Latinoamérica

Walter Pernas
Brecha

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Parlamento repartirá indemnizaciones económicas al golpe del balde: beneficiará con 150 mil dólares a familiares de torturadores, integrantes del Escuadrón de la Muerte, agentes y colaboradores del terrorismo de Estado desplegado por la dictadura.

La iniciativa, que pretende "coadyuvar en la consolidación de la paz que todos anhelamos", coloca en una misma categoría a desaparecidos víctimas de la represión y a quienes ejecutaban o apoyaban las violaciones más atroces de los Derechos Humanos. Aparentemente, para el gobierno todo "da lo mismo".

"No estamos dispuestos a aceptar que en el mismo paquete se incluya la situación de los detenidos desaparecidos porque eso es revivir la teoría de los dos demonios y no la compartimos, creemos que el gobierno se equivoca severamente", declaró Javier Miranda, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos (radio AM Libre, 30 de marzo). Añadió que la organización no se opone a que "los familiares de los funcionarios públicos que murieron" sean reparados, si ésa es la voluntad del Estado; pero aclaró que esos civiles, militares y policías muertos "son producto del terrorismo de Estado", en tanto las desapariciones forzadas son "consecuencia" de ese tipo de terrorismo.

Aunque falta una decisión formal, es previsible que Familiares no asista al acto oficial del 19 de junio, en el que el gobierno pretende proclamar el "nunca más para todos". En su discurso del 2 de marzo, el Presidente Tabaré Vázquez dijo: "El dolor de la pérdida de un padre, de un hermano, de un hijo, no tiene atenuantes ni adjetivos, es dolor y punto. Nunca más enfrentamiento entre uruguayos, nunca más para todos".

El punto contradictorio es la connotación que el Presidente otorga a una frase tan emblemática: el "nunca más" exigido y conquistado a diario por la lucha de las organizaciones de Derechos Humanos significa "nunca más terrorismo de Estado". Ése fue el sentido del título del llamado informe Sábato, el que elaboró en 1984 la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en Argentina. Ese "nunca más" pronunciado en el alegato del fiscal Strassera en el juicio contra las Juntas Militares, hizo carne también en la lucha uruguaya. Pero ahora el gobierno fuerza el sentido de las palabras para abarcar, entre otros, a quienes constituyeron el terrorismo de Estado.  Miranda rechaza expresamente esa actitud.

Cuando Luisa Cuesta - también de Familiares - vio el proyecto firmado por el Ejecutivo, la colmó el disgusto: "Creo que no he tenido peor momento desde hace 30 años cuando empecé a luchar contra la desaparición forzada. Creo que esto va contra mí, contra todos los familiares, contra toda la población y contra el propio gobierno", se lamentó. El coordinador del Serpaj, Guillermo Paysée, dijo a Brecha que el gobierno demuestra un "apuro en cerrar esta historia" y eso lo equipara a lo que pretendía Julio Sanguinetti con la Ley de Caducidad, o Jorge Batlle con la Comisión para la Paz: "No se puede imponer un punto final", aseveró.

Por otra parte, un grupo de personas contrarias al proyecto comenzó a juntar firmas para presentarlas al Parlamento. Exige un "gesto de reflexión crítica y autocrítica" de parte del gobierno "o sus legisladores", para que "retiren este proyecto que tanto mal hace en el sentido proclamado de cerrar heridas".

DIFERENCIAS
El proyecto "refrenda la iniciativa elaborada por la Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en Defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad", que fue presentada el 11 de enero por el Diputado colorado Daniel García Pintos.  El legislador dijo a Brecha que el gobierno tuvo un "gesto de hidalguía" al hacer suyo su proyecto y reconocer así "la seriedad" de esa organización. Y recordó: "Gonzalo (Fernández, secretario de la Presidencia) me dijo que el gobierno tiene suma urgencia en que esta ley se apruebe".

La iniciativa busca "resarcir económicamente" a los familiares de civiles, militares o policías "que perdieron su vida en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición que tuvo lugar entre los años 1962 y 1976, tanto en el territorio nacional como fuera de él". Luego señala que la reparación también comprenderá los casos de las personas "ausentes por desaparición forzada" confirmados por el Informe Final de la Comisión para la Paz. Allí se contemplan 26 casos de desaparecidos en Uruguay, entre julio de 1971 y febrero de 1978. El proyecto anexa la lista de muertos civiles (14), militares (18) y policías (34) cuyos familiares deberán ser indemnizados.

En cuanto a los civiles señala que "es evidente que fallecieron en circunstancias totalmente injustas y sin tener ninguna participación directa en los hechos, encontrando la muerte solamente por haber estado ocupando un lugar de trabajo en locales, comercios e instituciones sociales o deportivas o por el solo hecho de haber transitado circunstancialmente por lugares donde se había desatado la violencia". El párrafo anterior puede servir para describir el asesinato a manos de los tupamaros del peón Pascasio Báez, pero no para el caso de Armando Acosta y Lara, sindicado como integrante del Escuadrón de la Muerte.

Por otra parte, es relativa la obligación que se impone el Estado de asumir la reparación económica de las personas muertas a causa de acciones del MLN.  Pues, en esos casos, el Estado no fue el victimario. Como tampoco lo fue en el caso del Embajador uruguayo en Paraguay Carlos Abdala, asesinado en 1976 en Asunción por el croata Jozo Damjanovic, que lo confundió con el embajador yugoslavo Mocilo Vucekovic. En cuanto a los militares, el proyecto comprende casos de torturadores como Ernesto Motto y Roberto Botti Porra. Y al menos dos asesinatos cuya autoría está en dudas: el de Ramón Trabal, en Francia, y el de Wilfredo Busconi en oportunidad de que un comando policial acribillara a los ocho comunistas del Seccional 20. En ambos casos hay elementos que pueden llevar a la conclusión de que las balas partieron de armas de los cuadros represores.                          

Fuente: lafogata.org