Número 435 - 7 de julio de 2007
SUMARIO
1- Juicio oral a prefecto (asesinan y se reconocen)
2- La Pampa, torturas y justificaciones
3- Desalojo en Parque Patricios
4- El Salvador: ejemplos de cómo se aplica la Ley Antiterrorista
5- Represor de los ’70 y ’90, responsable de seguridad en la CNEA
6- Juicio a Von Wernich ¿Seguridad para quién?
7- Próximas Actividades

JUICIO ORAL A PREFECTO (ASESINAN Y SE RECONOCEN)
El 4 de julio comenzó en los tribunales de San Martín el juicio oral por el homicidio de Christian Damián Mercado, un vendedor ambulante, padre de cuatro niños, asesinado en Villa Ballester en octubre de 2003 por un tiro en el pecho de parte del ayudante de segunda de la Prefectura Naval Argentina Sergio Miguel Silva.

Desde el inicio de la jornada, se destacó el propio reconocimiento del imputado sobre su pertenencia al estado. Cuando se le requirieron los datos personales de rigor y ser preguntado por su ocupación, respondió "funcionario público". Un primo de Christian que también resultó herido por dos balazos del prefecto Silva, al retirarse de su declaración, le pidió al Tribunal, llorando y con el dolor a flor de piel "que hagan justicia", a lo cual el Presidente le respondió "para eso nos pagan".

El mismo estado que "les paga para hacer justicia" es el que paga a Silva y le provee las balas y el arma reglamentaria que utilizó para atentar contra la vida de un ser humano, cometiendo un hecho que, en tanto miembro de una fuerza de seguridad, es un crimen de estado y constituye una violación a los derechos humanos, atentando contra la humanidad toda.

La semana próxima, luego de los alegatos y la acusación, sabremos si a la hora de dictar sentencia, el tribunal, con la misma fluidez con la que justifican su función ante el pedido de una víctima del gatillo fácil, falla considerando que Silva mató a Christian, pero nos agredió a todos, y su mano al apretar el gatillo fue la mano homicida del Estado. La familia de Christian está representada por las compañeras Rosario Guerrero y Silvia Góngora de CORREPI.

LA PAMPA: TORTURAS Y JUSTIFICACIONES
En el último Boletín hacíamos referencia a la importante cantidad de hechos de tortura que se suceden en la provincia de La Pampa. En menos de una semana, hay más datos para agregar sobre la impunidad a los "servidores públicos".

En marzo de este año Carlos López (18) estaba tomando una cerveza cerca de su casa, en el barrio Plan 3000 de Santa Rosa. Cuatro policías, en represalia porque el pibe los había denunciado con anterioridad, le pegaron una paliza y lo dejaron inconsciente a una cuadra de su domicilio donde fue recogido por una ambulancia. Venía siendo amenazado desde hace un tiempo por los policías, que ya le habían pegado, le habían dicho que lo iban a matar y lo iban a tirar a los piletones. En el hospital le diagnosticaron tres costillas rotas y un coágulo en la cabeza. Tenía la cara severamente desformada por los golpes. La excusa policial fue que accidentalmente se había caído de una moto...

Como la otra cara de la moneda, después que la policía priva ilegalmente de la libertad a las personas, tortura y mata, vienen jueces y fiscales a garantizarles la impunidad. Esta semana un fiscal pampeano pidió la absolución de dos policías que fueron juzgados por "privación abusiva de la libertad y apremios ilegales" por considerar que actuaron "dentro de las atribuciones de la ley". Los procesados eran un subcomisario y un oficial que, en agosto de 2005, interceptaron en la vía pública y le dieron una paliza a un menor al que también detuvieron ilegalmente.

Como de costumbre, la causa había llegado a juicio con el consabido rótulo de "apremios" para no hablar de torturas. Además para el fiscal, entre la versión de los testigos presenciales y la de la defensa de los policías, no hubo mucho que elegir. Justificó la paliza porque el chico no se dejaba revisar, y legitimó la detención por averiguación de antecedentes.

