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Oaxaca, la pesadilla
Diego Cevallos
IPS
Son gruesos y muchos los expedientes que detallan las violaciones de derechos
humanos cometidas en el estado de Oaxaca, sur de México.
Una revuelta social de más de seis meses, en la que murieron unas 20 personas y
hubo 349 detenidos y 370 heridos, fue aplacada con represión policial y de
grupos armados irregulares.
Todavía permanecen 80 personas detenidas, entre ellas los líderes de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pero la mayoría, que habían sido
encerradas en cárceles de varios estados, están ya libres luego de que el
gobierno estadual, paradójicamente el principal acusado de la represión, pagó
millonarias fianzas con ese fin.
"Si la presión internacional y nacional no estuvieran presentes junto a las
denuncias de grupos humanitarios, la represión hubiera sido mucho más violenta,
y los detenidos se seguirían contando por docenas, de eso no tenemos duda", dijo
a IPS Adrián Ramírez, presidente de la no gubernamental Liga Mexicana por los
Derechos Humanos.
El estado sureño, uno de los más pobres del país, vivió entre junio y noviembre
un alzamiento encabezado por la APPO, un colectivo de más de 350 agrupaciones
sociales. Su principal y fallido objetivo era la renuncia del gobernador
oaxaqueño, Ulises Ruiz, acusado de abusos, corrupción, violencia y
autoritarismo.
El conflicto se inició en mayo con las protestas de profesores locales que
exigían mejores salarios, pero escaló desde junio como respuesta a la represión
policial dispuesta por Ruiz. En octubre, el gobierno del entonces presidente
Vicente Fox despachó miles de policías federales a tomar el control de la
homónima capital de Oaxaca.
A fines de noviembre, hubo duros enfrentamientos entre la policía y los grupos
movilizados. Presuntos activistas incendiaron y destruyeron varios edificios
públicos, lo que desató masivas detenciones, entre ellas de los líderes de la
APPO. Luego, la policía federal tomó el control total de la capital para
entregarla más tarde, y parcialmente, a su par oaxaqueña.
Hoy la situación es de relativa calma. La APPO, que sufrió escisiones en las
últimas semanas, mantiene abiertas negociaciones con el gobierno del presidente
Felipe Calderón, investido el 1 de diciembre, pero el escrutinio nacional e
internacional sobre el problema humanitario no cesa.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos,
integrada por representantes de 30 países, la mayoría europeos, está de visita
en México desde el 18 de diciembre con el propósito de recabar testimonios sobre
Oaxaca y de emitir un informe final.
La misión de esa entidad, a la que el gobierno de Calderón prestó facilidades
para que cumpliera con su tarea, permanecerá en el país hasta fines de enero, y
en fecha aún no precisada emitirá una evaluación que llegará a diferentes foros,
como el Parlamento Europeo, donde México ha sido duramente cuestionado por los
hechos de Oaxaca.
Los análisis e informes divulgados en los últimos meses por grupos humanitarios
mexicanos e internacionales sobre el estado sureño han puesto en el banquillo a
las autoridades estaduales y federales.
Todos los informes indican que las autoridades cometieron múltiples abusos,
detenciones arbitrarias, torturas y ataques a balazos contra los protagonistas
de la revuelta y contra decenas de personas inocentes.
Además, señalan esos documentos, grupos armados irregulares, al parecer al mando
de Ruiz, actuaron con total impunidad contra pobladores que mantenían tomada
gran parte de la ciudad de Oaxaca entre junio y noviembre.
La estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH)
sostuvo en un informe preliminar difundido el 18 que desde junio procesó 1.211
quejas de diferentes personas y organizaciones en Oaxaca.
Los expedientes reunidos hablan de uso indebido de la fuerza pública,
detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños,
lesiones, amenazas y cateos ilegales. En esos actos resultaron muertas 20
personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, según la CNDH, que mantiene desde
junio a un equipo de expertos en Oaxaca.
