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La educación: Fabrica de desigualdades
Paul Walder
Punto Final
Los anuncios del 21 de mayo pasado, según ha declarado y enfatizado el mismo
gobierno, ponen fin al pesimismo y debieran acallar -pero eso no lo sabe nadie
aún- a los agoreros, los que, según explicó más tarde Ricardo Lagos Weber,
ministro secretario general de Gobierno, están no sólo en la derecha, sino
también en la Concertación. Pero más allá de percepciones, de estrategias
comunicacionales, políticas y proyecciones electorales, hay sin duda más que un
mero cambio discursivo en lo que parece el anuncio de una mayor acción
gubernamental. La inversión en educación, los cambios a la regla del superávit
estructural, el apoyo a las pymes, entre otras medidas, conforman un importante
salto en el gasto social, el mayor desde 1990. El anuncio presidencial de 650
millones de dólares anuales de inversión para ampliar los subsidios, apunta a
mejorar no sólo la calidad general de la educación, sino a suavizar la abismal
brecha entre los alumnos que provienen de hogares de desiguales ingresos. Se
aumentará la subvención general, la subvención preferencial para escuelas que
educan niños más pobres, la subvención rural y se creará un fondo de apoyo a la
gestión municipal en educación. Un volumen de recursos, ha dicho la misma
presidenta, que es histórico: a partir de 2008 llegará a inéditos cinco mil
millones de dólares, lo que representa un aumento del 15 por ciento en el
subsidio público. Esta inversión social, sumada a otras menores, ha obligado al
gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, a modificar esa camisa de fuerza
financiera creada en el gobierno pasado, denominada superávit fiscal
estructural. La creación de Nicolás Eyzaguirre, que fijó este superávit fiscal
en uno por ciento del producto, fue en su momento elogiada por el sector
privado, la derecha y los organismos financieros internacionales, pero no llegó
a gozar de una década de vida. La realidad del país forzó al gobierno a recortar
esa norma y gastar lo que ha depositado y deposita en instrumentos
internacionales. Con el precio del cobre en una cota históricamente alta y
proyecciones que lo ponen en el futuro en una alta meseta, con los problemas
sociales endémicos en franco y progresivo deterioro, el único acto verdadero de
gobernar ha sido, como siempre ha sido, ejecutar políticas públicas.
LA EDUCACION, EN CAIDA LIBRE
La educación es el mejor medio para alterar nuestra endémica y esclerosada
desigualdad social. La historia revela períodos, durante el siglo pasado, con
mayores indicadores de igualdad, que aun cuando no corresponden sólo a los
masivos programas de alfabetización y educación, sí tienen una relación de
causalidad con ellos. La movilidad social está vinculada al acceso a la
educación. Sin embargo, hay una serie de variables que pueden acelerarla o
también obstaculizarla. Pese a que hoy Chile goza de un acceso generalizado a la
educación, los resultados, porque dependen de múltiples factores, son
extremadamente desiguales. Ese acceso prácticamente universal, por otras trabas
se convierte en una mera apariencia de equidad. El actual modelo educacional,
basado en la capacidad económica de las familias, acentúa la desigualdad y ha
llevado a reproducir, a través de la educación de los hijos, las diferencias
sociales de las familias. El gobierno, que apunta a suavizar la disparidad
mediante subsidios al modelo municipalizado, es probable que logre mejorar
ciertos indicadores. Pero la pregunta es si logrará alterar las enormes brechas
sociales que están en la educación pero también antes y después del proceso de
enseñanza. Están en el hogar, en la cuna, y más tarde en el acceso al mercado
laboral -disminuido en el niño pobre por su mala formación-. La educación se
entiende como una inversión social con altas tasas de beneficio. Sin embargo,
hay numerosos factores que impiden la concreción de esta relación. La educación,
que ha de ser el mejor camino para la movilidad social, para la superación de la
pobreza, ha fallado como instrumento para aplanar las desigualdades. El ingreso
a la educación básica es prácticamente universal -a comienzos de 2000 abarcaba
al 98,3 por ciento de la población en edad escolar- lo que apunta a crear una
instrucción primaria básica y promedio. Este tipo de educación fue necesaria en
décadas anteriores para desarrollar ciertas actividades no sólo en la ruralidad,
