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Objeción de conciencia: insumisos y objetores
Arnaldo Pérez Guerra
Punto Final
El servicio militar sigue siendo obligatorio. Varios proyectos de ley han
intentado aprobar la Objeción de Conciencia (OC) y un servicio civil
alternativo. El primero fue el Proyecto Montes, de 1992; luego, el Proyecto
Naranjo, de 1996. Ambos terminaron archivados. Se expresó la necesidad de
modernizar el Servicio Militar obligatorio (SMO), sin embargo, la Ley 20.045
-aprobada el 2005-, no introdujo la Objeción de Conciencia, sólo excluyó de la
carga del SMO a los hijos de víctimas de violaciones a los derechos humanos
Insumisos y objetores
El servicio militar sigue siendo obligatorio. Varios proyectos de ley han
intentado aprobar la Objeción de Conciencia (OC) y un servicio civil
alternativo. El primero fue el Proyecto Montes, de 1992; luego, el Proyecto
Naranjo, de 1996. Ambos terminaron archivados. Se expresó la necesidad de
modernizar el Servicio Militar obligatorio (SMO), sin embargo, la Ley 20.045
-aprobada el 2005-, no introdujo la Objeción de Conciencia, sólo excluyó de la
carga del SMO a los hijos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. El
"Programa de Gobierno 2006-2010" de Michelle Bachelet, prometió aprobar la
Objeción de Conciencia y un Servicio Ciudadano Alternativo, además de transitar
hacia un "Servicio Militar completamente voluntario". Incluso, se incluyó en el
"Plan 100 días" del gobierno. En junio de 2006, al límite del cumplimiento de la
fecha, dos proyectos fueron presentados al Congreso: el Proyecto Leal y otro de
gobierno.
La actual ley de SMO fue promulgada con premura, en mayo de 2005, tras lo
ocurrido en Antuco. La "voluntariedad" ha sido un fracaso. El porcentaje de
"voluntarios" no alcanza al 17 por ciento del total de inscritos, unos 19.000 de
145.000. La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) y el ministerio de
Defensa siguen publicitando al SMO como la solución a los problemas sociales de
los jóvenes.
El reconocimiento a la OC que presentan ambos proyectos se verá restringido por
el sistema de reclutamiento. No se podrá ejercer precisamente en "caso de
guerra". Quien declare su objeción de conciencia deberá presentar "pruebas". No
se podrá apelar de la decisión. Además, el servicio ciudadano alternativo será
una carga obligatoria para quienes se declaren objetores. Todo lo anterior es
visto por quienes se declaran insumisos como claramente discriminatorio, pues
quienes actualmente no cumplen el SMO y no son objetores no tienen ninguna
obligación de prestar servicio alguno. "Se entregará más poder y financiamiento
a las FFAA. El servicio alternativo quedará en manos del ministerio de Defensa.
Se castiga a quienes se declaren objetores pues deberán pagar a un notario para
declararse como tales. La ley obligará a los objetores a realizar un servicio
ciudadano de 'beneficio comunitario' y que 'aporte al objetivo de la Defensa
Nacional', es decir, habrá objetores como parte 'civil' de las 'fuerzas de paz'
chilenas en el marco de la ONU y la OEA -hoy presentes en Haití, Croacia,
Bosnia, Timor, Irak y Chipre-, y objetores realizando 'trabajo gratuito' en ONGs
e instituciones de beneficencia, como si fueran 'imputados' con 'penas
alternativas de beneficio a la comunidad'. Todo el proceso estará bajo el
arbitrio del ministerio de Defensa. Habrá incrementos 'civiles' en las partidas
presupuestarias de Defensa. Las ONGs recibirán recursos provenientes del
ministerio de Defensa y personal gratuito y obligado", advierte Patricio
Carballo, de Ni Casco ni Uniforme.
