"Paras" y "narcos": termitas que perforan el estado
colombiano
Carlos Iaquinandi Castro
Serpal
"Quienes han tenido el dinero y el poder han moldeado este país a su imagen y
semejanza. A lo largo de nuestra historia han impedido las reforma que poco a
poco y en paz nos hubieran transformado, y cuando surgieron líderes que trajeron
la esperanza los asesinaron impunemente para preservar el viejo orden. La
auténtica oposición siempre fue de algún modo estrangulada se permitió
diagnosticar desgracias pero se prohibió enseñar las salidas."
Eduardo Gómez ( poeta colombiano )
El dinero y el crimen son las dos puntas utilizadas por paramilitares y
narcotraficantes para perforar como termitas la estructura del estado
colombiano. No hay prácticamente área, nivel o región que no esté infiltrada o
bajo sospecha.
A pesar de los esfuerzos del presidente Alvaro Uribe por desmarcarse de las
denuncias, procesos judiciales y detenciones de funcionarios de las últimas
semanas, los hechos comienzan a desbordar sus intentos retóricos. No hay
argumentos para explicar la existencia de una especie de oficina de
reclutamiento de "fuerzas especiales" para el narcotraficante Diego Montoya,
jefe del Cartel del norte del Valle, que utilizaba espacios, material y
personal militar en actividad. La Fiscalía confirmó que uno de los
"organizadores" era el mayor Juan Carlos Rodríguez, que en octubre del 2005 y
gracias a una llamada anónima había sido detenido en una camioneta que
transportaba 200 kilos de cocaína, armas con mira laser y 30 millones de pesos
en efectivo. En diciembre de ese año fue condenado a 12 años de prisión. ¿ Y
cómo es que ahora aparece dirigiendo esta infraestructura de uno de los narcos
más buscados, conocido como "Don Diego" ? Pues muy sencillo, el INPEC,
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, a mediados del año
pasado había autorizado su reclusión domiciliaria, alegando sus
responsabilidades familiares. Y esa detención debía cumplirla en casa de su
madre, en el norte de Bogotá. Los periodistas del diario El Tiempo cuentan
que cuando fueron allí a preguntar por el oficial le dijeron que "la señora vive
sola y el mayor hace mucho tiempo que no va a visitarla". Se
explica, el militar estaba muy ocupado con sus menesteres de reclutar tropa para
su jefe "Don Diego". La Fiscalía investiga a una veintena de militares -
activos y retirados - que formaban parte del equipo que dirigía el mayor
Rodríguez. Entre esas personas, está Carolina Laverde, funcionaria del
Departamento "Hojas de Vida" del Ejército, quien al parecer tenía la misión de
buscar "candidatos" militares que se ajustaran a los perfiles que requería el
capo del Cartel del Norte del Valle para ser incorporados a esa fuerza armada
irregular conocida como "Los Machos". El cerebro de la operación sería Omar
García Varela, conocido como "Capachivo", mano derecha de Diego Montoya. Esta
fuerza integrada por militares y el conocimiento previo de información
reservada, habrían sido decisivos para que el capo del narcotráfico consiguiera
eludir varios operativos fallidos con los que se intentó capturarle en los
últimos meses. Un alto oficial reveló que según datos disponibles, "Don Diego"
salió de uno de los cercos tendidos en torno a una de sus fincas ocupando
automóviles en el que viajaban personas que se identificaron como militares.
Otro apunte: el mayor es hijo del coronel Homero Rodríguez, que fuera director
de la Cárcel de La Catedral cuando se fugó de allí Pablo Escobar, uno de los
jefes de los carteles de la droga más famosos de Colombia.
El "modelo" de Antioquia
Pero cuanto más se escarba, más "agujeros" insólitos se encuentran en los
procedimientos judiciales o de seguridad. En julio del año pasado, el Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá revocó la decisión de otorgar prisión
domiciliaria al mayor Juan Carlos Rodríguez, dada la gravedad de los delitos
cometidos y su potencial peligrosidad. El juzgado ordenó que fuera re-capturado;
sin embargo, el INPEC no fue notificado de esa decisión. Para ese
entonces, periodistas de "El Tiempo" publicaron que fuentes de inteligencia
militar revelaron que Rodríguez había "arreglado" su libertad y que intentaba
"comprar" la fuerza disponible del bloque Tolima de las AUC ( Autodefensas
Unidas de Colombia) como se autodenominan los grupos paramilitares que se
crearon hace años con fondos e iniciativa de ganaderos y terratenientes.
