Narciso Isa Conde

Ojala los gobiernos latinoamericanos-caribeños que anuncian desprivatizar, que se proponen el tránsito al socialismo o que dicen construirlo, no se queden a medias ni se desvíen, no se limiten al estatismo infecundo y enajenante. Ojala la propia Cuba, que cuenta con un gran sector de economía de Estado, se decida a socializar de verdad el patrimonio público
Si la situación del patrimonio público de las sociedades latinoamericanas-caribeñas era mala antes de la privatización de una gran parte del mismo, después de ejecutado ese proceso, acompañado de las demás la medidas de corte neoliberal, ha empeorado a niveles dramáticos.
Por eso la desprivatización de lo privatizado en las áreas estratégicas y en vertientes de gran relevancia social, ha recobrado actualidad, registrándose hechos y propósitos como los que recientemente se han producido y planteado en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
El patrimonio público históricamente ha sido asumido por el Estado-nación en forma de empresas y entidades estatales: manufactureras, mineras, energéticas, de agua potable, de servicios de salud y educación, agro-industrias, bancos y entidades financieras, terrenos rurales y urbanos, bosques, reservas de biodiversidad, áreas marítimas, seguridad social, obras de infraestructura (puertos, aeropuertos, caminos, carreteras, autopistas, presas, canales de riesgo, acueductos, calles, alcantarillados, sistema de saneamiento de aguas), playas, plantaciones agrícolas, edificios público, órganos de decisiones políticas y económicas de Estado.
Los procesos de privatización dentro de las estrategias y modelos neoliberales le han arrebatado el Estado ese patrimonio, esas riquezas, traspasándoselas a las oligarquías capitalistas y en mayor medida al gran capital transnacional.
Parte de ese patrimonio, por lo demás, tiene una relación directa con la seguridad nacional y la soberanía de las naciones, por lo que su conversión en propiedad extranjera implica concesión de soberanía y seguridad, mayor dependencia y recolonización.
La desprivatización, especialmente de las áreas estratégicas, de las vertientes claves para el desarrollo integral, de las áreas sociales fundamentales, del poder de decisión en políticas de Estado, implica creación de mejores condiciones para la recuperación de la soberanía, la autodeterminación, las políticas sociales y la seguridad, usurpadas por las oligarquías y los centros imperialistas.
Sin embargo, desprivatizar ahora lo privatizado y nacionalizar y/o estatizar otros sectores claves, sería solo una premisa, no una meta superadora de las experiencias vividas y fallidas, tanto de los regímenes capitalistas predominantemente privados como de los que han combinado éste con el estatismo. Igual respecto al mal llamado y colapsado socialismo real.
Desprivatizar para volver al estatismo sin control y sin participación social y ciudadana, sin gestión democrática, sin propiedad social, equivale a reeditar lo también fracasado en todos esos contextos.
Desprivatizar para hacer al patrimonio nacional presa de la corrupción burocrática, del clientelismo, de la depredación y la ineficiencia, es otra forma de atentar contra él y facilitar su dilapidación. Precisamente eso fue lo que le dio pie y auge al discurso privatizador.
Asociados al gran empresariado
Porque si bien esa modalidad de propiedad y gestión pública puede permitir que un porcentaje del excedente se distribuya desde los gobiernos hacia la sociedad y nutra los planes sociales del Estado, ella le da el poder de decisión a la burocracia y partidocracia, asociada siempre al gran empresariado, quienes se chupan, vía corrupción, gran parte de esos recursos. Y esto, además, provoca a la larga la quiebra y la desvalorización de ese patrimonio.
Esta demostrado que la propiedad estatal no es de por sí propiedad social, mucho menos sinónimo de socialismo.
El patrimonio público si no se convierte en propiedad social, vía formas asociativas o modalidades de propiedad colectivas, vía participación de los(as) trabajadores en su gestión y administración (autogestión y cogestión con el Estado), vía el control de la sociedad y de los conglomerado sociales sobre el uso de sus excedentes, sobre sus estados de cuenta y su administración, termina siendo una modalidad de usurpación de los intereses colectivos, de apropiación minoritaria-burocrática de sus beneficios, de enajenación y alineación.
Esto se demostró tanto en el llamado socialismo real, como en los países capitalistas con un fuerte componente de propiedad de Estado. Y sigue demostrándose.
La autogestión de los productores, de los trabajadores y trabajadoras, la cogestión con participación y poder de decisión de ellos(as); la designación de administradores por concurso, los sistemas de contabilidad abierta, la participación de las comunidades laborales en las decisiones, la presencia de representantes de la sociedad en los órganos de gestión y administración, no solo implica democratización en el alto grado, sino socialización real; la cual debe verse como un proceso dentro de la transición del capitalismo al socialismo pleno, con ritmos y prioridades distintas por países, con dimensiones variadas y pasos escalonados, según las características de las economías, las circunstancias políticas y la composición social.
No quedarse a medias
Ojala los gobiernos latinoamericanos-caribeños que anuncian desprivatizar, que se proponen el tránsito al socialismo o que dicen construirlo, no se queden a medias ni se desvíen, no se limiten al estatismo infecundo y enajenante.
Ojala la propia Cuba, que cuenta con un gran sector de economía de Estado, se decida a socializar de verdad el patrimonio público.
Entonces si estaríamos hablando del camino al nuevo socialismo, del socialismo que exige el siglo XXI, después de todas las experiencias acumuladas.