Un derecho
"El Estado chileno debe reconocer este derecho humano. De lo contrario, los
objetores quedarán al margen de la ley, sin tener un marco jurídico que los
proteja de cualquier agresión o disposición de las instituciones. Si el Estado
actúa en desmedro de los objetores, será considerada por los organismos
internacionales como una violación de los derechos humanos", dice Luis Venegas,
coordinador de la Red Chilena de Objeción de Conciencia (ROC-Chile), que
integran la sección chilena de Amnistía Internacional, la Agrupación de
Educación para la Paz (Paz y Acción), el Centro Ecuménico Diego de Medellín (Cedm),
la Comunidad Papa Juan XXIII, la Corporación de Derechos Ciudadanos (Seal), la
Confraternidad Cristiana de Iglesias (CCI), la Corporación de Defensa de los
Derechos del Pueblo (Codepu), la Corporación chilena Pro Derechos Juveniles (Codeju),
la Corporación Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Justicia Paz y Ecología (Conferre),
la Pastoral Juvenil de la Iglesia Evangélica Luterana, la Vicaría Pastoral
Social y la Vicaría Pastoral de los Trabajadores del Arzobispado de Santiago.
En el Congreso ya comenzó la discusión. Ambos proyectos establecen que en
tiempos de guerra el derecho a objetar "no puede ser reclamado", desconociendo
que la objeción en conciencia, al ser un derecho humano, no puede restringirse.
Otro punto negro es que el servicio ciudadano estará a cargo del ministerio de
Defensa. Algunos grupos de objetores plantean que un ente autónomo se encargue,
que sea voluntario y se pueda realizar en organizaciones sociales.
"Las autoridades debieran reconocer de inmediato este derecho humano, decenas de
miles de jóvenes son obligados a realizar el SMO sin la garantía de este
derecho", dice Luis Venegas. Ambos proyectos no tienen urgencia: "Sería una
señal concordante con la importancia que se les dio a las 36 primeras medidas
que el gobierno propuso para los cien primeros días de gobierno, que se les
diera urgencia. La propuesta 34 es crear un servicio alternativo al militar y
reconocer la objeción de conciencia", agrega.
El proyecto de gobierno propone que se exima del SMO "a los varones
pertenecientes a la Base de Conscripción que invoquen fundadamente convicciones
éticas, religiosas, filosóficas o humanitarias que les impidan, en conciencia,
su realización. A cambio, podrán realizar un Servicio Ciudadano Alternativo, que
puede durar hasta dos años, donde realizarán prestaciones que beneficien a la
comunidad y contribuyan al logro de los objetivos de la Defensa Nacional (…) en
territorio nacional o el extranjero, mediante la participación en programas de
cooperación internacional y operaciones de paz". Los objetores no están de
acuerdo.
A fines de octubre, les recibió el ministro de Interior, Belisario Velasco. "El
reconoció que era legítima la iniciativa de los objetores de rechazar el
servicio militar, pues se apela a un derecho humano reconocido en muchos lugares
del mundo. Le exigimos al gobierno ponerle urgencia al proyecto de ley que envió
al Congreso en junio, que reconoce la objeción como principio válido para
rechazar el SMO y crea un Servicio Ciudadano. Es un avance aunque no estamos
plenamente de acuerdo", dice Venegas.
Sin concretar
El servicio militar -instituido hace más de un siglo- continúa siendo
obligatorio. Incluso más que antes, pues actualmente todos los jóvenes quedan
automáticamente inscritos. A pesar de las expectativas del gobierno de llenar
los cupos con quiénes acudieran "voluntariamente" a cumplir con la
obligatoriedad, no se logró. Para completar el contingente se realizó un "sorteo
público", estipulado en la nueva ley, con los nacidos en 1988. "El proyecto que
introduce la objeción, sin urgencia, podría estar archivado en el Congreso por
años. Hay cosas que debieran replantearse. No puede ser que se establezca que
durante estados de guerra o asamblea la objeción no pueda ser reclamada como
derecho. Precisamente rechazamos la guerra porque no la consideramos válida para
la resolución de conflictos. Además, hablamos de un derecho que no puede ser
restringido o suspendido", dice Luis Venegas.
Por más de una década diversas organizaciones han luchado por el reconocimiento
del derecho a la OC, recurriendo incluso a tribunales. "Se han presentado
recursos de protección. Pero en la práctica eran declarados inadmisibles. El
2003, se admitió uno a tramitación y eso nos permitió esgrimir nuestros
argumentos ante la Corte. En definitiva, el recurso fue rechazado, sin embargo,
los argumentos expuestos por el ministro redactor Carlos Cerda, dejan en
evidencia la necesidad de adecuar la legislación al ordenamiento jurídico
internacional, recomendación que ha hecho en oportunidades anteriores la
Asamblea de las Naciones Unidas a los estados que aún consagran el servicio
militar como obligatorio", dice la abogada Alejandra Arriaza, de Seal.