En sus conclusiones, la entidad afirma que ese distrito "sigue siendo una zona
en la que no existen todavía las condiciones necesarias y suficientes para la
vigencia y observancia de los derechos fundamentales".
La Liga Mexicana por los Derechos Humanos llegó a conclusiones similares en
varias evaluaciones de la crisis.
En una de las últimas, en la que analiza la represión policial de noviembre, la
Liga sostiene que la policía "realizó detenciones arbitrarias, indiscriminadas,
en su mayoría de personas inocentes", que llegaron a 141.
"Desde la detención misma, la mayoría de las personas fueron objeto de golpes y
vejaciones aplicadas como castigo, más allá de maniobras lícitas de sujeción o
sometimiento, puesto que no opusieron resistencia", afirma. "Un número
significativo de personas ha mencionado abusos sexuales, tanto en hombres como
en mujeres, acompañadas con amenazas de violación o mutilación", relata.
"La privación de agua, alimentos, de facilidades para la realización de las
necesidades fisiológicas, las posiciones forzadas, el apilamiento de personas
durante el traslado, no obstante haber lesionados con sangrados evidentes, la
negación de atención médica, acompañada con insultos y amenazas, fue otra
constante", según la Liga.
Además, hubo "trato degradante e indolente del personal (policial) y las
vejaciones en el traslado a los distintos centros penitenciarios y la falta de
certidumbre de la situación jurídica, así como el rapado (corte de cabello a
ras) de las personas, incluso de las mujeres", añade.
Ramírez, director de la entidad, habla de una pesadilla para cientos de personas
víctimas malos tratos policiales y de grupos irregulares. Entre ellas menciona a
colegas de su organización que, según denunció, fueron amenazados y tienen
órdenes de detención.
Las conductas registradas en Oaxaca colocan al Estado al margen del cumplimiento
de las legislaciones nacionales e internacionales y obligan a denunciar "la
existencia de una franca persecución desde los diferentes órganos y funcionarios
de la seguridad del Estado, que pretende criminalizar la protesta popular",
señala la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.
Según varias fuentes, este tipo de prácticas datan en Oaxaca de mucho antes de
que detonara el conflicto. El gobernador Ruiz, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que lleva más de 70 años gobernando Oaxaca sin
interrupciones, es el principal acusado.
Ruiz accedió a su cargo en 2004 tras ganar unas disputadas elecciones en las que
la oposición denunció fraude. Es uno de los militantes del ala más conservadora
del PRI, que gobernó México entre 1929 y 2000.
El gobernador se niega a renunciar. En el Senado, que podría destituirlo, no se
logra conformar la mayoría necesaria para ese propósito. Aunque el apoyo
político a su persona ha ido mermando, tras la represión policial, su régimen
retomó las riendas de Oaxaca, luego de varios meses en los que ni siquiera
despachaba en el distrito.
Amnistía Internacional, con sede en Londres, y Human Rights Watch, basada en
Nueva York, emitieron en los últimos años informes preocupantes por las
constantes violaciones a los derechos humanos de campesinos y líderes sociales
opositores de Oaxaca.
Durante el conflicto, esas organizaciones internacionales también divulgaron que
la protesta social de la APPO era enfrentada por grupos irregulares,
aparentemente enviados por Ruiz, que atacaron con disparos a manifestantes y
activistas, causando la muerte de varios.
Algunas de las denuncias señalaron acciones violentas de los protagonistas de la
protesta, como agresiones a periodistas y a otras personas inocentes, y medidas
de justicia por mano propia contra presuntos delincuentes y policías.
"Oaxaca ha vivido meses aciagos, y lo que esperamos es que la justicia actúe
para sancionar a los responsables de la represión ilegal y que se repare a las
víctimas, pero también que el Estado atienda los graves rezagos sociales y la
pobreza que son el telón de fondo de todo el conflicto", resumió el activista
Ramírez.
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