Si algo ha pasado desapercibido en la cobertura periodística de lo acontecido en el Normal 7, por parte de los multimedios, es la existencia de niños y niñas con discapacidad o con patologías que no llegan a serlo dentro de la población escolar de dicha institución educativa. Por lo menos, una de las víctimas del escape de monóxido de carbono, negado reiteradamente por las autoridades educativas de la Ciudad, tenía afecciones de índole cardíaca que se hubiesen agravado notoriamente si la intoxicación fuese severa, como también otra niña con discapacidad visceral tuvo la suerte de escapar oportunamente debido a la obligatoria concurrencia a los exámenes periódicos que se le realizan en el Hospital de Pediatría 'Dr. Juan P. Garraham' de esta Ciudad.

Pero no solo ha sido soslayado por lo periodístico. También lo es por las autoridades educativas que todavía no han resuelto la problemática que envuelve a la comunidad educativa del 'José María Torres', en pleno corazón de Almagro, con el fin de garantizar la actividad educativa de todos los niños y jóvenes en general y en particular, a aquellos y aquellas que, debido a sus patologías y sus secuelas consiguientes, necesitan de otro tipo de acciones tendientes a facilitar su aprendizaje debido a las lógicas dificultades que se les presenta.

Y esto es sumamente grave. Más aún cuando la reciente Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, suscripta el 30 de marzo pasado por nuestro país y que no ha sido ratificado por el Congreso Nacional, enarbola el paradigma de la Educación Inclusiva como presupuesto básico para la política educativa de los Estados adheridos a la Organización de las Naciones Unidas, luego de un largo camino iniciado hace años con el Protocolo para la Educación Especial y las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación indelegable e irrenunciable de asegurar el Derecho a la Educación de nuestra niñez y de nuestra juventud, de acuerdo a lo prescripto por la Convención Americana de los Derechos del Niño y del Adolescente, la que tiene jerarquía constitucional. En consecuencia, las problemáticas de la infraestructura escolar y del considerable retraso en el proceso de enseñanza y aprendizaje de aquellos y aquellas que resultaron afectados por la problemática anterior deben ser subsanados a la mayor brevedad posible y con carácter prioritario. No se puede desconocer las consecuencias de una larga ausencia de las aulas: olvido de los contenidos, desajustes en el orden familiar producidos por la inasistencia de los hijos y los problemas psicológicos que ocasiona en los niños y en las niñas que extrañan su ámbito normal y habitual.

Debe tenerse en cuenta que estas cuestiones suelen agravarse en el caso de la niñez y juventud con discapacidad. Lo afectivo y lo cognitivo se estrechan con mayor facilidad que en los que no tienen discapacidad y las ausencias prolongadas de la actividad educativa suelen provocar una severa involución en el aprendizaje que deben ser compensadas para garantizar un proceso que tienda a favorecer su actividad escolar en el presente y en el futuro.

Florencia, tal el nombre de esta niña que se salvó del escape pero no de las consecuencias provocadas por este receso imprevisto, debido a la falta de controles y a la desaprensión de las autoridades educativas, tiene una historia escolar caracterizada por las dificultades en su aprendizaje que necesitan ser acompañadas de un docente integrador. Al igual que en muchos otros casos, este receso le provocará una mayor demora en la recuperación de los contenidos que debe aprender y si a esto se le suma que la llegada del docente mencionado aconteció pocos días antes de lo sucedido en su escuela, queda claro que ella debe recuperar el ritmo lo más rápidamente posible junto a su maestra y a sus compañeros, como también acompañada en su esfuerzo por la maestra integradora que ha sido designada a tal efecto, luego de las múltiples conversaciones entre sus padres y las autoridades de la escuela.

Sin embargo, no podemos olvidarnos otras cuestiones acerca de ella. Fue transplantada hace 3 años, carece de cobertura social, incluyendo la pensión no contributiva que le corresponde y cuyo trámite derivó en una investigación más típica de la Inquisición que la de un examen a conciencia de la realidad socioeconómica de su familia, como también se la obligó a una 'permanencia', eufemismo como se le conoce a la repetición del Jardín de Infantes en la Sala de 5, con la excusa de un mejor desempeño en primer grado, cursado el año pasado sin tener una maestra integradora por negligencia de las autoridades escolares, cuyo fruto se advierte durante este año: necesita una maestra que colabore con la niña en el proceso de enseñanza aprendizaje porque le cuesta muchísimo llegar a los contenidos que se desarrollan en su curso. Desde luego, también juega lo afectivo, entendiendo por ello la calidez de su maestra, la misma que reconoce no estar formada para este tipo de casos y de sus compañeritos, para que se sienta contenida en la escuela.

Del otro niño podemos decir que tenemos que agradecer la suerte de no tener secuelas de la intoxicación. Pero también necesita el ámbito escolar para que pueda desarrollarse armoniosamente. Al igual que Florencia, necesita volver a la escuela para que su psiquis no se altere. Ambos niños se siguen preguntando: ¿cuándo volvemos a la escuela?. Y la respuesta está en las autoridades educativas de la Ciudad, pero ellas deben tener en cuenta las particulares circunstancias de su población escolar tenga o no discapacidad aunque buscando las soluciones para los casos concretos que tienen la obligación de conocer.

¿Cuántas Florencias hay en el sistema educativo de la Ciudad?. Conociendo sus particulares problemáticas, ¿se atienden sus requerimientos específicos de acuerdo al tipo de discapacidad?. Podemos responder que, casi con seguridad, hay muchas y muchos en esta misma condición, con escuelas aptas para la actividad escolar o no pero estamos seguros que no reciben la debida asistencia en lo pedagógico, la que tienen por derecho y que hoy soslaya el Gobierno de la Ciudad.

Dos historias. Dos casos concretos que requieren respuestas. En lo educativo, de las autoridades respectivas y en el caso de la niña, teniendo en cuenta la absoluta carencia de una cobertura socio - sanitaria, del Gobierno Nacional para que su salud sea cubierta mediante la expedición de la pensión respectiva.

Como vemos, la discapacidad sigue estando ausente de la agenda pública y ni siquiera es tenida en cuenta por los multimedios. Y es hora de tomar conciencia para que los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad sean una realidad tangible y con mayor celeridad todavía en la niñez y en la adolescencia. Es obligación del Estado, pero también de nuestra sociedad, la que debe abandonar su sesgo de irrelevancia ante estas problemáticas que, con la pobreza y la indigencia existente, se incrementan día a día.

Ojalá que Florencia y todas las niñas, niños y adolescentes puedan hacer realidad sus sueños e ilusiones, pero eso también está en todas y en todos nosotros porque nadie, absolutamente nadie está exento de adquirir algún tipo de discapacidad...