Por cierto, también circulan estos dias videos donde aparece el presidente Uribe
cuando era gobernador de Antioquia ( 1995-1997 ) confraternizando con miembros
de los grupos de seguridad privada "Convivir", que fueron reiteradamente
denunciados por organismos de derechos humanos por abusos y atropellos contra
los campesinos. Algunos de aquellos "comisarios" fueron luego comandantes o
lugartenientes de los paramilitares de las AUC. Los vínculos del
presidente Uribe con estos sujetos no son casuales, forman parte de su
estrategia de "mano dura" para terminar con la guerrilla de las FARC, una
de las más antiguas del continente que continúa activa y controla o incide en
diversas zonas del país.
Estas propuestas de Uribe calaron en una parte importante de la sociedad
colombiana, desgastada por el prolongado conflicto interno y su secuela de
hechos violentos. Y en abril del 2002 ganó con amplitud las elecciones
presidenciales de su primer mandato, si bien se abstuvieron de votar más de la
mitad de los colombianos habilitados para ello. Ahora, ese modelo de
control social que Uribe impulsó en Antioquia, se extiende ahora a todo el
territorio.
"Pasen y póngase cómodos"
Uribe reforzó los lazos de dependencia con el gobierno norteamericano, que
a través del "Plan Colombia" comenzó a proporcionar importante asistencia en
material militar, asesoramiento e inteligencia. Inicialmente presentado como una
ayuda para combatir el narcotráfico, el paso de los meses confirmó que el Plan
en realidad servía para dar los pertrechos, aviones y medios sofisticados que
requería Uribe para su proyecto de "aniquilar" la guerrilla. Hay denuncias que
afirman que la presencia militar norteamericana es significiativa y está
asentada al menos en las bases de Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo.
Diarios norteamericanos han publicado también que el gobierno colombiano habría
ofrecido su territorio como alternativa a la Base áerea ecuatoriana de Manta,
sobre el Pacífico, al conocer la intención del presidente Rafael Correa de no
renovar la concesión que vence en el 2009, y que permite que sea utilizada por
grandes aeronaves y personal militar de los Estados Unidos.
Pero esa fuerte relación y dependencia de la administración Bush, se ha
convertido en un arma de doble filo para el presidente Uribe. El fracaso de la
invasión de Irak con su interminable secuela de muerte y destrucción, ha
debilitado esta fase final del segundo mandato del actual presidente
norteamericano. El cuestionamiento popular a su gestión vá en aumento. Ha
perdido el control del Parlamento y los demócratas empiezan a cuestionar muchos
de sus acuerdos internacionales. Entre ellos el TLC (Tratado de Libre Comercio )
obedientemente "negociado" por el gobierno de Colombia con Estados
Unidos.También la renovación prespuestaria del Plan Colombia está bajo
observación por los demócratas norteamericanos. El Congreso demora aprobar
el acuerdo y las nuevas ayudas a pesar de los reiterados viajes de Uribe a
Wahington. Allí tuvo que soportar molestos cuestionamientos a sus
políticas de derechos humanos y a las detenciones de gobernadores, legisladores
y otros funcionarios uribistas por vínculos con el narcotráfico y los
paramilitares. Los legisladores demócratas disponen de mucha información,
incluyendo las explosivas declaraciones de un "comandante arrepentido" de los
paramilitares, Salvatore Mancuso. Este rico ganadero afirmó que fue
entrenado militarmente por el ejército y que utilizó su fuerza armada irregular
para "hacer campaña" en favor de Uribe y sus candidatos en los procesos
electorales, "convenciendo" a los electores de las zonas donde operaba.
Mancuso está imputado del asesinato de decenas de campesinos y de haber ordenado
varias matanzas de pobladores.
El ministro de defensa colombiano Juan Manuel Santos admitió estos dias la
evidencia de que la infiltración de los narcos y las complicidades compradas de
militares activos o en retiro alcanzó "los máximos niveles de la institución".
