La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)
rechaza la inminente sanción de una ley antiterrorista exigida desde hace años
por Bush, la Junta Interamericana de Defensa (JID), la Comisión Interamericana
Contra el Terrorismo (CICTE) dependiente de la OEA, la Embajada de Israel y la
dirección de DAIA/AMIA.
No es la primera vez que el gobierno Kirchner intenta aprobarla. En el año 2004
presentó un borrador del proyecto de "Ley de Represión de Actividades
Terroristas y su Financiación" que elaboraron el entonces Ministro de Justicia y
Derechos Humanos Gustavo Béliz y su Secretario, Pablo Lanusse, como parte de un
paquete de medidas integrado, además, por un decreto en el cual se incorporaba a
las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad interior.
Más tarde, Kirchner impulsó el proyecto de ley antiterrorista firmado por el
Senador del PJ Pichetto, proyecto que tampoco pudo ser aprobado en medio de las
críticas de distintos organismos de derechos humanos.
Al igual que entonces, el actual proyecto de ley antiterrorista es producto del
alineamiento del gobierno de Kirchner con las políticas de Bush, Blair y Olmert
de guerra contra el "Eje del Mal". Así lo reconocieron el Secretario de Justicia
de los Estados Unidos -A. Gonzales- y Nicholas Burns, el tercer hombre en la
línea de mando del Departamento de Estado tras su reciente visita a la
Argentina, cuando afirmaron que vinieron a "coordinar una agenda en común con la
Argentina" ( La Nación 06-02-07) y que "el eje mayor para la
administración de Bush es Irak, Irán y, en términos más amplios, su 'lucha
global contra el terror'" (La Nación, 10-02-07 ). "Este tema es el asunto más
importante para EE. UU. a nivel global", confesó Burns (Clarín 14-02-07)
En esta oportunidad, el texto de la ley cuenta con apoyos internos invalorables
de organismos de derechos humanos (Madres, CELS), de partidos políticos, la
Iglesia y la AMIA/DAIA.
Esta ley es la demostración concreta de que Kirchner ya aceptó la invitación que
Bush y las grandes potencias (miembros del G8) le hicieron para integrar la
llamada "Iniciativa Global Para Combatir el Terrorismo Nuclear" que imputan a
Irán. Por ello "Burns le había agradecido al gobierno de Kirchner el rol líder
que viene teniendo en la región en la lucha contra la proliferación nuclear". (
Clarín, 14-02-07).
En sus considerandos (Pág. 3 ), el gobierno confiesa que "Nuestro país trabaja
para hacer operativas en la esfera del ordenamiento jurídico interno las
recomendaciones y normas de naturaleza internacional" que no son otras que
aquéllas que permiten a nivel internacional la violación de los derechos que
dicen venir a defender y que legalizan la tortura, mantienen a los detenidos sin
derecho a juicio en Guantánamo y Abu Ghraib, terminan con el derecho de asilo
por razones políticas y encubren a los secuestradores y a los vuelos
clandestinos de la CIA en Europa. Son las recomendaciones de quienes impulsaron
la invasión de Irak y ahora planean un posible ataque a Irán.
La futura ley tiene por objeto un ataque indisimulado a las libertades públicas
y al derecho de la población a agruparse libremente en organizaciones sociales y
políticas, justificándose en supuestas "normas internacionales" que buscarían
prohibir el financiamiento de aquellas organizaciones que desafían las políticas
del Estado nacional y/o sus socios internacionales, presentándolas como
"terroristas".
Rechazamos por infame el hecho que el gobierno Kirchner siga manipulando el no
esclarecimiento del atentado a la AMIA para justificar la sanción de semejante
ley. La pretensión gubernamental de "colgarle" al ataque a la AMIA el cartel de
"terrorismo internacional" poniendo al Estado argentino como víctima, no resiste
el menor análisis. Fue el mismo Estado nacional quien reconoció en un Decreto
público (812/2005) ser el encubridor agravado de este ataque terrorista.
