Latinoamérica

Constanza Vieira
IPS, Bogotá
 
Declaraciones contradictorias y "pobres augurios" son la antesala de la nueva ronda de conversaciones que comenzará este jueves en La Habana entre el gobierno de Colombia y el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN), en diálogo desde diciembre de 2005.

El gobierno dice que va a la mesa de diálogo "optimista", mientras el izquierdista ELN lo hace "con desconfianza" porque nada de lo acordado en las reuniones exploratorias precedentes está firmado.

Para el ELN, surgido en 1964, los acuerdos "orales" alcanzados no son suficientes. "Necesitamos acuerdos firmados", dijo en Caracas el portavoz del ELN, Francisco Galán, al canal Telesur.

"No voy a firmar acuerdos de papel", respondió el negociador por el gobierno de Colombia, su alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, a través del bogotano diario El Tiempo.

En todo caso, según Galán, ambas partes han estado evaluando "qué tan cierta" es la oferta del otro. Por lo pronto, IPS confirmó que Antonio García, uno de los negociadores cruciales del ELN, no viajó a la ronda de febrero en La Habana porque el grupo guerrillero esperaba la firma de un acuerdo y ésta no se dio.

La ronda que se iniciará este jueves está prevista para extenderse por un mes y medio, con ocho días de receso después de la tercera semana, cuyo objeto central, para el gobierno del derechista Álvaro Uribe, es pactar un "acuerdo base", y para la guerrilla, concertar la "agenda de negociación".

El gobierno exige un cese del fuego y el compromiso de que el ELN renuncie a la que se supone es su principal fuente de financiación, el secuestro.

En mensaje enviado el 30 de marzo a la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Colombia, el ELN mostró que desde octubre llevó a la mesa la "agenda para el acuerdo base", con "los temas propuestos por ambas partes".

Pero el orden de los factores sí altera el producto. Tal como recogió los temas el ELN, el alto al fuego figura en segundo lugar, y no en el primero, como exige el gobierno.

Y, para la guerrilla, el cese de hostilidades debe ser "simétrico": el gobierno debe dejar de violar los derechos humanos y rodear de garantías la protesta social.

El ELN propone una suerte de canje: a cambio de la libertad de los presos políticos, entregaría sin más contraprestación a los secuestrados en su poder. Es su tercera prioridad.

Porque la primera es el hueso más duro de roer para el gobierno y, en la práctica, pasa por terminar la guerra: "la solución del problema de los desplazados", que suman 3,8 millones desde 1985 según la humanitaria Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.

Las tierras de quienes se vieron obligados a dejar sus hogares por la guerra civil están hoy en manos de capos del narcotráfico y han sido arrebatadas violentamente a través de bandas paramilitares de ultraderecha que han actuado en connivencia con la fuerza pública.

"No hay desplazados porque hay guerra, hay guerra para que haya desplazados", dicen líderes campesinos.

Con facilidad se describe al ELN como una guerrilla de 4.600 combatientes, según fuente militar. Un pie de fuerza al menos 10 veces menor del que les atribuyó en 2005 el sociólogo canadiense James P. Brittain a las también insurgentes de izquierda y poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero "la fuerza del ELN se mide más por su presencia política que por el número de hombres armados", dijo a IPS Daniel García-Peña, miembro de la Comisión de Garantes, constituida por siete colombianos para empujar la negociación.

Por eso el ELN le da máxima importancia a la que denomina "convención nacional". Se trata de una especie de consulta, en encuentros regionales y nacional, con amplia participación de la sociedad civil, de donde surgiría una "agenda legislativa favorable al país y a la paz".

"Para que el proceso realmente avance es necesario no sólo un acuerdo sobre cese de hostilidades sino también sobre mecanismos de participación de la sociedad. Es lo que garantiza el carácter político" de las negociaciones, agregó García-Peña, quien asume esta semana la secretaría general del izquierdista Polo Democrático Alternativo, primera fuerza opositora.

El ELN espera, en penúltimo término, "reconocimiento y garantías" para sus combatientes, lo cual incluye amnistía. y, finalmente, acompañamiento internacional.

