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Argentina: La lucha continúa
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La confirmación del modelo y el aumento de las tarifas de gas natural
Un servicio público se instituye, no de acuerdo dictaduras, sino también por
el
acuerdo con la necesidad social que lo reclama.
La libertad no está oprimida sólo por con su capacidad de autofinanciación,
sino de las privilegio económico.
Moisés Lebensohn
Julio V. Canessa
Infomorenio
INTRODUCCIÓN
En medio de la conmoción social causada por el asesinato de un maestro que,
junto a sus pares, ejercía pacíficamente el derecho constitucional de peticionar
el mejoramiento de su misérrimo salario, por la acción salvaje de la policía
neuquina cumpliendo las órdenes del Gobernador Jorge Sobich, el PEN ha anunciado
importantes incrementos en las tarifas de gas natural de la distribuidora Gas
Natural BAN, cuyo capital social pertenece mayoritariamente a capitales
privados españoles estrechamente ligados a Repsol-YPF SA. Es descontado que el
"premio" a las restantes empresas vendrá a breve plazo. Inmoral, es lo menos
que se puede decir del procedimiento gubernamental señalado.
Ello ha sucedido dentro de un evidente malestar social, cuyo origen principal se
ubica en la creciente inflación, que el PEN no puede controlar a pesar de la
destrucción administrativa y social de una de las pocas instituciones creíbles
de la Nación: el INDEC. Ello, sin olvidar los inaceptables grados de
desocupación y pobreza existentes.
Los mayores reclamos de los maestros se suceden en provincias que disfrutan
de cuantiosos ingresos originados en la explotación de los hidrocarburos, de los
que han sido injustamente despojados los compatriotas residentes en los estados
no petroleros, que participaron en su descubrimientos y desarrollo. El
ejemplo más evidente lo constituyen las provincias de Neuquén, Salta y Santa
Cruz que, además, perciben ingresos coparticipables aportados mayoritariamente
por bonaerenses y porteños.
Existen en las provincias conflictivas, denominadores comunes que deben ser
señalados; uno es el ocultamiento del destino de los fondos administrados y el
otro las respuestas, cada vez más duras, con que se enfrenta a las justas
propuestas sociales: la represión violenta por parte de la policía o la
Gendarmería o grupos de matones, las causas judiciales fabricadas contra los
principales dirigentes y el silenciamiento de los medios opositores o el
direccionamiento discrecional de la propaganda oficial, son las herramientas más
utilizadas.
No es casualidad tampoco que el gremio, que junto a los docentes ha
enfrentado con gran combatividad la mayor persecución desde la gestión Menem,
sean los petroleros, más allá de la claudicación de las actuales dirigencias
sindicales. Los trabajadores son quienes entienden con mayor claridad la
crisis neoliberal en que se encuentra la Argentina. Los maestros comprenden
perfectamente que la educación es arma clave para evitar el uso de la pobreza y
la ignorancia por parte de bastardos intereses políticos, como los utilizados
por los Kirchner, los Sobich y los Romero.
EL AUMENTO TARIFARIO
La sanción en enero de 2002 de la actual Ley de Emergencia Pública tuvo aspectos
positivos, tales como la derogación de la Convertibilidad –salvando la vigencia
de la prohibición de indexar, jamás respetada por los petroleros y otros grupos
oligopólicos- la devolución al BCRA de la potestad de dirigir la política
monetaria, la pesificación y el congelamiento de las tarifas y el otorgamiento
de amplias facultades al PEN para analizar y modificar las condiciones (ámbitos
de actuación, organización estructural, tarifas, etc.) en que se desenvolvían
las empresas privatizadas.
Esta última tarea comenzó en la gestión Duhalde, abarcando todas las
privatizadas y facilitando la participación de las organizaciones defensoras de
los consumidores. El Ministro Lavagna, en los inicios de su actuación, modificó
la Ley citada para poder incrementar las tarifas, dejando de lado el resto -es
decir lo más importante- por ejemplo, crear empresas estatales o mixtas,
reunificar todas las gasíferas y las transportadoras de energía, anular
contratos por incumplimientos reiterados, etc.
Lavagna es coherente, cuando reitera actualmente que los usuarios más pudientes,
para él los del gas natural, están siendo subvencionados por los más pobres,
quienes consumen garrafas de gas licuado (GLP). Este pensamiento ha sido
adoptado por la gran mayoría de los industriales nacionales y los economistas
del establishment. Para nosotros está profundamente equivocado, pues solamente
el 5 % de los consumidores de gas natural pertenecen al segmento de mayores
ingresos y en cambio el 70 % de quienes utilizan GLP pertenecen a los sectores
medios y bajos. Además, es malintencionada la comparación, porque no está barato
el gas natural, sino extraordinariamente caro el GLP, que se rige por el precio
internacional ratificado por la Ley Regulatoria del GLP Nº 26.020, originada e
impulsada por el Presidente Kirchner. El costo interno real del gas natural no
supera en ningún caso los U$S 0,40 por MM/BTU, así como el costo de una garrafa
de "teóricos" 10 Kg. no pasa los $ 5,00 puesta en mostrador. Reiteramos que
estos datos son perfectamente auditables, siendo esta una afirmación tradicional
del MORENO, que no fue escuchada jamás por el PEN.
La Presidencia de Kirchner, insólitamente, cercenó en forma ilegítima lo
dispuesto por la Ley, excluyendo a las privatizadas no reguladas entre las
cuales, lógicamente, estaban incluidas las concesionarias de producción de la
Ley de Hidrocarburos, es decir las petroleras multinacionales YPF, Pan American
Energy, Total, Pérez Companc (hoy Petrobrás), Tecpetrol, Pluspetrol, Vintage
Oil, Chevron-Texaco, etc. Es válido recordar que este tema fue planteado por el
MORENO a los máximos responsables de la Secretaría de Energía en los comienzos
de su gestión. Obviamente, no fuimos escuchados.
