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Política y negocios: del neoliberalismo a la corrupción
Mauricio Amar
Rebelión
A raíz de la polémica desatada por la compra de acciones de LAN con información
privilegiada, por parte del ex candidato presidencial Sebastián Piñera, se ha
abierto un debate nacional en torno a la compatibilidad existente entre el
ejercicio de la política y la labor empresarial.
Para Chile este es un tema controversial por cuanto la figura del "emprendedor"
ha sido considerada el modelo ideal a seguir. Desde que se agudizó la aplicación
de políticas económicas de tipo neoliberal en la década de los ochenta, la
figura del "empresario exitoso" ha sido explotada como un referente para la
sociedad. Sin embargo, la vinculación de los empresarios con la política ha sido
cuestionada en más de una ocasión, principalmente por temor al uso que pueden
hacer de información privilegiada o anticipada, es decir, competir en un plano
desigual con el resto del sector empresarial y al mismo tiempo aumentar sus
recursos personales con la utilización de datos que otros no poseen.
La situación del ex candidato presidencial ha generado diversas opiniones en el
ámbito de la política, fundamentalmente por su relevancia como figura en este
ámbito. Existen críticas y defensas provenientes de su propio sector, la
derecha, así como también de la Concertación, coalición a la cual Piñera ha
acusado de persecución política.
Esta disputa se enmarca en una discusión más amplia en la que caben las
acusaciones de corrupción en organismos del Estado y la contratación y pago de
facturas a empresas inexistentes (caso en que Sebastián Piñera también se vio
inmiscuido), sin embargo aquí la acotaremos a la relación entre el ejercicio de
la política y de la actividad empresarial.
1. Uso de información privilegiada: tipificación del delito
La utilización de información privilegiada es un delito tipificado en la Ley Nº
18.045 del Mercado de Valores que en su Artículo 164 establece que "Para los
efectos de esta ley, se entiende por información privilegiada cualquier
información referida a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a uno
o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo
conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los
valores emitidos, como asimismo, la información reservada a que se refiere el
artículo 10 de esta ley. También se entenderá por información privilegiada, la
que se tiene de las operaciones de adquisición o enajenación a realizar por un
inversionista institucional en el mercado de valores" . Aquí se incluyen los
directores de sociedades anónimas.
Así mismo, en el Artículo 165, la Ley dicta que "Cualquier persona que en razón
de su cargo, posición, actividad o relación tenga acceso a información
privilegiada, deberá guardar estricta reserva y no podrá utilizarla en beneficio
propio o ajeno, ni adquirir para sí o para terceros, directa o indirectamente,
los valores sobre los cuales posea información privilegiada". La pena
establecida a la violación de esta norma está establecida en el Artículo 60 de
la misma Ley y es de Presidio Menor en cualquiera de sus grados, es decir de 61
días a 5 años.
Por otra parte, la Ley Orgánica establece que Las sociedades anónimas sujetas a
la fiscalización de la Superintendencia que incurrieren en infracciones a las
leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las rijan, o en incumplimiento
de las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia, podrán ser
objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas
específicamente en otros cuerpos legales o reglamentarios, de una multa a
beneficio fiscal, hasta por un monto global por sociedad equivalente a 15.000
unidades de fomento. En el caso de tratarse de infracciones reiteradas de la
misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta tres veces el monto máximo
antes expresado .
2. Las acusaciones contra Sebastián Piñera
Los reparos respecto a la participación de Sebastián Piñera en dos frentes, el
político y el empresarial, fueron puestos sobre la mesa por primera vez en la
campaña presidencial de 2005 y 2006. Ahora, a un año de las elecciones, la
Superintendencia de Valores y Seguros ha iniciado acciones legales contra el
dirigente de Renovación Nacional (RN) por comprar, el día 24 de julio de 2006,
en 18 millones de dólares (cerca de diez mil millones de pesos) tres millones de
acciones de la empresa LAN (lo que representa el 0,9407% de la propiedad total
de la empresa), el mismo día en que el directorio aprobó un balance que
informaba que las utilidades llegaban al 31%, información que fue publicada
recién un día después. Desde ese día Sebastián Piñera es dueño del 27% de las
acciones de la aerolínea, habiendo realizado un pacto para controlarla con
Enrique Cueto, quien también compró acciones de LAN el mismo día .
Frente a esta situación, la reacción de la comunidad política ha sido diversa.
