Mário Augusto Jakobskind
Brecha

Milicias, paramilitares, escuadrones de la muerte, no son nombres desconocidos en el vocabulario político-social brasileño, aunque se los imaginaba en desuso en plena democracia. Durante la dictadura militar (1964-85) fueron formas de acción impulsadas desde arriba, pero ahora volvieron a ocupar las primeras planas a raíz del recrudecimiento de la violencia urbana en Rio de Janeiro.

Casi cien favelas han sido ocupadas por milicias integradas por paramilitares que enfrentan a los narcotraficantes y reciben el apoyo de políticos, empresarios y autoridades electas, aunque éstas apelan a un doble discurso para evitar críticas y hasta posibles acciones judiciales por apoyar a grupos ilegales. Es el caso del alcalde de Rio, César Maia, del Partido del Frente Liberal, que en un blog escribió un largo artículo intentando explicar y justificar el nacimiento de los paramilitares, aunque no deja de reconocer, tímidamente, que el Estado debería ser el encargado de combatir a los narcos. Maia compara al crimen organizado en Rio con el accionar de las FARC en Colombia.

Un diputado estatal en la asamblea legislativa de Rio, conocido como "Sivuca", ex policía, enarbola como lema de sus campañas electorales que "el buen bandido es el bandido muerto". Sivuca cuenta con seguidores en la comunidad Orkut Sem Lei, de Internet, frecuentada por unos 40 mil internautas radicales de clase media, que defienden los asesinatos de delincuentes, estimulan linchamientos, ejecuciones y que la propia población enfrente a los delincuentes haciendo justicia por mano propia o formando grupos de exterminio.

El estudiante Alejandro Pattacini Júnior, de 20 años, de la comunidad internauta Campanha Linchamento já, es un buen ejemplo del pensamiento de este sector: "Estoy juntando amigos para limpiar Lagoa* de aquellos que ensucian la imagen de nuestra ciudad maravillosa. Mi propuesta es formar grupos de linchamiento de ladrones en diversos barrios de Rio. Ya que la policía no agarra a los ladrones, vamos a acabar con esa raza". Victor Sbisa, participante de comunidades como Rachas e Pegas, no esconde sus prioridades: "Luego de visitar algunas páginas de Orkut me asquearon las escenas que vivimos hoy en Brasil. ¡Pido que apoyen el retorno del Escuadrón de la Muerte!".

En los hechos, los escuadrones continúan actuando, no sólo en Rio sino también en San Pablo y Vitoria, capital de Espíritu Santo. El apoyo explícito a los escuadrones por los internautas de la comunidad Orkut fue denunciado por la Agencia Reporter Social (www.reportersocial.com.br) y mereció comentarios de abogados en el sentido de que "hacer apología de la violencia es un crimen previsto en el Código Penal". La sensación de anonimato que otorga Internet parece haber incentivado sus llamamientos a la barbarie.

Las milicias que actúan en las favelas cuentan con apoyos mucho más efectivos y directos, entre los que se encuentran jefes policiales como la inspectora Marina Magessi, recién electa diputada federal por Rio de Janeiro. Magessi, miembro del Partido Popular Socialista, formado por ex comunistas, defiende abiertamente las milicias porque están terminando con el narcotráfico en las favelas. Las justifica como parte de una "reacción social" y, al igual que el alcalde Cesar Maia, reconoce que la ausencia del Estado en las áreas pobres es el principal motivo de la aparición de los "justicieros".

Las milicias paramilitares están integradas por policías, civiles, militares, ex policías y una red de informantes. Cobran "impuestos" para hacer una tarea que le corresponde al Estado. Los habitantes de las favelas viven una situación sobrecogedora: si no pagan a los "justicieros" pueden sufrir represalias, de la misma manera que las sufren a manos de los narcos si no aceptan sus "reglas de juego" dictadas por el comercio ilegal de drogas.