Desde APEMIA venimos sosteniendo que toda la evidencia indica que el ataque
terrorista a la AMIA fue un acto de "terrorismo de Estado" del Estado argentino,
que el Estado manejaba integradamente la información propia e internacional que
le indicaba la inminencia de ese ataque, que contribuyó para el mismo con sus
fuerzas de seguridad y que puso la fuerza de sus tres poderes, de manera
coordinada, para encubrirlo.
En el país de los 30.000 desaparecidos y del terrorismo de Estado ejecutado bajo
la dictadura o bajo gobiernos democráticos, de los recientemente desaparecidos
Jorge J. López y Gerez, de la maldita bonaerense de Etchecolatz y de Ribelli y
del "gatillo fácil", mientras el gobierno Kirchner mantiene el indulto y la
impunidad para los genocidas y cuando el Estado ya se declaró responsable de
encubrimiento agravado del ataque a la AMIA y resulta evidente su
responsabilidad en el ataque a Río III, la ley "antiterrorista" no viene a
esclarecer ninguno de estos crímenes ni a imputar a sus responsables, quienes
siguen gozando de libertad gracias a la política de este mismo gobierno.
Peor aún: Kirchner quiere votar un texto que define como "terrorista" -y por lo
tanto, fuera de la ley- a aquellos que "mediante la comisión de delitos", que no
precisa cuáles son, tienen el propósito de "obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo" (Considerandos
de la Ley, pág. 7). La especificidad de esta asociación ilícita es de un tipo
diferente de aquella otra que conocimos en los '70. No es necesario que
manifieste una conducta armada (militar). Basta con "estar orientado su plan de
acción a la propagación de odio étnico, religioso o político" o "estar
organizadas en redes internacionales". (Idem, pág.7)
Mientras están frescas en la memoria colectiva y aún se discuten las
responsabilidades del gobierno de Perón e Isabel o de la dictadura militar en
los crímenes del terrorismo de Estado, Kirchner quiere imponer una ley que, con
la premisa de combatir "cualquier" terrorismo, pone en un pie de igualdad los
crímenes del terrorismo cometidos por el Estado con la acción política que pueda
oponerle una organización política que ellos -ley mediante- calificarían de
terrorista. Es más: el combate contra los terroristas se presenta como si se
tratara de un problema de control de actividades "financieras", ya que faculta
la sanción penal al que financia con independencia de que su financiado (la
asociación ilícita terrorista o cualquiera de sus miembros) cometa o no el acto
delictivo motivo de su financiamiento (Cf. Considerandos de la Ley, pág.
4).
La nueva figura jurídica tiene una definición tan amplia que podría sancionar
desde el accionar de organizaciones políticas y sociales contrarias a la
política oficial (Ejemplo: Asamblea de Gualeguaychú, organizaciones de
desocupados, piqueteros, etc.), pasando por organizaciones armadas como aquellas
de los '70, hasta imputar "suicidas" en Medio Oriente. La amplitud e
indefinición de la esencia de lo que se busca sancionar atenta contra la
constitucionalidad y la lógica y el espíritu del Código Penal vigente.
Desde APEMIA hacemos un llamamiento a organismos de derechos humanos,
organizaciones sociales, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, de
trabajadores ocupados y desocupados, a repudiar y a impedir la sanción de
cualquier ley antiterrorista, cuyo objeto principal es la represión de las
luchas populares al servicio de la "armonización jurídica e institucional…
para dar satisfacción a las obligaciones internacionales asumidas" (Idem, pág.
4).
¡¡NO A LA LEY ANTITERRORISTA!
¡¡No en nombre del ataque a la AMIA, perpetrado y encubierto por el Estado
argentino con la complicidad de los mismos socios internacionales que hoy exigen
la sanción de esta ley!!!
