Latinoamérica
|
Entrevista a Rodrigo Granda
Secuestrado, condenado y liberado contra su voluntad
"Con mi liberación, Uribe reconoce el carácter político de las Farc"
Maurice Lemoine
Le Monde Diplomatique
Decidido a obtener la liberación de Íngrid Betancourt, secuestrada en febrero de
2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente
francés Nicolas Sarkozy dialogó a comienzos de mayo pasado, con su homólogo
colombiano Álvaro Uribe. A pedido –al parecer– de Sarkozy y con el propósito de
obligar a la guerrilla a un "intercambio humanitario" bajo condiciones impuestas
por su gobierno, Uribe tomó entonces una decisión espectacular: liberó a Rodrigo
Granda, considerado el "ministro de Relaciones Exteriores de las FARC", a quien
los servicios secretos colombianos habían secuestrado clandestinamente en
Caracas hacía dos años y medio (1). El 19 de junio pasado, Granda fue autorizado
a viajar a Cuba "para realizar gestiones en favor de la paz". Desde entonces, se
negó a establecer cualquier contacto con la prensa internacional, con una
excepción: Le Monde diplomatique. En su residencia secreta de La Habana, Granda
recibió al jefe de la redacción de París, a quien confió, en exclusiva mundial,
su análisis de los recientes acontecimientos.
Caracas, 13 de diciembre de 2004, 15:55 horas. La secuencia parece filmada en
Hollywood: teléfono celular en mano, Rodrigo Granda sale de un café cercano a la
estación del subterráneo Bellas Artes. Empujones. Un grupo de hombres lo obliga
a subirse a un jeep Cherokee. Le colocan una capucha en la cabeza y esposas en
las manos detrás de la espalda. Por su acento paisa (2), Granda adivina la
presencia de dos colombianos. En el asiento trasero, lo rodean dos venezolanos.
Luego de un corto trayecto, lo encierran brutalmente en el baúl de otro
automóvil. Una ruta interminable. Varios cambios de vehículo –y de baúles– en
medio de la noche. Hasta la frontera...
A la mañana siguiente, el 15 de diciembre, el comandante de la policía
colombiana Jorge Daniel Castro anunciaba que sus hombres habían capturado "en
Cúcuta, Colombia", a un "pez gordo" de las FARC.
Secuestro en Caracas
Granda era un desconocido para los colombianos. No para sus servicios de
inteligencia, que lo buscaban desde hacía años. Lo consideran el "ministro de
relaciones exteriores" de las FARC. "Eso es un invento de los periodistas"
–señala sonriente en La Habana, donde lo entrevistamos–. "El verdadero ministro
de Relaciones Exteriores de las farc es Raúl Reyes, jefe de la Comisión
Internacional." Reyes se encuentra en la clandestinidad, en algún lugar de
Colombia.
En los años ’80, Granda fue miembro de la dirección nacional de la Unión
Patriótica (UP), partido legal de oposición diezmado por los narcotraficantes y
los paramilitares: nada menos que 3.000 muertos, entre ellos Carlos Pizarro,
candidato de la UP a la presidencia. "Fui víctima de atentados en Bogotá, en
Medellín. Como a todos los miembros de la UP, me expulsaron de la vida política
a los tiros", señala Granda. Combatir y vivir, o sufrir y morir. Él eligió, y se
unió a "la insurgencia".
En 1987, en representación de la Comisión Internacional de las farc, abandonó
Colombia e inició en numerosos países una intensa actividad diplomática ante
dirigentes, gobiernos personalidades, periodistas. "Este último tiempo teníamos
tres objetivos: el reconocimiento de las farc como fuerza beligerante (figuran
en la lista de organizaciones terroristas desde 2001); la búsqueda de una
solución política al conflicto en Colombia, y contactos con vistas a un
intercambio humanitario": 56 "presos políticos" de las farc (entre ellos la
colombiano-francesa, Íngrid Betancourt) a cambio de 450 a 500 guerrilleros
detenidos por el gobierno de Álvaro Uribe.
En 2004, a Granda se lo vio en Caracas, en ocasión del Encuentro Mundial de
Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (del 2 al 7 de diciembre).
