Latinoamérica
|
El estado boliviano frente a la globalización económica
Mauricio Ochoa Urioste
Análisis crítico de la burguesía conservadora y el indigenismo en Bolivia ::
Los niveles de decisión de la administración de Evo Morales se circunscriben a
un reducido grupo de asesores bastante conservadores y "pragmáticos"
El economista egipcio Samir Amin, en su libro "El capitalismo en la era de la
globalización" (1), advierte el problema de las luchas étnico – raciales, el
declive del Estado nación, y la secesión de países del Tercer Mundo en las
últimas décadas del siglo XX. Amin propone la reorganización del sistema mundial
a partir de grandes regiones, que agruparían zonas dispersas de la periferia
para enfrentar los efectos más adversos de la globalización económica.
El bloque de la burguesía conservadora y la regionalización del conflicto
social
En Bolivia, tras la caída del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada, las fuerzas
políticas de la derecha histórica diseñaron estrategias orientadas al
mantenimiento y la ampliación de privilegios de ciertos grupos de poder
económico. En primer lugar, a nivel ideológico y programático, tales ideas se
materializarían en la "regionalización del conflicto social", vale decir, en la
socialización de supuestas diferencias históricas, culturales y políticas entre
los diferentes departamentos del país y sus habitantes.
Con este motivo se creó la agrupación neofascista "Movimiento Nación Camba de
Liberación" (MNCL), que no es precisamente un grupo aislado de la burguesía
conservadora boliviana; por el contrario, muchos de sus miembros fundadores son
a su vez asesores del Comité Cívico de Santa Cruz y de las fuerzas
parlamentarias de la derecha histórica. El MNCL tuvo desde sus orígenes el rol
de ser el articulador de todos los radicalismos discursivos de este animado
conflicto regional, con el fin de perpetuar las diferencias en la votación del
electorado boliviano de la última década.
Paralelamente, se propulsó la elección inconstitucional de los prefectos
departamentales; y se potenció a nivel mediático la presencia de los comités
cívicos.
En su conjunto, esta corporativización de la vida política boliviana permitiría
que la derecha histórica actúe internamente desde diferentes frentes, a saber:
1) en la sociedad civil, a partir de los comités cívicos; 2) en el sistema de
partidos políticos, mediante la mutación de otros viejos, o su simple
permanencia – en este frente se encuentran Poder Democrático Social, Unidad
Nacional y Movimiento Nacionalista Revolucionario -; 3) en el régimen interno,
por medio de algunos prefectos, quiénes pese a ser aún representantes del Poder
Ejecutivo, se autodenominan falazmente "gobernadores"; 4) en los medios de
comunicación, a través de los periódicos, canales de televisión, y
radiodifusoras de mayor audiencia.
Este bloque no persigue precisamente la secesión de Bolivia aunque su discurso
exacerbe demagógicamente los ánimos colectivos, y en otros casos, alerte sobre
la posibilidad de guerras civiles y la división del país. Esta afirmación se
explica en razones estrictamente económicas que "inviabilizan" cualquier
proyecto independentista, a saber: la dependencia del mercado interno de los
empresarios ganaderos y agroindustriales del oriente boliviano; la necesidad de
preferencias arancelarias en la Comunidad Andina de Naciones para la exportación
de soja; las millonarias inversiones del sector financiero y de servicios
provenientes del occidente boliviano; etc.
Sin embargo, esta "regionalización del conflicto social" tiene como finalidad
primaria la atomización del Estado, y más precisamente, la división territorial
del electorado para así lograr una mayor penetración de los capitales
multinacionales, la permanencia de los latifundios y la ortodoxia neoliberal en
ciertos enclaves geográficos. El proyecto de las autonomías departamentales –
tal como está concebido por el Comité Cívico de Santa Cruz y otros grupos afines
en su propuesta hecha pública - no persigue una mayor descentralización política
y administrativa; contrariamente, esta consigna es utilizada por la derecha más
conservadora para que en determinados territorios de la República sus
autoridades detenten mayores competencias ejecutivas, legislativas y judiciales,
y de esta manera se reemplace la pérdida de representación política de los
partidos políticos tradicionales en el Gobierno Central y el Parlamento.
En las actuales circunstancias internas e internacionales, un auténtico proyecto
político de izquierda enmarcado en la democracia multipartidaria, debería en
todo caso propender a las siguientes tareas: 1) el fortalecimiento del rol del
Estado en la economía con la finalidad de contrarrestar las adversidades del
neoliberalismo y la globalización económica; 2) el mantenimiento y la ampliación
de alianzas políticas y económicas, profundizando la integración
latinoamericana, y los acuerdos de complementación económica con países de Asia
y África; 3) la superación del conflicto económico y laboral de los
trabajadores, sin discriminaciones o diferencias étnico – raciales que además de
ser irreales – puesto que las burguesías y las oligarquías no tienen color de
piel, patria ni idioma - sólo contribuyen a radicalizar el discurso atomizador
de la derecha histórica, y perpetuar el electorado de este bloque que con el
transcurso de los años se afianzó en los departamentos ubicados en el oriente y
el sur del país.
