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Latinoam�rica


El papel central del poder en la reforma del estado

Antonio El�as
Brecha

La discusi�n sobre la reforma del Estado requiere un an�lisis te�rico que clarifique los intereses en juego. Los objetivos de mejorar la "eficacia" y la "eficiencia" del Estado no tienen significado concreto si no se identifica el modelo econ�mico social en que se inscriben y los intereses que ser�n beneficiados con dichas mejoras.

"Los trabajadores, en esta etapa, debemos enfrentar al bloque hegem�nico dominante y a las impersonales leyes de la econom�a a trav�s de un Estado que cumpla con el deber �tico-pol�tico de crear instituciones que permitan implementar un modelo de desarrollo alternativo."[1]

Las investigaciones sobre las instituciones � el Estado es una de las principales � y el cambio institucional � una reforma lo es � tienen un paradigma en el que se relaciona el cambio cient�fico tecnol�gico y el poder de negociaci�n de los sujetos involucrados. Una de las principales decisiones de un dirigente consiste en resolver si usa sus acumulaciones y capacidades para producir dentro de las reglas existentes o si las usa para tratar de modificar el marco institucional.

El estudio de las reglas formales e informales que ordenan el funcionamiento de una sociedad enfatiza en las variables de poder, que dan forma a la estructura institucional y orientan la distribuci�n de costos y beneficios entre los diferentes actores sociales, determinando quienes ser�n beneficiados y quienes perjudicados. El �nfasis en las variables de poder no significa desconocer la importancia de otras dimensiones, pero es necesario resaltar un aspecto generalmente dejado de lado por la teor�a econ�mica para explicar los procesos de cambio institucional.

El orden social capitalista tiene dos instituciones fundamentales: el Estado y el mercado. La resoluci�n de que cometidos y atribuciones tiene el primero define los l�mites del segundo. El poder del capital se expresa tanto en el mercado, el cual controla a trav�s de la propiedad de los medios de producci�n y de su capacidad de inversi�n, como en el Estado, a trav�s de m�ltiples interrelaciones entre el �mbito pol�tico y el econ�mico. El poder de los trabajadores se refleja en el mercado, b�sicamente, a trav�s de las luchas por ampliar sus derechos y reducir la cuota de plusval�a que se apropia el capital, pero el �mbito donde tiene mayor nivel de incidencia, al menos en forma potencial, es el Estado. Por otra parte todos aquellos que tienen poca o ninguna capacidad de pago dependen de la acci�n estatal para poder satisfacer sus necesidades b�sicas.

Lo anteriormente se�alado explica, en gran medida, que el principal paradigma de los capitalistas sea la "mano invisible" del mercado y la reducci�n del Estado a su m�nima expresi�n como juez y gendarme que haga respetar los derechos de propiedad y los contratos; a la vez que el principal paradigma de los trabajadores sea el fortalecimiento del Estado y la socializaci�n de los medios de producci�n. Con todos los matices y contradicciones que se pueden presentar en uno y otro caso, el paradigma del capital sigue siendo el libre mercado y el paradigma de los trabajadores alguna forma de socialismo.

La pr�ctica social ha demostrado que ni el Estado ni el mercado cumplen adecuadamente los roles definidos en la teor�a, ambos son utilizados por el poder econ�mico y sus socios en el �mbito pol�tico para satisfacer sus intereses y ejercer su dominio.

Ante las carencias se�aladas en el papel y funcionamiento del Estado existen dos respuestas institucionales b�sicas. Una es la que asume que el principal factor distorsionante del proceso econ�mico es el poder pol�tico y apunta, por tanto, a restringir al m�ximo la intervenci�n p�blica en los mercados y propone sustituir pol�ticos por t�cnicos en los organismos que necesariamente deben regular el proceso econ�mico. La otra es la que sostiene que el Estado es el instrumento fundamental para garantizar los derechos humanos en el �mbito econ�mico � satisfacci�n de las necesidades b�sicas y participaci�n efectiva en los espacios de decisi�n �, por lo cual los cambios institucionales deben apuntar al fortalecimiento de su capacidad de intervenci�n, creando mecanismos que reduzcan las fallas del Estado � reglas de control, transparencia y rendici�n de cuentas - y permitan acotar las fallas del mercado, a la vez, que se fijan l�mites al accionar del gran capital transnacional.

Los modelos que apuntan a la reducci�n del papel del Estado y a la disminuci�n del papel de la pol�tica en el proceso econ�mico van en claro detrimento de los intereses de los trabajadores y de las fuerzas que apuntan al cambio social, en tanto fortalecen los intereses del poder econ�mico.

Se aduce que los trabajadores cuestionan pero no tienen propuestas concretas o que las mismas tienen un mero car�cter corporativo. Quienes as� se expresan pretenden que se asuma su supuesta neutralidad respecto a los intereses contrapuestos de las clases y los sectores sociales. En su IX Congreso, el PIT-CNT reclam� una profunda transformaci�n del Estado, pero rechazan la filosof�a de las "reformas neoliberales" que proponen una simple racionalizaci�n de funciones o achicamiento de la burocracia. Tampoco acord� con los criterios "de �eficientismo� o �productivismo� de mercado que han venido reduciendo sistem�ticamente la capacidad reguladora del Estado, sus funciones espec�ficas en la producci�n de bienes y servicios y en la protecci�n de los sectores m�s necesitados."[2].