El 8 y 9 de diciembre de ese año, en esa misma ciudad, participó también del II
Congreso Bolivariano de los Pueblos, donde denunció el Plan Colombia (3). El 13,
en el momento de ser secuestrado, concedía una entrevista a un periodista
colombiano en un café de la capital venezolana, y había salido de allí para
responder más tranquilo a un llamado telefónico (4). Los testigos alertaron
inmediatamente. Granda no pudo por lo tanto ser detenido en Cúcuta, Colombia, ya
que acababa de ser secuestrado en Venezuela.
Gran conmoción en Caracas. Y gran confusión. La oposición venezolana se apoderó
del caso. ¿Quién invitó a un "terrorista" a participar de estos encuentros? ¡El
gobierno de Hugo Chávez, lógicamente! El ministro del Interior, Jesse Chacón,
desmintió que sus servicios supieran de su presencia. Tres años más tarde, a su
modo, Granda lo confirma. Nadie lo había invitado. "Algunos amigos bolivarianos
consideran que los insurgentes colombianos no deben participar en este tipo de
encuentros. Lo que es absurdo. Bolívar nunca necesitó pasaporte para pasar de
Venezuela a Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia. Fue el primer internacionalista."
En esa época, una investigación reveló la operación, organizada por la policía y
el ejército colombianos, con la complicidad, del lado venezolano, de dos
oficiales corruptos del Grupo de Acciones Especiales de la Guardia Nacional (GAES)
y tres guardias nacionales; un millón de dólares son difíciles de rechazar.
Mientras tanto, atribuyendo el secuestro a la Dirección de Seguridad,
Información y Prevención (DISIP, los servicios secretos venezolanos), un grupo
de personalidades solicitaba "respetuosamente" al presidente Hugo Chávez que
"limpiara" sus fuerzas de seguridad. Lo que provocó irritación en el entorno
presidencial: "Este lamentable caso nos demuestra que todavía no controlamos
todo el aparato del Estado. Pero no queremos saber nada con las farc, ni con
ninguna organización que pretenda imponer la revolución por las armas. Es de
interés de la revolución bolivariana mantenerse al margen de estos grupos". Unas
semanas antes, la responsable de la diplomacia estadounidense, Condoleeza Rice,
había acusado a Caracas de ser un "nido de terroristas".
Tanto Bogotá como Washington intentaron matar dos pájaros de un tiro. "Al llegar
a Cúcuta, cuenta el comandante Granda, me ofrecieron mucho dinero, la libertad,
pasaportes para mí y mi familia, con una condición: que implicara a Chávez.
Debía decir que protegía a las farc y que yo recibía ayuda de su gobierno". Se
negó categóricamente. Por su parte, al comprobar que no existía ninguna orden de
detención de Interpol respecto de Granda, el Presidente venezolano acusó a
Bogotá de haber "violado la soberanía nacional", retiró a su embajador y
suspendió las relaciones comerciales con Colombia (5).
Durante su proceso, Granda pensó en renunciar a defenderse. Uno de sus abogados
sobrevivió milagrosamente a cinco disparos. "Para los defensores de la gente de
las farc es muy difícil. Muchas amenazas, presiones, vigilancias, escuchas
telefónicas. Y ninguna garantía judicial. Yo les decía: ‘¿Por qué avalamos una
justicia que, en realidad, no existe?’", apunta. Seis años por rebelión, quince
años por terrorismo, veintiún años de prisión en total. "Reconocí mi condición
de rebelde. No la de terrorista", se enorgullece. Entre los guerrilleros con los
que se encontró en una cárcel de alta seguridad, algunos tenían sentencias
firmes de 60 u 80 años, aun cuando la pena máxima en Colombia no puede superar
los 40 años. "De ahí la necesidad, para las farc, de utilizar métodos no
necesariamente ortodoxos para recuperar a sus guerrilleros encarcelados. De ahí
pues la cuestión vital del intercambio humanitario...".
El presidente Álvaro Uribe cree poder ganar una guerra que lleva sesenta años,
sin discutir con nadie. Desde su llegada al poder en 2002 (fue reelecto por un
nuevo mandato de cuatro años en mayo de 2006), rechaza categóricamente el famoso
"intercambio humanitario".
Con los "terroristas" no se negocia. Pero de un tiempo a esta parte, Uribe se
encuentra en una situación delicada, envuelto en el escándalo denominado de la "parapolítica".
La justicia colombiana examina más de cien casos de presunta colusión entre los
paramilitares de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y representantes del
Estado. Investiga los fraudes organizados por unos y otros en las elecciones que
llevaron a Uribe al poder.
