Fernando L. García Yapur
Rebelión

Los prematuros resultados de la discusión temática al interior de la Asamblea Constituyente ha provocado la marea de confrontación política que hoy nos toca presenciar y atender. Por una parte, la Comisión "Visión de País" ha aprobado informes por mayoría y minoría en una misma línea político-ideológica, y por otra, la susceptibilidad de actores de la oposición y regiones de la denominada "media luna" ha generado la reacción discursiva de sus líderes. Lo cierto es que se vienen escenificando las posiciones políticas y en ellas se expresan tanto las potencialidades como los límites de la disputa hegemónica.

Por una parte, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las fuerzas que operan en su seno como las minorías afines al proceso de transformación han marcado una frontera que afirma su identidad política. La reivindicación de impulsar el proceso de descolonización e instauración de un Estado plurinacional son los referentes básicos de una nueva concepción de organización del poder político. Al respecto, el debate se centra en la superación del viejo molde constitucional que ensambla la estructura institucional y política desde hace más de 180 años, o bien reforzar la matriz constitucional de inspiración liberal con renovados rasgos multiculturales.

Según lo mencionado, para la propuesta mayoritaria, la descolonización implica el desmontaje de todo lo que por inercia y/o por voluntad de unos pocos se ha constituido en una camisa de fuerza para facilitar la expresión plural y auto determinativa de la sociedad, así como la afirmación de que la sociedad, desde su particularidad histórica y política, es la que establece y legitima las formas de autoridad y ejercicio del poder. Por ello, la noción de Estado plurinacional es el nombre para dar cuenta a la composición plural, colectiva y compleja de la sociedad y su impronta política en la edificación de una comunidad de destino.

Existen dos elementos que distinguen la idea de Estado plurinacional de otras concepciones de organización del Estado. En principio, implica el (auto) reconocimiento radical de la pluralidad de formas de vida y socialización que particulariza a nuestra condición social e histórica respecto a otras formas de organización del Estado. En este ámbito, por ejemplo, la afirmación de la preexistencia de naciones y pueblos originarios supone reconocer la composición comunitaria de la sociedad, esto es registrar la existencia de múltiples identidades, hábitos culturales y formas de organización social y política que concurren y se reproducen como prácticas y hechos fácticos en la vida social y acción colectiva. En segundo lugar, admite en el plano del proyecto político y normativo, el acoplamiento de formas de organización política y social sedimentada a lo largo de la historia, en un cuerpo de organización institucional complejo y plural.

Esta propuesta obviamente está reñida con la concepción convencional de pensar a la sociedad y su proyecto de organización política e institucional bajo una sola matriz cultural y política: el liberalismo constitucional. Según esto, la crisis del Estado es la expresión de la carga colonial y monocultural que arrastra el país como memoria y práctica institucional, pues nada o casi nada es un resultado propio y armónico de consecución de consensos e inscripción de representaciones simbólicas en la Constitución, sino una copia e importación de diseños y arreglos presumidamente modernos y universales impuestos desde el poder y la correlación de fuerzas.

Por ello, el desmontaje de la red institucional y política que deviene del proyecto liberal, no equivale a desechar todo lo existente e imponer otro que, supuestamente, manifiesta prácticas propias y concepciones holistas del orden social, sino al reconocimiento de que la realidad se expresa y reinventa como sobreposición, acoplamiento y contaminación de múltiples determinaciones y voluntades que constantemente ponen en vilo a las formas de afirmación univoca del orden político-institucional.