sino también en otras actividades productivas; hoy no cuenta con el espesor
mínimo para las exigencias del sector laboral. Tiende, como en todas las
sociedades más modernas, a abastecer más al sector servicios. La formación
mínima para acceder a un empleo que genere ingresos para optar a una cierta
calidad de vida -reconocida por organismos económicos como la Cepal-, es de doce
años de estudios. El problema es social y trasciende el mero acceso a la
educación. De partida, hay que considerar la deserción escolar y la repetición
de cursos, las que están claramente acotadas en los sectores de menores
recursos. Un documento de Mideplán sobre deserción escolar, elaborado por los
investigadores Alvaro Krause y Fernanda Melis, señala que en la educación media
la cobertura que en la básica es prácticamente total, se reduce a un 87 por
ciento. Un documento del Mineduc, citado por esos autores, muestra que menos de
la mitad de los alumnos de básica y media egresa sin haber repetido ningún
grado. "La tasa de retención alcanza, en enseñanza básica, un 83 por ciento y un
72,7 por ciento en enseñanza media. No obstante los avances registrados en la
última década, el abandono es muy superior en la enseñanza media que en la
enseñanza básica". Según la encuesta Casen de 1998, son pocos los niños en edad
de básica que no asisten a la escuela, pero no asisten a la educación media el
18 por ciento de los adolescentes entre 14 y 18 años. Entre los motivos de la no
asistencia se hallan la ayuda en casa, enfermedad, necesidad de trabajo y
maternidad adolescente. Pero el motivo principal es sin duda la pobreza. Más del
90 por ciento de estos niños y jóvenes pertenecen a los tres primeros quintiles
de ingreso (los más pobres), y la proporción es de 74,4 por ciento entre la
población de 7 a 13 años y 69 por ciento en la población de 14 a 18 años que
asiste a un establecimiento educacional.
MERCADO LABORAL CON 10,5 AÑOS DE ESTUDIOS
Esta realidad, medida en la infancia y la adolescencia, rara vez varía en la
adultez, lo que consolida a una población con un promedio de 9,7 años de
estudios y de 10,5 años para acceder a la masa laboral. Sólo en el quinto
quintil de ingresos (el más alto) la media alcanza a superar los doce años.
Estos promedios, y sin considerar la calidad de la educación, son muy
insuficientes para que Chile pueda insertarse en la economía y mercados
internacionales con un tipo de producto más elaborado que las actuales materias
primas. Bien sabido es, como repiten el sector privado, el gobierno y la clase
política, que el salto al desarrollo pasa por una mano de obra calificada. De lo
contrario, la economía chilena seguirá atada a la extracción minera, pesca, tala
forestal y recolección frutícola, actividades que conforman casi la totalidad de
las exportaciones nacionales. Existe, sin embargo, una relación histórica entre
ciertas actividades productivas y mano de obra no calificada o pobremente
calificada. Un ejemplo de hoy son los sectores salmonero y frutícola, ambas
industrias estelares en los mercados de exportación, pero ambas también se
distinguen por las malas condiciones laborales, que van desde los extensos
horarios a los bajos salarios. En las dos industrias se emplea mano de obra de
baja calificación, como ocurre en la recolección de fruta con las temporeras. La
pregunta que surge de estas actividades tan rentables -las dos con fuerte
inversión extranjera- es para qué requerirían personal de mayor formación. Qué
necesidad tiene y qué gana el sector extractivo-productivo-exportador al contar
con una masa laboral más instruida. La actual estrategia productiva comercial,
basada en las materias primas o de muy poca elaboración, que es altamente
rentable, no parecería estar interesada en cambiar este modelo, el que opera,
para sus intereses, a la perfección. Estimular la educación, que deriva en más
creatividad e investigación, es necesariamente, por el momento, una opción
política y también de política económica. Con una masa laboral más instruida el
tipo de inversión extranjera no sólo estaría interesada en la materia prima,
sino también en áreas de elaboración y manufactura y de servicios. Pero una masa
laboral de mayor formación, capaz de generar productos de alto valor agregado,
es también un grupo que exige mejores salarios, proceso que conduce a aplanar la
desigual distribución de los ingresos. Por la información que hoy obtenemos de
nuestra educación, tanto en cobertura como en calidad, hay un largo trecho por
recorrer que tardará tal vez décadas.
