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Argentina: La lucha continúa
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Impunidades
Notife
"La justicia no avanzó en las responsabilidades políticas por la masacre de
Coronda" dijo Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, y
recordó que la confección del expediente "estuvo sujeta a muchas presiones… nada
se dice de la responsabilidad penal que le cabe a funcionarios policiales y
políticos a pesar de los indicios que adelantaban que algo pasaría", dijo en
referencia a los datos que surgieron después para la opinión pública pero
sucedieron antes de la masacre y hablan de una "preparación del terreno" al
recordar que se encontraron llaves en el piso o en medio del patio, chuzas que
se hallaron en los baños, puertas abiertas en varias celdas…
Coronda y la impunidad
"La justicia no avanzó en las responsabilidades políticas por la masacre de
Coronda" dijo Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, y
recordó que la confección del expediente "estuvo sujeta a muchas presiones… y
nada se dice de la responsabilidad penal que le cabe a funcionarios policiales y
políticos "a pesar de los indicios que adelantaban que algo pasaría", dijo en
referencia a los datos que surgieron después para la opinión pública pero
sucedieron antes de la masacre y hablan de una "preparación del terreno" al
recordar que se encontraron llaves en el piso o en medio del patio, chuzas que
se hallaron en los baños, puertas abiertas en varias celdas…
Esta semana se solicitará, desde la CTC, a los Diputados Nacionales que pidan
informes al Gobierno y a la Justicia provincial sobre lo actuado hasta hoy, a 24
meses del suceso más violento del que se tenga registro en Santa Fe. Hace dos
años, 14 internos de la cárcel de Coronda morían a manos de sus propios
compañeros.
Pasaron ya dos años de aquel sangriento lunes 11 de abril cuando 14 presos
pertenecientes a la Unidad Penitenciaria Modelo de la santafesina localidad de
Coronda fueron masacrados en el interior de la cárcel por sus propios
compañeros. La noticia conmovió a los medios de comunicación de todo el país que
permanecieron varios días en nuestra provincia para seguir los sucesos y conocer
detalles de los mismos. Es que asombraba la saña con que los atacantes eligieron
cuidadosamente a sus presas y se dedicaron a incinerarlas, degollarlas y
destrozar sus cadáveres.
La horda de reclusos santafesinos alojados en el pabellón 7 tomó como rehenes a
los guardias Oscar Yosviak y Eduardo Marchesín, lo que les permitió llegar hasta
los pabellones 1 y 11 y matar a 14 rosarinos -en lo que pareció ser una disputa
entre la capital y el interior- después de atravesar varios sectores del
edificio a punta de chuzas y lanzas.
Las víctimas fueron Ramón Andrés Valenzuela, de 30 años; Diego Hernán Aguirre,
de 23; Cristian Adrián Heredia, de 27; Walter Enrique Gómez, de 33; José Itatí
García, de 29; Juan Manuel Ortigoza, 27; Amelio Abel Mercado, de 26; Ramón
Alberto Duarte, de 27; su hermano Sergio Damián Duarte, de 24; Sergio Pablo
Frías, de 32; Carlos Ariel Barreto, de 26; Jorge Jorge Raúl Yanuzzi, de 27; Juan
Díaz y Fabián Ezequiel Benítez, de 22 años.
La primera explicación oficial adjudicó el hecho a la rivalidad entre
santafesinos y rosarinos. Sin embargo, esa hipótesis no alcanzó a explicar las
facilidades que tuvieron los reclusos para concretar la masacre y entonces tomó
fuerza otra explicación que enmarcaba la masacre en la tensión interna entre dos
facciones antagónicas en el SP: los dialoguistas que ganaban terreno y el ala
dura y represiva que lo cedía.
Si bien hoy los 12 autores materiales de los crímenes fueron procesados y
esperan su sentencia mientras los familiares de las víctimas aguardan la
resolución de sus demandas civiles, el lento accionar de la Justicia en cuanto a
las responsabilidad políticas y penitenciarias obliga a la constante
presentación de documentos formales por parte de organismos locales e
internacionales.
Esta mañana Lilian Etchegoy, integrante de la Coordinadora de Trabajo
Carcelario, confirmó que en el transcurso de esta semana se solicitará a la
Cámara de Diputados de la Nación que eleve un pedido de informes a los poderes
Ejecutivo y Judicial de nuestra provincia para conocer los alcances que tiene
hoy la investigación, a 24 meses de los trágicos hechos. De este modo –de
prosperar la iniciativa- será tarea del Gabinete del Gobernador, Ing. Jorge
Alberto Obeid, explicar qué resoluciones que se tomaron; y de los Magistrados,
expresar el estado actual de la causa y el mecanismo de investigación que se ha
seguido.
La referente, consultada esta mañana por LT10, volvió a cargar contra los
funcionarios al recordar que "hay una responsabilidad del Estado en todo esto
que no hace más que agregar una nueva mancha a la Justicia santafesina". Cabe
recordar que si bien existió un sumario administrativo -confeccionado por la
Dirección General del Servicio Penitenciario- donde se resuelve la destitución
de varios integrantes del personal (Jefes de Vigilancia, Seguridad,
Subdirectores, etc.), el documento permanece a disposición de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y es potestad exclusiva del Jefe de
la Casa Gris quien aún no lo ha rubricado, según lo que explicó Etchegoy.
Por otra parte, la mujer recordó que la confección del expediente "estuvo sujeta
a muchas presiones, pero a pesar de eso concluyó dejando abierto el camino a la
justicia para una investigación más profunda". Sin embargo, nada se dice de la
responsabilidad penal que le cabe a funcionarios policiales y políticos "a pesar
de los indicios que adelantaban que algo pasaría", dijo en referencia a los
datos que surgieron después para la opinión pública pero sucedieron antes de la
masacre y hablan de una "preparación del terreno" al recordar que se encontraron
llaves en el piso o en medio del patio, chuzas que se hallaron en los baños,
puertas abiertas en varias celdas, etc.
"La Justicia, por lo que tenemos entendido, no ha avanzado. Por ejemplo, se
avanzó en el pedido de cesantía de algunos funcionarios pero sólo quedó en eso:
un pedido y acá hay responsabilidades políticas. Sí se avanzó en la condena a
los presos ejecutores de los homicidios, pero no se investigó de qué manera
participó el Servicio Penitenciario, si por acción o por omisión", detalló.
Para Etchegoy, como lo indicó en innumerables oportunidades la CTC, "queda
sobrentendido que hubo una zona liberada y se faltó a los deberes de funcionario
público (…) entonces el problema no eran los presos, sino el propio servicio",
finalizó.
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