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El Plan México y el acuerdo antinarcóticos de los mil millones de dólares
Laura Carlsen
Hace poco, el zar estadounidense anti-drogas John Walters enarboló la guerra
contra las drogas en México con el fin de preparar el terreno para anunciar un
paquete de ayuda antinarcóticos por mil millones de dólares. Se espera que éste
sea anunciado en unos días.
Las últimas estadísticas muestran, supuestamente, que el precio de la cocaína en
la calle se ha duplicado en algunas ciudades y que la pureza ha decrecido,
indicando así un suministro restringido. De acuerdo con Walters, los Estados
Unidos y México están ganando la guerra antidrogas y "el verdadero reto es
continuarla."
Walters presentó una versión preliminar de un documento altamente secreto que
establecerá los términos del paquete de ayuda multianual. De acuerdo con
reportes de prensa, el plan incluye objetivos en las áreas de obtención y
comunicación de inteligencia, decomisos en puertos de entrada, monitoreo aéreo e
intervención, investigación y procesos legales, medidas en contra del lavado del
dinero y cooperación con México.
Si eso suena vago es porque lo es. Casi ningún detalle del acuerdo ha sido
filtrado. Hasta ahora, al público sólo se le ha dicho que el dinero se destinará
a equipo de inteligencia, espionaje, y programas de entrenamiento militar y
policiaco.
Términos como fumigación, armas y agentes extranjeros han sido dejados fuera del
discurso público, aunque no precisamente fuera del paquete de ayuda mismo. En
Colombia las fumigaciones han sido un desastre social y ambiental y probaron ser
ineficaces teniendo como resultado ríos muertos, tierras devastadas y
contribuyendo al desplazamiento de cientos de miles de pobladores.
La cuestión de venta de armas también es un asunto espinoso entre ambas
naciones, ya que el gobierno mexicano ha protestado por el descontrolado envío
de armas ilegales desde Estados Unidos a México, y la sugerencia de más armas
aunque sean legales alimenta temores de militarización en la sociedad civil
mexicana. Estos temores han aumentado dramáticamente debido a la activa
participación del ejército mexicano en la guerra antidrogas bajo la
administración calderonista.
Funcionarios tanto mexicanos como estadounidenses han tratado de explicar que el
plan anti-drogas no será una repetición del infortunado Plan Colombia. Pero al
mismo tiempo que ellos ignoran la falla general de este Plan, han enfatizado que
el Plan México no incluirá tropas estadounidenses en México. Las preocupaciones
en ese sentido en México han llegado tan alto que la Secretaria de Relaciones
Exteriores, Patricia Espinoza, ha hecho repetidas declaraciones públicas negando
que la presencia de tropas estadounidenses forme parte del nuevo paquete.
Aunque será difícil que las tropas estadounidenses sean enviadas a México,
debido a la sensibilidad política que provoca el asunto y el desgaste militar de
la guerra en Irak, la presencia de tropas es la parte relativamente menor del
problema con el modelo Plan Colombia (recuérdese que incluso el Plan Colombia
mantuvo un tope al número de tropas). Y la presencia de agentes aduaneros y de
la lucha antinarcótico sigue creciendo. Los agentes de la DEA (Agencia Anti-Narcotráfico
de EEUU) ya han solicitado oficinas en dos ciudades mexicanas más y es muy poco
probable que todo el entrenamiento militar y policiaco propuesto tenga lugar en
los Estados Unidos. Sin duda, una mayor presencia estadounidense en México
ocurrirá—a costa de los contribuyentes estadounidenses y del disgusto de los
ciudadanos mexicanos.
Pero la verdadera amenaza para México radica en el hecho de que el Plan México
propone que el gobierno estadounidense sea el patrocinador y co-diseñador de la
parte central de la estrategia de seguridad nacional mexicana. Incluso, dice
estar trabajando ya con México para construir un comando central que coordinaría
el trabajo de las agencias internas y facilitaría la coordinación binacional. No
es coincidencia que el nuevo Plan se concentre en acciones que se llevarán a
cabo en México, a pesar del hecho obvio de que el mercado estadounidense rige el
comercio de droga y que las drogas ilegales no llegarían a las calles de allá si
no existiese también el crimen organizado y la complicidad de funcionarios de
gobierno en Estados Unidos.
Pero es mejor negocio ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Aunque el problema de drogas en México está muy lejos de ser una paja—la Oficina
de Responsabilidad Gubernamental (GAO por sus siglas en inglés) recientemente
reportó que el negocio representa hasta 23 mil millones de dólares al año—el
nuevo acuerdo ofrecerá contratos lucrativos a firmas de equipo de inteligencia y
militares estadounidenses, contratos de mantenimiento y entrenamiento de largo
plazo y servicios relacionados. En un artículo reciente del Washington Post,
Misha Glenny cita un reporte de la GAO sobre el Plan Colombia, que encuentra que
70% del dinero asignado nunca sale de Estados Unidos.
El acuerdo anti-drogas de los mil millones de dólares puede ser una bonanza para
Boeing, pero el beneficio a los contribuyentes estadounidenses que tienen que
pagar el precio es mucho menos obvio.
A pesar de las declaraciones de Walters, existe una gran cantidad de evidencia
que muestra el consistente fracaso del modelo enfocado únicamente al suministro
de droga y que se basa primordialmente en medidas de aplicación policiaco y
militar. Cuando este modelo se internacionaliza, se vuelve aún más problemático
alimentando el conflicto al tiempo que abate la inversión social.
Este enfoque político debería llevar a una actitud muy cuidadosa en lo relativo
a su aplicación a otros países—especialmente a uno geográfica y económicamente
tan cercano como México. Un enfoque más razonable debería involucrar la creación
de mecanismos de cooperación y comunicación de inteligencia con cada nación
responsable de sus propias políticas de seguridad y enfocada al problema dentro
de su propio territorio y entre su propia población.
Laura Carlsen (lcarlsen(a)ciponline.org) es directora del Programa de las
Américas (
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