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Muerte y violación de derechos en las fábricas de etanol en São Paulo
Maria Luisa Mendonça
Amigos/as,
Después de escribir ese artículo, murió un trabajador más en la explosión de un
tanque de etanol en un central en Canitar en el estado de São Paulo.
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de São
Paulo, realiza una investigación sobre una serie de irregularidades en el sector
cañero. Una audiencia pública de esta Asamblea escuchó a varias entidades de
derechos humanos, sindicatos, investigadores y miembros del Ministerio Público
del Trabajo. A pesar de que el gobierno ha invertido fuertemente en la
ampliación de la producción de etanol, mediante un crédito y otro tipo de
incentivo, las condiciones de trabajo en los cañaverales en la zafra del 2007,
no son diferentes a las de otros años.
Desde el año 2004, el Servicio Pastoral de los Inmigrantes, registró la muerte
de 21 trabajadores inmigrantes en los cortes de caña en São Paulo. En el 2007,
se registraron las muertes de 5 inmigrantes por exceso de trabajo en los
cañaverales del estado. El 28 de Marzo, José Pereira Martins, de 52 años, murió
de un infarto después de trabajar en el corte de caña en la ciudad de Guariba.
Había inmigrado del municipio de Araçuaí en Minas Gerais. El día 24 de Abril,
Lourenço Paulino de Sousa, de 20 años, que inmigrara de Tocantins, fue
encontrado muerto en el central São José, en Barretos. El 19 de Mayo, falleció
Adailton Jesús dos Santos, de 34 años, que había inmigrado de Piauí, a los
cañaverales paulistas. El 20 de Junio, murió José Dionisio de Sousa, de 33 años,
que había inmigrado del Estado de Minas Gerais. El 11 de Septiembre, en el
municipio de Guariba falleció Edilson Jesús de Andrade, de 26 años, que emigrara
de Bahía, aunque su cuerpo fue enterrado en São Paulo.
Además de estos casos, existen otros registros de accidentes y muertes de
trabajadores del sector cañero en São Paulo. En el 2005, la Delegación Regional
del Trabajo registró 416 muertes en los centrales del estado, la mayoría por
accidente de trabajo. El día 15 de Abril del 2007, un funcionario del central
Santa Luisa en el municipio de Motuca, murió de asfixia y otro resultó
gravemente herido, cuando realizaban el control de la quema de caña y fueron
alcanzados por las llamas. Adriano de Amaral, de 31 años, murió cuando se agotó
el agua de la pipa que dirigía para controlar el fuego. El era padre de un niño
de siete años y un bebé de sólo 20 días. El otro trabajador, Ivanildo Gomes, de
44 años, sostuvo quemaduras en un 44% de su cuerpo.
En el estado de São Paulo, el mayor productor de etanol del país, se estima que
la mitad de la mano de obra de los centrales sean trabajadores inmigrantes,
principalmente del Nordeste y de Minas Gerais, donde viven en una situación de
mayor vulnerabilidad. Los trabajadores gastan cerca de la mitad de su salario
para sobrevivir en los cañaverales y les queda poco para enviar a sus familias,
que también dependen de esos recursos para su sustento. Al final de la zafra,
muchos inmigrantes no tienen dinero suficiente para regresar a su lugar de
origen. El salario mínimo es como promedio, 413 reales al mes, y los
trabajadores llegan a gastar 250 reales mensuales, para cubrir los gastos de
alimentación, agua y alojamiento en condiciones extremadamente precarias.
"El empleador no ofrece un local adecuado para el descanso y las comidas, ni
ofrece condiciones sanitarias adecuadas para las necesidades de los
trabajadores, ni suministra herramientas de trabajo adecuadas, ni repone los
Equipamientos de Protección Individual (EPI), ni respeta las pausas para el
descanso, previstas por la Norma Reguladora número 31, ni suministra cantinas
térmicas ni ropa de trabajo para los cortadores", afirma el Fiscal de asuntos
laborales José Fernando Ruiz Maturana. Y añade, "sin sombra para que se cobijen
ni sillas para sentarse, a los trabajadores no les queda otra alternativa que
comer sentados en el piso bajo el sol fuerte".
