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Chile
El engaño oculto del Transantiago
Arnaldo Pérez Guerra
La Insignia
A cinco días del inicio del Transantiago, los senadores Nelson Ávila y
Alejandro Navarro presentaron un informe a la Contraloría General de la
República solicitando se investigue todo el proceso de licitación del
Administrador Financiero del Transantiago (AFT), tras los reiterados y graves
incumplimientos contractuales en la licitación -establecidos en las Bases de la
licitación pública, la Oferta Técnica y los proveedores-, entre ellos, la
implementación de la tecnología ofertada y adjudicada en los buses y que debería
haber estado a cargo de Siemens y TIMM, como consta en el contrato que el AFT
suscribió con el Estado de Chile.
En el informe, los senadores manifiestan que "en la Cláusula Séptima,
'Obligaciones Anexas', conforme a lo establecido en los artículos 1.72 y 2.5 de
las Bases de Licitación AFT 2004, el oferente entregó como parte de su Oferta
Técnica, los anteproyectos que se indican en el 'Anexo 4' de las citadas Bases,
los cuales forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos
legales que procedan, obligándose el AFT a dar cumplimiento a los términos y
condiciones allí señalados". Como consta en dicha Oferta Técnica presentada por
Sonda en la licitación del AFT, el proveedor tecnológico debía instalar en todos
los buses cuatro sistemas: central de administración de recaudo, de embarcado,
central de datos de transporte, y de control y monitoreo de flota, que, en
conjunto, conformarían el Centro de Ayuda a la Explotación de Flotas (CAEF) y el
Centro de Operación de Flotas (COF). Todo, de acuerdo a lo señalado en el
Formulario Nº 57 "Antecedentes del Proveedor o Integrador Tecnológico", quedaría
en manos de las empresas Siemens y TIMM.
"Sin embargo, Sonda en forma unilateral y discrecionalmente instaló equipos de
Siemens. En la práctica es un hecho notorio y sufrido por los ciudadanos,
quienes se han visto gravemente afectados por el incumplimiento de las Bases
Generales y Técnicas de la Licitación Pública. Ello se evidencia con el hecho de
que desde la entrada en vigencia del Transantiago hasta la fecha no se ha
cobrado a los pasajeros las tarifas, ni se ha usado los validadores ni la
tarjeta Bip!", agregan los senadores Ávila y Navarro. Según los parlamentarios,
corresponde a la Contraloría dilucidar qué antecedentes técnicos, a qué
autoridad pública se informó, y qué recaudos o salvaguardas sociales y
económicas se tuvieron a la vista al momento de instalar y elegir una tecnología
que no funciona.
"Hasta la fecha el AFT no ha cumplido con las obligaciones del contrato, no se
sabe hasta cuándo se seguirá otorgando plazo para el cumplimiento tardío y
fallido de sus obligaciones, interrogantes todas de alto y marcado impacto
social y jurídico, con el agravante que según la Carta Gant toda la tecnología
del AFT es exigible desde agosto de 2006. Esta gravísima situación debe ser
investigada, ya que el estado de derecho, y el respeto a la Constitución, la Ley
Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado,
ordenanzas, instrucciones y fallos de la Contraloría General de la República,
debe ser garantizado, a fin de que se ordene cumplir con el contrato por parte
del AFT. Esto es que se instale en todos los buses del transporte público del
Transantiago la tecnología del contrato".
Si Siemens falló, debiera instalarse la tecnología de TIMM, que es, en
definitiva, la que ganó la licitación del AFT. Los senadores Ávila y Navarro
concluyen advirtiendo que este caso amerita una exhaustiva y urgente
fiscalización, "sobre todo en el rol que al respecto le ha correspondido al
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, organismo que está en
conocimiento del tema, y que por ley debe velar por el cumplimiento e
implementación de lo ofertado en las licitaciones públicas, antes, durante y
después de la ejecución de los contratos".
Software no funciona
"La ciudadanía debe conocer exactamente cómo fue el proceso de licitación.
Transantiago está operando sin el software ofrecido, lo que se ha transformado
en un grave problema. El software es lo que reemplaza a todo ese conjunto de
prestaciones de servicio que el sistema antiguo tenía de manera artesanal", dijo
el senador Nelson Ávila, tras presentar el informe en la Contraloría. Por su
parte, Alejandro Navarro aseguró que se engañó al gobierno: "Se le entregó
información que no correspondía a la realidad. Los especialistas saben que este
software no va a funcionar, nunca estuvo preparado para funcionar y no va a
funcionar. Queremos una revisión completa, paso a paso, cronológicamente, de
todos los minutos de la licitación y su posterior implementación, para saber
cuándo se tomaron las decisiones equivocadas. Si esta tecnología no ha
funcionado se tiene que implementar la tecnología que se comprometieron a
instalar. Queremos saber si el gobierno supo cuándo se le estaba engañando para
que adoptara una tecnología que no funciona. La pregunta es por qué el
responsable tecnológico de hacer funcionar el software no busca alternativas
viables e insiste en una que no funcionará".