El indigenismo y su funcionalidad
El Movimiento al Socialismo está integrado por agrupaciones y personalidades de
distinta orientación ideológica y programática: campesinos propietarios de
pequeñas parcelas, organizaciones de pueblos indígenas, pequeños y medianos
empresarios, profesores universitarios, etc. Esta heterogeneidad explica la
existencia de lecturas de la realidad muchas veces contradictorias en este
partido político que pretenden, entre otras cosas, conciliar el pensamiento
indianista de Fausto Reynaga, con aquél de Sergio Almaraz, Karl Marx, Michael
Foucault, Antonio Negri y la teoría económica de John Keynes.
Pero en los hechos, los niveles de decisión de la administración de Evo Morales
se circunscriben a un reducido grupo de asesores bastante más conservadores y
"pragmáticos", que en los últimos meses definió el rumbo de la Asamblea
Constituyente, además de apostar por la continuación de una rígida disciplina
fiscal, dependencia y sujeción plena a las medidas impuestas por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, erradicación forzosa de los cultivos
de coca, permanencia de rentas bajísimas en la industria minera, etc.
Este vacío ideológico y programático se pretende superar aludiendo que el
Presidente y sus políticas de gobierno tienen legitimidad suficiente por la
simple razón que se encontraría al mando de la Nación un ciudadano indígena por
primera vez en la historia de Bolivia. Si a esto se añade que el campesinado y
ciertas organizaciones sociales herederas de idearios indigenistas radicales –
que persiguen, entre otras cosas, la reconstitución del Qullasuyu - son el brazo
social del Movimiento al Socialismo, ello explica porqué ciertas autoridades de
gobierno se decantan cada vez más en un estéril discurso populista que gira
entorno a revanchismos étnicos, que en los hechos, sólo contribuyen a perpetuar
la división territorial del electorado boliviano, y por consiguiente, una
importante representación política de la burguesía conservadora en el Senado de
la República, las prefecturas departamentales, y la Asamblea Constituyente.
En efecto, desde las elecciones generales del año 2002 el mapa electoral
boliviano no cambió sustancialmente y se halla dividido geográficamente en dos;
cuestión ésta que se explica en gran medida como consecuencia de la permanente
interacción del discurso y la propaganda indigenista y regionalista.
Pero quizás el mejor ejemplo de la funcionalidad de este indigenismo dentro de
la estratagema política del bloque de la burguesía conservadora sea la propuesta
constituyente de un Estado comunitario sobre la base de una nueva división
política y administrativa del país, que toma como criterio inequívoco la
existencia de una treintena de etnias que reclaman al Estado boliviano, entre
otras cosas, la asignación de tierra, territorio, autonomías y competencias para
definir el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales.
No obstante una parte considerable de la población habitante de las comunidades
campesinas y los pueblos indígenas vive por debajo de la línea de pobreza –
situación que no le es exclusiva, por cuanto también afecta a la población
urbana del país - no es menos cierto que algunas de sus autoridades "naturales"
buscan simplemente una mayor concentración de poder político y económico a
partir de nuevas competencias delegadas y atribuciones que, sumadas al
reconocimiento pleno del derecho consuetudinario indígena en la reforma
constitucional del año 1994 y la Convención 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, pueden terminar fragmentando aún más el Estado boliviano.
Crítico de los etnicismos y los culturalismos, Amin refiere que algunas
prácticas políticas y sociales como la del comunitarismo norteamericano, que da
prioridad a las supuestas identidades comunitarias por sobre las demás
dimensiones de la identidad (pertenencia de clase, convicciones ideológicas), se
fundan en el pensamiento culturalista. Por ello, el culturalismo étnico puede
conducir a la fragmentación más amplia de identidades construidas
históricamente: la "etnia" invocada, enfrentada a la "nación", se escinde en
subetnias, las tribus en clanes y así indefinidamente.
¿Es posible en estas condiciones internas que Bolivia afronte con meridiana
capacidad las consecuencias nocivas de la mundialización moderna?, o por el
contrario, ¿las exaltaciones desmesuradas de lo regional y lo étnico, sumados a
la consiguiente pérdida de competencias y participaciones del Estado en la
economía, en su conjunto sólo contribuirán a profundizar el declive del Estado
nación para hacerlo todavía más vulnerable a los "cinco monopolios" (2) del
centro del sistema capitalista?
Notas:
1. AMIN, Samir, El capitalismo en la era de la globalización, Edit. Paidós,
Barcelona, 1999.
2. Según Samir Amin, los cinco monopolios que distorsionan el funcionamiento del
mercado actual son el monopolio tecnológico, el control de los mercados
financieros mundiales, el acceso monopolista a los recursos naturales del
planeta, el monopolio de los medios de comunicación y el monopolio de las armas
de destrucción masiva.