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Para detener el agrocidio
Víctor M. Quintana S.
La Jornada
La enfermedad de la agricultura son los bajos precios, pero Estados
Unidos puede darse el lujo de pagar la medicina: los subsidios, señala la
Asociación Americana de Cultivadores de Maíz (ACGA, por sus siglas en inglés).
La ACGA agrupa a 14 mil pequeños granjeros de 35 estados del país vecino. A
diferencia de la Nacional Corn Growers Association, no acepta contribuciones de
los agronegocios y acaba de comparecer ante el Congreso estadunidense. Ante la
inminencia de la aprobación de la nueva Farm Bill o Ley Agrícola exige
repensar la política agrícola de Estados Unidos y cambiar de curso para asegurar
las condiciones de vida de los agricultores de allá y de todo el mundo.
La ACGA se basa en un sólido estudio elaborado por el Centro de Análisis de
Política Agrícola de la Universidad de Tennessee, donde se pone en evidencia la
economía política del ciclo de bajos precios internacionales de los productos
agrícolas, impuesto por las trasnacionales agroexportadoras.
La política de bajos precios internacionales de granos básicos y oleaginosas,
favorecida por las farm bills de 1996 y 2002, ha hecho quebrar varios
miles de pequeñas granjas en Estados Unidos y ha exportado miseria a los países
en desarrollo, pues derrumba el precio que los pequeños agricultores familiares
diversificados reciben por sus cosechas.
Con datos duros muestran que los bajos precios internacionales tampoco
contribuyen a la expansión de las exportaciones, ni han logrado detener la
sobreproducción, pues los agricultores siembran en cualesquiera condiciones. Los
únicos beneficiarios son las empresas agroexportadoras y las engordadoras del
complejo de ganadería industrial. Y, tal vez, algunos sectores reducidos de
consumidores.
El sostén artificial de la política de bajos precios son los subsidios que
otorga el gobierno estadunidense con los impuestos de los contribuyentes. Su
costo ha sido tremendo: 164 mil millones de dólares entre 1993 y 2001, casi la
mitad de lo gastado en la guerra de Irak. Y, si la nueva Farm Bill no
cambia la tendencia, entre 2003 y 2012 se habrán gastado 247 mil millones. Un
promedio anual una vez y media mayor que el costo total de todos los programas
federales, productivos, sociales, asistenciales y de infraestructura que se
implementan en el campo mexicano mediante el Programa Especial Concurrente.
Como en México, los subsidios se concentran en Estados Unidos: dos terceras
partes de ellos van a sólo 10 por ciento de los productores. Grandes
productores, no los granjeros familiares. Aunque entre 1996 y 2001 los subsidios
se triplicaron, los ingresos de las granjas familiares se redujeron en 16.8 por
ciento. A pesar de las enormes sumas destinadas por Washington a subsidiar la
política de bajos precios, tan sólo entre 1993 y 2000 Estados Unidos perdió 33
mil granjas: Agrocidio a la americana.
Para detener este agrocidio, la ACGA, junto con la Coalición Nacional de
Granjas Familiares (NFFC, por sus siglas en inglés) y otras 60 organizaciones
agrícolas estadunidenses presentan un documento denominado Acta Alimentos
desde las Granjas Familiares. Su propuesta tiene tres exigencias
principales:
Primera: los precios de los productos agrícolas estratégicos deben tener un piso
que cubra los costos de producción de los pequeños granjeros. Un precio justo y
real, no subsidios artificiales. La diferencia entre un precio soporte a las
cosechas y los subsidios vigentes ahora es la misma que hay entre pagar salarios
remunerativos a los trabajadores o regalarles cupones de comida.
Segunda: debe establecerse una reserva nacional estratégica de alimentos que
incluya el restablecimiento de la reserva controlada por los propios
agricultores. Es la base para las seguridades alimentaria nacional, energética
nacional y el alivio internacional a las hambrunas.
Finalmente, deben establecerse medidas de políticas eficientes para bajar la
sobreproducción de granos y oleaginosas que deprimen los precios
internacionales. Esto puede lograrse dedicando crecientes áreas de cultivo a la
producción de biocombustibles o a reservas para la conservación de suelos y
cubierta vegetal.
Salvo en el tercer punto en que las situaciones de Estados Unidos y México son
diferentes, las propuestas de la ACGA, de la NFFC y de las otras 60
organizaciones son muy convergentes con las de las organizaciones campesinas
mexicanas. Para detener el agrocidio: -ofensiva letal contra las
agriculturas familiares, suelos, reservas acuíferas, ecosistemas- es necesario
cambiar las políticas dominantes de la fase agroexportadora neoliberal. Esto
implica revalorizar los productos de las agriculturas campesinas y construir la
soberanía alimentaria de las naciones con base en reservas estratégicas en
manos, sobre todo, de los pequeños y medianos productores.
Contra las políticas de la OMC, contra las leyes agrícolas estadunidenses, como
las de 1996 y 2002, y por políticas justas y sustentables, en Ginebra, en Hong
Kong, en Cancún, en Washington, éstas son las luchas actuales, y los nuevos
espacios del combate campesino global para detener el agrocidio.
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