Latinoam�rica

Diego Cevallos
IPS

Son gruesos y muchos los expedientes que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Oaxaca, sur de M�xico.

Una revuelta social de m�s de seis meses, en la que murieron unas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, fue aplacada con represi�n policial y de grupos armados irregulares.

Todav�a permanecen 80 personas detenidas, entre ellas los l�deres de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pero la mayor�a, que hab�an sido encerradas en c�rceles de varios estados, est�n ya libres luego de que el gobierno estadual, parad�jicamente el principal acusado de la represi�n, pag� millonarias fianzas con ese fin.

"Si la presi�n internacional y nacional no estuvieran presentes junto a las denuncias de grupos humanitarios, la represi�n hubiera sido mucho m�s violenta, y los detenidos se seguir�an contando por docenas, de eso no tenemos duda", dijo a IPS Adri�n Ram�rez, presidente de la no gubernamental Liga Mexicana por los Derechos Humanos.

El estado sure�o, uno de los m�s pobres del pa�s, vivi� entre junio y noviembre un alzamiento encabezado por la APPO, un colectivo de m�s de 350 agrupaciones sociales. Su principal y fallido objetivo era la renuncia del gobernador oaxaque�o, Ulises Ruiz, acusado de abusos, corrupci�n, violencia y autoritarismo.

El conflicto se inici� en mayo con las protestas de profesores locales que exig�an mejores salarios, pero escal� desde junio como respuesta a la represi�n policial dispuesta por Ruiz. En octubre, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox despach� miles de polic�as federales a tomar el control de la hom�nima capital de Oaxaca.

A fines de noviembre, hubo duros enfrentamientos entre la polic�a y los grupos movilizados. Presuntos activistas incendiaron y destruyeron varios edificios p�blicos, lo que desat� masivas detenciones, entre ellas de los l�deres de la APPO. Luego, la polic�a federal tom� el control total de la capital para entregarla m�s tarde, y parcialmente, a su par oaxaque�a.

Hoy la situaci�n es de relativa calma. La APPO, que sufri� escisiones en las �ltimas semanas, mantiene abiertas negociaciones con el gobierno del presidente Felipe Calder�n, investido el 1 de diciembre, pero el escrutinio nacional e internacional sobre el problema humanitario no cesa.

La Comisi�n Civil Internacional de Observaci�n por los Derechos Humanos, integrada por representantes de 30 pa�ses, la mayor�a europeos, est� de visita en M�xico desde el 18 de diciembre con el prop�sito de recabar testimonios sobre Oaxaca y de emitir un informe final.

La misi�n de esa entidad, a la que el gobierno de Calder�n prest� facilidades para que cumpliera con su tarea, permanecer� en el pa�s hasta fines de enero, y en fecha a�n no precisada emitir� una evaluaci�n que llegar� a diferentes foros, como el Parlamento Europeo, donde M�xico ha sido duramente cuestionado por los hechos de Oaxaca.

Los an�lisis e informes divulgados en los �ltimos meses por grupos humanitarios mexicanos e internacionales sobre el estado sure�o han puesto en el banquillo a las autoridades estaduales y federales.

Todos los informes indican que las autoridades cometieron m�ltiples abusos, detenciones arbitrarias, torturas y ataques a balazos contra los protagonistas de la revuelta y contra decenas de personas inocentes.

Adem�s, se�alan esos documentos, grupos armados irregulares, al parecer al mando de Ruiz, actuaron con total impunidad contra pobladores que manten�an tomada gran parte de la ciudad de Oaxaca entre junio y noviembre.

La estatal pero independiente Comisi�n Nacional de Derechos Humanos de M�xico (CNDH) sostuvo en un informe preliminar difundido el 18 que desde junio proces� 1.211 quejas de diferentes personas y organizaciones en Oaxaca.

Los expedientes reunidos hablan de uso indebido de la fuerza p�blica, detenciones arbitrarias, incomunicaci�n, desaparici�n de personas, da�os, lesiones, amenazas y cateos ilegales. En esos actos resultaron muertas 20 personas y hubo 349 detenidos y 370 heridos, seg�n la CNDH, que mantiene desde junio a un equipo de expertos en Oaxaca.

