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Argentina: La lucha continúa
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Una huelga en el banquillo
EL CIUDADANO - TMO
Bancarios denunciados por el NBSF. Tras las huelgas del año 2005, que habían
sido votadas en asamblea, la empresa denunció penalmente a dirigentes de la
comisión interna y del sindicato por supuestas amenazas a trabajadores, clientes
y directivos. La Asociación Bancaria negó los hechos y cuestionó la
judicialización de la medida de fuerza, que interpretaron como un intento por
frenar la actividad gremial.
El paro de agosto de 2005 en el Nuevo Banco de Santa Fe terminó con ocho
dirigentes imputados de amenazas. Para la Cámara Penal sólo dos deben ir a
juicio, pero el fiscal quiere que intervenga la Corte.
En la causa iniciada contra ocho dirigentes sindicales, a los que se acusó por
amenazas en el marco del paro en el Nuevo Banco de Santa Fe de agosto de 2005,
la sala IV de la Cámara Penal estableció que dos delegados de la comisión
interna de la entidad irán a juicio, en tanto el secretario general de los
bancarios, Luis Ortega, deberá prestar declaración indagatoria y luego se
resolverá su situación procesal. El fallo aún no está firme pues el fiscal de
Cámaras presentó un recurso de inconstitucionalidad para que el caso sea
revisado por la Corte Suprema.
Tras las huelgas del 11 y 12 de agosto de 2005, que habían sido votadas en
asamblea, la empresa denunció penalmente a dirigentes de la comisión interna y
del sindicato por supuestas amenazas a trabajadores, clientes y directivos. La
Asociación Bancaria negó los hechos y cuestionó la judicialización de la medida
de fuerza, que interpretaron como un intento por frenar la actividad gremial.
El expediente recayó en el Juzgado de Instrucción Nº6, a cargo de Raquel Cosgaya,
quien imputó a Arnaldo Barberi, Ernesto Juri, Antonio Márquez y Víctor Ferullo,
todos de la comisión interna; José Luis Lenci, Matías Layús y Luis Ortega de La
Bancaria Rosario, además de José Barraza, secretario de Cultura de la
organización a nivel nacional.
En setiembre pasado, concluida la investigación, la jueza Cosgaya sobreseyó a
Lenci, Barraza y Layús, quien se desempeña como secretario de Acción Gremial.
Además, envió a juicio al resto, con excepción de Ortega, a quien espera tomarle
una ampliación de la indagatoria. La resolución de la magistrada no conformó a
las partes: la Fiscalía apeló las desvinculaciones y la defensa los
procesamientos.
Las actuaciones llegaron entonces a la sala IV de la Cámara, integrada por los
vocales Rubén Jukic, Guillermo Fierro y Antonio Paolicelli. El mes pasado, los
camaristas confirmaron los sobreseimientos y dejaron sin efecto las órdenes de
elevación a excepción de Barberi y a Juri.
'La resolución de la sala IV revoca en gran parte el fallo original, pero nos
preocupa que el fiscal (Danilo) Imhoff continúe impulsando la causa a través del
recurso de inconstitucionalidad', opinó Layús. Según el dirigente, el
representante del Ministerio Público ya adelantó en su escrito que si el recurso
es rechazado por la Cámara recurrirá a la Corte en queja directa. Mientras, la
sala IV estudia si eleva o no las actuaciones al máximo tribunal.
La fiscalía de primer y segunda instancia y la jueza Cosgaya coincidieron en
calificar los incidentes bajo la carátula de amenazas coactivas, que prevé una
pena de prisión de dos a cuatro años. Durante la apelación, la defensa recordó
que hay un artículo del Código Penal, el 158, que refiere específicamente a las
conductas punibles en el marco de un conflicto colectivo. Contemplada en el
capítulo de delitos contra la libertad de trabajo y asociación, esta figura
tiene una sanción de un mes a un año de prisión.
En su fallo, los camaristas hicieron un análisis histórico del artículo 158, que
ya formaba parte del Código cuando éste se creó en 1921, y buscaba morigerar las
disposiciones de la ley de seguridad social de 1910. Para la sala IV, entonces,
debe aplicarse la figura de violación de libertad de trabajo si hubo
enfrentamiento entre el personal, y la de amenazas coactivas cuando las
presuntas víctimas hayan sido personas ajenas a la institución (jubilados que
trataban de cobrar sus haberes o empleados de una empresa de seguridad privada).
Por eso sólo dos de los dirigentes imputados irán a juicio. A Barberi se le
atribuyen amenazas en perjuicio de una escribana y a Juri haber arrojado huevos
que hicieron blanco en el jefe de Relaciones Laborales del banco. Aunque para
que el proceso principal comience, aún debe resolverse el recurso de
inconstitucionalidad.
Actividad gremial, con normalidad
El secretario de Acción Gremial de la Asociación Bancaria, Matías Layús, aseguró
que, a pesar de la denuncia penal, la actividad sindical continúa
desarrollándose con normalidad en la entidad bancaria, que tiene dos mil
empleados y es agente financiero de la provincia. En ese sentido, el sábado
pasado se realizó en el local de la CGT Rosario una reunión de la que
participaron delegados de los bancos de San Juan, Entre Ríos y Santa Fe que
pertenecen al grupo Eskenazi. 'Todos tenemos la misma problemática laboral',
explicó Layús.
En tanto, el 28 y 29 de junio próximos, se realizará en Buenos Aires el congreso
anual de la Asociación Bancaria a nivel nacional. Uno de los temas de ese
encuentro será la judicialización de la protesta en el Nuevo Banco de Santa Fe,
adelantó Matías Layús.
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