Además, el actual gobierno expulsó a las organizaciones de usuarios de las
comisiones de análisis, y dio por finalizado el asesoramiento de FLACSO ante el
esbozo de su primer informe: no se ajustaba a los deseos gubernamentales. Creó
una unidad renegociadora (UNIREN) manejada teóricamente por los Ministerios de
Planificación Federal y Economía, pero que, finalmente, quedó en la órbita del
primero de los nombrados. Este organismo, trabajando en el mayor de los
secretos, es el que ha determinado los aumentos que padeceremos. Todos los
argentinos desconocemos cuáles son los verdaderos costos de las empresas,
por ejemplo, cuál es la incidencia y el monto de las tercerizaciones, cómo han
sido considerados los costos financieros y cuál ha sido la aplicación de los
préstamos obtenidos, cuáles son los pagos a sus casas matrices, y por
asesoramiento, etc.
No debemos olvidar las numerosas declaraciones de los funcionarios, referidas al
desestimiento obligatorio por parte de las empresas de las acciones iniciadas
ante el CIADI, como condición previa a la aprobación de cualquier aumento
tarifario. A la fecha, las acciones siguen su curso y los resultados han sido
generalmente desfavorables para la Argentina. Tampoco se conoce la denuncia
por parte del PEN de los acuerdos binacionales que permiten la actuación del
citado tribunal dependiente del Bco. Mundial; cada año vemos cómo son renovados
automáticamente.
Hasta la fecha, solamente los usuarios no domésticos habían sufrido fuertes
aumentos de tarifas, con sensible sobrecarga sobre el costo de vida. El
incremento actual es el primero que afecta a los usuarios domésticos en forma
directa, pues analizando una factura puede observarse que aparecen como
adicionales conceptos impositivos ya incluidos en los costos tarifarios, a
saber: IIBB Cargo Fijo, IIBB Distribución Consumo e IIBB Transporte Consumo.
En primer lugar debemos señalar que es otro hecho más que confirma la
compenetración de la actual gestión con los lineamientos neoliberales impuestos
por Carlos Menem, que en su momento contó con el apoyo irrestricto del entonces
Gobernador Néstor Kirchner. No se retoma el concepto solidario de considerar a
los servicios públicos esenciales en relación directa con las necesidades de los
usuarios, permitiéndoles la accesibilidad y la permanencia en los mismos;
persiste el criterio de pensar primero en la rentabilidad de las empresas y,
consecuentemente, aquel usuario cautivo que no tiene recursos está excluido del
sistema. En otras palabras, se toma la energía como una mercadería y no como un
bien social.
Se acentúa el criterio de perjudicar a quienes menos tienen, que son, por
definición, quienes menos consumen. Así surge de considerar la incidencia
del aumento del Cargo Fijo. Asimismo, no surge que se haya eliminado el Consumo
Mínimo, que les permite a las empresas cobrar por lo que no venden, como si el
Cargo Fijo no las compensara suficientemente por los costos de leer los
medidores, procesar la información, emitir la factura, remitirla y cobrarla.
De igual modo, el desconocimiento de la legislación vigente, que es sometida a
los caprichos de los funcionarios, muestra que se siguen arrastrando los peores
vicios del menemismo. La retroactividad es manifiestamente violatoria de las
disposiciones del Código Civil, pues las leyes rigen desde la fecha de su
publicación en el BO; nadie puede ser castigado por decisiones que tomó –en
este caso, consumir más- por desconocer un dato fundamental que podría haber
generado en él otra conducta. Casi con seguridad, la Justicia pondrá las cosas
en su lugar. Las manifestaciones de DEUCO, señalando que las facturas poseen
efecto cancelatorio, y que en las mismas no se ha hecho reserva al respecto por
parte de las distribuidoras, avalan nuestra posición.
La insistencia en el criterio de que las empresas financien con tarifas
-cobradas anticipadamente- las inversiones a realizar, es un despojo económico
que no existe en ningún lugar del mundo, ni en ninguna otra actividad ajena al
sector privatizado de nuestro país. Muestra un favoritismo tal en beneficio
de una de las partes y en detrimento de la otra –por además, cautiva- que coloca
a los contratos en la mira de la nulidad expresamente señalada en el Código
Civil; éste fue uno de los argumentos utilizados en el Decreto Nº 744/63 del
Presidente Illia, cuando anuló los contratos petroleros firmados entre 1958 y
1963.
La Ley Regulatoria de la Industria del Gas Nº 24.076, ha quedado vigente
solamente para favorecer a las empresas; en efecto, mediante procedimientos
nada claros se ha validado la irregular audiencia pública del 2005 y no se ha
esperado la expresa aprobación del Congreso Nacional. Recordemos, además, que
los estudios de costos que en su momento se hicieron públicos, muestran una
falencia que los descalifica: el costo del gas en boca de pozo aparece como
venido del cielo, pues nadie ha analizado la distribución de los costos
compartidos entre el petróleo y el gas, que son productos asociados; solamente
el 2 % de los pozos productivos existentes son sólo de producción excluyente.
Sobre la base de los argumentos expuestos, el MORENO manifiesta su más enérgica
oposición al aumento dispuesto por el PEN. Hechos como el analizado, obligan a
persistir en la necesidad de proceder a la reestructuración integral del sector
energético. El progresismo cosmético de los funcionarios se contrapone con las
medidas adoptadas y constituye una afrenta para todos los argentinos.
Buenos Aires, 11 de abril de 2007
Fernando Pino Solanas
Presidente
Gustavo A. Calleja, José Rigane, Félix Herrero
Vicepresidentes
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