Punto Libre
Se abre la discusión

Reinaldo Ramírez
Periodista independiente, Manizales

Guerrilla y paramilitarismo son, para José Obdulio Gaviria, "las dos caras de la misma moneda". Ministros, consejeros y funcionarios públicos en todos los niveles, no admiten ninguna duda de que el sustento de guerrilleros y paramilitares es el narcotráfico. Es una trinidad indisoluble, según la verdad oficial.

Por esta estrategia, ministros y altos funcionarios, civiles o militares, desarrollaron un reflejo condicionado. Si alguien denuncia los vínculos del establecimiento con los paramilitares o el narcotráfico, la respuesta, en forma de interrogante, es automática: ¿Por qué no denuncia a los terroristas de las Farc y el Eln?

Pero las cosas no son tan simples.

La guerra antiterrorista de Washington fracasó, después de causar el colapso de los Estados iraquí y afgano y reavivar las llamaradas del conflicto árabe-israelí. Esa política fracasada es la matriz de los planes de los gobiernos Pastrana y Uribe para recomponer el orden público. El gobierno sigue atado a los planes antiterroristas norteamericanos. La política antidrogas de Washington es otro desastre. Afganistán sigue siendo el primer exportador de opio y heroína, Colombia el primer exportador de cocaína y Estados Unidos el primer consumidor mundial. No hay ninguna señal de que tal situación cambiará próximamente. Y el gobierno sigue atado a los planes antidroga norteamericanos,

El desmonte del paramilitarismo es otra falacia. Las Águilas Negras y similares se extienden por el país y amenazan la tranquilidad de las próximas elecciones, mientras la ley de Justicia y Paz empieza a hacer agua en la primera confrontación con el acervo jurídico nacional. La transmutación del delito común en delito político no va a pasar impunemente. "Si se le reconoce sedición a la guerrilla, se le debe reconocer sedición con los mismos elementos al paramilitarismo", dice el Presidente Álvaro Uribe. Los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, antes de la salida de tono presidencial, habían dicho en un comunicado que "el delito común no puede convertirse en delito político". Se referían a una sentencia judicial que condenaba a un paramilitar por sedición. Como los juristas lo saben bien, el delito político en Colombia contempla, por su gravedad, de mayor a menor, las siguientes modalidades: rebelión, sedición y asonada.

La justicia ubica las acciones paramilitares en la categoría de concurso para delinquir, que constituye un delito común.

La diferencia entre estas dos clases de delito la explica claramente el tratadista y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Carlos Pérez, ya fallecido, en los siguientes términos:

"Lo que separa a los delincuentes comunes de los político-sociales, lo que los distingue esencialmente, son los móviles que les hayan determinado a la acción ilícita. En los primeros, los móviles son de interés egoísta y antisocial. En los segundos, son de naturaleza altruista y social" (LCP, Los Delitos Políticos, Edit. Iqueima, 1948, p. 46).

La guerrilla es una forma de lucha, por cambios políticos y sociales, que está ligada a los movimientos populares colombianos desde las gestas de la independencia nacional, pasando por las guerras civiles del siglo XIX, incluyendo la de los Mil Días, hasta la resistencia al violento sectarismo antiliberal y anticomunista de los gobiernos de mediados del siglo XX y al despojo de las tierras de campesinos e indígenas, en beneficio de un pequeño grupo de terratenientes.

El paramilitarismo y el narcotráfico son fenómenos recientes. Se desarrollan en el último cuarto del siglo XX, enquistados en el desarrollo capitalista del campo colombiano. Raspachines (recolectores de hoja de coca) son tan explotados como los demás obreros del campo y de la ciudad que tienen que vender su fuerza de trabajo a menosprecio. Los campesinos cocaleros tienen similares necesidades que los productores de alimentos y materias primas, porque constituyen la misma capa social, explotada por los comerciantes e industriales, legales o ilegales. Esta escala, que tiene muchos otros peldaños, termina en una cúspide oligárquica, minoritaria, que agrupa a los "patrones", capos del narcotráfico, "comandantes" de las Autodefensas, dueños de tierras, laboratorios, rutas, medios de transporte, redes comerciales y abundante fuerza de trabajo asalariada que incluye estructuras de "patrulleros" y sicarios, cuya finalidad es obtener riqueza, el máximo beneficio individual de estos empresarios, cometiendo los crímenes contra la vida, la propiedad y la libertad de las personas que estimen necesarios.