La crisis ya provocó la caída de la ministra de Relaciones Exteriores María
Consuelo Araujo, cuyo hermano y padre fueron acusados. Dos gobernadores (de los
departamentos de César y Magdalena), catorce diputados y senadores –todos "uribistas"–
fueron encarcelados, otros cinco tienen orden de detención. El ex director del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía política), Jorge Noguera,
jefe de campaña del candidato Uribe en el departamento de Magdalena, fue
encarcelado. El director de la Policía Nacional, general Jorge José Castro –el
mismo que en Cúcuta le pedía a Granda que "implicara" al presidente Chávez– y el
del Servicio de Inteligencia de la Policía debieron renunciar debido a otro
escándalo relacionado con escuchas telefónicas ilegales...
El rol de Sarkozy
En este contexto, a comienzos de mayo de 2007, tras una llamada telefónica del
flamante presidente francés Nicolas Sarkozy, una información causó sensación en
Bogotá: Uribe anunciaba la liberación "unilateral" de cientos de rebeldes y
pedía a las farc que respondieran a ese "gesto de buena voluntad" procediendo a
la liberación de sus rehenes. "El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos
Restrepo, vino a verme a mi celda, cuenta Granda, y me propuso que me pusiera a
la cabeza de esta operación de ‘reintegración-desmovilización’, con la única
condición de que abandonara las farc". Se opuso. Dos días más tarde, el Alto
Comisionado volvió a la carga. "En esa ocasión me explicó que no tenía
intenciones de negociar conmigo, y que mi liberación fue decidida ‘por razones
de Estado’, porque... el presidente francés Nicolas Sarkozy lo pidió. Y que si
yo creaba problemas, utilizaría su poder para sacarme a la fuerza de mi celda ¡y
expulsarme de la prisión!"
Liberado contra su voluntad... "¿Pero qué papel juega Sarkozy en esta
historia?", se pregunta Granda desconcertado. Confiesa no tener ninguna idea al
respecto. Desde luego, la causa de Íngrid Betancourt, prisionera de las farc
desde el 23 de febrero de 2002, es extremadamente popular en Francia. ¿Acaso
quiso Sarkozy "dar un golpe" multiplicando los contactos con su par colombiano a
pocos días de las elecciones legislativas, de las que esperaba una aplastante
mayoría en la Asamblea Nacional?
Respecto de la cuestión de los prisioneros, las farc exigen una zona
desmilitarizada de 800 kilómetros cuadrados en los municipios de Florida y
Pradera (departamento del Valle), para "negociar", frente a frente, directamente
con el poder y proceder, en caso de acuerdo, al famoso intercambio humanitario.
Con un objetivo político: ser reconocidas, de facto, como fuerzas beligerantes
insurgentes y salir del estatuto de "terroristas" en el que Washington y Bogotá
las encerraron.
Esto fue precisado inmediatamente por Granda a sus "liberadores": "Libérenme si
quieren, pero se trata de un gesto unilateral de su parte; les advierto, no
generará ninguna reciprocidad por parte de las farc".
El gobierno le dio a elegir entre Francia, Suiza o Cuba. El 19 de junio de 2007,
Granda viajó rumbo a La Habana. Además del placer de recuperar la libertad,
obtuvo otra satisfacción: "Me cuesta creer que el presidente Sarkozy haya pedido
la liberación de un ‘terrorista’. En cuanto a Uribe, con el decreto que firmó
para liberarme, reconoce el carácter político de las FARC".
En medio de un gran estrépito mediático, el gobierno colombiano liberó a 170
supuestos guerrilleros, entre ellos exguerrilleros desmoralizados, oscuros
personajes, comandantes de tropas inexistentes y bastantes delincuentes comunes.
Al mismo tiempo, jugando a dos puntas –un supuesto gesto de paz, un auténtico
acto de guerra– Uribe confirmó la orden dada en octubre de 2006: proceder al
rescate militar de los rehenes de la guerrilla utilizando "todos los medios
posibles". Desde siempre, las familias de los secuestrados –entre ellas la de
Íngrid Betancourt– se oponen a una decisión tan peligrosa. En mayo de 2003, un
"rescate" de este tipo, ¿no terminó acaso con la muerte de un gobernador, un ex
ministro y siete militares?