El 10 de noviembre terminó el plazo para que los llamados al SMO presentaran
"pruebas" frente a la Comisión Especial de Acreditación creada por el nuevo
sistema. La comisión evalúa sus antecedentes y decide si acepta o no los
argumentos para "objetar". Actualmente, todos los jóvenes están automáticamente
inscritos. Aunque la OC ha sido reconocida por el derecho internacional y por
decenas de países, Chile aún no lo integra a su legislación, aunque Naciones
Unidas se lo ha recomendado a los gobiernos. Si se empeña en no reconocer el
derecho, los objetores podrán solicitar asilo para resguardarse de cualquier
acción que emprenda el Estado en su contra. Tendrían la condición de refugiados
políticos de la ACNUR. "Ya se está conversando con varias embajadas que
eventualmente podrían prestar asilo a los objetores", dice Venegas.
ROC-Chile trabajó para que se reconociera el derecho a la OC y, a pesar de haber
logrado que se discutiera el 2005 en el Congreso, siendo aprobado por la Cámara
de Diputados, se frustró en el Senado. No hubo mayoría. No se incluyó en la Ley
de Modernización del SMO. El propio ministro de Defensa de entonces, Jaime
Ravinet (DC), declaró que "se quedaba en deuda con los objetores".
En junio, el diputado Antonio Leal, presidente de la Cámara, junto a otros
parlamentarios, presentó un proyecto que reconoce en parte la OC. "Valoramos que
el gobierno de Bachelet se haya comprometido a legislar y que se hable de un
Servicio Social Ciudadano Alternativo (SSCA). En las 36 medidas que el gobierno
debería llevar a cabo en sus primeros cien días decía: 'Crearemos un programa de
Servicio Ciudadano como alternativa al servicio militar obligatorio. Este
programa generará un espacio de interacción de jóvenes de distinto origen social
y aporte servicios sociales de alto impacto a la comunidad'. Pero aún no se
concreta. La objeción debe ser garantizada como un derecho del individuo y no
como mera causal de exclusión de una obligación jurídica. El SSCA no puede
prescindir del reconocimiento del derecho a la objeción", dice Luis Venegas.
Cultura militarista
La Plataforma Amplia por el Fin del Servicio Militar está integrada por
organizaciones de objetores como Ni Casco Ni Uniforme, Rompiendo Filas (Temuco),
Gampoc (Concepción), Re/Evolución (Linares), Insumisos (Rancagua), Colectivo
Ideácrata, Corriente Revolucionaria Anarquista (CRA), la CGT y Feministas
Jóvenes, entre otras. "Creemos que sólo el ejercicio real de la objeción de
conciencia asegura su reconocimiento social. Seguiremos insistiendo en la
insumisión e iremos a dejar una corona de flores a la tumba moral de quienes han
propiciado tamaños monstruos de los derechos humanos como son estas propuestas
de ley", dice Carballo.
Demandan el reconocimiento pleno y sin exigencias del derecho de OC y luchan por
el fin del servicio militar y del militarismo. Llaman a la insumisión y a la
deserción de las filas castrenses. Oscar Huenchunao, mapuche y periodista, es
miembro de Ni Casco Ni Uniforme y del Comité Ejecutivo de la Internacional de
Resistentes a la Guerra (WRI, por sus siglas en inglés), que promueven la acción
contra la guerra.
WRI agrupa a más de 70 organizaciones en 35 países. Ni Casco ni Uniforme
participa de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Antimilitarismo y
Objeción de Conciencia (Claoc), que agrupa a organizaciones de objetores y
derechos humanos de Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia y
Argentina, entre otros. Muchos estados garantizan a los indígenas el no realizar
el servicio militar en respeto a sus culturas. "La principal finalidad del SMO
es el adoctrinamiento ideológico. El nacionalismo chileno claramente es una
ideología", advierte Huenchunao. "La muerte de conscriptos no es un accidente,
sino una constante en el SMO. Es una lástima que los mass media y la prensa en
general tengan que esperar una tragedia para lanzar a la palestra el SMO.
