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El problema de la Razón de Estado como justificación del rescate a sangre y fuego
Laura BonillaObservatorio de las Dinámicas del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco
Iris
La tragedia de once de los diputados y el rescate fallido de Diego Mejía
evidencian que lo importante no es la preservación de la vida del ciudadano,
sino, por el contrario, la justificación de la política y la defensa de la razón
de Estado.
Consideraciones iniciales
El pasado 5 de julio, una manifestación simultánea en varias ciudades del
país movilizó una enorme cantidad de ciudadanos que salieron a manifestarse,
convocados por el rechazo al secuestro. Desafortunadamente, el desarrollo de la
jornada evidenció la existencia de posturas contradictorias e incluso agresivas,
una protesta fragmentada en la que cada pequeño grupo de individuos protestaba
por lo que consideraba era el problema fundamental.
Las interpretaciones aún no encuentran un punto común y mientras algunos
aseguran que la gran marcha nacional protestó contra las FARC, otros plantean
que fue contra el secuestro, contra La Violencia o a favor de La Libertad de los
secuestrados. Al mismo tiempo que la postura del gobierno central potenciaba las
expresiones de repudio a un actor específico – las FARC – posturas de gobiernos
regionales trataban de posicionar la necesidad de un acuerdo humanitario.
Al finalizar la movilización solo se pudieron establecer dos conclusiones: la
primera, que no existió ni una convocatoria unívoca, ni una postura social
concreta que buscara manifestarse ni concretarse en una propuesta nacional; la
segunda, que tristemente la última motivación que empujó desde los niveles
institucionales la gran protesta de los colombianos fue la tragedia humanitaria
de los familiares y las víctimas del secuestro.
Las respuestas al asesinato de los 11 diputados del Valle han sido más
retaliaciones políticas o justificaciones de fuerza, espectáculos demostrativos
que confirman una vez más la tesis de que a la hora de tomar una determinación
pública, la causa primaria que la motiva – como es el caso del secuestro –
termina siendo la última en prioridad.
Otros temas y otras discusiones han sustituido en el panorama lo que en
principio debería haber sido una movilización ciudadana favorable a las familias
y víctimas del flagelo del secuestro. Pareciera que gran parte de los
colombianos prefirieran héroes de guerra en los cementerios, que ciudadanos
retornando sanos y salvos con sus familias, tal y como lo clamaron las posturas
que exigían el rescate militar a sangre y fuego, que hasta la fecha ha cobrado
la vida de 481 personas en cautiverio
El problema de la razón de Estado y el individuo despojado
3.143 personas están secuestradas actualmente en Colombia. De ellas, una
gran parte se encuentra retenida por grupos armados al margen de la ley,
mientras otras fueron plagiadas por delincuencia común o mafias organizadas que
obtienen recursos por la vía del secuestro.
A pesar de que esta cifra no se compara con otro tipo de casos relacionados con
la violencia política, tanto el secuestro como el desplazamiento forzado sigue
siendo un problema que se inscribe en el limbo de lo humanitario, lo público y
lo político. Estos crímenes son particularmente delicados en su manejo, en tanto
inicialmente la vida no es eliminada sino suspendida, el sujeto desaparece como
ciudadano, sus derechos son suprimidos, conservando tan sólo una potencial
probabilidad de recuperar parte de su vida pasada.
Más allá de la tragedia de familiares y allegados, la desaparición física de una
persona por la vía de la retención, ubica la discusión lejos de la estadística
descriptiva y cerca de la situación particular, el caso concreto. El drama del
secuestro pertenece a lo público en la medida en que hablamos de un sector
fundamento de la sociedad que es retenido en la suspensión de su derecho, y en
lo político en tanto uno de los ciudadanos parte del Estado Social de Derecho
pierde su capacidad de decisión sobre su propio cuerpo, su propia vida, su
propio futuro o destino. Pero, además de esto, el secuestro es tal vez uno de
los crímenes que más visibiliza la incapacidad del Estado para garantizar la
vida, honra e integridad de los ciudadanos que se supone es el fundamento de su
legitimidad.