Para el senador Nelson Ávila, que Transantiago opere sin el software ofertado
"pone en tela de juicio la eficiencia y fiscalización por parte del Estado de
este nuevo plan de transportes. El Estado debe obligar a que cada uno asuma sus
responsabilidades: el Ministerio, el AFT y Sonda en particular. La ciudadanía
debe conocer cómo se licitó Transantiago para que sepa por qué hoy está
funcionando sin su corazón, sin la tecnología que se prometió. Está en juego la
capacidad del Estado de proteger el interés público. Esto es un caos cuyo orden
está llamado a descifrarse con su intervención".
Alejandro Navarro agregó que al gobierno le entregaron información que no
corresponde a la realidad: "Seamos francos, los que están en el sistema saben
que el software no va a funcionar nunca. No va a funcionar en medio de una
crisis. A la gente no le interesan las multas, las boletas de garantía, sino
llegar pronto a su trabajo. Nuestro objetivo es conocer, a través de la
Contraloría, cuáles son los informes técnicos que avalaron la opción de Siemens.
Lo de los cobradores no está resuelto, pero el problema va más allá, es
integral, es de gestión de flota, de monitoreo permanente, etcétera. Ofrecieron
la tecnología de TIMM y de Siemens, pero misteriosamente se descartó a TIMM
cuando ya Sonda y el AFT había ganado la licitación. Se engañó al gobierno de
Ricardo Lagos. Hay personas interesadas en dañar al ex presidente. Se ha dejado
que el sistema fracase. Yo no descarto que haya mano mora e interesados en dañar
su imagen y la de este gobierno".
Más que sólo problemas
El ministro (s) de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Maldonado, debió
reconocer en Canal 13 que "el sistema de cobro definitivamente tiene problemas".
Agregó: "El gobierno sabe que no se ha alcanzado el estándar de confiabilidad de
los validadores. En las calles tenemos más de cuatro mil buses y en marzo serán
más de cinco mil. Puntos porcentuales de falla son muy importantes si lo
llevamos al número de buses. La misión de los consorcios de empresas era
desarrollar un software y un hardware que debe registrar todos los movimientos
para luego hacer la distribución de los recursos entre los distintos operadores.
Alguien debe pagar el transporte gratuito para los usuarios. De eso se encarga
el Administrador Financiero porque su sistema aún no es el requerido". Pero
Maldonado dice que no hay un problema generalizado, sino que sólo "no se ha
alcanzado la tasa de confiabilidad de los validadores". Agregó que el gobierno
no tendría "ninguna complacencia" con las empresas que deben hacer funcionar el
Transantiago.
En definitiva, el gobierno se vio obligado a hacer efectivas al AFT dos boletas
de garantía al Banco BBVA por 76.000 UF cada una. El ministro de Transportes
había señalado a la prensa, poco antes, que sólo "se cobraría una de las
boletas". AFT informó a la Superintendencia de Valores y Seguros del cobro y se
atrevió a enviar una carta al ministerio solicitando "las razones" que motivaron
dicho cobro. Desde el inicio del Plan Transantiago y de su puesta en marcha
definitiva, diversas autoridades del ministerio de Transportes han manifestado
su insatisfacción por el trabajo del AFT y los reiterados incumplimientos e
imposibilidad de instalar el sistema tecnológico en los buses.
Las garantías que deberá pagar el AFT ascienden a 5,1 millones de dólares. Según
la prensa, la pérdida de ingresos por la gratuidad de los pasajes asciende a 1,5
millones de dólares diarios. Quedan aún "por cobrar" ocho boletas de garantía
establecidas en las Bases de licitación. Pero Sonda no sólo es el "proveedor
tecnológico" del AFT sino también socio en el "negocio" -posee un 9,5 por
ciento-, por lo que se anticipan pérdidas millonarias. Ya se dice que el grave
incumplimiento de Sonda ha repercutido entre los demás socios del Consorcio.
Varios analistas de mercado advierten que las acciones de la empresa de Andrés
Navarro seguirán cayendo en la Bolsa.
El ministro Sergio Espejo anunció que tras la última reunión entre en el
ministerio y los representantes del AFT, el gobierno resolvió iniciar una "auditoría
permanente de la implementación de la tecnología", junto al cobro de las
garantías. Enrique Méndez, gerente general del AFT, no ha precisado el monto de
las pérdidas desde el fallido inicio del plan de trasporte. Se estima que
terminarán la semana con un perjuicio superior a los siete millones de dólares.
