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Contratos por treinta años
Andrés Soliz Rada
La Haine
De modo casi providencial, las leyes que el 3 de diciembre pasado aprobaron
los contratos con las petroleras, retornarán al Congreso Nacional, a fin de
"resolver cuestiones de forma". Lo anterior, obliga a 130 diputados y 27
senadores a enmendar enormes errores y llenar vacíos que afectarán al país por
las próximas tres décadas.
Veamos los más importantes:
Petrobrás, a través de su presidente Sergio Gabrielli, ha afirmado que tiene el
derecho a inscribir como suyo el valor de las reservas que explotará en Bolivia.
Añadió que, de acuerdo al anexo "f", ha suscrito contratos de producción
compartida y no contratos de operación, como reiteró el Presidente Evo Morales,
en su mensaje de primer año de gobierno (23-01-07). Lo anterior, explica
Petrobrás, le da derecho a participaciones (y no sólo a retribuciones) sobre la
producción que deben figurar en sus balances primero y en las bolsas de valores
después.
Es obvio que el ejemplo del ente brasileño, en el que el Estado sólo tiene el 32
por ciento de acciones, pero cuenta con el 56 % de votos en el directorio, será
imitado por el resto de las compañías. Por otra parte, si las petroleras tienen
derecho a anotar como propias el valor de las reservas, ¿de qué nacionalización
de los hidrocarburos estamos hablando?
El Presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, en declaraciones periodísticas,
ha negado esa posibilidad, en cumplimiento del punto 4.3 de los supuestos
contratos de operación. ¿Quién tiene razón? ¿No es el momento de dilucidar esta
duda mediante una adenda redactada por el Congreso, a ser incluida en esos
documentos? Recordemos que si YPFB anota a su nombre el valor de las reservas,
las que alcanzan a alrededor de 200 mil millones de dólares, le permitirá
financiar los grandes proyectos de industrialización existentes y los gasoductos
internos que requiere Bolivia.
Los contratos tienen vacíos descomunales. En efecto, si se está entregando a las
petroleras campos descubiertos (casi todos por YPFB), que se encuentran en
operaciones, con reservas probadas y mercados asegurados (los de Brasil y
Argentina), ¿cómo no exigirles a cambio que abastezcan el mercado interno a
precios actuales y se comprometan a realizar las inversiones necesarias para
cumplir ambos objetivos. El gobierno de Perú, por ejemplo, acaba de lograr que
la argentina Pluspetrol abastezca su mercado interno a un dólar el millón de BTU.
No estamos hablando, en consecuencia, de un hecho fuera de lo común
Lo cierto es que después de suscribir los contratos, las exigencias de las
petroleras son cada vez mayores. Petrobrás, Repsol, British Gas y Total
sostienen que abastecerán el mercado interno sólo si se les paga precios
internacionales, con la consiguiente subvención estatal, o, en su defecto, a
través del incremento de tarifas del GLP, diesel, gasolina y demás derivados del
gas y del petróleo, que recaerá sobre los empobrecidos consumidores nacionales.
De manera paralela, pretenden presentar planes de operaciones, los que, en caso
de no ser aceptados a ciegas por nuestra entidad estatal, quedarán
indefinidamente paralizados.
Esto quiere decir, por ejemplo, que si Petrobrás calcula en 40 millones de
dólares la perforación de un nuevo pozo en "San Alberto" (cuyo costo real puede
llegar a la mitad), YPFB se halla en la disyuntiva de aceptar el abuso o, dejar
que el trabajo quede paralizado. Los "costos recuperables" que se autorizan a
las petroleras son de tal magnitud que YPFB no tendrá recursos para
desarrollarse. Estos son temas que deben ser modificados en los contratos.
Para colmo, YPFB está reducida a piel y huesos. La Ley 3058, de 17-05-05, le ha
arrebatado todo ingreso, ahora destinado a prefecturas, alcaldías y
universidades públicas, en la totalidad del 50 % que beneficia al país. El 32%
adicional, obtenido por el decreto de nacionalización, será eliminado a partir
de la protocolización de los contratos, pero debe pagar el bono "Juancito Pinto"
(en beneficio de los escolares) en forma indefinida y sin tener esos recursos.
Además, desembolsará una parte sustancial del Bonosol (bono destinado a los
ancianos), que antes lo hacían las AFPs, socias de las capitalizadas del sector
petrolero. Como corolario, las regiones siguen empeñadas en descoyuntar a la
empresa estatal en vicepresidencias y regiones dispersas en todo el territorio
nacional.
El país requiere de una estrategia adecuada frente a la negativa de las
compañías de precisar los textos de los contratos. Ella puede consistir en
promover la alianza YPFB con ENARSA, la empresa argentina, que podrá desarrollar
los campos que se nieguen a hacerlo las transnacionales, como ofreció el
Presidente Néstor Kirchner. De modo simultáneo, se requiere un gran acuerdo de
YPFB con la venezolana PDVSA, a fin de liberarnos del asfixiante dominio
transnacional. Estos son caminos que cumplen el decreto de nacionalización y no
de los posteriores contratos que han abandonado su contenido.
Andrés Soliz Rada es ex-ministro de Hidrocarburos del Gobierno de Evo Morales
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