DESALOJO EN PARQUE PATRICIOS
Cerca de 500 familias fueron violentamente desalojadas esta semana de un predio administrado por el ONABE, cuyo titular, Fernando Suárez, anunció que como reparación cada una va a recibir un subsidio de $450. Aun si tal subsidio llegara a mantenerse más allá de los 3 meses, bien sabido es que con ese dinero una familia difícilmente pueda alquilar algo digno.

Más de 1500 personas habían construido sus casas en los terrenos linderos a la ex línea Belgrano Sur, detrás de la cancha de Huracán. En plena madrugada, la policía federal cercó el predio. A las 10 de la mañana empezó el desalojo. Los delegados fueron informados que si se iban pacíficamente no serían reprimidos. Luego de que se fueron los medios, la infantería rodeó el galpón ferroviario donde se refugiaron algunas de las familias, y el personal de la comisaría 28ª se dedicó a impedir que los que estaban adentro salieran, y que los que estaban afuera, entraran.

Durante el operativo, además de derribar y quemar las casas de los vecinos, también hubo represión. Una vez más tenemos un ejemplo de los valores policiales, otra vez en un operativo una joven, en este caso una madre de 23 años que trataba de defender su casa y sus cosas, perdió su embarazo por los golpes.

EL SALVADOR: EJEMPLOS DE CÓMO SE APLICA LA LEY ANTITERRORISTA
El 21 de octubre 2006 el congreso salvadoreño aprobaba una Ley Antiterrorista como la que hace pocas semanas votara su par argentino. A menos de diez meses de promulgada, hemos podido tener conocimiento de dos situaciones en las que el gobierno salvadoreño la ha aplicado en contra de la protesta social.
A mediados del mes de mayo, los vendedores ambulantes de la capital fueron víctimas de una operación de decomiso que terminó en disturbios. Participaron distintos grupos especiales como la UTO y el GOPES; hubo numerosos heridos y detenidos en la represión e incluso un helicóptero roció gases lacrimógenos sobre la zona, lo que varias organizaciones locales denuncian como un acto de terrorismo masivo sobre la población civil.

Luego de la "Operación Vendedores Informales" 200 personas pasaron a integrar la lista negra de la Policía Nacional Civil de sospechados por terrorismo que se distribuye, por lo menos, al FBI, la base militar Comalapa y la embajada estadounidense en Colonia Santa Elena. La pertenencia a esta lista fue la excusa para secuestrar con una unidad antiterrorista el 31 de mayo medio de la noche al dirigente de los vendedores ambulantes, Vicente Ramírez.

En esta semana, el 2 de julio, en la ciudad de Suchitoto se convocó a una manifestación y bloqueo en contra de la privatización del agua. Como resultado de la represión que protagonizó la UMO (Unidad del Movimiento del Orden) hubo 25 heridos con balas de goma, 18 afectados graves con gas pimienta y 14 detenidos que continúan encarcelados. Con la acusación de daño a la propiedad privada y obstaculización del paso a funcionarios públicos (uno de ellos el presidente Antonio Saca) la Fiscalía de El Salvador acusó a los catorce detenidos de asociaciones ilícitas, desórdenes públicos y actos de terrorismo. La audiencia judicial contra el dirigente de los vendedores ambulantes, que es el primero en ser acusado por el Ministerio Público de actos de terrorismo, fue instalada también ese mismo jueves.

Esta es la ley que el oficialismo intenta disfrazar de "mero combate al narcotráfico", en palabras de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo después de reunirse con el asesor presidencial Zannini.

REPRESOR EN LOS ’70 Y ’90, RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN LA CNEA
En 1997, a partir del escándalo por la vinculación policial con la masacre de la AMIA y el crimen de José Luis Cabezas, el gobernador Eduardo Duhalde firmó una purga tras otra, intentando recomponer la credibilidad de la Bonaerense. Para el 4 de junio se vino la quinta purga del año, por la que echó a 180 policías, entre ellos 21 oficiales. Además del cuarto jefe de la jerarquía y 4 jefes de unidades regionales, uno de los purgados ejemplares fue el comisario inspector Eduardo Tarantino, jefe del Cuerpo de Caballería. Tarantino se había hecho célebre un mes antes, cuando con sus hombres a caballo reprimió vendedores ambulantes en la ciudad de La Plata y los persiguió hasta el interior de la facultad de derecho en la que se habían refugiado. Tarantino, dicho sea de paso, ya traía antecedentes como torturador en centros clandestinos durante la dictadura.

