Argentina: La lucha continúa
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Argibay alertó que
tardará en llegar la verdad de los crímenes de la dictadura militar
Una magistrada abierta a la polémica
Primera fuente
Sin vueltas, la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen
Argibay admitió ayer que las respuestas que espera la sociedad sobre los delitos
de lesa humanidad cometidos por los militares durante la última dictadura no
llegarán 'ni con la rapidez ni con la capacidad' esperadas.
Faltan personal idóneo e infraestructura. Dijo que los represores, como Bussi,
deben estar en las cárceles comunes y que los plazos razonables para la prisión
preventiva son discutibles. Marcó postura en cuanto a la renuncia del juez
Parache y opinó que no debería escaparle al enjuiciamiento. Así, admitió que
preocupa la corrupción que hay en el Poder Judicial. 'En general, la Justicia se
depura así misma bastante rápido', acotó al considerar que integra una Corte
'convaleciente'.
Con un abanico en sus manos para escaparle al calor tucumano, la ministra de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay habló ayer con la prensa
por casi dos horas. También víctima del horror que se vivió durante el gobierno
militar, sostuvo que los represores deben estar presos en las cárceles comunes y
alertó que la falta de recursos humanos idóneos y de infraestructura judicial
atentan contra el avance de las causas abiertas por los delitos de lesa
humanidad. Admitió que hay corrupción en el Poder Judicial y marcó su postura en
cuanto a la renuncia del juez federal de Tucumán Nº 1, Jorge Parache. 'Yo no se
la aceptaría, porque los magistrados tienen que responder por las acusaciones en
su contra', lanzó ante la consulta. Dialogó con la prensa de la siguiente
manera:
-¿La Justicia está en condiciones de llegar a la verdad por los crímenes de la
dictadura?
-Sí, pero, a pesar de las buenas intenciones, no se llegará ni con la rapidez ni
con la capacidad que la gente (y nosotros) queremos. Los juzgados que tienen a
su cargo las megacausas de la dictadura están reclamando personal idóneo. Por
eso es necesario más presupuesto para recursos humanos e infraestructura.
-¿Los represores, como Bussi, deben estar en la cárcel común o en domicilios
particulares?
-Depende del criterio de los magistrados. Pero yo creo que deben pasar sus días
en las cárceles comunes como cualquier hijo de vecino. En el caso de la duración
de la prisión preventiva, no depende de la gravedad de los delitos (que son
imprescriptibles) sino de la complejidad de las causas. Es decir, el plazo
razonable para la preventiva depende de la complejidad del delito que se
investiga y, no de su gravedad. Los jueces nunca deben aplicar mecánicamente la
ley, sino serían computadoras que condenan.
-A 31 años del golpe militar ¿cuál es el balance de las heridas que siguen
abiertas en la sociedad?
-No se lograrán cicatrizar las heridas mientras se sigan ocultando las cosas. La
única manera de saldar las heridas es con la verdad, que es relativa (no existe
la verdad absoluta).Las heridas fueron muy profundas, por eso el punto de
partida es encontrar la verdad (relativa). Una verdad que necesita conocerse es
qué pasó con los civiles, aquellos que ocupaban los cargos en el gobierno
militar y que son los que organizaron a los militares. También son responsables
de la dictadura, son los inventores del tema, y tendrían que estar procesados.
-Acorralado por un sumario por presuntos hechos de corrupción, el juez federal
Jorge Parache presentó su renuncia ante el presidente de la Nación Néstor
Kirchner. ¿Cree que debe aceptársela?
Yo no se la aceptaría. Cada uno tiene que hacer frente a sus actos y asumir sus
responsabilidades y si esto implica enfrentar un jury enjuiciamiento, entonces
debe hacerlo.
-¿Preocupa la corrupción que existe en el seno de la Justicia?
- Por supuesto. Hay que erradicar la corrupción y, para ello, primero hay que
conocerla a través de las denuncias que tengan nombre y apellido de quienes se
hacen responsables de las acusaciones (yo no acepto denuncias anónimas). Hay que
estar atento siempre para que no haya corrupción. En general, la Justicia se
depura así misma bastante rápido. Inmediatamente se conocen los problemas y
después vienen los juicios políticos. Pero si la gente no se anima a decir nada,
que después no se queje.
-¿Qué opina de las intenciones de España de juzgar a los represores argentinos?
-Los represores deben ser juzgados donde los agarren porque es difícil
agarrarlos (risas). Pero es un tema difícil por la complejidad de los procesos.
-¿Los magistrados judiciales están sometidos a presiones políticas?
- Eso no lo dicen los que reciben las presiones, pero las hay. Recibimos muchas
denuncias de magistrados que se sienten presionados, por ejemplo, por estar en
procesos de enjuiciamiento. Hay independencia de poderes, pero no del todo. Es
muy difícil eliminar algunos grupos de presión que tienen mucho poder. Para mí,
los jueces son independientes hasta que alguien demuestre lo contrario.
-Después de la llamada Corte 'adicta' de la década menemista ¿Ahora se busca
mejorar la imagen del máximo tribunal?
-Sí. Una de las metas de la Corte actual es reencausar la confianza de la
sociedad hacia los jueces, por eso queremos que nos conozcan. Si la Corte tiene
una mala imagen y está acusada de corrupta, todos los demás jueces también están
bajo sospecha (como dice un viejo refrán: el pescado se pudre por la cabeza).
También se trata de una cuestión de convencimiento. Venimos pensando diferente
como jueces; no estamos separados de la sociedad y estamos al servicio de ella,
que nos dio, indirectamente, el mandato para resolver sus conflictos. Tampoco
quiero que la gente se haga demasiadas ilusiones porque espera que arreglemos el
mundo. Sí es cierto que hay mucha necesidad de respuesta por parte de la
sociedad. Ahora, estamos frente a una Corte 'convaleciente'.
Una funcionaria que no escapa a nada
Con una vasta trayectoria en la Justicia, Carmen Argibay asumió el 3 de febrero
de 2005 como ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El resto del
máximo tribunal está conformado por: Ricardo Lorenzetti (presidente); Elena
Highton de Nolasco (vicepresidente); Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carlos
Fayt, Enrique Petrachi.
Con sus 67 años, la magistrada está convencida de que la Justicia puede cambiar
su imagen y devolverle la credibilidad a la sociedad. 'Nosotros estamos al
servicio de la comunidad. No estamos para usufructuar ni para tener custodia ni
un auto con chofer', señaló.
Argibay también coincidió con su par Zaffaroni, quien semanas atrás se mostró a
favor de que los jueces abandonen su privilegio y empiecen a pagar el Impuesto a
las Ganancias.
Ultradefensora de la igualdad de género, la ministra de la Corte alertó que el
problema es llevarlo a la vida real. 'Si un hombre gana 200 pesos por un trabajo
y una mujer 150 por igual tarea porque va a faltar más por atender a sus hijos o
a su abuela. ¿el hombre, no tiene que atenderlos? Existe el prejuicio de pensar
que la mujer va a trabajar menos porque tiene otras obligaciones, cuando la
mayoría de las mujeres se las arregla para cumplir con todas ellas', reflexionó.
Argibay también es conocida por su postura a favor de la despenalización
regulada del aborto.
Fuente: lafogata.org