¿Cuántos jóvenes más tienen que morir para que el SMO se derogue? El término
'malos tratos' es ambiguo. Durante la investigación del caso Soto Tapia, muchos
periodistas preguntaron a los conscriptos si recibían malos tratos. Las
respuestas en su mayoría eran negativas. Sorprendió pues contrastaba con sus
averiguaciones. Decidieron cambiar el enfoque y preguntaron si en el regimiento
les pegaban. 'Ah... si po', eso si', fue la respuesta. Eso nos habla de una
cultura donde el concepto de maltrato es ambiguo. Una cultura machista. En los
regimientos hay una serie de prácticas que atentan contra la integridad física y
psíquica, que buscan quebrar la personalidad e individualidad. Conductas al filo
de lo que se considera tortura", dice.
En Chile, hay un promedio de una muerte al mes en el SMO. La inmensa mayoría de
los reclutas son de extracción pobre. Un rasgo clasista más de nuestra sociedad.
Los jóvenes ABC1 simplemente no "cumplen" con el SMO, pues quienes no se eximen
recurriendo a contactos familiares, ingresan a Escuelas de Oficiales y al
Batallón Germania. ¿Podemos seguir pensando que el servicio militar hace hombres
a nuestros jóvenes por medio de la fuerza bruta y la violencia?
Ni Casco Ni Uniforme realiza un trabajo de promoción, difusión y práctica del
derecho de OC y de métodos de acción directa no violenta (ADNV), desde una
perspectiva antimilitarista. "La objeción de conciencia es un derecho humano,
derivado de la libertad de conciencia y pensamiento, que consiste en la negativa
a realizar acciones o cumplir con obligaciones legales que atenten o vayan en
contra de nuestra conciencia, por razones religiosas, filosóficas, políticas,
etcétera. Conlleva una práctica que va más allá del ámbito estricto del servicio
militar, pero por la naturaleza de éste ha sido el frente más polémico. No
proponemos ningún servicio alternativo porque estamos en contra del Servicio
Militar como institución. La finalidad del SMO nunca ha sido el servicio a la
comunidad. Su fin es la instrucción militar y hoy el adoctrinamiento ideológico.
El peso de la cultura militarista se manifiesta claramente, pues a pesar de que
el Estado es parte y ha ratificado tratados internacionales que incluyen la
objeción de conciencia, no se ha regulado en nuestra legislación la práctica
este derecho", dice Huenchunao. Incluso los hijos de detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos, que no están obligados a la conscripción como parte de la
Ley de Reparación (Ley 19.123), quedan "en calidad de disponibles".
"Cuando se habla quienes hacen el servicio 'voluntariamente', no sólo se
desconocen aspectos sociales como la falta de oportunidades, la pobreza que
caracteriza a los conscriptos, sino también culturales como el peso del discurso
militarista. Lo vemos en la TV y los medios de comunicación, en el sistema
educacional, en algunos historiadores, en los juguetes bélicos, etcétera. No es
una 'voluntariedad' espontánea, es también producto de una industria cultural
militarista y enamorada de la violencia", agrega.
Según la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), la "voluntariedad"
ha ido aumentando y representaría a un 70 por ciento del total del contingente
enrolado en el Ejército. Cifras que constituirían la mejor prueba de que los
incentivos otorgados están cumpliendo el objetivo de "atraer a los jóvenes hacia
su deber". Pero las cifras no toman en cuenta factores que fuerzan el
reclutamiento: alta tasa de desocupación juvenil, elevados índices de pobreza
que caracterizan a las familias de gran parte de los conscriptos "voluntarios".
Muchos jóvenes de humildes familias ven en el SMO el inicio de una "carrera
militar" y la puerta para aprender "un oficio" para desempeñarse en el
excluyente mercado laboral. Su ingreso al último escalafón de las Fuerzas
Armadas se transforma en la única alternativa de ingresos para muchas familias
de la extrema pobreza. ¿Es posible hablar entonces de voluntarios si es la
miseria y marginación quien finalmente los obliga? Además, el SMO los "educa" en
valores militaristas, marcados por ideas como la jerarquización, la vida
militar, la obediencia ciega, el machismo, el racismo, el autoritarismo, la
discriminación y la criminalización de los movimientos sociales. El SMO
restringe la libertad personal y las libertades públicas erigiéndose como una
moderna servidumbre que impone obligaciones por encima y en contra de las
convicciones y derechos ciudadanos. Actualmente ni siquiera cumple con las
necesidades de la llamada Defensa Nacional. "Es una obligación que se quiere
imponer per se, por razones ideológicas y para mantener un ámbito de injerencia
de las FFAA en la vida cívica", concluye Oscar Huenchunao.
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