LA ABISMAL DESIGUALDAD
Si los problemas son evidentes en la extensión y calidad de la enseñanza, son
aún mayores los que surgen del modelo de educación. El deterioro de la calidad
en la educación pública, a la que accede el 92,5 por ciento de los estudiantes
chilenos, es evidente. En la prueba nacional Simce de 2006, realizada a alumnos
de cuarto básico, el 60 por ciento de los estudiantes de estrato bajo calificó
con el mínimo, en tanto sólo el once por ciento de los estudiantes de altos
ingresos, y de colegios particulares, está en este nivel. Una brecha que se
expresa en las posibilidades de ingreso a la universidad: en la Prueba de
Selección Universitaria (PSU) de 2005 el 68 por ciento de los mejores puntajes
surgió de alumnos de colegios particulares y sólo un diez por ciento de
establecimientos públicos o subvencionados. En evaluaciones internacionales la
cosa no es mejor. La prueba TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study), de matemáticas y ciencias, colocó a Chile en el lugar 35 entre
38 países, situación que se repite en la prueba de comprensión de lectura PISA (Programme
for International Student Assesment), en la que los alumnos chilenos sólo
superaron a cinco naciones de un total de 43. La encuesta internacional sobre
alfabetización de adultos (IALS) realizada por la OCDE, mostró también
insuficientes resultados: alrededor del 80 por ciento de la población entre 16 y
65 años logró niveles inferiores a los mínimos requeridos para responder a las
demandas de la vida cotidiana y del trabajo en una sociedad compleja y avanzada.
Asimismo, sus resultados indican que sólo un cuatro por ciento de la población
que no ha completado la enseñanza media alcanza los niveles medio y altos en
conocimientos y habilidades requeridas para encontrar y usar información
contenida en diversas formas. El documento Drogas, relaciones fa-mi-liares y
rendimiento escolar, de los investigadores de la Universidad de Chile Dante
Contreras y María Isabel Larenas, expone y pone en duda la relación causa-efecto
entre inversión en educación y rendimiento, lo que también cuestiona, de forma
indirecta, las políticas del gobierno. "Durante 1990-2001 el gasto público en
educación, como porcentaje del PIB, se vio incrementado en 1,7 puntos
porcentuales. Sin embargo, tal aumento de recursos no se vio reflejado en
mejoras significativas en el rendimiento educacional. En efecto, los resultados
de las pruebas estandarizadas no han evidenciado ninguna mejora substancial
durante los últimos años, indicando que un aumento de los recursos por sí solo
no es suficiente para mejorar los resultados del proceso educativo". El estudio
de Contreras y Larenas se basa en la relación entre el rendimiento de los
alumnos, la educación de sus padres, la calidad de las relaciones familiares y
las características de la personalidad del estudiante. En suma, en el contexto
social y económico de los estudiantes. Según los autores, las relaciones
familiares y conductas del adolescente son un fuerte predictor de la deserción
escolar. En particular, muestran que el ambiente familiar durante la niñez
influye en la probabilidad de presentar un mal rendimiento escolar, no sólo en
los primeros años de estudio, sino que también en la adolescencia. "A los padres
les corresponde el papel primordial en la educación de los hijos. Siendo la
familia el primer responsable, la escuela sólo complementa la educación del
individuo". Si a esta afirmación le agregamos que muchos padres y madres han de
trabajar hasta doce horas diarias, que en no pocas familias las relaciones están
distorsionadas, que los ingresos son siempre insuficientes, que el entorno
social y comunitario es poco amigable, es posible observar que la vinculación de
los padres con el proceso educativo de sus hijos está cortada. La inversión en
educación es históricamente baja en Chile. Un documento de Cenda afirma que es
del orden del cinco por ciento del producto, extremadamente bajo si se le
compara con el 7,5 por ciento de hace treinta años. Si consideramos los cinco
mil millones de dólares que ha anunciado el gobierno y los relacionamos con el
producto chileno, de unos 115 mil millones de dólares en 2006, en la actualidad
tendríamos que sólo un 4,8 por ciento del PIB se destina a educación. Hay, sin
duda, una enorme distancia con los países desarrollados y con aquellos que han
logrado desarrollarse durante las últimas décadas. En los países de la OCDE,
organización que conforman los países más desarrollados y a la que Chile -era
que no- quiere acceder, la inversión media en educación es de 5,9 por ciento del
PIB. En el tramo más bajo está Turquía, con 3,7 por ciento y en el más alto
Islandia, con ocho por ciento. Según datos de 2006, el gasto medio por alumno
durante las etapas de básica y media es de 77.204 dólares; en la cima, por sobre
los cien mil dólares, están países como Austria, Italia, Estados Unidos, Noruega
y Suiza. Chile, en tanto, que quiere ingresar a la OCDE, repetimos, tiene un
gasto por debajo de los 40 mil dólares. Ante esta realidad, la inversión
anunciada por la presidenta Bachelet sin duda que es un aporte para superar una
de nuestras mayores falencias, uno de los mayores obstáculos para avanzar hacia
una mejor calidad de vida y mayor equidad. Pero 650 millones de dólares, en un
mar de problemas, no es nada. O casi nada.
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