Argentina: La lucha continúa
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Los resquicios de las peleas interburocráticas
Los paraguas legales para nuevas experiencias de
organización
Prensa de Frente
Boletín quincenal Nº 71. –
"Democracia sindical" contra "libertad sindical". Planteadas a partir de esas
consignas, algunas peleas interburocráticas en marcha, con eje en el largamente
reclamado otorgamiento de la personería gremial a la Central de Trabajadores
Argentinos, CTA, -duramente resistido por la CGT-, insinúan la posibilidad de
que se abran resquicios capaces de fortalecer un paraguas de protección legal
para experiencias de organización de los trabajadores ocupados al margen de las
dirigencias gremiales e. incluso, al margen de las rigideces y techos de las
lógicas sindicales tradicionales.
La pelea de la CTA por obtener la personería gremial –que le daría el status de
central obrera, organización sindical de tercer grado, tal como el que tiene la
CGT-, planteada en nombre del principio de "libertad sindical" recibió en junio
un espaldarazo de la conferencia anual de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra. Tanto la comisión de Seguimiento de Aplicación de Normas
como el comité de Libertad Sindical de la OIT hicieron formales exhortaciones al
gobierno argentino para que otorgue esa personería, y para que incluso promueva
los cambios en el texto de la Ley de Asociaciones Sindicales necesarios para
contemplar esa concesión.
Desde entonces crecieron los datos acerca de la presunta voluntad del
kirchnerismo de cumplir con esas exigencias a partir de la descontada asunción
de Cristina Kirchhner como presidenta. La jugada se inscribiría en el objetivo
de la segunda etapa del kirchnerismo en el poder de gerenciar una "concertación
social" con interlocutores patronales y sindicales dispuestos a garantizar "paz
social" y contención de las luchas contra un modelo que pretende continuar con
políticas de de depresión de los costos laborales y altas ganancias y subsidios
para las empresas. La conducción actual de la CTA, en manos de Hugo Yasky,
resultaría para ese objetivo incluso más confiable que la que ejerció el sector
de Víctor De Gennaro.
Pero la CGT está en pie de guerra contra la posibilidad de la formalización de
la CTA como otra central obrera de derecho. No se trata solamente de una disputa
entre dos cúpulas de confederaciones. La concesión de la personería gremial a la
CTA implicaría la posibilidad de que en cada rama de la actividad económica se
creen nuevos sindicatos, paralelos a los tradicionales. Sería una posibilidad
para sectores combativos de trabajadores organizados bloqueados en sus gremios
por los métodos de eternización que protegen a las conducciones actuales. Pero
también permitiría la emergencia de sindicatos de empresa, o de rama
oligopolizada, impulsados por las patronales, recurso que en su momento, fines
de los 60, generó la paradoja de SITRAC y SITRAM, los sindicatos de empresa de
la FIAT en Córdoba, creados en acuerdo del régimen militar de Juan Carlos
Onganía y la multinacional para neutralizar la combatividad de las bases del
SMATA provincial, una de las columnas del Cordobazo. Poco tiempo después, SITRAC
y SITRAM se convertían en un hito del sindicalismo clasista hasta que, ya con el
general Agustín Lanusse en el poder, el gobierno, la empresa y la CGT de José
Ignacio Rucci se complotaron para desarticularlos.
Con Hugo Moyano a la cabeza, la "mesa chica" de la CGT elabora una estrategia
específica para presionar al gobierno de Kirchner para que asuma la "decisión
política" de negar definitivamente la personería gremial a la CTA. La estrategia
incluye expresiones de oposición directa. Pero también algunas iniciativas más
sutiles, que lleva adelante Héctor Recalde, un experto abogado laboralista del
riñón de Moyano, y quien además preside la comisión de Trabajo de la Cámara de
Diputados desde queb fue electo en las listas del Frente para la Victoria, en
2005.
Con el argumento de que lo importante es la "democracia sindical", porque la
"libertad sindical" ya estaría suficientemente garantizada, Recalde está
planteando como una respuesta para neutralizar el reclamo de CTA la posibilidad
de presentar un proyecto de reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales,
23.551, que enfatice la extensión de la tutela sindical, la protección sindical
contra la patronal, a cualquier activista sindical, más allá de que tenga cargos
gremiales formales, como el de delegado.
Según Recalde, la ley 23.551 ya contempla esa protección en su artículo 47, que
dice que: "Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u
obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical
garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante
el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento sumarísimo
establecido en el art. 498 del Cód. de procedimientos Civil y Comercial de la
Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de
que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento
antisindical".
Pero sostiene que éste sería el momento para hacer la modificación enfatizadota,
porque el derecho al activismo sindical de cualquier trabajador "no fue tenido
en cuenta por la justicia laboral en los 90, pero en los últimos tiempos
comienza a protegerse, como en el fallo del caso Greppi contra Telefónica".
Lo cierto es que en los últimos tiempos hubo muchos ejemplos de sanciones de las
empresas a trabajadores que, con o sin fueros formales, se dedicaron a tareas de
organización de sus compañeros en los lugares de trabajo para pelear por sus
intereses, en muchos casos con la complicidad de los sindicatos
correspondientes. Wall Mart o Autopistas del Sol protagonizaron algunos de esos
casos.
Las iniciativas de los operadores de la burocracia generadas por la pelea entre
la CGT y la CTA, en caso de que efectivamente se enfatice la protección contra
el activismo de los trabajadores en sus lugares de trabajo aunque no tengan los
fueros que otorga un cargo podrían ayudar a legalizar una serie de experiencias
surgidas en estos tiempos al margen de lógicas de organización sindical, que se
vienen desarrollando sin atenerse a encuadramientos formales ni las exigencias
de disputar espacios con la burocracia o sus representantes en planta, como los
distintos agrupamientos de autoconvocados o la coordinadora de trabajadores
precarizados.