Pero no es ese el único flanco que revela importantes grietas en la estructura
de la seguridad estatal. Fuentes militares revelaron a la revista
colombiana "Semana" que a mediados de julio en una operación contra un
campamento de las FARC en la vereda Montañitas, en el departamento de Meta,
encontraron en poder de uno de los guerrilleros información estratégica sobre
las Fuerzas Armadas. Según esos datos, el Batallón Contraguerilla 17 incautó
discos duros portátiles y memorias informáticas USB con información confidencial
sobre la fuerza de tarea Omega, considerada la punta de lanza en la lucha contra
los rebeldes. Esa unidad es el componente militar más importante de la
estrategia del gobierno colombiano y está integrada por una fuerza especial de
20 mil hombres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Sus objetivos están
centrados en "aniquilar a los principales mandos de las FARC en los
campamentos donde se oculten". Al parecer los datos en poder de las FARC
incluían los desplazamientos tácticos programados por los militares y los
nombres de los principales mandos responsables de las operaciones.
Uribe ignora el derecho de las víctimas y ampara a los paramilitares
En las últimas semanas ha cobrado fuerza la iniciativa de crear medios
permanentes para negociar un intercambio humanitario. Se trataría de la
liberación de rehenes retenidos por la guerrilla, y de activistas o miembros de
las FARC encarcelados por el gobierno. La "caminata por la paz" del profesor
Moncayo que recorrió más de 700 kms. para reclamar apoyo a esa demanda, está
sumando el apoyo de familiares de personas que éstán cautivas. El propio
Moncayo tiene un hijo suboficial del ejército que está en poder de la guerrilla
desde hace 10 años. El profesor fue recibido en Bogotá por miles de personas que
mostraron su apoyo a la propuesta y su rechazo a la violencia. Anunció su
intención de quedarse a vivir en una carpa en la Plaza Bolívar hasta que se
concreten esos medios de negociación.
Por su parte, familiares de las víctimas de matanzas de las AUC, reclaman
apoyo oficial ante los seguimientos, acoso telefónico y amenazas de muerte que
reciben. Esta nueva categoría de vícimas no entró en los cálculos
presupuestarios del gobierno y ahora la Comisión Nacional de Reparación y
Conciliación procura desesperadamente fondos para proteger la vida de estos
familiares, "culpables" de haber iniciado acciones judiciales y de haber
aportado pruebas sobre los sujetos que asesinaron a sus hijos, esposos o
hermanos. Ejercer ese derecho les ha convertido, a su vez, en posibles
víctimas de los paramilitares. La ironía es que los llamados "países donantes"
de la comunidad internacional que acudieron al llamado del gobierno colombiano
para otorgar ayudas económicas no eligieron ese rubro ( la defensa y protección
de los familiares de las víctimas de los grupos de ultraderecha ) porque
afirman que es una obligación del Estado colombiano. Pero el gobierno de Uribe
ignoró ese problema y no asignó ninguna partida económica ni otros medios. Sin
embargo, ha destinado un prespuesto de 200 mil millones de pesos anuales para la
"reinserción" de los paramilitares que voluntariamente comunican que dejan de
pertenecer a esos grupos ultraderechistas. En muchos casos, esa "reinserción" es
más que dudosa, y a veces se ha convertido en una forma de infiltrarse en
organismos estatales o incluso en equipos políticos ligados al "uribismo".
El gobierno colombiano también estudia la posibilidad un proyecto de ley que
posibilitaría que los "paras" puedan ser amnistiados, indultados o
directamente puedan aspirar a cargos públicos. Esta iniciativa de Alvaro Uribe
reconocería implícitamente "status político" para quienes tienen en su haber un
accionar puramente delictivo y la responsabilidad de asesinatos por encargo. El
disparate se explica únicamente en las históricas afinidades del presidente con
los grupos ultraderechistas. La Suprema Corte de Justicia emitió un fallo el
pasado11 de julio que sale al cruce de tal posibilidad. El dictámen afirma que
los paramilitares desmovilizados en el marco del Plan de Paz, deben ser juzgados
por la pena de concierto para delinquir agravado. Los magistrados de la Sala
Penal hicieron hincapié que la actividad criminal de los paramilitares no se
puede encajar dentro de la calificación de delito político, ya que argumentar
esto equivaldría a: "Suponer que los mismos actuaron con fines altruistas
y en busca del bienestar colectivo sino, y también, burlar el derecho de las
víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad,
pues finalmente los hechos podrían quedar cobijados con la impunidad absoluta".