Dentro de la misma Alianza Por Chile, coalición a la que pertenece el partido de
Piñera, el Senador Jovino Novoa ha afirmado que el caso introduce conflictos al
interior de la oposición: "el problema es que se generan conflictos políticos y
es algo que le causa daño a él y a la Alianza" . De la misma manera, Hernan
Larraín ha declarado que "cuando Piñera concrete su opción como candidato
presidencial, me parece que en ese minuto tiene que dejar de lado su actividad
en el ámbito de los negocios" . Nos encontramos así frente a dos visiones
distintas provenientes de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Por una parte,
la posición de Novoa hace hincapié en la estabilidad de la Alianza, la imagen de
probidad que deben salvaguardar los políticos y la necesidad de aclarar un caso
que apunta a la deshonra del político. Mientras la posición de Larraín tiende a
plantear el que para muchos es el problema de fondo: la relación entre el rol de
empresario y el de político. El planteamiento de este dilema es bastante
novedoso ya que la derecha chilena ha sido creada a partir de la base
empresarial y no sólo es de ahí de donde proviene su mayor respaldo electoral,
sino también su mundo de referencia política.
En su propio partido, las reacciones han sido tendientes a defender a Piñera y
enfocan la discusión hacia la persecución política. El vicepresidente de RN,
Claudio Eguiluz, acusó al titular de la SVS, Alberto Etchegaray, de haber
realizado trabajos para la Concertación y haber financiado sus estudios con
dineros de gobiernos oficialistas , poniendo de esa manera en duda la validez de
las acusaciones contra Piñera. Uno podría entender que la concertación le ha
estado buscando heridas a Piñera para deslegitimarlo como futuro candidato a la
presidencia y en ese sentido se entendería el planteamiento de Eguiluz, sin
embargo ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que Piñera haya cometido un
delito que no está tipificado por Etchegaray sino por la ley?
En respuesta a Eguiluz, Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista (PS)
ha declarado que "Esta decisión de la SVS, desde nuestro punto de vista,
resguarda el interés del país (…) no puede ser que cuando Piñera es afectado hay
persecución política y cuando no es una figura de derecha y son figuras de
Gobierno entonces no hay persecución política" . Lamentablemente la propia
concertación ha sido acusada en numerosas oportunidades de corrupción y es
evidente que cuando se trata de castigar a la oposición los dardos se lanzan con
más fuerza, sin embargo, en esta ocación Escalona ha tenido buena puntería pues
la batalla que defiende se da en el mundo de la legalidad y no en la política.
Aún cuando Piñera no desempeña cargo político alguno, los líderes de la
Concertación le han pedido que se defina, bien como empresario, o bien como
político. A este respecto Sergio Bitar, presidente del Partido por la Democracia
(PPD) ha dicho que "hay que tener cuidado con la hipocresía, ¿algún chileno
puede pensar de que una persona que fue candidato presidencial y que actúa como
candidato presidencial no está haciendo política?" Nuevamente, Bitar, desde el
sector oficialista introduce la discusión sobre la relación empresario-político.
Esta es una cuestión que no podrá ser resuelta en el corto plazo, principalmente
porque en el congreso hay varios parlamentarios que son empresarios, y no
existen iniciativas tendientes a demostrar incompatibilidad entre ambos roles.
Entonces, al parecer el verdadero problema no es la dualidad de roles
(empresario-político) sino más bien la posibilidad de utilizar el capital
político para fines económicos. Sin embargo, no se ha demostrado que Sebastián
Piñera haya utilizado su influencia política para conseguir información
privilegiada. Mas bien es su posición de accionista mayoritario de LAN la que le
pudo haber servido de plataforma para acceder a la información, lo que significa
que en estricto rigor Piñera utilizó recursos del ámbito privado para acceder a
beneficios en el mismo ámbito.
3. ¿Se puede hablar de persecución política?
Para Sebastián Piñera, el gobierno ha realizado una persecución política en su
contra con el fin de sacarlo del mundo político, deslegitimando su honra. Este
discurso estaría avalado por la coincidencia cronológica entre esta acusación en
su contra y los casos de corrupción descubiertos en organismos del gobierno, al
mismo tiempo que la última encuesta publicada por el Centro de Estudios Públicos
(CEP) lo ubicó como "el personaje mejor evaluado de la oposición" y la realizada
por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) lo colocaba como
"el político con más futuro". Este discurso es absolutamente válido siempre y
cuando Piñera pueda demostrar su inocencia, pues en caso de ser declarado
culpable, se consideraría que el argumento de la defensa encubre un hecho
delictual.