Altos ejecutivos del Consorcio reconocen que, una vez que el sistema funcione,
"definirán las responsabilidades acerca de quién debiera correr con los gastos".
Incluso se dice que podrían recurrir a un "arbitraje", aunque, según los bancos
en el AFT, "las fallas en el funcionamiento de los validadores competen
solamente a Sonda".
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¿Debe continuar Sonda?
Patricio Hales y Jorge Insunza -ambos diputados PPD-, aseveraron que el "boicot"
de algunos operadores y deficiencias del AFT son las principales causas de los
problemas del Transantiago. "El cambio de la locomoción colectiva no tiene
vuelta atrás. Por ello el gobierno debe actuar con mano dura, con la máxima
severidad y activar todas las medidas políticas legales necesarias para
garantizar el servicio público de transporte. Algunos empresarios quieren hacer
fracasar el Plan Transantiago o presionar al gobierno para obtener ganancias
abusivas más allá de lo pactado". Patricio Hales y Jorge Insunza agregaron: "Los
problemas son principalmente de la empresa Sonda, que no está cumpliendo con su
servicio que es fundamental para la implementación del Transantiago. No hay Plan
Transantiago sin integración tarifaria", dicen.
Incluso pidieron al gobierno que evalúe la continuidad de Sonda como proveedora
de la tecnología o, derechamente, que otras empresas se hagan cargo: "Va a ser
necesario que se evalúe a Sonda. Plantemos que se evalúe si es que acaso está en
condiciones de continuar o no", dijo Patricio Hales, tras reunirse con el
ministro del Interior, Belisario Velasco. "Vemos que hay una ineficiencia clara
del Administrador Financiero. Funciona en malas condiciones el software que
permite toda la tecnología de información y comunicaciones, la validación y que
hace viable el sistema desde el punto de vista financiero".
Según el ministro Carlos Maldonado, el gobierno mantendrá la gratuidad mientras
no se asegure un correcto funcionamiento del sistema: "El gobierno no permitirá
que se cobre en el Transantiago mientras no se pueda garantizar que los usuarios
no vayan a sufrir perjuicios ni cobros indebidos. En la medida que se garantice
la confiabilidad del sistema, va a poder iniciarse el cobro, si no, tendrá que
seguir siendo gratuito a costa del AFT".
Por su parte, el diputado DC Carlos Olivares responsabilizó al ex presidente
Ricardo Lagos y sus asesores de todos los problemas del Transantiago: "Fue mal
planificado. No se escuchó a la gente. No se hizo con el debido diálogo. No se
tomó en cuenta al Congreso y muchos parlamentarios tampoco se preocuparon. Por
eso hoy tenemos lo que tenemos", dijo a El Mercurio. "Durante la administración
de Lagos el ministro Javier Etcheberry viajó a España y Francia a ofrecerle a
empresarios extranjeros una actividad que estaba en manos de chilenos. Aquí hay
responsables con nombre y apellido. Está el señor Germán Correa, que diseñó este
sistema de transporte, Guillermo Díaz, Javier Etcheberry, ellos no escucharon a
nadie", manifestó. "Este gobierno recibió el plan absolutamente en marcha, con
los contratos firmados, licitaciones ya hechas, por lo tanto no quedaba otra
cosa que tratar de salir lo mejor posible", agregó.
Se sabe que Transantiago provocará la cesantía de miles de personas. "En las
bases de licitación se exigía que para postular a un troncal había que tener
nueve mil millones de pesos de capital. Eso significó la exclusión de los
pequeños y medianos empresarios, de los microempresarios de los que tantas veces
hablamos y decimos defender. Durante mayo de 2005, en el Congreso se llevó a
cabo una sesión especial para tratar esto, sin embargo la respuesta que dio el
ministro de Transportes, Jaime Estévez, fue que era un problema entre privados.
En ese entonces, la Subsecretaría de Transportes decía que era menester
entenderse con quince empresas antes que con 3.500 o 4.000 artesanos, porque así
definían a los empresarios pequeños y medianos", dice Olivares. "Muchos se
dejaron llevar por esta fiebre neoliberal de quienes estaban planificando y
llevando adelante el Transantiago", concluye.
Transantiago no ha cumplido con la modernización que prometió. Los usuarios se
han visto obligados a levantarse una o dos horas antes por un servicio que hasta
ahora no funciona. La culpable de todo es Sonda que no sólo presenta
incumplimientos de contrato en nuestro país.
