El gabinete ministerial del gobierno de Venezuela aprobó hoy una ley contra la especulación y el acaparamiento que permitirá a las autoridades la ocupación de establecimientos que producen o venden alimentos, en caso de cierre o de violación de los precios regulados al sector. Se estima que la ley quedará sancionada una vez que el presidente Hugo Chávez le dé su aprobación, en el uso de poderes especiales que le facultan para legislar durante 18 meses en 10 áreas consideradas de interés nacional.
"La Ley Especial de Defensa Popular" declara de "utilidad pública" toda la cadena de producción y comercialización de alimentos, como medida que faculta al Ejecutivo para la "ocupación temporal preventiva" de quienes incurran en "acaparamiento, especulación, boicoteo y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios".
En el texto divulgado en una nota de la Presidencia "se declara de utilidad pública e interés social a todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios".
"Ello permitirá al Ejecutivo Nacional, frente al cierre o abandono de establecimientos, o a la persistencia de delitos tales como acaparamiento y especulación, practicar la medida de ocupación temporal preventiva con el fin de restablecer, por razones de seguridad y soberanía alimentaria, la producción y comercialización de los alimentos o productos bajo control de precios", agrega el despacho.
La ley contempla "decomiso inmediato de los productos sometidos a control de precios, en caso de que el establecimiento o local cierre, se niegue a la venta con precios regulados o incurra en acaparamiento". Adicionalmente se tienen previstas acciones como "cierre temporal" y multas, cuando se altere la calidad y el precio de los productos.
Además, se le otorga a los Consejos Comunales el papel de conformar "Comités de Contraloría Social para el abastecimiento", que velarán y actuarán con las autoridades para fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones de precios.
Chávez dijo que estaba afinando una ley que permitiría estatizar las empresas que violen los precios regulados en los alimentos, luego de decretar un alza en la carne, pollo y leche, frente a una ola de desabastecimiento.
Algunos sectores en la cadena productiva de alimentos alegan que los precios fijados no proporcionan los márgenes suficientes para comercializar los productos.