En estos días previos al encuentro, el comisionado Restrepo señala además de desmovilización y de que el ELN debe dar ya "un paso adelante" para desarmarse, aunque "nunca se ha hablado de entrega de armas", comentó a IPS una fuente cercana a los diálogos y cuya identidad se mantiene en reserva.

De hecho, el IV Congreso Nacional del ELN, realizado a mediados de 2006, decidió apoyar la negociación de paz y el cese del fuego, pero no la entrega de armas.

Sea como sea, ya no comenzará el 1 de mayo un cese del fuego, como lo propuso en diciembre la hoja de ruta aportada por la Comisión de Garantes. Restrepo presiona diciendo que, si éste no se logra, el proceso perdería credibilidad.

"No tengo Plan B", afirmó el comisionado. "El gobierno no tiene la alternativa de levantarse de la mesa. No tengo esas instrucciones por parte del presidente. (…) Yo no tengo sino una instrucción: sacar este proceso adelante", añadió.

La voluntad del ELN es "continuar debatiendo los puntos que tenemos hasta abordar el acuerdo de solución", dijo, a su vez, Galán a Telesur, el canal multiestatal sudamericano con base en Venezuela.

Pero, al mismo tiempo, el gobierno de Uribe decidió hacer cuentas peligrosas: el lunes filtró a medios locales que en 2006 el costo del diálogo con el ELN habría llegado a 700.000 dólares, y conminó a España, Noruega, Suecia y Suiza, que aportan más de 60 por ciento del dinero, a no seguir financiando el proceso.

"Los donantes están estupefactos", dijo a IPS la misma fuente cuya identidad no se revela.

Si no hay acuerdo, según varios análisis escuchados por IPS, esta tanda de acercamientos perdería importancia y naufragaría en el debate político que calienta motores con miras a las elecciones municipales y departamentales de octubre.

Estos comicios seguramente se verán sitiados por el llamado "paragate", el escándalo que está revelando a cuentagotas las relaciones incestuosas del poder político, militar y económico con paramilitares de ultraderecha comandados, en muchos casos, por capos del narcotráfico.

Uribe aceptó el apoyo electoral de candidatos impuestos por paramilitares. Esa relación política tiene en aprietos al gobierno en la palestra internacional, y las instancias cooperantes siguen atentamente los acontecimientos antes de decidir qué tanta ayuda le seguirán brindando al mandatario.

Así, para evitar acusaciones de parcialidad a favor de los paramilitares, para Uribe es crucial que el ELN acepte la misma secuencia que aplicó en el entendimiento con éstos, que se desmovilizaron parcialmente.

La fórmula consistió, por su orden, en cese del fuego, concentración, entrega de armas y sometimiento a un marco legal, que prevé penas de máximo ocho años a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad e indulto para los demás.

"Todo parece indicar que, si no cambian el libreto, los diálogos de Pascua en Cuba van a terminar en otro lánguido comunicado o en un silencio fúnebre", según el ex ministro de Salud Camilo González Posso, actual director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Para evitarlo, el gobierno tiene que reconocer que ahora está tratando con la insurgencia, y no con milicias que dicen apoyar al Estado, al gobierno y los negocios, agregó.

Hay "tres falacias de la política del presidente Uribe que están llevando a la crisis la mesa de negociación": que el ELN está derrotado, que es narcotraficante, como comienza a afirmar el Ejecutivo, y que éste se trata, como necesita el gobierno, de un proceso simétrico al de los paramilitares, dijo a IPS.

"Lo que amenaza las negociaciones con el ELN no es la terquedad" de esa guerrilla, como dice el Poder Ejecutivo, "sino que no se trata de una negociación estratégica para el gobierno", pues la estrategia militar de choque es contra las FARC, señaló el director de Indepaz.

En efecto, para los gobiernos colombianos, su "enemigo principal" parecen ser las FARC, una insurgencia campesina surgida el mismo año que el ELN pero con hondas raíces históricas en la longeva confrontación fratricida. Contra ellas enfila el ejército colombiano, el tercero en el mundo con mayor financiación estadounidense.     

Fuente: lafogata.org