La transformaci�n del Estado para el PIT-CNT pasa, entre otros aspectos, por "impulsar mecanismos de renegociaci�n de la deuda p�blica, disminuyendo su peso en el presupuesto nacional". Y en la medida que considera que gran parte de la deuda externa del pa�s es ileg�tima plantean adem�s "la necesidad de una auditor�a ciudadana de la misma". Como no hay desarrollo sin financiamiento proponen que "el ahorro de los uruguayos, y su contrapartida, el cr�dito, est�n realmente bajo la �gida de un BCU bajo control del gobierno(�), el control de los flujos de capital como condici�n esencial para que el estado asuma la conducci�n real de la econom�a y la ponga a cubierto de las acciones desestabilizadoras del capital golondrina. La preponderancia del BROU como dinamizador de la econom�a y de la generaci�n de puestos de trabajo mediante el apoyo selectivo al sector productivo".

Afirman que el Estado "debe cambiar su actitud actual de mero garante y sustento de decisiones de los empresarios; para pasar a ser el promotor fundamental de las actividades econ�micas del pa�s". Proponen que el Estado impulse "la reactivaci�n productiva, garantice e implemente programas sociales, distribuya equitativamente la riqueza y controle la explotaci�n y cuidado de los recursos naturales del pa�s (medio ambiente, agua, explotaci�n de la tierra, el mar, aire, subsuelo, etc.)". Como contrapartida la central de los trabajadores rechaza "cualquier intento de privatizaci�n (asociaciones o Sociedades An�nimas) de las Empresas P�blicas as� como a eventuales propuestas de pasaje al derecho privado de los trabajadores p�blicos, haciendo especial �nfasis en la recuperaci�n y especificidad de los roles de los Organismos P�blicos".

El mantenimiento de las empresas p�blicas en manos del Estado y su fortalecimiento "luego de una d�cada de debilitamiento sistem�tico" son elementos imprescindibles de la soberan�a e instrumento esencial para el desarrollo del pa�s productivo con justicia social. Y propone, adem�s, "recuperar las �reas estrat�gicas (�) que se han entregado a empresas transnacionales".

Paralelamente impulsa la modificaci�n de la estructura org�nica de las Empresas P�blicas, "que han quedado vetustas en funci�n de avances tecnol�gicos"; reincorporar a las empresas las "�reas, sectores y funciones" que fueron tercerizados; "pautar un plan de inversiones tanto en sus contenidos como en su secuencia"; consideran clave, adem�s, reformar, entre otros, "la gesti�n de recursos humanos, carrera funcional, concursos, formaci�n profesional, salud ocupacional".

Los trabajadores del Estado, como actores centrales del proceso productivo y del cambio social, reivindican "el derecho a la participaci�n en la toma de decisiones que hacen a la planificaci�n, ejecuci�n y evaluaci�n de los resultados de la gesti�n p�blica y de sus recursos materiales y humanos" y reclaman "un presupuesto participativo con intervenci�n de los trabajadores y la sociedad, con acceso pleno y previo a la informaci�n, como as� a reales �mbitos de decisi�n".

Con respecto a los �mbitos de participaci�n los trabajadores la central pide que "el Acuerdo Marco firmado el 22 de julio de 2005 sea respetado por el gobierno" y "la incorporaci�n de los trabajadores en todos los �mbitos de decisi�n, incluyendo a los Directorios de Entes y Servicios Descentralizados af�n de ser parte de la planificaci�n de las pol�ticas estrat�gicas en dichas �reas". En el marco del proceso de profundizaci�n democr�tica consideran esencial "la consagraci�n de los principios de autonom�a y cogobierno para la ense�anza no universitaria(�) ya que supone junto con el reclamo anterior la generaci�n de espacios concretos de poder popular".

Una de las propuestas m�s concretas realizadas por los trabajadores ha sido la creaci�n de un sistema articulado de compras p�blicas y de fomento productivo que permitir�a racionalizar el sistema de adquisiciones del Estado mejorando su productividad y estimular la producci�n e alta calidad, con lo que el pa�s resolver�a un tema de pol�tica industrial y productiva elevando su competitividad sist�mica, y evitar las relaciones clientel�sticas tradicionales generando elementos para una necesaria reforma del Estado. Esta propuesta fue discutida y apoyada, el a�o pasado, en el marco del Compromiso Nacional, pero al d�a de hoy sigue sin implementarse.

En conclusi�n, hay diferencias reales y objetivas entre el modelo que aplica el equipo econ�mico y el que impulsan los trabajadores, lo cual no ha sido obst�culo para que el PIT-CNT presentara propuestas concretas y viables en los diferentes �mbitos de participaci�n que impuls� el gobierno. Luego del rechazo al TLC con Estados Unidos, la correlaci�n de fuerzas parece haber cambiado. Es de desear que as� sea y que la nueva convocatoria al Compromiso Nacional, en la que se buscar� acordar sobre la transformaci�n del Estado, encuentre un Poder Ejecutivo dispuesto a incorporar y llevar a la pr�ctica aquellas propuestas que apunten a un pa�s productivo, con justicia social y profundizaci�n democr�tica.            

Fuente: lafogata.org

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