El Poder Judicial de Costa Rica ejecutó garantías de cumplimiento de contrato de
servicios por 566.000 dólares contra Sonda. En marzo de 2006, el gobierno de
Costa Rica debió interponer otra demanda en contra de Sonda por incumplimiento
contractual y daños y perjuicios. Por su parte, la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) de México, también interpuso una demanda en contra de la filial
mexicana de Sonda, Sonda-Pissa, por el incumplimiento de un contrato adjudicado
en licitación pública. El organismo gubernamental mexicano exige el pago de 17
millones de pesos mexicanos -1,6 millones de dólares-. A su vez, Sonda do Brasil
fue demandada por 28,8 millones de dólares, por el Ministerio Público del
Trabajo. No es el único problema. También fue notificada de infracciones
tributarias por otros 28 millones de dólares, cursada por los municipios de Sao
Paulo y de Campinas.
Promesas al mejor postor
"Transantiago no solamente supone la llegada de nuevos buses de locomoción
colectiva, más modernos y menos contaminantes, sino que, además, la
racionalización y ordenamiento de los recorridos, no más calles atestadas de
buses de distintas líneas y con altos índices de ruido, nueva infraestructura
con vías segregadas, tarifas integradas y mayor seguridad. Este año va a ser un
año que va a cambiar la cara de Santiago", prometía la presidenta Michelle
Bachelet.
Pero Transantiago no funciona: "Disminuyó el número de recorridos sin
necesariamente aumentar sus frecuencias. En los sectores periféricos, las
alternativas para movilizarse son muy pocas: a veces un sólo recorrido, una sola
alternativa de locomoción lleva a una troncal o bien hacia el Metro. Los planes
de urbanización no contemplaron el traslado de los sectores populares hacia
otras zonas o bien hacia el centro de la capital. La dignidad de los
trabajadores no ha sido contemplada en la planificación de la ciudad, y menos en
el transporte. Transantiago subdividió los distintos sectores del Gran Santiago
y sus vías más importantes. Fueron rematadas a las empresas que quisieran
incluirse en esta hazaña comercial. También las rutas de acercamiento fueron
entregadas al mejor postor, obligando a los pasajeros a tomar dos o tres
locomociones donde antes tomaban sólo una: negocio redondo. Otro punto
preocupante es el supuesto beneficio que los nuevos buses traerían a los
discapacitados y ancianos. Atrás quedaron las imágenes de abuelos que no podían
subir por los altos escalones o las sillas de ruedas que no entraban por las
puertas: Transantiago les ofrece simplemente quedarse abajo. En cambio, los
discapacitados deben compartir su metro cuadrado con otras ocho personas",
publica la web Hommodolars.
Pero las autoridades en vez de buscar soluciones han preferido hacer oídos
sordos. Incluso la Intendenta Adriana Delpiano, presentó querellas criminales
por protestas, bloqueos de calles, tomas de buses y desórdenes que han sucedido
en el sector céntrico y la periferia de la capital. En Peñalolén, Estación
Central, Maipú y San Bernardo, entre otras comunas, los usuarios han protestado
desde el inicio del Transantiago bloqueando avenidas, rompiendo semáforos y
señalética, y encendiendo barricadas. Las autoridades no han escuchado el clamor
y cierran sus ojos ante imágenes indesmentibles. Para el gobierno, la gente
demorará seis meses en acostumbrarse: "Las dificultades enormes de Transantiago
comienzan a resolverse, tiende todo a normalizarse", afirma el ministro Espejo.
Incluso algunas autoridades se han atrevido a decir que existe un "boicot"
digitado por el empresario Manuel Navarrete, organizaciones sociales y
poblacionales, la Alianza por Chile y el Partido Comunista (PC). En marzo,
seguramente sumarán a los estudiantes secundarios, universitarios, y a quienes
regresen de sus vacaciones o tomen el Metro. Pero el caos puede ser
infinitamente mayor del que ya hemos visto.
El ministro del Interior, Belisario Velasco, acusó a la oposición de tener "un
doctorado en críticas". Sin embargo, el "plan estrella" del gobierno pareciera
tener un perfeccionamiento superior: un doctorado en ilegalidades, engaños e
improvisaciones. El gobierno aún no reconoce el error de no fiscalizar a tiempo
que el AFT y particularmente Sonda cumplieran con las Bases de licitación y la
Oferta Técnica que prometieron: instalar la tecnología de TIMM en la flota de
buses, lo que habría evitado las postergaciones y su caótica puesta en marcha,
que amenaza con estallar completamente en marzo.
Fotografía
Los senadores Nelson Ávila (PRSD) y Alejandro Navarro (PS) presentaron un
informe a la Contraloría General de la República de Chile solicitando se
investigue todo el proceso de licitación del AFT.
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