1998 la banca tenía sus peones que garantizaban
sus intereses. En ese momento fueron los social cristianos y los demócratas
cristianos, ahora los gutierristas, el PRIAN y otros acólitos.
Correa ha señalado que en 1998 se modificó la transitoria número 42 de la
Constitución, en relación con la gestión del Banco Central, para incorporar un
texto que aseguraba el financiamiento a los bancos con problemas y en
liquidación, deduciéndose que sus propietarios no solo sabían lo que estaba por
venir, sino que aseguraron la forma de hacer de la crisis bancaria un nuevo
negocio, que a la larga fue financiado por los trabajadores y el pueblo. Cerca
de ocho mil millones de dólares costó al Estado este enjuague de la burguesía.
En estas circunstancias, genera mucho interés conocer el contenido del informe
de la comisión que analizó el atraco bancario, y que será presentado en los
próximos días. Es de esperarse que se ponga al descubierto nombres,
responsabilidades, beneficiarios y, en base a ello, se tomen las medidas
necesarias para castigar a los responsables, de manera que la impunidad no se
haga presente una vez más.
Los banqueros lograron imponerse en el Congreso, pero está en camino una nueva
confrontación contra ellos, las elecciones por la Constituyente, en la que serán
derrotados y el pueblo elegirá asambleístas dispuestos a parar el carro a la
oligarquía y llevar adelante un proyecto de transformación democrática del país.