Hoy Eduardo Tarantino se desempeña en la Gerencia General de la Comisión Nacional de Energía Atómica, como encargado de seguridad. No se trata de un desliz o error, pues sus antecedentes constan en el expediente S01:0178253/ 2007 del Ministerio de Seguridad provincial, y son conocidos por las autoridades, que han impuesto silencio de hierro a los empleados de la comisión.

EL JUICIO A VON WERNICH: ¿Seguridad para quién?
El jueves 5 de julio comenzó en La Plata el juicio al capellán de la bonaerense Cristian Von Wernich. El debate oral, que continuará hasta septiembre -sin la presencia del imputado en el desarrollo del proceso- se caracterizó, a diferencia del anterior juicio a Miguel Etchecolatz, por las extremadas medidas de seguridad en torno al tribunal y la figura misma de Von Wernich. Estas nuevas medidas incluyen la instalación de cámaras que registrarán todos los ingresos a los tribunales federales, un vallado perimetral y además, una "pecera" blindada para el genocida y chaleco antibalas, por las dudas.

La adopción de estas medidas es justificada por el gobierno a partir de la segunda desaparición del testigo Jorge Julio López en septiembre de 2006. La pregunta que se desprende es: ¿seguridad para quién?.

Numerosas organizaciones sociales, de derechos humanos y estudiantiles, se concentraron frente a los tribunales para repudiar al cura genocida y exigir la aparición con vida de López, desde muy temprano, el día en que comenzó el juicio. El gran despliegue de efectivos del Servicio Penitenciario Federal custodiando a Von Wernich, junto con la "pecera" y el chaleco antibalas no hacen más que instalar, implícitamente, la sensación de que la vida del cura podría correr peligro y, por lo tanto, que esa peligrosidad estaría representada por las organizaciones allí presentes. Se victimiza al asesino y se criminaliza a quienes, exigiendo justicia a lo largo de 30 años, siguen siendo víctimas de constantes amenazas, aprietes, secuestros y desapariciones.

A horas de iniciarse el juicio, Felisa Marilaf, esposa de un desaparecido y parte de la querella, salió de su casa acompañada por la custodia designada a su protección en calidad de testigo. Al regreso, se encontró con que desconocidos ingresaron a su departamento y destruyeron valiosa documentación relacionada con la desaparición de su esposo. Esta denuncia se suma a una anterior: el pasado 10 de junio, Marilaf fue secuestrada por dos personas que, durante el "paseo" en auto, la amenazaron de muerte. El handy provisto por la custodia para su seguridad dejó de funcionar, "casualmente", durante el tiempo que duró el secuestro. Por su parte, abogados del CEPRODH que forman parte de la querella, denunciaron la aparición de cruces esvásticas pintadas en el frente de uno de sus locales.
El miércoles 4, Aníbal Fernández anunció la creación de una comisión (otra más) para la protección de testigos. "El estado garantiza la seguridad de los testigos, y en especial, de los que asistan al juicio al ex capellán Von Wernich", dijo el ministro del interior. Para tal fin designó al interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Sain. El anuncio es sólo una formalidad destinada a aplacar los ánimos de los denunciantes: pese a la designación, Sain no cuenta ni con personal ni con presupuesto para la protección de los testigos. Y si contara con tales designaciones, ¿qué seguridad podrían tener los testigos custodiados por las fuerzas represivas de la "democracia" que siguen garantizando, a fuerza de palos, balas, torturas y desapariciones, el carácter clasista de la represión de ayer y de hoy?
Dentro de lo que también compone su política de DDHH, mientras comenzaba el juicio a Von Wernich, Kirchner se reunía a cenar con las FFAA y les "regalaba" un aumento de sueldo del 16.5% que alcanzaría también a todas las fuerzas federales.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Viernes 13 de julio, 20:00, Jornada Cultural Antirrepresiva en La Plata. En el Centro Cultural Estación Provincial (17 y 71), muestra de videos, feria de publicaciones, música en vivo, exposición de fotografías.
Sábado 28 de julio, charla sobre la ley antiterrorista en local de la FORA de la calle Salvadores en La Boca.

En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.
Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
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