El Ministerio Público pretende investigar el impacto de las condiciones
ambientales (exposición al sol fuerte, al calor, al polvo y a la ceniza) y el
uso de los agro tóxicos en la salud de los trabajadores. Otra área de
investigación será el cálculo del "pago por la producción", pues los
trabajadores no tienen el control del pesaje de la caña que cortan. Este año, la
Fiscalía Regional del Trabajo de la 15ª Región, enjuició más de 40 acciones
civiles públicas contra los centrales, los suministradores y empresas de mano de
obra de São Paulo por incumplimiento de las leyes laborales.
A finales de Agosto, los Fiscales de la región de Bauru hicieron fracasar un
esquema de fraude de documentos de trabajadores rurales, a partir de una empresa
de fachada llamada "Escritorio Contabil Avenida" en Lençois Paulista. El "kit
fraude", contenía documentos en blanco que las empresas obligaban a los
trabajadores a firmar para ser contratados. "El kit estaba compuesto por
documentación irregular, como el pedido de dimisión, términos para rescindir el
contrato de trabajo, registro de trabajo, recibos de suministro de EPIs
(Equipamientos de Protección Individual), contrato de experiencia, prórroga del
contrato de experiencia, contrato de zafra (período de cosecha) y contrato por
plazo determinado, todos firmados en blanco por los trabajadores", según afirma
un documento divulgado por el Ministerio Público. El Fiscal de los asuntos
laborales Luis Henrique Rafael, estima que "miles de trabajadores pueden haber
sido víctimas del fraude".
Durante la segunda semana de Septiembre, el Ministerio Público decidió suspender
el corte de caña en el municipio de Mineiros do Teitê, en el interior paulista,
hasta que los centrales regularicen la situación de los trabajadores. Una de las
dificultades para castigar a los centrales es el hecho de que las contrataciones
se realizan a través de intermediarios o "gatos" cuya función es seducir a los
trabajadores inmigrantes principalmente, que en muchas ocasiones, ni siquiera
tienen conocimiento de quienes son sus empleadores. Por ello, el Ministerio
Público pasó a adoptar medidas punitivas para toda la cadena productiva. En
prácticamente todas las investigaciones realizadas, se constataron violaciones
de las leyes laborales, en los centrales de São Paulo.
Los cañeros reaccionan ante las condiciones degradantes a las que son sometidos.
Recientemente, cerca de 300 trabajadores del central Gasa, que pertenece al
grupo Cosan, mayor productor de etanol y azúcar del país, se fueron a la huelga
para protestar contra la represión sufrida por reivindicar un aumento salarial.
Con el propósito de intimidar al movimiento, el central procedió a intimidar a
un grupo de trabajadores inmigrantes.
"Treinta trabajadores fueron retirados de sus alojamientos, cerrados en el
comedor del central y sometidos a coacción por miembros armados de la seguridad
y un representante de la empresa. Los miembros de la seguridad, que eran
Policías Militares vestidos de civil, mostraban ostensiblemente sus armas,
amenazando a los trabajadores. Les dijeron que todos estaban despedidos y que
sería mejor que abandonaran la ciudad lo más rápido posible", denuncia Aparecido
Bispo, Secretario General de la Feraesp (Federación de Empleados Rurales
Asalariados del Estado de São Paulo).
Las frecuentes denuncias de violación de los derechos a los trabajadores en los
centrales han llevado a la industria cañera a especular sobre la posibilidad de
masificar la mecanización del sector. Por ello, existen dudas sobre esa
posibilidad, pues los bajos salarios y las condiciones precarias de trabajo,
hacen más lucrativo para las empresas, mantener el corte manual, en vez de
invertir en las maquinarias. Actualmente, más del 60% de la cosecha de la caña
se realiza manualmente en Brasil. Desde el período de la colonización, este
sector depende de la explotación de la mano de obra, de grandes cantidades de
recursos públicos y de la violación de la legislación ambiental para mantenerse.
Maria Luisa Mendonça es periodista y coordinadora de la Red Social de
Justicia y Derechos Humanos.