Argentina: La lucha continúa

La Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) denunció ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) la situación de violación de los derechos de los niños alojados en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (Irar), en la comisaría de Fray Luis Beltrán y en el Centro de Atención Transitoria (CAT). En el escrito se hace referencia a la situación extrema que se vive en esos institutos: "Los chicos nos cuentan que cuando por el taponamiento de las cloacas sobrenada la materia fecal, las ratas acuden en cantidad. En todos los sectores las paredes están impregnadas de hongos y suciedad de todo tipo, en cualquier lugar donde alguien se apoye queda embadurnado con una sustancia pegajosa y de olor fuerte". Por los institutos santafesinos de menores pasan casi 3 mil chicos que padecen esta situación, de los cuales el 26 por ciento sufre el sistema de puertas cerradas. La edad de los menores detenidos disminuyó en los últimos años y un experto asegura que "en todos los casos en que se produce un conflicto con la ley, antecedió una situación de violación de un derecho previa al supuesto delito". Sin embargo, durante la última gestión de Carlos Reutemann al frente de la Casa Gris los organismos penales destinados a los menores pasó de la órbita de la Secretaría de Promoción Comunitaria al Ministerio de Gobierno. El escrito presentado por la CTC ante la CIDH en mayo también señala: "La integridad física y la salud de la totalidad de los niños alojados en los lugares aquí denunciados, se encuentra en riesgo permanente en virtud de los hechos descriptos en la presente. Se han realizado todo tipo de gestiones ante las autoridades de la provincia de Santa Fe y los jueces de menores de la ciudad de Rosario, a los efectos de hacer cesar esta situación, a través de entrevistas y notas elevadas a las mismas". La Dirección Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal, a cargo de Sergio Druetta y bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, controla un conjunto de institutos y programas para asistir a niños de entre 12 y 18 años en diferentes ciudades de Santa Fe. Se trata de chicos que son previamente detenidos por la policía y posteriormente derivados desde los juzgados de primera instancia. Según datos oficiales, la cifra de jóvenes asistidos en la provincia asciende a 2.977, de los cuales 1.335 están en Rosario. En el promedio de edad de la población de los niños detenidos comienza a proyectarse una baja a los 13 y 14 años, lo cual demanda una política definida para el respeto pleno de derechos de niños de 10 a 12 años, muchos de los cuales ya registran detenciones y causas penales. Las más comunes provienen de delitos contra la propiedad, siendo la modalidad de mayor incidencia la de "robo calificado". Más violencia, menos derechos. Si bien esta problemática, nombrada en la jerga oficial como "delincuencia juvenil", era atendida desde la Dirección del Menor, la Mujer y la Familia, dependiente de la Secretaría de Promoción Comunitaria, a fines de los 90 y durante el mandato de Carlos Reutemann los niños y adolescentes de menos de 18 años en conflicto con la ley penal pasaron a ser considerados un problema de seguridad y, por lo tanto, se transfirió esta dependencia al Ministerio de Gobierno, en ese entonces a cargo de Ángel Baltuzzi. Desde el 2000, la Dirección del Menor en Conflicto se reserva "su exclusivo accionar en tareas de rehabilitación y recuperación de menores con causas penales", para lo cual asume "el diseño de políticas al respecto y desarrollando todas las acciones necesarias", según proclama el texto brindado por dicho organismo. El mismo asiste de dos maneras: medidas "alternativas a la privación de la libertad" (sic); y medidas de encierro: "Se trata de brindar un espacio de contención y resocialización a través de la internalización de límites y pautas de estricto cumplimiento". Si bien sólo el 26 por ciento de los niños asistidos por esta dirección está bajo régimen de puertas cerradas, las condiciones para la contención y la llamada "resocialización" no parecen ser las óptimas. Donde hay una necesidad…Consultado sobre la realidad de los niños que pasan a diario por estas instituciones, Fabián Murcia, psicólogo y operador en Casa Joven señaló: "En todos los casos en que se produce un conflicto con la ley, antecedió una situación de violación de un derecho previa al supuesto delito. Se trata de una violación de uno o más derechos humanos básicos como la alimentación, salud, educación, casa, comida. Ante esto, el mismo Estado que viola tales derechos, posteriormente castiga a estos jóvenes con encierro, en condiciones infrahumanas". No se trata en definitiva de la defensa, o de los niños, sino de los derechos de los niños. "En la mayoría de los casos son pibes que han sido abandonados por la familia, la escuela y otras instituciones, que han estado despojados de sus derechos y, lamentablemente, la situación en la que llegan a estos lugares es tan dura que parece que están más preparados para recibir golpes de la policía que un abrazo de alguno de nosotros". En la misma línea, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) –cuyos afiliados prestan servicio en los institutos de menores– plantean: "La realidad de hoy es el abandono total de parte del Estado a un tratamiento integral para los niños-adolescentes, y por otra parte el desmejoramiento progresivo en las condiciones de trabajo del personal, como así también el deterioro edilicio de los institutos". Por un lado está la situación de violación de los derechos humanos más elementales, y sus consecuencias en los procesos de socialización de los jóvenes atendidos por estas políticas estatales. Pero, suponiendo que se dé respuesta a esta situación del cínico trato que recibe gran cantidad de los niños alojados en estas instituciones, queda por plantear el abordaje de este tema como un problema de seguridad, línea que prioriza la política oficial en la provincia, al haber incorporado al Servicio Penitenciario de la Provincia con funciones de custodia; o si, por el contrario, se aborda desde una perspectiva de inclusión social y construcción de subjetividad y ciudadana, línea en la cual se encuadran algunos programas que si bien forman parte de la actual política del gobierno, ocupan un lugar marginal respecto a la función represiva de dicha institución. En este sentido, la denuncia de la CTC advierte: "Desde que se encuentra interviniendo el Servicio Penitenciario, los chicos denuncian un aumento de la violencia, ya que ante cualquier conflicto ingresa el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), quienes no sólo han golpeado a los niños sino que han disparado con perdigón antitumulto. De hecho el día de nuestra visita los chicos nos trajeron perdigones de goma desde la celda y también los levantaron del patio en nuestra presencia"• La exclusión en cifras Los tratados y declaraciones de los derechos humanos y del niño expresan claramente una el compromiso de los estados firmantes con el respeto de esos derechos: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". Con relación a los niños, es más claro aún: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño." La realidad. En la denuncia presentada por la CTC ante la CIDH, se relatan algunas demandas de niños alojados en esos institutos: "Somos personas que necesitamos de alguien que se ocupe de nosotros, charlando, jugando a la pelota, haciendo algún trabajo, aprendiendo algún oficio, leyendo un libro. Colocar en las habitaciones baños porque en las horas que permanecen encerrados tienen que hacer sus necesidades en una bandeja o en una botella. Efectuar profunda limpieza de las cañerías, porque el agua se estanca y se pudre y el olor es intolerable. Cabe aclarar que el mismo sector se sirve los alimentos. Estar siempre en el mismo espacio físico sin hacer nada es como estar abandonado". La pobreza. Según cifras del Indec, en la ciudad de Santa Fe la indigencia creció 7 décimas en menores de 14 años durante el segundo semestre de 2005, al pasar de 32 a 32,7 por ciento. Esto significa que casi un tercio de los niños no cubren sus necesidades básicas alimentarias. 70 mil niños son pobres en la ciudad capital, mientras que el 55.9 por ciento de los menores de 14 años se encuentran en la misma situación. De los casi 3.000 que asiste la DPMCLP, casi el 100 por ciento son niños pobres, han probado droga y alcohol y han sido víctima de numerosas violaciones de los derechos garantizados por la Constitución Nacional.         

Fuente: lafogata.org