¡¡Apertura inmediata de los archivos secretos en los cuales se ocultan las
responsabilidades políticas de los crímenes perpetrados por el Estado
argentino!!!
Declaración de LiberPueblo Sobre proyectos de Ley Anti-terrorista
En atención a los distintos proyectos de ley "Antiterrorista" que existen hoy en
el Congreso de la Nación y dada la voluntad oficial del Gobierno Nacional de
sancionar dicha ley es que emitimos la presente declaración en donde alertamos y
llamamos a coordinar esfuerzos a fin de evitar la sanción de cualquier Ley
Antiterrorista así como para lograr la derogación de los Tratados
Internacionales sobre Terrorismo suscriptos por el Gobierno Nacional durante el
año 2005.
Nos encontramos ante una feroz ofensiva imperialista por parte de los Estados
Unidos, que ha invadido Afganistán e Irak, bajo el falso argumento de luchar
contra el terrorismo.
Esta ofensiva de los Estados Unidos ha agudizado la disputa entre los distintos
países imperialistas por el control del mundo y de sus recursos naturales
(petróleo, gas, agua dulce, etc).
Los hechos del 11 de septiembre de 2001, son utilizados por los Estados Unidos
al servicio de sus ambiciones imperiales, las cuales se esconden bajo el
discurso anti-terrorista y su lucha contra el terrorismo en pos de la libertad.
Los Estados Unidos son el principal terrorista del mundo, invade países, asesina
a miles de personas (sólo en Irak han muerto desde la invasión estadounidenses
650.000 personas), utiliza sistemática y rutinariamente la tortura, desconoce
los derechos humanos más básicos de la población, cuenta con prisiones más allá
de la ley (ej. Guantánamo), ha destruido toda idea de privacidad aún para los
propios norteamericanos e intenta controlar todos los flujos de información
(mediante la Ley USA Patriot), ha hecho rutinarias las detenciones sin causa por
tiempo indeterminado, la deportación de extranjeros por el sólo hecho de
sospechar el gobierno de algún contacto con organizaciones "terroristas", etc.,
avanzando en una dimensión inédita en el control de la sociedad
norteamericana.
Los Estados Unidos valiéndose de todo su poder e influencia, han dado un gran
impulso a la creación de tratados y leyes "antiterroristas" en todo el mundo.
Así logró una resolución de Naciones Unidas (Resolución 1373) en la cual se
convoca a todos "los Estados a trabajar de manera conjunta y urgente para
prevenir y suprimir los actos terroristas", y la sanción de la Convención
Interamericana contra el Terrorismo (del 3 de junio de 2002), instrumento que se
suma al ya existente Convenio Internacional para Reprimir la Financiación del
Terrorismo (del 9 de diciembre de 1999).
Esta legislación se propone destruir por completo las libertades
democráticas que los distintos pueblos del mundo logramos conseguir gracias a
una incansable lucha en la cual dieron su vida millones de personas.
Ante las presiones internacionales de parte de los Estados Unidos, Israel y
distintos organismos internacionales (ONU, GAFI, FMI, entre otros), y por la
necesidad de contar con una herramienta represiva legal contundente frente a
cualquier tipo de protesta popular que atente contra sus objetivos, Kirchner ha
manifestado en innumerables oportunidades su compromiso en la lucha contra el
llamado "terrorismo", siendo por su iniciativa que, la República Argentina
aprobara el 30 de marzo de 2005 la Convención Interamericana contra el
Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo, así como ha ampliado la capacidad operativa del Departamento Unidad
de Investigaciones Antiterroristas perteneciente a la Policía Federal Argentina,
organismo creado durante la presidencia de Menem (este organismo cuenta con un
centro de detención especial –una cárcel al margen de la ley- para "terroristas"
ubicada en la calle Cavia al 3300 de esta Ciudad de Buenos Aires).