La Corte Suprema de Justicia dijo también que existe un conflicto interno en el
país, figura jurídica que no es aceptada por el gobierno de Álvaro Uribe.
También acusó que la molestia de Uribe ante la decisión del tribunal de negar el
carácter de delincuentes políticos de los paramilitares, expone a los
magistrados "a serios peligros y amenazas". Extraoficialmente se admite que este
clarísimo fallo judicial implicó que los propios jueces sean los amenazados de
muerte.
El peso de la verdad
La suma de todos estos sucesos, en particular el escándalo y los alcances de la
"parapolítica" , demuestran el rumbo de catástrofe que llevan el presidente
Uribe y la "democracia" colombiana. Puede ser que como ocurre con los
demócratas norteamericanos, también los gobiernos europeos que con diversos
matices han apoyado el Plan Colombia, sean más receptivos a las reiteradas
denuncias sobre el largo historial de asesinatos de activistas o dirigentes
sindicales, miembros de grupos de derechos humanos, abogados, periodistas,
líderes campesinos o vecinales. Un historial acompañado por una impunidad
casi constante, a pesar de las múltiples evidencias de implicación de organismos
oficiales de seguridad, el ejército o los paramilitares pagados por los
hacendados o las grandes empresas. La firma frutícola norteamericana Chiquita
Brands fue recientemente condenada por financiar a los "paras" y dotarles
de armamento. Ever Veloza, ex comandante paramilitar termina de confirmar que
recibían financiación de las multinacionales bananeras para debilitar a los
sindicatos del sector, varios de cuyos miembros fueron asesinados. por esos
grupos de extrema derecha. "El compromiso que teníamos con las bananeras era
obligar a los trabajadores a ir a las plantaciones y que no hicieran huelga. El
que desobedecía la orden y no iba a trabajar, ya sabía lo que le pasaba"
concluyó Veloza alias "HH", que dirigió durante 10 años el llamado "Bloque
Bananero" de las AUC.
Estas nuevas afirmaciones corroboran las que formuló en mayo pasado Salvatore
Mancuso, quien afirmó entonces que habían recibido dinero de las firmas
norteamericanas Chiquita, Dole y Del Monte y de las colombianas Banacol, Uniban
y Proban. La empresa transnacional Coca Cola ha sido reiteradamente
denunciada por la represión violenta de toda actividad sindical y el asesinato
de activistas y líderes gremiales. A esas denuncias de violencia y crimen se
suman los múltiples informes sobre la situación de abandono e indefensión en la
que se encuentran cientos de miles de campesinos, familias que tuvieron que
abandonar sus tierras por encontrarse en zonas de conflicto y que en algunos
casos llevan años en esa situación.
Pero no podemos confiar mucho en lo que harán los gobiernos europeos o los
demócratas norteamericanos con respecto a la situación colombiana. La
continuidad de la carnicería en Irak y Afganistán, las complicidades con la
ocupación israelí del territorio palestino y el descarado intento de imponer
allí un gobierno títere obediente de los países occidentales, no permite tener
muchas expectativas. La única "sensibilidad" que se les advierte, es la de
sostener los propios intereses geoestratégicos.
Lo que podemos hacer
El pueblo colombiano, al menos la parte de la sociedad que aspira a vivir
realmente en democracia extirpando la corrupción y la violencia, necesita el
apoyo de otros pueblos. De quienes son capaces de comprender sin filtros ni
dobleces su angustia y sufrimientos.
Una forma eficaz para dar ese apoyo es desmontar el discurso hipócrita que
pretende ocultar los intereses que realmente está defendiendo el gobierno de
Uribe. Denunciar la implicación de sectores del ejército en represiones y
matanzas. De su connivencia con los paramilitares. Del tremendo poder corruptor
de los grandes carteles del narcotráfico a través del dinero o la amenaza
mortal. De la impunidad que preserva y alimenta la maquinaria asesina de
sicarios. De las leyes que prepara el gobierno para reconocer como "fuerza
política" a narcotraficantes y paramilitares para consolidar su impunidad. De la
lucha de amplios sectores sociales por un acuerdo humanitario y por una salida
negociada y con amplia participación ciudadana que termine con toda forma de
violencia.
Cada uno por los medios que tenga, individuales o colectivos, grandes o
pequeños. Que la verdad y la solidaridad con el pueblo colombiano se cuele por
todas las grietas del gigantesco montaje de silencio o manipulación.