Piñera ha declarado "tengo todo el derecho del mundo a ejercer diferentes
labores, ya que no ocupo ningún cargo público (…) el gobierno sigue haciendo uso
y abuso de las instituciones públicas con fines electorales y todavía no aprende
la lección" . Como vemos, en su defensa también establece la incompatibilidad
entre el cargo de político (en desempeño de cargo público) y empresario. Sin
embargo, el problema no debiera ser aquello sino la utilización de información
privilegiada, que está estipulada como delito.
Para Carlos Maqueira, académico de la Escuela de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, no se ha producido persecución política, puesto que "uno
no puede decir que es la primera vez que la superintendencia aplica un artículo
como este a un inversionista", y coloca como ejemplo otra situación en la que
Piñera aparecía precisamente en el caso contrario. En el llamado "caso chispas",
cuando Piñera era Senador de la República, actuó en defensa de sus intereses
como accionista minoritario de la compañía Enersis contra José Yuraszeck, quien
finalmente tuvo que pagar una millonaria multa . En aquella ocasión Andrés
Allamand hizo ver una incompatibilidad entre el rol de político y el de
empresario.
4. Negocios y política
Evidentemente todos los opinantes en el "caso Piñera" se ven obligados a
proponer el tema de la compatibilidad entre el rol de empresario y el de
político. Para el sociólogo Manuel Antonio Carretón "en el mundo cada vez hay
más conciencia respecto de la necesidad de poner barreras entre los negocios y
la política. Más allá de lo que digan las leyes, se trata de que ninguna
actividad económica interfiera en la conducción política del país (…) las
personas que han ocupado cargos políticos no deberían tener, sino después de un
período largo, acceso a directorios de corporaciones empresariales. De no ser
así, lo que se hace es un traspaso de poder e influencia desde una esfera a
otra. No se sabe si está hablando con el empresario o con el ex ministro" . De
aquí podemos desprender la idea de que la incompatibilidad existente entre los
roles descritos pasa por el lazo permanente y efectivo que existe entre las
esfera política y la económica, de manera que un cargo político puede servir
para actuar en el campo de la economía.
Si pensamos el caso a la inversa, es evidente que los intereses económicos
influyen en las decisiones políticas y tal cosa se acepta como legal aún cuando
el mundo privado influya sobre lo público y muchos parlamentarios participan del
mundo privado. También, desde lo público se puede controlar el accionar de los
privados, con mayor o menor cantidad de regulaciones. Por ello es que la
discusión no puede ni debe centrarse en una supuesta dicotomía antagónica entre
roles sino más bien en una diferenciación mucho más básica: lo legal e ilegal.
Entonces, ¿es ilegal que un político desee influir en el mundo privado? No. ¿Es
ilegal que se utilice la influencia política para lograr cambios en la esfera
privada? No. ¿Es ilegal que un político utilice su influencia en ámbito privado
para lograr cambios en el mismo mundo, que le traerán beneficios personales? No.
Lo ilegal es utilizar información que otros no poseen o que poseerán después,
cuando sea demasiado tarde, ya sea por algún cargo político, por influencia en
el campo de la política, o bien, según la SVS operando en el propio ámbito
privado sin tener contacto con el de la política.
Aún cuando la acción de Piñera puede haberse enmarcado solamente en una relación
entre privados, "la población tiene claro que él es un empresario y además un
político y, hasta ahora, no ha sido castigado por este doble rol" . Huneeus
piensa que situaciones difusas como la del caso LAN pueden afectar el futuro
político de Piñera y mermar su credibilidad. En efecto, en las últimas
elecciones presidenciales Piñera óbtuvo una cantidad de votos importante a
sabiendas de su "doble militancia". Lo que la población podría castigar no es
aquello, sino la falta de probidad y el engaño, puesto que finalmente existen
muchos políticos que participan del mundo privado y el modelo de "empresario
exitoso" es parte del imaginario colectivo y se valora positivamente a pesar de
que esta sea precisamente la causa de las grandes desigualdades que ha generado
el sistema en Chile: la vinculación permanente entre el poder empresarial y las
decisiones políticas.
El autor es Sociólogo de la Universidad de Chile
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