Latinoam�rica
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El papel central del poder en la
reforma del estado
Antonio El�as
Brecha
La discusi�n sobre la reforma del Estado requiere un an�lisis te�rico que
clarifique los intereses en juego. Los objetivos de mejorar la "eficacia" y la
"eficiencia" del Estado no tienen significado concreto si no se identifica el
modelo econ�mico social en que se inscriben y los intereses que ser�n
beneficiados con dichas mejoras.
"Los trabajadores, en esta etapa, debemos enfrentar al bloque hegem�nico
dominante y a las impersonales leyes de la econom�a a trav�s de un Estado que
cumpla con el deber �tico-pol�tico de crear instituciones que permitan
implementar un modelo de desarrollo alternativo."[1]
Las investigaciones sobre las instituciones � el Estado es una de las
principales � y el cambio institucional � una reforma lo es � tienen un
paradigma en el que se relaciona el cambio cient�fico tecnol�gico y el poder de
negociaci�n de los sujetos involucrados. Una de las principales decisiones de un
dirigente consiste en resolver si usa sus acumulaciones y capacidades para
producir dentro de las reglas existentes o si las usa para tratar de modificar
el marco institucional.
El estudio de las reglas formales e informales que ordenan el funcionamiento de
una sociedad enfatiza en las variables de poder, que dan forma a la estructura
institucional y orientan la distribuci�n de costos y beneficios entre los
diferentes actores sociales, determinando quienes ser�n beneficiados y quienes
perjudicados. El �nfasis en las variables de poder no significa desconocer la
importancia de otras dimensiones, pero es necesario resaltar un aspecto
generalmente dejado de lado por la teor�a econ�mica para explicar los procesos
de cambio institucional.
El orden social capitalista tiene dos instituciones fundamentales: el Estado y
el mercado. La resoluci�n de que cometidos y atribuciones tiene el primero
define los l�mites del segundo. El poder del capital se expresa tanto en el
mercado, el cual controla a trav�s de la propiedad de los medios de producci�n y
de su capacidad de inversi�n, como en el Estado, a trav�s de m�ltiples
interrelaciones entre el �mbito pol�tico y el econ�mico. El poder de los
trabajadores se refleja en el mercado, b�sicamente, a trav�s de las luchas por
ampliar sus derechos y reducir la cuota de plusval�a que se apropia el capital,
pero el �mbito donde tiene mayor nivel de incidencia, al menos en forma
potencial, es el Estado. Por otra parte todos aquellos que tienen poca o ninguna
capacidad de pago dependen de la acci�n estatal para poder satisfacer sus
necesidades b�sicas.
Lo anteriormente se�alado explica, en gran medida, que el principal paradigma de
los capitalistas sea la "mano invisible" del mercado y la reducci�n del Estado a
su m�nima expresi�n como juez y gendarme que haga respetar los derechos de
propiedad y los contratos; a la vez que el principal paradigma de los
trabajadores sea el fortalecimiento del Estado y la socializaci�n de los medios
de producci�n. Con todos los matices y contradicciones que se pueden presentar
en uno y otro caso, el paradigma del capital sigue siendo el libre mercado y el
paradigma de los trabajadores alguna forma de socialismo.
La pr�ctica social ha demostrado que ni el Estado ni el mercado cumplen
adecuadamente los roles definidos en la teor�a, ambos son utilizados por el
poder econ�mico y sus socios en el �mbito pol�tico para satisfacer sus intereses
y ejercer su dominio.
Ante las carencias se�aladas en el papel y funcionamiento del Estado existen dos
respuestas institucionales b�sicas. Una es la que asume que el principal factor
distorsionante del proceso econ�mico es el poder pol�tico y apunta, por tanto, a
restringir al m�ximo la intervenci�n p�blica en los mercados y propone sustituir
pol�ticos por t�cnicos en los organismos que necesariamente deben regular el
proceso econ�mico. La otra es la que sostiene que el Estado es el instrumento
fundamental para garantizar los derechos humanos en el �mbito econ�mico �
satisfacci�n de las necesidades b�sicas y participaci�n efectiva en los espacios
de decisi�n �, por lo cual los cambios institucionales deben apuntar al
fortalecimiento de su capacidad de intervenci�n, creando mecanismos que reduzcan
las fallas del Estado � reglas de control, transparencia y rendici�n de cuentas
- y permitan acotar las fallas del mercado, a la vez, que se fijan l�mites al
accionar del gran capital transnacional.
Los modelos que apuntan a la reducci�n del papel del Estado y a la disminuci�n
del papel de la pol�tica en el proceso econ�mico van en claro detrimento de los
intereses de los trabajadores y de las fuerzas que apuntan al cambio social, en
tanto fortalecen los intereses del poder econ�mico.
Se aduce que los trabajadores cuestionan pero no tienen propuestas concretas o
que las mismas tienen un mero car�cter corporativo. Quienes as� se expresan
pretenden que se asuma su supuesta neutralidad respecto a los intereses
contrapuestos de las clases y los sectores sociales. En su IX Congreso, el PIT-CNT
reclam� una profunda transformaci�n del Estado, pero rechazan la filosof�a de
las "reformas neoliberales" que proponen una simple racionalizaci�n de
funciones o achicamiento de la burocracia. Tampoco acord� con los criterios "de
�eficientismo� o �productivismo� de mercado que han venido reduciendo
sistem�ticamente la capacidad reguladora del Estado, sus funciones espec�ficas
en la producci�n de bienes y servicios y en la protecci�n de los sectores m�s
necesitados."[2].