Una matanza sin esclarecer
La sucesión de acontecimientos confirmará además que en Colombia todo es
posible: tanto lo peor como... lo peor. El 23 de junio pasado, en un breve
comunicado, el Bloque Occidental de las FARC (6) anunció que cinco días antes,
el 18 de junio, once de los doce diputados de la Asamblea Departamental del
Valle del Cauca, secuestrados por la guerrilla el 11 de abril de 2002 en Cali,
fueron asesinados "en un fuego cruzado (...) cuando un grupo militar hasta el
momento no identificado atacó el campamento en el que se encontraban". Negando
cualquier combate en esa zona el 18 de junio, Uribe señaló irritado: "No hubo
operación de rescate. Fueron asesinados a sangre fría" (7). Absurdo. Los
prisioneros constituyen una carta importante de las farc en su pulseada con el
poder. ¿Qué interés tendrían en deshacerse de ellos de esa manera?
"Las FARC asumen su parte de responsabilidad. No podemos negar que no fuimos
capaces de salvaguardar la vida de los rehenes hasta el intercambio
humanitario", precisa gravemente Granda. ¿Qué más? Se atribuye a la guerrilla la
práctica de ejecutar a sus prisioneros antes de dejar que los libere el
ejército. Granda no lo confirma ni lo niega. "No pertenezco a la estructura de
comando de las farc; ignoro si existe una orden semejante." En tal hipótesis, se
trataría de un crimen de guerra. Sin embargo, aun siendo factible, no puede
considerarse esta única posibilidad, ya que las circunstancias del drama del 18
de junio siguen siendo misteriosas. Hasta ahora, nadie conoce siquiera el lugar
donde se produjo la matanza. Curiosamente, el ejército colombiano permanece en
silencio. Las FARC también callan. "Aún se sigue investigando. Queremos darle al
mundo la explicación más precisa posible y evitar las especulaciones", nos dice
Rodrigo Granda.
Según los expertos, los paramilitares parecen estar fuera de sospecha: no
tendrían la capacidad para montar semejante operación. Y el ejército colombiano
también. Además, en un segundo comunicado, el Bloque Occidental de las FARC
mencionó a "comandos extranjeros". Parece salir a la luz una teoría que también
hay que tomar con precaución: el ataque habría sido perpetrado por un comando de
"fuerzas especiales" integrado por especialistas extranjeros, cuya/s
nacionalidad/es sigue/n sin definirse. Aunque hay algunas ideas al respecto...
(8).
Así, desde Ginebra, Louise Harbour, Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de Naciones Unidas, exige además de "la liberación inmediata de todos los
rehenes", una investigación "completa e imparcial" sobre la tragedia del 18 de
junio. Bogotá rechaza cualquier comisión investigadora independiente. Granda,
por su parte, señala: "Las FARC propusieron entregar los cuerpos a una comisión
internacional de la que no formara parte el gobierno colombiano, para impedir
cualquier manipulación. Ahora bien, los ataques de los militares continúan en la
región en cuestión, y los compañeros me hicieron saber que tanto los militares
como otras fuerzas tienen interés en hacer desaparecer los cuerpos. Para borrar
las huellas". ¿Desinformación o verdad?
Notas
1) Omar Rodríguez, "El secuestro de un miembro de las farc: una entrevista que
no concluyó", Le Monde diplomatique, edición Colombia febrero de 2005.
2) Oriundo del departamento colombiano de Antioquia.
3) www.monde-diplomatique.fr/cahier/ameriquelatine/plancolombie-intro
4) El periodista en cuestión era Ómar Rodríguez. Ver nota 1.
5) Las relaciones entre ambos países retomarían su curso "normal" gracias a la
mediación de los presidentes Luiz Inácio "Lula" da Silva (Brasil) y Fidel Castro
(Cuba), y luego del encuentro entre Chávez y Uribe, el 17-2-05.
6) El Bloque Occidental de las FARC opera en los departamentos de Tolima, Huila,
Valle del Cauca, Nariño y una pequeña parte de Calda.
7) El País, Madrid, 29-6-07.
8) En marzo de 2007, la embajada de Estados Unidos en Bogotá confirmó que
soldados estadounidenses participaron de una operación militar conjunta en el
sur de Colombia, donde las FARC tienen secuestrados a tres contratistas
estadounidenses del Pentágono, capturados en 2004 al estrellarse su avión espía.