En los hechos, las milicias ocupan el lugar de los narcos. Se reparten el dinero de los "impuestos" entre sus miembros, que de ese modo reciben sueldos muy superiores a los que perciben como funcionarios policiales. En los últimos tiempos, los "milicianos" cobran impuestos hasta a los circuitos ilegales de tevé que funcionan en las favelas.

Para los favelados, estar entre el fuego cruzado de milicias y narcos es vivir en el filo de la muerte. La "disputa de mercado" entre ambos grupos se ha cobrado decenas de víctimas, entre las que sobresalen los 19 asesinatos cometidos en los últimos días de diciembre. Según los medios, la mayor parte de las víctimas lo fueron como represalia de los narcos contra los milicianos que los combaten. En una de las acciones, supuestos narcotraficantes incendiaron un autobús en una de las principales avenidas de Rio, dejando siete muertos carbonizados.

Ya en los sesenta grupos policiales actuaban con cierta autonomía contra el crimen. Es el caso de la célebre Scuderie Le Cocq, apellido de un agente muerto por marginales en una favela carioca. En la Baixada Fluminense, donde se localizan los principales municipios "dormitorios" de Rio, este grupo ilegal era conocido como "policía minera". Una característica común a todas las bandas parapoliciales era que estaban financiadas por comerciantes y empresarios empeñados en poner fin al crimen sin las demoras y obstáculos que impone la justicia.

Según numerosos analistas, este tipo de violencia nunca consiguió sus objetivos ya que las bandas financiadas por los comerciantes se autonomizaron y, ya durante la dictadura militar, en 1968, un grupo formado por policías cariocas llegó a ejecutar cerca de mil personas. Nunca hubo castigo. Peor: muchos policías integrantes de escuadrones acabaron uniéndose al crimen organizado. Uno de los más conocidos de la época, Mariel Mariscot, fue muerto en un enfrentamiento con mafiosos.

Uno de los más conocidos torturadores de presos políticos, el ex teniente Ailton Guimarães, conocido como "Capitán Guimarães", se convirtió en jefe de un grupo marginal que controla zonas enteras del juego clandestino. Hoy es una figura reconocida del Carnaval carioca y se desempeña como director de la Liga Independiente de Escuelas de Samba. Gracias a un acuerdo con la alcaldía de Rio, esta liga pasó a controlar el desfile de escolas do samba, fuente de elevados ingresos. Durante la dictadura, Guimarães enseñaba las artes de la tortura a jóvenes aspirantes a ingresar al ejército y comandaba personalmente sesiones de tortura a los presos políticos, según denunció el grupo Tortura Nunca Más. Finalmente Guimarães fue separado del ejército, no por torturador sino por contrabandista.

El aumento de la violencia urbana en Rio, San Pablo, Minas Gerais y Espíritu Santo provocó una reunión de emergencia del Gabinete de Gestión Integrada de Seguridad de la región sudeste. Los gobernadores, dos de ellos del pmdb y otros dos del psdb, prometieron mayor integración de las respectivas policías y pidieron al gobierno federal que controlara las fronteras para inhibir el tráfico de armas y drogas.

Sergio Cabral, gobernador de Rio, consiguió que se anticipe la presencia de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en su estado, que comenzará a actuar en 19 lugares a partir del lunes 15. Estaba previsto que esa fuerza se estrenara durante los Juegos Panamericanos de julio, pero la gravedad de la situación impuso un adelanto de su presencia. Efectivos de las fuerzas armadas también comenzaron a participar en acciones policiales preventivas en las inmediaciones de los cuarteles.

La atemorizada población de Rio aplaude la intensificación de la vigilancia y la represión. Los más escépticos, sin embargo, recuerdan que en los últimos años los gobernadores electos prometieron acabar con la violencia en seis meses, lo que terminó por llevarlos a las páginas de humor de los periódicos.

Quienes dudan de las medidas de emergencia se preguntan si no se repetirán los mismos fuegos de artificio del pasado, que se han apagado una vez pasados los momentos críticos. Día a día son más los que sienten que, de no modificarse las políticas económicas que concentran riqueza y pobreza en polos opuestos, nada podrá cambiar.