Es en este punto precisamente donde aparece la razón de Estado, su apelación
metafísica que unifica el problema en una sola ambigüedad: El Estado garante de
la vida, honra e integridad del ciudadano no puede perder el control unitario
sobre el territorio nacional, aún si esto significa sacrificar al ciudadano –
suspendido en la retención, silencioso e impotente – sacrificio que
posteriormente es esgrimido como un ritual en el cual una vida, un ciudadano no
interesa mientras se garantice la Razón de Estado, que es libre de suspender –
nuevamente – los derechos que él mismo garantiza. Para ponerlo en otros
términos: el ciudadano que resulta asesinado en un rescate militar ha sido
despojado de sus derechos más vitales en dos momentos, el primero por su captor,
el segundo por su aparente liberador.
Los últimos acontecimientos, la tragedia nacional del asesinato de los 11
diputados, así como el rescate deDiego Mejía, que también terminó en tragedia,
evidencian que lo importante no es la preservación de la vida del ciudadano y el
retorno de sus derechos en libertad, sino, por el contrario, la justificación de
la política y la "defensa de la sociedad" que no es otra cosa que la defensa de
la Razón de Estado. Poco importa el desenlace que pueda tener un rescate a
sangre y fuego, poco importa si no se recupera un ciudadano sino un cadáver;
desde la perspectiva en la que se sumió el país desde la tragedia de los
secuestrados lo único importante es la declaratoria de guerra, mientras los
fusiles sean el lenguaje de la guerra.
Estamos ante el individuo despojado de múltiples formas de su posibilidad mínima
de decisión, una decisión que se transforma en decisión de orden público, de
doctrina de seguridad nacional, de Razón de Estado en el momento en el cual ni
siquiera se solicita un permiso a las familias de los secuestrados, sino que
sencillamente se envía una comunicación. La pertenencia del cuerpo, la decisión,
la vida del ciudadano retenido en el momento en que se intenta un rescate
militar no es de las familias, no es de los allegados, es del estado quien toma
la decisión final. Es el conjunto de razones de un gobierno y no el deber
constitucional de preservación de la vida lo que impulsa a fortalecer rescates
militares.
Preocupa profundamente cuál es la sociedad que se construye en una alternativa
civil mientras clama a las armas para "barrer" como se escuchó en las marchas
con la "escoria", "con armas y valentía" como asegura Fernando Londoño, a toda
costa, con todos los sacrificios. La sociedad que pregonaba el rescate de sangre
es la misma sociedad que no tiene interés por la tragedia humanitaria, que se
imagina una campaña épica en la cual triunfe algún modelo de estado fuerte y
coercitivo, pero también es la sociedad que pretende que la justificación de su
postura sea el sacrificio de sangre de los secuestrados. Es la sociedad
totalitaria que desaparece y anula al individuo en toda su dimensión.
Preocupó también en la manifestación que la postura de defensa de un acuerdo
humanitario fue minoría: La postura que rechaza y repudia la barbarie en toda su
dimensión, sin querer reemplazarla con otra guerra interminable, sino con la
posibilidad de una salida negociada a un conflicto tan largo y complejo como el
nuestro. Desafortunadamente, desde las calles de las ciudades principales se
pregonaba el fin de la civilización si no se intentaba un rescate armado.
Resultó dolorosamente evidente que el rescate armado se planteó engañosamente
como un derecho de la Sociedad, no como una posibilidad de libertad del
individuo, no como preocupación por el sufrimiento y el dolor de las familias,
sino como la justa decisión del Estado en la doctrina "Estado Somos Todos" que
tiene autoridad total para suspender el derecho a la vida en pro de garantizar
la legitimidad de su política.
La necesidad de una postura radical en la civilidad
No es posible que la proclama de los colombianos sea la muerte de los secuestrados para que la "sangre derramada del justos salve la de muchos, garantice la paz y edifique el derecho
[2]", postura de Fernando Londoño, el ex ministro que en ningún momento se pregunta si "el justo" desearía que su sangre fuera derramada. En contraposición a ella, los que nos hemos declarado radicales en el discurso de la civilidad aseguramos que no hay mayor fortaleza que la de una sociedad dispuesta a proteger la vida como el valor fundamental, y la libertad como el objetivo a lograr, sin que esto implique la suspensión de los derechos de los ciudadanos.
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