La transformaci�n del Estado para el PIT-CNT pasa, entre otros aspectos, por "impulsar
mecanismos de renegociaci�n de la deuda p�blica, disminuyendo su peso en el
presupuesto nacional". Y en la medida que considera que gran parte de la
deuda externa del pa�s es ileg�tima plantean adem�s "la necesidad de una
auditor�a ciudadana de la misma". Como no hay desarrollo sin financiamiento
proponen que "el ahorro de los uruguayos, y su contrapartida, el cr�dito,
est�n realmente bajo la �gida de un BCU bajo control del gobierno(�), el control
de los flujos de capital como condici�n esencial para que el estado asuma la
conducci�n real de la econom�a y la ponga a cubierto de las acciones
desestabilizadoras del capital golondrina. La preponderancia del BROU
como dinamizador de la econom�a y de la generaci�n de puestos de trabajo
mediante el apoyo selectivo al sector productivo".
Afirman que el Estado "debe cambiar su actitud actual de mero garante y
sustento de decisiones de los empresarios; para pasar a ser el promotor
fundamental de las actividades econ�micas del pa�s". Proponen que el Estado
impulse "la reactivaci�n productiva, garantice e implemente programas
sociales, distribuya equitativamente la riqueza y controle la explotaci�n y
cuidado de los recursos naturales del pa�s (medio ambiente, agua, explotaci�n de
la tierra, el mar, aire, subsuelo, etc.)". Como contrapartida la central de
los trabajadores rechaza "cualquier intento de privatizaci�n (asociaciones o
Sociedades An�nimas) de las Empresas P�blicas as� como a eventuales propuestas
de pasaje al derecho privado de los trabajadores p�blicos, haciendo especial
�nfasis en la recuperaci�n y especificidad de los roles de los Organismos
P�blicos".
El mantenimiento de las empresas p�blicas en manos del Estado y su
fortalecimiento "luego de una d�cada de debilitamiento sistem�tico" son
elementos imprescindibles de la soberan�a e instrumento esencial para el
desarrollo del pa�s productivo con justicia social. Y propone, adem�s,
"recuperar las �reas estrat�gicas (�) que se han entregado a empresas
transnacionales".
Paralelamente impulsa la modificaci�n de la estructura org�nica de las
Empresas P�blicas, "que han quedado vetustas en funci�n de avances
tecnol�gicos"; reincorporar a las empresas las "�reas, sectores y
funciones" que fueron tercerizados; "pautar un plan de inversiones tanto
en sus contenidos como en su secuencia"; consideran clave, adem�s, reformar,
entre otros, "la gesti�n de recursos humanos, carrera funcional, concursos,
formaci�n profesional, salud ocupacional".
Los trabajadores del Estado, como actores centrales del proceso productivo y del
cambio social, reivindican "el derecho a la participaci�n en la toma de
decisiones que hacen a la planificaci�n, ejecuci�n y evaluaci�n de los
resultados de la gesti�n p�blica y de sus recursos materiales y humanos" y
reclaman "un presupuesto participativo con intervenci�n de los trabajadores y
la sociedad, con acceso pleno y previo a la informaci�n, como as� a reales
�mbitos de decisi�n".
Con respecto a los �mbitos de participaci�n los trabajadores la central pide que
"el Acuerdo Marco firmado el 22 de julio de 2005 sea respetado por el gobierno"
y "la incorporaci�n de los trabajadores en todos los �mbitos de
decisi�n, incluyendo a los Directorios de Entes y Servicios Descentralizados
af�n de ser parte de la planificaci�n de las pol�ticas estrat�gicas en dichas
�reas". En el marco del proceso de profundizaci�n democr�tica consideran
esencial "la consagraci�n de los principios de autonom�a y cogobierno para la
ense�anza no universitaria(�) ya que supone junto con el reclamo anterior la
generaci�n de espacios concretos de poder popular".
Una de las propuestas m�s concretas realizadas por los trabajadores ha sido la
creaci�n de un sistema articulado de compras p�blicas y de fomento productivo
que permitir�a racionalizar el sistema de adquisiciones del Estado mejorando su
productividad y estimular la producci�n e alta calidad, con lo que el pa�s
resolver�a un tema de pol�tica industrial y productiva elevando su
competitividad sist�mica, y evitar las relaciones clientel�sticas tradicionales
generando elementos para una necesaria reforma del Estado. Esta propuesta fue
discutida y apoyada, el a�o pasado, en el marco del Compromiso Nacional, pero al
d�a de hoy sigue sin implementarse.
En conclusi�n, hay diferencias reales y objetivas entre el modelo que aplica el
equipo econ�mico y el que impulsan los trabajadores, lo cual no ha sido
obst�culo para que el PIT-CNT presentara propuestas concretas y viables en los
diferentes �mbitos de participaci�n que impuls� el gobierno. Luego del rechazo
al TLC con Estados Unidos, la correlaci�n de fuerzas parece haber cambiado. Es
de desear que as� sea y que la nueva convocatoria al Compromiso Nacional, en la
que se buscar� acordar sobre la transformaci�n del Estado, encuentre un Poder
Ejecutivo dispuesto a incorporar y llevar a la pr�ctica aquellas propuestas que
apunten a un pa�s productivo, con justicia social y profundizaci�n democr�tica.
Fuente: lafogata.org