En sus conclusiones, la entidad afirma que ese distrito "sigue siendo una zona en la que no existen todav�a las condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales".

La Liga Mexicana por los Derechos Humanos lleg� a conclusiones similares en varias evaluaciones de la crisis.

En una de las �ltimas, en la que analiza la represi�n policial de noviembre, la Liga sostiene que la polic�a "realiz� detenciones arbitrarias, indiscriminadas, en su mayor�a de personas inocentes", que llegaron a 141.

"Desde la detenci�n misma, la mayor�a de las personas fueron objeto de golpes y vejaciones aplicadas como castigo, m�s all� de maniobras l�citas de sujeci�n o sometimiento, puesto que no opusieron resistencia", afirma. "Un n�mero significativo de personas ha mencionado abusos sexuales, tanto en hombres como en mujeres, acompa�adas con amenazas de violaci�n o mutilaci�n", relata.

"La privaci�n de agua, alimentos, de facilidades para la realizaci�n de las necesidades fisiol�gicas, las posiciones forzadas, el apilamiento de personas durante el traslado, no obstante haber lesionados con sangrados evidentes, la negaci�n de atenci�n m�dica, acompa�ada con insultos y amenazas, fue otra constante", seg�n la Liga.

Adem�s, hubo "trato degradante e indolente del personal (policial) y las vejaciones en el traslado a los distintos centros penitenciarios y la falta de certidumbre de la situaci�n jur�dica, as� como el rapado (corte de cabello a ras) de las personas, incluso de las mujeres", a�ade.

Ram�rez, director de la entidad, habla de una pesadilla para cientos de personas v�ctimas malos tratos policiales y de grupos irregulares. Entre ellas menciona a colegas de su organizaci�n que, seg�n denunci�, fueron amenazados y tienen �rdenes de detenci�n.

Las conductas registradas en Oaxaca colocan al Estado al margen del cumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales y obligan a denunciar "la existencia de una franca persecuci�n desde los diferentes �rganos y funcionarios de la seguridad del Estado, que pretende criminalizar la protesta popular", se�ala la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.

Seg�n varias fuentes, este tipo de pr�cticas datan en Oaxaca de mucho antes de que detonara el conflicto. El gobernador Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lleva m�s de 70 a�os gobernando Oaxaca sin interrupciones, es el principal acusado.

Ruiz accedi� a su cargo en 2004 tras ganar unas disputadas elecciones en las que la oposici�n denunci� fraude. Es uno de los militantes del ala m�s conservadora del PRI, que gobern� M�xico entre 1929 y 2000.

El gobernador se niega a renunciar. En el Senado, que podr�a destituirlo, no se logra conformar la mayor�a necesaria para ese prop�sito. Aunque el apoyo pol�tico a su persona ha ido mermando, tras la represi�n policial, su r�gimen retom� las riendas de Oaxaca, luego de varios meses en los que ni siquiera despachaba en el distrito.

Amnist�a Internacional, con sede en Londres, y Human Rights Watch, basada en Nueva York, emitieron en los �ltimos a�os informes preocupantes por las constantes violaciones a los derechos humanos de campesinos y l�deres sociales opositores de Oaxaca.

Durante el conflicto, esas organizaciones internacionales tambi�n divulgaron que la protesta social de la APPO era enfrentada por grupos irregulares, aparentemente enviados por Ruiz, que atacaron con disparos a manifestantes y activistas, causando la muerte de varios.

Algunas de las denuncias se�alaron acciones violentas de los protagonistas de la protesta, como agresiones a periodistas y a otras personas inocentes, y medidas de justicia por mano propia contra presuntos delincuentes y polic�as.

"Oaxaca ha vivido meses aciagos, y lo que esperamos es que la justicia act�e para sancionar a los responsables de la represi�n ilegal y que se repare a las v�ctimas, pero tambi�n que el Estado atienda los graves rezagos sociales y la pobreza que son el tel�n de fondo de todo el conflicto", resumi� el activista Ram�rez.

http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39725           

Fuente: lafogata.org

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