Latinoamérica
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Los paramilitares agravan la violencia
Mario Osava
IPS
La muerte de nueve personas a balazos el domingo, entre ellas un policía
militar, ilustra el cambio operado en la violencia delictiva crónica de esta
ciudad brasileña con la incorporación de milicias ilegales que combaten el
narcotráfico y le disputan el control de las "favelas".
Esos grupos encabezados por policías, pero denominados por muchos
"paramilitares", ya tendrían el dominio de más de 90 favelas, según datos
informales de las autoridades de seguridad pública. En Río de Janeiro hay cerca
de 700 de esos barrios pobres y hacinados, donde viven un tercio de los seis
millones de habitantes de esta ciudad.
Las milicias, que se autodenominan Autodefensas Comunitarias, se expandieron con
fuerza el año pasado, pero sólo ganaron repercusión en la prensa a fines de
diciembre, cuando el narcotráfico reaccionó desatando una ola de atentados
contra algunos policías, sus cuarteles y autobuses.
El incendio de un autobús que provocó la muerte inmediata de ocho pasajeros
quemados vivos conmovió al país y destapó la pelea mortal entre el crimen
organizado, que se adueñó de las favelas en las dos últimas décadas, y estos
grupos parapoliciales que han asumido el control de parte de esas comunidades
pobres.
Además de expulsar al narcotráfico y de asesinar a supuestos criminales, las
milicias son acusadas de extorsionar a la población local cobrándole una "tasa
de seguridad", de explotar el negocio del transporte irregular en microbuses y
el suministro de electricidad y de señales de televisión por cable, ambas
captadas ilegalmente y sin costos.
El alcalde de Río de Janeiro, Cesar Maia, reconoce la ilegalidad de las
milicias, pero las considera un mal menor que el narcotráfico. No asume
explícitamente su apoyo, pero en sus opiniones que divulga a través de un blog
personal en Internet, señala que una represión policial a esos grupos
"paramilitares" favorecería el retorno de los traficantes de drogas.
La población reacciona apoyando inicialmente a las milicias que desplazan a los
delincuentes, pero luego se va dando cuenta de que la violencia y las
arbitrariedades se repiten, señaló a IPS Rubem Cesar Fernandes, director de Viva
Rio, la organización no gubernamental de más amplia actuación en las favelas de
la ciudad, que moviliza a unas 1.200 personas, entre trabajadores voluntarios y
ejecutores de varios proyectos.
Las últimas confrontaciones con decenas de muertos desde diciembre indican que
la población de los barrios pobres ahora está entre tres fuegos, el de los
narcotraficantes, el de la policía y el de las milicias.
La batalla del domingo ocurrió en la favela Kelson's, ocupada por una milicia
desde diciembre. Los traficantes expulsados contraatacaron en la mañana de ese
día, matando a un oficial de la Policía Militar y presunto líder de las milicias
y a tres de sus probables colaboradores. Una patrulla policial sorprendió a los
atacantes y ametralló uno de sus automóviles, matando a cinco personas.
Los parapoliciales constituyen una evolución y ampliación de los viejos
"escuadrones de la muerte" que existen en Brasil desde por lo menos cuatro
décadas atrás, opinó Fernandes. Su manera de operar responde a la confrontación
con el narcotráfico y a la asimilación de algunos de sus métodos, por ejemplo la
ocupación territorial de comunidades como las favelas.
Su creciente actuación se debe en parte a la necesidad de autodefensa, pues los
"comandos" de narcotraficantes empezaron a asesinar deliberadamente a policías
en Rio de Janeiro en los últimos años, admitió el director de Viva Rio.
El alcalde Maia difundió el mes pasado un mensaje de un "paramilitar"
justificando su adhesión al movimiento porque "un policía tiene que ocultar su
identidad para circular en la ciudad, tiene que ocultar a su familia". Para
tener seguridad tendría que vivir en "condominios cerrados", barrios privados
muy protegidos, pero su costo es excesivo para el sueldo de policías de bajo
rango.
Así que la alternativa es convertir la comunidad donde viven en "un condominio
cerrado para efectos de seguridad", con un contrato informal con los pobladores,
según el alegato difundido por Maia.
Pero el nuevo gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, tiene una
posición distinta y anunció que reprimirá duramente a las milicias, pues es
intolerable el "poder paralelo" ejercido por esos grupos y por el narcotráfico
en numerosas favelas. El comandante de la Policía Militar, Ubiratan de Oliveira,
coincidió en la posición de "no pactar" con la ilegalidad.
En Brasil, la seguridad pública es responsabilidad de los gobiernos estaduales
que disponen de dos fuerzas independientes, la Policía Militar que actúa en las
calles para la represión y la prevención de delitos, y la Policía Civil,
encargada de las investigaciones y la preparación de los procesos judiciales.
Es "dificil que las autoridades enfrenten de hecho a las milicias", porque
existe la tendencia a "conciliar con los colegas" y de considerarlos aliados en
la lucha contra la criminalidad, evaluó Fernandes. De todas formas, la decisión
del gobernador indica una reacción que puede frenar su expansión, aunque sin
extinguirlas, opinó.
El control territorial de las favelas permite a las milicias explotar los
recursos y el mercado local, como el transporte ilegal y el servicio de
distribución de gas en bombonas, sobre los cuales cobra una tasa. Además,
empiezan a actuar en negocios inmobiliarios, venta de terrenos y alquileres, y
juegos tragamonedas, observó Fernandes.
Por ahora, los "paramilitares" no admiten el tráfico de drogas, pues su relativa
legitimidad y cierto apoyo popular proceden de haber expulsado a las bandas de
traficantes, reconoció. Pero nada asegura que, como organizaciones de negocios
ilícitos, no extiendan su "administración" a esa actividad.(FIN/2007)