Guatemala no avanza tras 10 años de paz
El país centroamericano conmemora sumido en el crimen y la miseria el décimo
aniversario del fin del conflicto
José Elías El País
Una indígena pasa frente a una pintada que reclama castigo para el ex
presidente Ríos Montt- REUTERS
El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la comandancia de la
guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron los
acuerdos que ponían fin a 36 años de una guerra civil que se saldó con 250.000
muertos y desaparecidos, y una nación con el tejido social destrozado. Diez años
después, hay avances innegables en materia de libertades políticas, pero en un
contexto de miseria que mantiene al país anclado en el subdesarrollo y con unos
índices de criminalidad (4.680 asesinatos entre enero y noviembre, de acuerdo a
cifras oficiales) que hicieron exclamar al cardenal Rodolfo Quezada Toruño, uno
de los iniciadores del largo proceso de negociaciones, que "ahora muere en
Guatemala más gente que durante la guerra".
Las estadísticas respaldan la apreciación del cardenal. El 49% de los niños
padece de desnutrición crónica. El hambre, también crónica, alcanza al 23% de
los menores de seis años, cifra superior incluso a la de Haití (18%),
considerado el país más pobre del hemisferio. El 57% de la población vive en el
límite de la pobreza (sobrevive con dos euros al día) y de éstos, un 21,9%
sobrevive en condiciones de pobreza extrema (menos de un euro al día), según
datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
A lo anterior hay que sumar la impunidad: de las 626 masacres documentadas por
la Comisión de la Verdad de la ONU, sólo se ha enjuiciado con éxito un caso en
los tribunales, mientras los abogados de los grandes responsables, como el ex
presidente Efraín Ríos Montt, entrampan hasta lo indecible los procesos
iniciados por la Audiencia Nacional española para evitar que sean juzgados. Una
comisión de Naciones Unidas que en septiembre visitó Guatemala pudo comprobar
que, de las 45.000 denuncias de desapariciones forzadas atribuidas a las fuerzas
de seguridad durante el conflicto armado, "no se ha investigado ninguna".
El informe Seguridad y justicia en tiempos de paz, de la oficina del defensor
del Pueblo, Sergio Morales, señala a la violencia y la impunidad como las dos
anclas que evitan el desarrollo del país y denuncia un tercer elemento
preocupante: el retroceso en el fortalecimiento del poder civil, palpable en la
incorporación del Ejército en tareas relacionadas con la seguridad interna y la
creciente presencia de militares en los mandos altos y medios de la Policía
Nacional Civil, extremo que contradice abiertamente la letra y espíritu de los
Acuerdos de Paz.
Así las cosas, pareciera que los guatemaltecos tienen muy poco que celebrar en
esta fecha. Pero no todo es negativo. Para Gustavo Porras, calificado por la
desaparecida revista Crónica como "un cerebro de izquierdas en un Gobierno de
derechas", que de secretario privado de la Presidencia de Álvaro Arzú pasó a
dirigir la comisión gubernamental que negoció la paz, "el fin de la violencia
política ha permitido un desarrollo de una cultura de paz, de mayor tolerancia
(?) que ha repercutido en la nueva posición de Guatemala en el concierto
internacional y que se refleja en acciones como la participación de nuestro
Ejército en misiones de paz de la ONU en otros países". Porras aboga porque se
alcance una tasa tributaria del 12%, para que el Estado pueda tener los recursos
necesarios para atender sus deficiencias en materias como la salud o la
educación, materias en las cuales Guatemala es la nación de Centroamérica que
menos invierte.
Ricardo Rosales Román, el comandante Carlos González de la URNG, señala que la
paz sólo se alcanzará cuando la sociedad guatemalteca asuma el espíritu de los
acuerdos que pusieron fin al enfrentamiento. "Nuestro gran desafío", puntualiza,
"es la construcción de una nueva nación, multiétnica, pluricultural y
multilingüe, dentro de la unidad del Estado (?) que presupone la transformación
radical del obsoleto, caduco y agotado sistema imperante".
Una de las representantes del Gobierno Arzú en las negociaciones, Raquel Zelaya,
puntualiza, al analizar los retrasos y fracasos de los últimos 10 años, que "la
paz no soluciona los problemas por decreto". Zelaya apunta la necesidad de hacer
conciencia entre los guatemaltecos de que "vencer los problemas de exclusión,
discriminación y falta de oportunidades, es tarea de la sociedad en su
conjunto". El camino por recorrer se visualiza largo y arduo. La intransigencia
heredada de regímenes militares fascistoides ha dejado su impronta en los
guatemaltecos. A título de anécdota, el ex presidente Arzú, ganador del premio
Príncipe de Asturias a la Concordia, precisamente por firmar la paz con la
guerrilla, se ha negado a asistir a los actos oficiales por diferencias
personales con el actual mandatario, Óscar Berger, y ha organizado una
celebración paralela frente al Ayuntamiento capitalino. Un gesto que dice mucho.
