Latinoamérica
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Referendo por la libertad
Eduardo Ibarra Aguirre
¡Al diablo con las instituciones! Tal es el mensaje que envía Emilio Azcárraga
Jean y Ricardo Salinas Pliego sin ensuciarse las manos ni molestarse en dar la
cara, pues para eso tienen empleados que ante la audiencia se comportan como
divas, pero frente a los primeros actúan como lacayos que divulgan juicios
elementales en el mejor de los casos, calumnias y manipulaciones de los hechos.
Los líderes de opinión y comunicadores de la telecracia se sometieron por gusto
y seguramente también por comisión a un torneo de fidelidades a los intereses de
los consejos de administración de Televisa y de Televisión Azteca. La célebre
actitud lacayuna con los poderosos de Pedro Ferriz de Con lo condujo a competir
en la Torre del Caballito con los senadores en cuanto a representatividad
ciudadana.
Los ditirambos de Eric Guerrero Rosas de plano turbaron a los conductores Javier
Alatorre Soria y Patricia Chapoy, a los analistas -en cada vez mas frecuentes
funciones de propagandistas- Sergio Sarmiento, Pablo Hiriat Lebert y Jaime
Sánchez Susarrey, durante la mesa de tergiversaciones organizada por el Canal
13, el martes 11.
Con estos defensores del establecimiento comunicacional mexicano, los 39
propietarios del país están dando peligrosos pasos en la escalada de
confrontación que puede ser eficaz para efectos de presionar al Senado, pero no
repara en que los efectos inmediatos provocan la cohesión y fortalecimiento de
la alianza de los tres grandes partidos que representan 90 por ciento de la
votación del 2 de julio de 2006, y sobre todo para asustar a Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, quien guarda un silencio más que prudente, preocupante,
mientras el Legislativo –uno de los tres poderes de la Unión- está sometido a
una asonada empresarial sin precedente desde 1982. Todo gracias a la aprobación
en comisiones y después por el pleno de las iniciativas de reformas
constitucionales que sepultaron "la dictadura de los espots", el inolvidable 12
de septiembre.
Involucrar primero a las principales estrellas de las televisoras, enseguida a
cámaras patronales tan desacreditadas políticamente como el Consejo Coordinador
Empresarial, en esta crucial batalla que libran los partidos de la Revolución
Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional por la libertad de
expresión, el derecho a la información y el sufragio efectivo -por encima del
poder del dinero lícito e ilícito que ha predominado en la última docena de
años-, va a tener altos costos para el duopolio televisivo y el oligopolio
radiofónico en materia de audiencia, anunciantes e imagen.
La propuesta que hace la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para
que el Instituto Federal Electoral organice un referendum por la libertad pone
de relieve su ignorancia política, también de los asesores que no acaban de
atinarle a una, pues ni el IFE tiene facultades para ello ni la ciudadanía goza
aún de ese elemental derecho. Evidencia también la soberbia de los que siempre
bregaron y muchas veces lograron que su voluntad e intereses se convirtieran en
ley.
Las 39 familias que integran el duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico
se resisten tozudamente a asimilar lo que evidenció el 6 de julio de 1988 y
reconfirmó la movilización contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador:
ya no son decisivos en la formación y sobre todo en la deformación de la
ciudadanía.
Todos encienden y ven la programación de televisión abierta y por cable, pero la
mayor parte toma una clara distancia cuando las televisoras emprenden campañas
-no se diga rebeliones políticas- para presionar a las instituciones del Estado
con el propósito de mantener y multiplicar sus gigantescas utilidades, así sea a
costa de perder de vista lo más elemental: el espacio radioeléctrico es un bien
público concesionado por el gobierno.