Con el fin de dar operatividad a los tratados y convenciones sobre Terrorismo
suscriptos por él, Kirchner ha impulsado distintos proyectos de ley
antiterroristas (los proyectos de los senadores del PJ Pichetto y Sonia
Escudero), los cuales han sido resistidos por organismos de derechos
humanos, docentes y estudiantes, organizaciones sociales, partidos políticos de
izquierda, intelectuales, organizaciones de abogados, algunos diputados y
senadores, entre otros.
Estos proyectos de ley (de máxima) no han podido ser sancionados hasta ahora por
la lucha de las organizaciones populares y secundariamente por
contradicciones en el seno de las fuerzas kirchneristas en el Congreso.
Dada esta situación es el propio Kirchner quien se pone a la cabeza de la
sanción de la legislación antiterrorista. El 20 de diciembre de 2006 ha entrado
al Congreso un Proyecto de Ley Antiterrorista de su autoría.
La fecha de entrada del proyecto al Congreso da la pauta de cuál es uno de los
objetivos centrales de la nueva ley antiterrorista kirchnerista: tener una
herramienta jurídica óptima para reprimir a todo aquél que se organice en
defensa de sus legítimos derechos, y así cerrar con represión la presente etapa
de auge de luchas populares abierta en el Argentinazo. El mejor ejemplo de esta
política de represión es Las Heras, donde el Gobierno a través de Gendarmería y
la Policía de la Provincia torturo detenidos e impuso un estado de terror de tal
magnitud que el propio párroco del pueblo manifestó que ni en la dictadura se
había vivido situación igual en la región.
El Gobierno Nacional busca aumentar su poder legal de represión para tener una
herramienta que otorgue desmedidas atribuciones a las fuerzas policiales, de
inteligencia, a jueces y fiscales, (intervención de teléfonos sin orden
judicial, confiscación preventiva de fondos a organizaciones populares,
detenciones sin orden, ampliación del tiempo de incomunicación, agravamiento de
las condiciones de detención, institucionalización de los infiltrados y
provocadores en las organizaciones populares, etc.), lo suficientemente severa
para con los que luchan, y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que
puedan quedar enmarcadas como "terroristas".
La conducta del Gobierno de Kirchner en esta materia, es una muestra de toda su
política: mientras avanza con estos proyectos represivos anti-terroristas, no ha
dado pasos reales para terminar con la impunidad del aparato represivo que
participó en el genocidio de la dictadura y que ahora se muestra más activo que
nunca, encontrándose el compañero Jorge Julio Lopéz desaparecido desde hace más
de cuatro meses.
En lugar de avanzar con proyectos que dan grandísimas atribuciones a los
organismos de seguridad e inteligencia del estado, en los cuales según el propio
Presidente quedan muchísimos represores de la dictadura, encontrándose aún
intacto el sistema de aquellos años, debería desclasificar y hacer públicos
todos los archivos de esos mismos organismos de seguridad, militares y de
inteligencia.
Es por esto que llamamos a unir todos nuestros esfuerzos, organismos de derechos
humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, intelectuales,
estudiantes, trabajadores ocupados y desocupados a resistir e impedir la sanción
de cualquier tipo de ley anti-terrorista así como para lograr la denuncia de los
tratados anti-terroristas suscriptos por la República Argentina el 30 de mayo de
2005.
Proponemos concretamente que el encuentro Memoria Verdad y Justicia
reafirme:
-La sanción de una ley que ordene desclasificar y hacer públicos todos los
archivos de las fuerzas de seguridad, militares y de inteligencia, así como de
todos los archivos privados que pudieran contener información sobre el genocidio
perpetrado por el Estado Argentino entre los años 1976 y 1983.
-El cierre inmediato del centro de detención especial con que cuenta la Policía
Federal Argentina.
- No a la sanción de cualquier tipo de ley " antiterroristas".
- Derogación de las leyes que aprobaron los pactos internacionales contra
el "terrorismo".
